Sociedad

Tuesday 7 May 2024 | Actualizado a 18:36 PM

‘Ahora soy una mujer completa, mi imagen y documentos revelan eso’

Por La Razón

/ 15 de mayo de 2011 / 05:00

— ¿Qué significa para usted llamarse Antonella?

— Es mi sueño hecho realidad, es por lo que siempre luché, estoy muy feliz porque al fin podré ejercer lo que siempre fui, una mujer, una mujer completa porque mi imagen y mis documentos revelan eso. Viviré tranquila, me casaré con algún hombre y quizás pueda adoptar hijos y me realice en el plano profesional.

— ¿Cuál es el nombre con el que le bautizaron?

— ¡No!, tanto luché para borrar ese nombre y tú me pides que te lo diga. Ese nombre está enterrado y nunca debió existir.

— ¿Dónde nació?

— En la provincia Omasuyos,  desde muy pequeño pasteaba mis ovejas, vendía refrescos y dulces en mi pueblo, criaba algunos chanchos y los vendía para ganar algo de dinero. Como cualquier otro niño estudié en mi pueblo hasta mis 10 años.

— ¿Cuán difícil es para una persona transexual de provincia, llegar hasta donde ha llegado?

— Es muy difícil, primero porque muchos no tienen la accesibilidad al estudio que yo tuve, lo que me permitió hacerme las cirugías que me hice, pero creo que debemos luchar por nuestra felicidad y nuestros ideales.

— ¿Cuándo se descubrió?

— A los seis años y desde entonces mis ideas y mis pensamientos siempre fueron los de una mujer. Pero por cuestiones sociales y culturales no podía mencionar estas ideas a mis padres, de manera que me callé y viví con un complejo de inferioridad. Los niños me metían mano, me insultaban me golpeaban y aguanté su sarcasmo durante años.

— ¿Y cuándo llegó a La Paz?

— A los 11 años y sentí la discriminación más profunda, estudié en el colegio Bolívar, de puro varones. Los estudiantes me metían mano, me golpeaban, me insultaban, escuchaba sus burlas, su sarcasmo, sufrí muchísimo. Tuve paranoia, complejos de inferioridad e intentos de suicidio. Por lo que retorné a mi pueblo hasta que salí bachiller. En ese entonces no estaba preparada todavía, no sabía lo que eran las identidades sexuales y genéricas. Consideraba que era pecador, sucio, como nos hace creer la religión judío cristiana, que el no ser heterosexual es inmundo. Entonces, sacar esas ideas que están en lo más profundo de uno es muy difícil.

— ¿Entonces debió romper primero sus temores internos?

— Sí, yo tenía la necesidad de que todo el mundo me acepte, pero la verdad era que yo no me aceptaba todavía y tenía una lucha interna, conmigo misma. Yo no lo acepté, toda mi infancia y mi adolescencia, hasta ingresar al cuartel, en Trinidad, en el grupo aéreo 72, donde fui dragoneante,  como cualquier otro soldado. Ahí tuve mi primera pareja. Y saliendo del cuartel e ingresando a la universidad a la Facultad de Medicina recién acepté mi identidad sexual y poco a poco empecé a desarrollar mi verdadero género.

— ¿Su verdadero género?

— Todo ser humano tiene diferentes formas de sexo dentro de su ser, llamado dimensiones sexuales. Uno es el sexo biológico que es la parte corporal y física; está el sexo psicológico, que es la manera en la que te autodefines. Las personas que nacieron con el síndrome de Harry Benjamín, son transexuales, son las que habiendo nacido con genitales de un sexo, su mente y su alma son del sexo opuesto.

— ¿Por qué inició el cambio de nombre y sexo?

— Tengo imagen femenina y documentos masculinos, tenía la esperanza de ser aceptada por la sociedad así, pero la discriminación era tanta y el rechazo era diario, que decidí hacer mis papeles, para ya no vivir en la ilegalidad. Pese a que me ven en carne y hueso, para la justicia no tengo legalidad, no existo prácticamente, no tengo el estatus de ser humano, ni para la justicia y menos para la gente, a pesar de que estoy aquí. Pero además busco ser reconocida como mujer, como lo que soy, es por eso que inicié el juicio de cambio de nombre y sexo, a nivel legal, a finales del 2009.

 — ¿Y ahora?

— Soy Antonella, me costó mucho. Pasé por una serie de pruebas, test y exámenes, pero ahora sí estoy completa, tengo la imagen y el nombre femeninos. Inicié este proceso en el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Civil y Comercial donde se dictó la sentencia a mi favor.

— ¿En base a qué normas?

— En nuestro país es difícil porque no existe la Ley de Identidad de Género. Mis  abogados se basaron en leyes internacionales y algunas normas bolivianas como la nueva Constitución Política del Estado y  convenios  internacionales.

— ¿Cuándo comenzó su transformación?

— Cuando sentí la necesidad de tener algo propio,  verdadero, porque las esponjas, pelucas y rellenos no eran suficientes, yo tenía que tener un cuerpo verdadero, entonces empecé la transformación y la búsqueda para que coincidan mi imagen con mi interior.

