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El viceministro afirmó, muy suelto de cuerpo, que el espionaje es normal “porque no hay que sorprenderse de esto”. Agregó que a Bolivia no le causa ninguna susceptibilidad el hecho de que esta situación esté sucediendo entre dos países latinoamericanos e insistió en que el espionaje “no es una actividad excepcional, pues ha ocurrido desde siempre y en todos los Estados del mundo porque forma parte de su manera de defenderse”. En lenguaje coloquial el viceministro concluyó con una reflexión perogrullesca: “El que se hace pescar paga las consecuencias, es decir paga el pato”.

Su par chileno, en cuanto se enteró de estas expresiones, habrá dicho, alarmado: ¡No me defiendas compadre! Porque esta apología del delito en labios del vicecanciller boliviano no ayuda en absoluto a Chile —si tal fue la intención— y por el contrario lo enfrenta a una opinión pública internacional que por supuesto, por hipócrita que sea, no deja de censurar este tipo de actividades que crean malestar, recelos y encono entre países vecinos.

En realidad, Fernández no debió abrir la boca, huir de los periodistas, salir por la puerta de servicio, ya que la carga en sus hombros no es poca: tiene la responsabilidad de firmar el acuerdo del Silala, en el que se ignora la centenaria deuda de Chile a Potosí por agua dulce, se reconoce tácitamente que el manantial sería río de curso internacional —tesis chilena— y por lo tanto se le reconoce el 50 por ciento de la propiedad de las aguas. El documento —preparado en la Cancillería del Mapocho— fue suscrito por Fernández y es entonces que la airada protesta nacional hizo retroceder al Gobierno y aceptar discutir con Chile las múltiples y muy razonadas observaciones que hicieron personalidades e instituciones de nuestro país.

Fernández, de quien se pidió su renuncia, guardó silencio unos pocos días. Más le hubiese valido permanecer callado.