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El método de la hidrometalurgia para tratar el mineral de cobre en la mina paceña es dañino para el medio ambiente, dice la organización indígena, y exige que se le dé solución, so pena de que los lugareños decidan cortar el suministro de agua a Corocoro.

La denuncia completa dice que el Gobierno se apresuró a inaugurar la mencionada planta y que para ello pasó por alto el cumplimiento del trámite de la licencia ambiental.

El mencionado trámite establece tiempos y plazos para la concesión de la licencia, pues toma en cuenta que puedan hacer llegar sus observaciones todos los habitantes de la zona. Pues bien, ese trámite no fue cumplido por Comibol en el caso de la mina Corocoro, según lo admitió el ingeniero Hugo Miranda, gerente general de la empresa estatal.

La inauguración de la planta había sido fijada para un día preciso en que el presidente Evo Morales debía estar presente y todos los plazos fueron acomodados a ese propósito. Por esos días, el Ministro de Minería había hecho saber que el Gobierno decidió crear también la “licencia social”, con lo cual el trámite se hacía un poco más complejo. El tema preocupó a los empresarios privados, pero también a Comibol, porque viene a dar mayor morosidad para las operaciones.

Pero en el fondo se trata de un momento en el cual se pone a prueba el verdadero apego de las personas a la defensa del medio ambiente, que en los idiomas quechua y aymara se conoce como “pachamama”.

Las leyes bolivianas han establecido que el medio ambiente debe ser protegido de los riesgos que pudieran surgir de la explotación de los recursos naturales.

Y es paradójico que la defensa del medio ambiente haya sido olvidada, o al menos descuidada en sus detalles burocráticos.

Los colaboradores del Presidente deberían tener mucho cuidado cuando se trata de estos temas que son tan sensibles a la imagen del Mandatario en el exterior. Pero sobre todo, deberán hacer los mayores esfuerzos para que los bolivianos estén convencidos de que el medio ambiente está realmente protegido.