En el tema de las microfinanzas, semanas atrás se ha observado que algunas personas buscan efímera popularidad y algo de reputación atacando un sistema que a nivel mundial ha demostrado de manera más que suficiente su éxito en beneficio de los pobres, siendo esos resultados particularmente sobresalientes en Bolivia. Tales personajes han logrado que incluso autoridades de gobierno les den tarima para exponer sus ideas sobre algo que están lejos de entender y lo que es peor, bajo la premisa que están “defendiendo a los pobres”, hacen afirmaciones que, mezcladas con un tinte de legitimidad, siembran desconfianza sobre los obvios beneficios que traen los micropréstamos a los microempresarios.
Los argumentos esgrimidos son tan pobres e ideologizados que no vale la pena contrastarlos; sin embargo, se hace necesario hacer algunas aclaraciones. El mejor argumento para defender a las microfinanzas es que son cientos los millones de pobres que gracias a que han recibido y devuelto un crédito, lograron entrar al círculo virtuoso generado por la combinación de mano de obra (puesta por el microempresario) y capital de trabajo (puesto por las instituciones microfinancieras -IMF-). Tal círculo les ha permitido tener una fuente de trabajo y salir así de un estado de miseria para llegar a una pobreza digna que les permite sobrevivir hasta que sus gobiernos encuentren un camino para ofrecerles un trabajo suficiente que les deje salud, educación y un lugar propio donde vivir, que son los anhelos básicos de cualquier ser humano.
En Bolivia, debido a que su sistema eco-social no ha logrado desarrollar fuentes de trabajo sustentables y realmente productivas, los resultados que han dado las microfinanzas son excelentes ya que las IMF permitieron que, como alternativa de generación de ingresos, se desarrolle la economía informal boliviana, siendo este sector de lejos la principal fuente de trabajo en nuestro país. En números (cuestión que las ideologizadas se niegan a manejar) se tiene que actualmente hay casi 600.000 personas que consiguen capital de trabajo de las IMF para realizar sus actividades económicas y que además hay más de un millón y medio de ciudadanos bolivianos que están ahorrando en el sistema microfinanciero, todo esto sin que le cueste un peso al Estado. En valores, las IMF están manejando en promedio créditos de $US 2.000, lo que viene a constituir el capital promedio que tiene en su tienda o taller un microempresario. Sumando todos estos créditos, se llega a la suma de $US 1.300 millones que son los dineros entregados (prestados) por los ahorristas e inversionistas a las IMF para que éstas los canalicen a los microempresarios mediante el microcrédito.
El principal ataque que reciben las IMF, no sólo acá sino en todo el mundo, es que su tasa de interés es muy alta y que es “escandaloso” que los pobres tengan que pagar tan altos intereses. Aquí hay dos argumentos que demuestran porqué los pobres pueden pagar esas tasas. El primero está relacionado con el margen de utilidad que ellos tienen en su negocio. En otras palabras, un microempresario hace dinero comprando ´barato´ y vendiendo ´caro´, todo esto en pequeñas cantidades, pero suficientes para generar utilidades —que son su “sueldo”— y para tener un excedente que les permite pagar su préstamo. Por el lado del costo que tienen las IMF para realizar tal intermediación; de casi un 24% que está la tasa promedio de interés de los microcréditos, un 6% se va en pagar a los ahorristas e inversionistas, un 2% se va en las reservas que obliga la ASFI a mantener a cada IMF, y un 14% se destina a los costos operativos de las IMF (sueldos e infraestructura) con lo que queda entre un 3% a 4% como beneficio neto para las IMF. En ese sentido, si tan sólo se obligara a bajar la tasa en un 5%, para llegar a una tasa de 19% —que según los defensoras de los pobres es todavía muy alta— encontraríamos que las IMF ya no son sostenibles y el Estado tendría que empezar a entregar subsidios, con el agravante que los financiadores (tanto ahorristas como los fondos internacionales) dejarían de depositar en las IMF y por lo tanto el Estado tendría que empezar a financiar no sólo el subsidio sino todo el valor de los préstamos.
