• DEMORA • En las oficinas del Tribunal Constitucional hay una carga procesal de más de 5.000 casos pendientes.

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El diputado del MAS Jorge Silva calificó de “inapropiada” la sugerencia del organismo internacional y recordó que la Constitución Política del Estado fija los plazos para la aprobación de la ley del Órgano Judicial. Esta norma, explicó, dará paso a la elección por voto popular de las nuevas autoridades judiciales.

La disposición transitoria segunda de la Carta Magna, promulgada el 7 de febrero, establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá, una vez instalada (en enero), un plazo máximo de 180 días para aprobar la ley del Órgano Judicial y la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, paralizado hace dos años.

El diputado oficialista y presidente de la Comisión de Constitución, René Martínez, dijo que hasta fines del 2010 se tendría la nueva estructura judicial. “Se está trabajando para que, cuando la Asamblea Legislativa sea estructurada, se pueda elegir con celeridad a las autoridades del Poder Judicial”, precisó.

El relator sobre la Libertad de Expresión y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Valentín Meléndez, abogó por el pronto nombramiento de autoridades del Consejo de la Judicatura, Tribunal Constitucional, Corte Suprema y Consejo de la Judicatura.

Que “funcionen plenamente y en el menor tiempo posible de acuerdo con los cauces que señala la Carta Magna”, recomendó como consecuencia de la situación sobre la justicia planteada en Washington por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, y el presidente del Senado, el opositor Óscar Ortiz.

Las autoridades del control constitucional, Consejo de la Judicatura y de la Suprema deben ser elegidas mediante el voto popular. La Corte Nacional Electoral (CNE) requiere tres meses como mínimo para organizar un proceso eleccionario, que sumados a los 180 días hacen nueve meses.

El asesor del Ministerio de Justicia, Iván Morales, indicó que el actual Congreso no tiene atribuciones para resolver las acefalías en el Poder Judicial y que, por lo tanto, esta tarea quedará para la Asamblea Legislativa.

“El 2010 ya se debería tener a las autoridades del Poder Judicial”, insistió Morales, quien inició un proceso de socialización de los anteproyectos de ley de las tres instituciones judiciales.

El Tribunal Constitucional se encuentra paralizado desde hace dos años debido a la renuncia de sus miembros. Esta parálisis provocó la acumulación de 5.137 causas, que representan un perjuicio para 32.697 personas, dijo el secretario general interino de la institución, Juan Pablo Ayala.

El Consejo de la Judicatura también se encuentra anulado porque de sus cuatro miembros sólo uno está en funciones. Esto impide que haya sala plena para tratar denuncias contra jueces y otros operadores de justicia.

Mientras que la Corte Suprema está al límite de su quórum reglamentario luego de la suspensión de su presidente Eddy Fernández, quien tiene en su contra un juicio de responsabilidades por supuestamente incurrir en retardación de justicia.

Silva reconoció que existe una crisis en el Poder Judicial.

Ante esta situación, el senador de Podemos Wálter Guiteras anunció que la oposición planteará que el Congreso cumpla con su atribución de designar a las autoridades en los cargos judiciales acéfalos. “Por lo menos debe elegir a las autoridades del Tribunal Constitucional y a las de la Corte Suprema de Justicia”.

Llorenti invitó a la CIDH a visitar Bolivia para cerciorarse de la situación de la justicia.

El vocero del Palacio, Iván Canelas, reiteró la convocatoria. “Nosotros siempre hemos abierto las puertas a cualquier comisión para que venga a revisar el esfuerzo que hace el Ejecutivo por restituir los derechos fundamentales”, insistió.

Socializan 4 borradores de ley

El gobierno de Evo Morales inició la socialización de cuatro anteproyectos de ley que elaboraron para organizar el futuro Órgano Judicial. Una vez concertadas, las futuras normas serán remitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se elegirá en diciembre.

Los anteproyectos de ley son del Ministerio Público, del Consejo de la Magistratura, de Deslinde Jurisdiccional y del Tribunal Supremo de Justicia, informó el asesor del Ministerio de Justicia, Iván Morales.

Representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la sociedad civil analizan el contenido de estas iniciativas que están sujetas a modificaciones y ajustes. “Una vez que se termine con los ajustes y observaciones, se los remitirá al Parlamento”, informó.

El proyecto de Deslinde Jurisdiccional separa la jurisdicción indígena originaria de la ordinaria. El borrador de la ley del Consejo de la Magistratura prevé la estructura, competencias y atribuciones de la instancia disciplinaria del Órgano Judicial.

La propuesta de normativa del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia también hace referencia a su organización y competencias.

Morales indicó que se espera que en el primer semestre del 2010, la Asamblea Legislativa apruebe estos proyectos.

Investigan a jueces en política

El Consejo de la Judicatura instruyó investigar a jueces y fiscales que habrían participado en reuniones del Movimiento Al Socialismo (MAS). Estas prácticas son prohibidas y objeto, en consecuencia, de sanciones como la destitución.

La información la proporcionó el consejero Rodolfo Mérida, quien explicó que instruyó la investigación porque es “prohibido que funcionarios judiciales estén en actividades políticas”.

El 13 de octubre se conoció que algunos jueces y fiscales de La Paz participaron de una cena ofrecida por el presidente y jefe del MAS, Evo Morales.

El representante departamental de la Judicatura investigará la denuncia y elaborará un informe. El Poder Judicial debe mantener su independencia respecto a la política, insistió.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, sostuvo que también recibió una queja al respecto. No dio nombres ni el número de juristas que estuvieron involucrados, sin embargo aseguró que son varios y conocidos.

“Era una reunión política y los jueces y fiscales están impedidos, bajo pena de destitución, de participar en ese tipo de actividades”, señaló Wayar, quien luego recordó que la denuncia fue remitida a la Judicatura para que se inicie una investigación.