El Gobierno enviará caso Fernández a la justicia ordinaria El Ejecutivo criticó, nuevamente, la decisión de la Corte Nacional Electoral de autorizar la campaña del candidato retenido en San Pedro. Insistió que la CNE no tiene competencia y que se parcializó con el PPB.
QUEJA DE AUTORIDAD • El ministro de Defensa, Walker San Miguel (derecha), muestra la ley con la que defiende su posición. Junto a la autoridad, el viceministro Wilfredo Chávez.
El Gobierno recurrirá a la justicia ordinaria para superar la divergencia con la Corte Nacional Electoral (CNE) por la autorización para que el candidato a la vicepresidencia por el Plan Progreso para Bolivia (PPB), Leopoldo Fernández, realice campaña desde la cárcel. Dos representantes del estamento nacional destacaron que no acatarán las decisiones del Órgano Electoral, sino las de un juez.
“El Órgano Ejecutivo y el representante del MAS-IPSP, por su lado, van a presentar todo este legado documental al Tribunal 7º de Sentencia del distrito judicial de La Paz, que es el que tiene atribuciones para resolver, según la ley, los aspectos derivados del régimen de detención preventiva de (Leopoldo) Fernández”, destacó el ministro de Defensa, Walker San Miguel.
El ministro añadió: “Lo que diga ese Tribunal de Sentencia, en atención a sus leyes y reglamentos, cumplirá Régimen Penitenciario (oficina encargada de la administración de las cárceles)”.
El Gobierno se negó a acatar la disposición de la CNE que autoriza a Fernández a efectuar proselitismo desde el penal de San Pedro, en el que está recluido desde hace 14 meses.
El MAS presentó un recurso de revisión de esa resolución, pero la CNE declaró infundado el pedido y reiteró su decisión.
Debido a esto, San Miguel y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, en una conferencia de prensa sostenida ayer, reiteraron su rechazo a la determinación de la CNE y dijeron que ésta no respondió a sus observaciones.
“Lamentamos profundamente que la Corte Electoral actúe de manera completamente parcializada, que no compulse la situación jurídica previa y persistente de Leopoldo Fernández. Seguramente, con esta actitud quiere coadyuvar a la victimización de una persona que está sujeta a la ley penal”, señaló San Miguel.
Chávez añadió que “(la CNE) obvió referirse a los puntos que la misma Corte señala que van a ser considerados en su resolución”. Por ello, acotó, el Gobierno presentó un nuevo recurso para que esta oficina “complemente y enmiende” su decisión.
En el otro frente, el vocero del PPB, Erick Fajardo, afirmó que “pretender llevar una apelación ante un tribunal de la justicia ordinaria lo que la Constitución le confiere en última instancia a la Corte Electoral, nos parece una aberración jurídica y una muestra de mucha ignorancia o de mucho cinismo del ministro”.
Las observaciones
Diligencia • Wilfredo Chávez cuestionó que la CNE actuara con “extraordinaria diligencia” en este caso.
Delegado • El viceministro Chávez también cuestiona que la CNE acepte una demanda presentada por una persona que no tiene capacidad procesal, como es Manfred Reyes Villa, “quien debería hacerlo es el delegado político de PPB”.