Otro aspecto que los nuevos enemigos del microcrédito no quieren tocar es el hecho de que un microempresario, más que el nivel de la tasa del préstamo, le interesa la oportunidad con que ese dinero está disponible, porque ellos compran, venden y producen con una rapidez pasmosa, haciendo que un muy buen negocio, donde podían haber ganado hasta un 100% de utilidad, se pierda en horas porque el dinero no estaba disponible en el momento oportuno. La rapidez para dar crédito es precisamente la fortaleza de las IMF y es el lado débil de la banca comercial y estatal. Esa es también la razón por qué hay casi un millón y medio de ahorristas en las IMF ya que los microempresarios no están interesados en la tasa de interés que les genera sus ahorros, si no en los servicios de pago y transacciones que les facilitan las IMF mediante su red de agencias nacional, ya que esto les evita andar con dinero en efectivo y les facilita la realización rápida y segura de sus negocios.
Un otro argumento que se esgrime es aquel que señala a la pobre persona que perdió su casa porque no pudo pagar sus deudas y despotrica contra las IMF por su falta de corazón y sensibilidad. El principio de castigar a los que no cumplen los acuerdos (contratos) es tan viejo como el ser humano mismo, e incluso en el paraíso socialista que parecieran anhelar estos nuevos defensores de los pobres, hay cárcel para los que no pagan sus deudas. Si se aceptara de manera general que no es necesario castigar al que no cumple las reglas, lo primero que habría que hacer entonces, es vaciar las cárceles de ladrones (y políticos).
La siguiente es una predicción de lo que pasaría si se hiciera caso a los nuevos críticos de las IMF, obligando a las entidades financieras a bajar las tasas de interés y a que acepten no cobrar a los morosos:
i) La medida, premiaría a los clientes que han demostrado no tener voluntad de pago, y por el contrario, castigaría a más del 99% de los clientes que con mucho esfuerzo y trabajo han honrado sus deudas. Con este esquema, lo lógico será que todos dejen de pagar sus deudas.
ii) Una bajada de tasa de interés a los niveles propuestos (10%) no obedece a ningún estudio técnico de costos y pone en peligro la sostenibilidad financiera de las IMF y la permanencia de la oferta de créditos a los micros y pequeños empresarios, que en casi un 100% apoyan al partido de gobierno,
iii) Ante la imposibilidad de cubrir costos, las IMF se verían obligadas a reducir y, en muchos casos, suspender sus servicios al sector informal. Con ello, la actividad económica disminuiría considerablemente y se afectaría a quienes menos se desea: los pobres. En ese sentido, se impactaría en el empleo con una reducción de cerca de 600 mil puestos de trabajo, directos e indirectos.
iv) Disminuirían las colocaciones de créditos a los microempresarios como consecuencia de la reducción de los flujos de financiamiento nacional e internacional a las IMF. Asimismo se provocaría una corrida de depósitos descomunal, ya que los ahorristas saben que su dinero ha sido prestado a los clientes de crédito. Esta situación obligaría al Gobierno a intervenir el sistema financiero en su totalidad, y si este sistema financiero intervenido actúa con la misma “eficiencia” que están demostrando los técnicos del Gobierno en las otras actividades económicas estatales, el nuevo sistema bancario estatal paralizaría gradualmente el sistema económico, afectando seriamente la credibilidad, popularidad y prestigio del Gobierno.
Dados estos lógicos resultados, pareciera que los defensores de estas medidas, lo que quieren es “tumbar” al Gobierno, y están buscando la “solución por el desastre” que es aquella que indica que la única forma de derrotar al MAS es induciéndolo a que intervenga el sector financiero y a que relaje su política fiscal y monetaria, de esa manera se producía un desastre económico y financiero que finalmente haría que la gente deje de apoyar al MAS.
Justino Choque es sociólogo y economista experto en microfinanzas.