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Estos días previos a la consulta electoral no son los más indicados para reflexionar sobre un tema gravísimo que afectará, sin duda, el futuro de Bolivia. Los candidatos a la presidencia de Chile —Piñeira, Frey y Ominami— han descartado toda posibilidad de salida soberana de Bolivia al mar y el tercero ha añadido que habrá que esperar 130 años más, si es que nuestro país insiste en una solución de esa clase. Apenas cuenta la opinión del cuarto aspirante, Jorge Arrate, cuya nobleza reconocemos, pero cuyo caudal de votos es pequeño.

Tales declaraciones llevan a fojas cero el reclamo de Bolivia que tuvo un compás de espera durante el gobierno de Bachelet, pues no fue llevado a ningún foro internacional. Se suponía, y así lo dijo el gobierno del presidente Morales, que habían “conversaciones avanzadas” y que se había logrado poner el tema marítimo en la agenda de 13 puntos que se discute periódicamente entre delegaciones de las dos cancillerías. Conviene aclarar que 12 de estos puntos ya figuraban en la agenda de discusión de los países hace más de 10 años y que en este gobierno, de la señora Bachelet, se hizo la graciosa concesión de incluir el tema marítimo, aunque —como se ve— no se avanzó un paso en el mismo.

Desde principios del siglo XX —recuérdese la misión de Franz Tamayo a la Liga de Naciones, en Ginebra, en 1921—, nuestro país ha planteado en múltiples foros, llámese OEA, Naciones Unidas o grupo de Países no Alineados, su demanda, al tiempo que avanzaba en negociaciones con Chile, prueba de ello es la nota de respuesta del canciller Horacio Walker Larraín, al embajador de Bolivia del año 50, en la que expresa sin ambages: “Mi gobierno, animado de un espíritu de fraterna amistad hacia Bolivia, está llano a entrar formalmente en una negociación directa, destinada a buscar la fórmula que podrá ser posible dar a Bolivia, una salida pronta y soberana al océano Pacífico y a Chile, obtener compensaciones que no tengan carácter territorial y que consideren efectivamente sus intereses”.

Los cambios políticos en ambos países afectaron esa decisión; luego, las negociaciones Banzer-Pinochet establecieron la “cesión a Bolivia de una costa marítima soberana entre la línea de la Concordia y el límite del radio urbano de Arica, así como la cesión de un territorio soberano de 15 kilómetros a lo largo de la costa y 15 kilómetros de profundidad, en zonas próximas a Iquique, Antofagasta o Pisagua”. Consultado el Perú, demoró casi un año en su respuesta que consistió en una fórmula de soberanía trinacional sobre Arica.

Pero éstos no han sido los únicos gestos de reconocimiento que ha tenido Chile y de disposición a un arreglo satisfactorio y así hemos transcurrido 126 años de tira y afloje. Los funcionarios de la Cancillería boliviana sabían que la denuncia en foros internacionales no iba a torcer la voluntad chilena, pero servía para demostrarle que había un problema pendiente y que éste afectaba la paz y la seguridad de la región, como lo reconocieron las naciones americanas en la reunión conmemorativa a la Batalla de Ayacucho y en la Asamblea realizada en La Paz en 1979.

Desde entonces se produjo el silencio boliviano, incluso en las arengas ante la estatua de Abaroa, en espera de las “conversaciones reservadas” que se hallaban avanzadas y que ahora se demuestra que no existían siquiera. ¿A quién echar la culpa de esta situación? ¿Hemos pecado de ingenuos para no usar otro calificativo más duro? ¿Qué estrategia podemos usar ante la tozudez chilena, ahora que las cosas han vuelto a fojas cero, es decir, como estaban cuando se produjo la ocupación de Antofagasta en 1879?