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El Archivo de La Paz se fundó el año 1971 gracias al profesor Alberto Crespo y varias autoridades de la época, rescatando documentación que provenía de una institución pública cuyas autoridades habían decidido convertirlas en cartón o en papel higiénico. A lo largo de los años y a través de diferentes gestiones y directores/as (René Arze, Florencia Ballivián, Mary Money, Roberto Choque, María Luisa Soux, Laura Escobari de Querejazu, Ximena Medinaceli), el Archivo de La Paz se ha convertido en la institución que ha logrado rescatar archivos institucionales, fondos públicos y privados, de tal manera que de alrededor de 200 metros lineales tiene actualmente más de 3.000 metros lineales.

El Archivo alberga documentación increíblemente rica y variada. La mejor manera de visualizar todo lo que tiene es mostrar de manera sucinta el panorama de lo que tiene tanto del período colonial y republicano: Documentos desde 1558 hasta el siglo XXI, más de 4.000 planos de mapas, más de 593 expedientes de la Prefectura, más de 513 libros sobre las comunidades indígenas y más de 120.000 fotografías. El Archivo ofrece más de 40 catálogos e inventarios de acuerdo a las normas de descripción ISAD-G. Esta institución atiende gracias al trabajo de estudiantes. El Archivo cuenta con 38 años de vida, 38 años de cuidado de varias generaciones y de más de un centenar de estudiantes pasantes que han colaborado ad honorem en los últimos tres años para atender mejor al público.

El Archivo de La Paz es un lugar donde se forman estudiantes en la práctica, en el ejercicio profesional en historia, archivística e investigación. Autores de conocida trayectoria como Roberto Choque, René Arze, Florencia Ballivián, María Luisa Soux, Carlos Mamani, Silvia Rivera, Esteban Ticona han escrito sus libros en base a nuestra documentación.

Este repositorio contribuye a democratizar la información, a la construcción de identidades y atiende con sólo presentación de un documento de identidad.

La documentación del Archivo de La Paz ha crecido 10 veces más desde su fundación. Su presupuesto, en cambio, no sólo es el mismo hace décadas, sino que incluso se ha estancado. El presupuesto que recibe es menor que el de cualquier centro de estudiantes de las facultades pequeñas, logrando apenas cubrir su caja chica y sus servicios.

Pero además, el Archivo de La Paz no tiene ya espacio y no puede cumplir su misión de continuar rescatando documentación que día a día se pierde. No nos cansamos de decirlo: basta ir a las calles Federico Zuazo o J.J. Pérez para ver cómo se compran quintales y camionadas de papel para convertirse otra vez en papel higiénico o cartón. Esto a pesar de la obligación del Estado de precautelar la documentación pública y de las penas dispuestas cuando no se cumple este deber.

El Decreto Supremo 22145 establece que la destrucción de la documentación activa es una grave pérdida para el país y considera a la documentación inactiva como de utilidad y necesidad nacionales, englobando dentro de ella a la documentación “central descentralizada, desconcentrada, local, judicial y universitaria” (Art. 11). De ahí que el Art. 3 “prohíbe la destrucción, desecho o cualquier otro daño”. El Art. 8 del D.S. 22145 establece que “Toda persona está facultada y tiene el deber de denunciar cualquier daño registrado en las documentaciones inactivas de la entidad pública que fuese, ocasionando en contravención de las disposiciones del presente decreto”. Los artículos 223, 224, 357 y 328 del Código Penal sancionan a quienes dañan, destruyen o sustraen el patrimonio documental histórico.

La nueva Constitución reconoce la autonomía departamental y en el régimen de competencias establece la “Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico tangible e intangible”.

Pero ¿quién debe ayudarnos? ¿De quién es la responsabilidad? Pues de todas las instituciones cuya documentación albergamos y de todas las instituciones de la ciudad y el departamento de La Paz: estamos hablando del conjunto del Poder Ejecutivo, de la Honorable Alcaldía Municipal, de la Prefectura, de la Universidad. Es obligación de este conjunto de autoridades precautelar por el patrimonio departamental y nacional como es nuestra obligación advertir del peligro de perder nuestra documentación, nuestra historia y nuestra memoria escrita en estos documentos.

¿Es problema de plata? No, es fundamentalmente un tema de decisión política. Lo que sucede es que no se considera urgente analizar qué se puede hacer no sólo con el Archivo Histórico de La Paz sino también cómo evitar que toneladas de papel continúen convirtiéndose en papel higiénico. Usted o sus hijos, buscarán hoy o mañana saber qué pasó en 1980 o el 2008, pues difícil que lo logre; más fácil es dedicarse a la historia colonial que a nuestra historia contemporánea.