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“Había una garantía en pólizas de más de 10 millones de dólares en beneficio del Estado, de YPFB. Yo me preguntó por qué no ejecutaron (las pólizas), cuáles fueron las razones para que esas pólizas no se ejecutaran en favor del Estado boliviano”, dijo el también ex hombre fuerte del Gobierno, según reportó ANF.

El consorcio abrió tres pólizas: una por $us 6,04 millones en Bisa Seguros y Reaseguros; y dos por $us 1,6 millones cada una, en Credinform y Seguros Illimani. Las irregularidades en torno al proceso de contratación de Catler-Uniservice se destaparon el 27 de enero de este año.

Ese día, Jorge O’Connor D’Arlach —ejecutivo del consorcio— fue asesinado y le arrebataron $us 450 mil, un presunta comisión ilegal destinada a Ramírez, detenido preventivamente.

La ex autoridad declaró ayer ante la Fiscalía por la protocolización supuestamente ilegal del contrato de creación del fideicomiso de $us 45 millones que el Ejecutivo autorizó para la construcción de la planta gasífera.

“Permítanme defenderme en libertad”, pidió. Además, cuestionó que la Fiscalía permitiera que los coimputados Gonzalo Aramayo y Mario Cossío McGalem se beneficiaran de un proceso abreviado en el caso.