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La explotación de riquezas naturales históricamente dio lugar a que se produzcan sobreposiciones de empresas —estatales o privadas— en territorios indígenas. Con la nueva Constitución Política del Estado, adquirió un matiz diferente: reconoce la propiedad indígena de las tierras ocupadas ancestralmente, sea en la superficie o en el subsuelo.

En el plano humano y social puede decirse que se hizo un reconocimiento legítimo de aquella propiedad, pero desde la óptica de la gobernabilidad estatal, ésta quedó supeditada a ese derecho y, por tanto, fue suspendida o eliminada la posibilidad de que pueda disponer de esas tierras, tanto para eventuales explotaciones en las que tenga interés propio, o en concesiones a empresas privadas.

La aplicabilidad del nuevo estatus de la tierra, empero, tiene todavía una falencia: carece de reglamentación. Es urgente que se apruebe la ley correspondiente. En tanto no suceda ello, habrá conflictos como los que ya existen, en los que está involucrado el Estado mismo. Se están presentando ya en el norte de La Paz, con la exploración de hidrocarburos por la empresa estatal venezolana PDVSA, asociada con YPFB. En Corocoro, con la explotación de cobre por una empresa coreana, además de su industrialización por Comibol. Finalmente, en Uyuni, con los planes de proceder a explotar el salar de Uyuni.

En estos tres casos se incumplió con la obtención de las licencias ambientales, aunque en el del norte de La Paz se dice que ella apareció en una semana, cuando el trámite dura un semestre, según se arguye.

El cuestionamiento mayor es que aquella exploración y eventual explotación de petróleo está incursionando en una reserva nacional, como es la del Madidi, considerado uno de los lugares de más rica biodiversidad en el mundo.

En el caso de Corocoro, la población —vecinal y agropecuaria— está amenazando con acciones de presiones, porque el medio ambiente estaría siendo contaminado peligrosamente para la vida humana y animal, además de la agrícola. Respecto a la explotación del salar de Uyuni hay todavía margen a tramitar la licencia ambiental, pero existen ya brotes de inquietud por el establecimiento de una planta experimental que instaló allí el Gobierno.

En lo que respecta a la reglamentación necesaria de la Constitución será indispensable que se la consensúe con los interesados, no sólo con dirigentes, sino con la población, para que tenga plena aceptación, así se evitarán futuros conflictos.

Todo puede ocurrir, pero se está perdiendo de vista que las riquezas naturales para ser explotadas requieren de tecnología de punta e inversiones. De no darse condiciones para que éstas sean parte del desarrollo, aquéllas no beneficiarán a nadie.

Anthony Bebbington, investigador inglés, trabaja sobre el incremento de las concesiones mineras e hidrocarburíferas, que en casi toda América del Sur tienen sobreposición sobre territorios indígenas y campesinos, y generan diferentes conflictos.

Ante esta situación, durante el seminario “Bolivia post Constituyente: tierra, territorio y autonomías indígenas” propuso la copropiedad de los emprendimientos, esa propuesta fue detallada en el suplemento Ejecutivos de La Razón. Sin duda, se trata de una alternativa para la convivencia pacífica.