Cuando C. Mesa, en su columna de La Razón, sostiene que el MAS no cree en la democracia, lo dice dando por correcto un concepto de democracia que es, por decir lo menos, sólo uno de los posibles. En todo caso, no es la definición de Aristóteles, de los revolucionarios americanos de 1776, de Kant o de varios cientistas contemporáneos. La definición de democracia que usa Mesa para descalificar a Evo es la menos rigurosa, aunque, para no caer en su error, confieso de entrada que la definición que considero apropiada es también sólo una más. Al contrario de lo que afirma Mesa, con la definición que me parece más apropiada, Evo sí representa una vía de concretización democrática.
El grado de integración del mandato popular con su expresión gubernativa, a pesar de las inevitables mediaciones y ficciones de por medio —muchas de ellas propias de cualquier democracia—, confirman el carácter democrático del proceso actual. Lo que Mesa confunde es democracia con Estado de Derecho y, peor, con orden liberal de la sociedad. Esta confusión está haciendo estragos entre politólogos y juristas, por lo que no habrá que exigirle aquí a Mesa mejor puntería. Mezclar estos conceptos es, eso sí, un truco para desprestigiar conmovedoramente al actual proceso de cambio: si se mezcla democracia con Estado de Derecho y con orden liberal; y si convenimos en que Evo es evidentemente reacio al Estado de Derecho y al ideario liberal, ergo, Evo no podría merecer el calificativo de demócrata, pero, no porque no lo sea, sino porque sus críticos, pícaramente, han fusionado en una sola pasta democracia con Estado de Derecho y liberalismo.
¡Quien no es liberal no puede ser demócrata! A ese absurdo llega este enfoque simplón. Si con menos pasión pero con mayor objetividad distinguiéramos democracia de Estado de Derecho, se develaría el fenómeno que realmente urge descifrar, a saber, ¿cómo un proceso democrático puede, al mismo tiempo, desmerecer el Estado de Derecho? Esta paradoja no es inédita en la historia humana: finalmente Sócrates fue democráticamente sentenciado. Esta contradicción es lo intrigante y no la manida perorata de que Evo no es demócrata. Lo último es una trapacería para sensibilizar al votante pues, no pudiendo etiquetarse a Evo de demócrata, salvo que asumiera lo liberal, no queda otra que acusarlo de “autoritarismo muy parecido a la dictadura”. A esta conclusión llega Mesa y no deja de ser chistoso que advierta contra la “manipulación” de la palabra democracia cuando él es el primero en manipularla. Lo propio vale para sus afirmaciones sobre “monstruos” dentro del nuevo esquema de autonomía en un tono que coincide con el de expertos descentralistas y su diletante estribillo sobre “tantos” niveles territoriales.
Aquí sí llama la atención que Mesa, el historiador, no se haya percatado que, desde 1826, no hubo una formulación sobre autonomías territoriales tan real y profunda como la actualmente redactada. ¿Por qué no hace ninguna valoración de la parte progresista que históricamente representan las nuevas autonomías? ¿No beneficiaría al debate que, junto a los innegables riesgos y deficiencias que estas autonomías tienen, se apreciara aquello que es un avance? No olvidemos que en su gobierno no hubo una estrategia clara de autonomías y lo que allí se balbuceó al respecto ni siquiera fue una sombra remota de unas autonomías con el potencial transformador que actualmente comportan. Por ello, su enjuiciamiento en este tema podría ser un poco más ecuánime y humilde. Varias críticas de Mesa son pertinentes y, personalmente, estoy persuadido que una falla decisiva del actual proceso —amén de los maximalismos de ciertos intelectuales oficialistas que impiden un equilibrado reconocimiento indígena— es su borrascosa relación con el Estado de Derecho y con aquellos elementos de la tradición liberal que conviene recuperar. Sin embargo, mi reclamo es por un debate transparente, más objetivo, ecuánime, sin trucos mentales ni teoremas tunantes.
*Franz Xavier Barrios Suvelza es economista e investigador independiente.
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