Cuando uno contempla a la multitud de estudiantes, (no puedo escribir estudiantos y estudiantas, como gustaría a quienes tienen la manía de precisar sin necesidad el género del sujeto) de nuestras universidades a la hora de salir de clases, uno piensa qué va a ser de ellos y ellas (ahora sí…). Esas multitudes son el capital de mayor valor que tiene el país. Este valor humano que posee Bolivia, ya lo quisieran países envejecidos que, sin embargo, pueden presumir de tener sistemas educativos de primera.
No es de hoy sino desde hace muchos años que la Universidad boliviana está abierta a todos, sin distinción de apellidos ni de otros signos de identidad. Pero hay que prepararles puestos de trabajo. Sobre todo, de trabajo productivo y creativo, de investigación y divulgación. La burocratitis no es la mejor salida. Ahora bien, la pregunta es si las universidades de Bolivia están a la altura para cumplir esa tarea. Lamento tener que reconocer que la mayoría de ellas no lo están. Me refiero, no sólo las universidades públicas sino también varias de las privadas que se han convertido en pingües negocios. El problema de fondo tampoco está en la falta de recursos económicos. La base educativa es la primera en fallar. ¿Qué se puede esperar de un sistema educativo deficiente en todos sus niveles? Por ahí tendrá que empezarse. Pero ésta es harina de otro costal.
Hay dos objetivos a los cuales la universidad no puede renunciar: la calidad y la equidad. La calidad académica es la piedra fundamental sin la que la universidad no puede merecer este honroso título. Pero la calidad por sí sola podría generar la inequidad consistente en discriminar al alumnado por razones económicas. La equidad es un valor social que exige, por lo menor, igualdad de oportunidades. La inequidad, además de ser injusta, a la larga es antieconómica ya que se traduce en la pérdida de talentos por no haberles proporcionado a su tiempo oportunidades para desarrollarlos.
Entre los factores que contribuyen al fracaso de la universidad boliviana hay que mencionar al desbordado poder sindical. No se discute el derecho a la libre asociación sino el torcimiento anarcosindicalista. Utilizar la universidad como cuartel de una tribu de vándalos es un error imperdonable.
Un aspecto olvidado para el serio impulso que necesita la universidad en general, es la evaluación periódica, sea de los contenidos académicos, como de la administración de los recursos. Lo cual no es incompatible con la intocable autonomía. Hace años quiso implantarse en Bolivia un sistema de evaluación independiente de las propias universidades. El intento fracasó. Fue un triunfo más de la mediocridad dominante.
Total que, salvando las universidades que merecen respeto por sus buenos índices de calidad, una parte de ellas son una estafa. Estafa a los alumnos que reciben diplomas impresentables a la hora de homologarlos con otras universidades extranjeras o al tiempo de encontrar trabajos bien remunerados, estafa a los padres de familia, muchos de los cuales se impusieron sacrificios para que el chico o la chica sean profesionales, estafa al contribuyente del que malgastan sus impuestos destinados a la educación superior. La universidad, institución fundamental de un país, merece una puesta al día.
*José Gramunt es sacerdote jesuita y director de ANF.
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