— ¿Cuántas cirugías tiene?

— 14 operaciones e invertí más de $us 7 mil. Lo primero que hice fue ponerme silicona en las caderas, luego los senos. Me hice cirugías de rinoplastia, estética facial, lifting y otras más. En Bolivia soy la más completa.

— ¿Son los únicos requisitos que debes tener para lograr el cambio que quieres?

— No, una persona transexual debe seguir una terapia de reasignación sexual, que incluye tres procesos, la parte psicológica, que está vinculada a la forma de sentir y pensar como una mujer; la biológica, con tratamientos hormonales; y la parte quirúrgica. El último paso es el cambio de nombre y sexo en tus documentos personales.

— ¿Cuándo salió a la luz pública y se hizo visible?

— La sociedad me descubrió cuando fui elegida Miss La Paz, el 2007,  para entonces yo trabajaba en el Hospital Obrero y mis colegas vieron la elección por televisión. Entonces no podía ocultarlo más, es ahí cuando salgo completamente del clóset, entonces expliqué y empecé a hablar libremente de mi sexualidad.

— ¿Cómo hizo respetar su orientación sexual?

— En la Facultad de Medicina tuve que enfrentarme a un hombre que constantemente se burlaba de mí y me insultaba. Decía a su amigos, de manera sarcástica, «no seas maricón, qué gay que eres» y otros insultos más. Hasta que un día lo esperé en la entrada de la Facultad y lo agarré a golpes, y le dije «soy gay declarado y me vas a respetar». Durante mis estudios me disfrazaba de hombre, con todo ancho porque yo ya había empezado la transformación de mi cuerpo. Para mi año de provincia ya tenía los implantes de seno y debía fajarme porque mis documentos decían que era hombre, entonces mi imagen debía coincidir.

 — ¿Cuál fue el momento más duro que le tocó vivir?

— Hay dos partes duras. Los golpes que recibí de mi hermano mayor, desde que era muy pequeño, sus gritos que decían ¡Salí maricón de mierda¡ tú no eres mi hermano¡ , me golpeaba, me insultaba y salí de mi casa. La segunda parte dura es cuando busqué trabajo con una imagen de mujer y documentos de hombre y fui rechazada.  Sufrí mucha discriminación en las oficinas, en los bancos, en los hoteles, cuando buscaba hospedaje y me decían  sí señorita pase, presentaba mis   documentos y me decían: «un ratito ya no hay habitaciones, no hay espacio». Entonces, la discriminación es diaria para las mujeres transexuales. Se debe tener una personalidad muy fuerte para poder enfrentar esto.

— Ahora ¿Cuál es el principal objetivo de su vida?

— Es educar a la gente, a la sociedad para que algún día este tipo de relaciones sea visto y aceptado de manera natural. Para ello debe cambiar el pensamiento de la gente. Deben entender que somos seres humanos como todos y las relaciones que tenemos son de amor, como cualquier otra relación de parejas heterosexuales. Esto debe ser acompañado por la Ley de Identidad de Género, la cual nos permitirá encaminarnos y transitar sin dificultad en lo que debimos haber sido siempre, mujeres.

— ¿Qué recomienda a los adolescentes que  están descubriendo su orientación sexual?

— Primero, a las familias, son quienes deben apoyar a sus hijos y entender que nadie escoge su identidad sexual y apoyar  a sus hijos transexuales, lo más antes posible, para que ellos puedan integrarse a la sociedad sin problema. A los hombres y mujeres transexuales, sentirse orgullosos de lo que son, jamás avergonzarse. No escogimos vivir esta vida, pero debemos luchar para poder conseguir nuestros objetivos, nuestros sueños y ser personas auténticas, porque nacimos en cuerpos de hombres con pensamiento y alma de mujer .

— ¿Y si no hay apoyo?

— Si no hay apoyo de la familia estarán arrinconando a una persona a vivir una vida de infelicidad y de marginación, porque la mayoría de las mujeres trans se van a la prostitución, porque si la familia no las apoya, la sociedad las discrimina y las rechaza, entonces qué les queda.

 

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Democracia en riesgo

Por La Razón

/ 5 de mayo de 2024 / 00:34

La reciente decisión de una sala constitucional en torno al “congreso del MAS-IPSP” convocado por dirigentes de la facción arcista constituye una tosca injerencia en las competencias del TSE. Y cruza un límite que pone en riesgo no solo la institucionalidad electoral, sino la propia democracia. Es fundamental ponerle freno antes de que conduzca a una deriva autoritaria.

 Una de las condiciones fundamentales de un Estado de Derecho es la autonomía e independencia de los órganos del poder público, además de su separación. Cuando uno o más órganos se subordinan a otro o surge una especie de suprapoder, esa estructura y organización funcional del Estado se resquebraja. Asimismo, cuando el sistema de gobierno empieza a depender de decisiones arbitrarias e inconstitucionales, la democracia está en riesgo. Estamos transitando ese muy peligroso umbral en el país.

En nuestro proceso de construcción y reforma estatal, no es nuevo que el Legislativo dependa de los mandatos del Ejecutivo. Tampoco es raro que la administración de justicia esté subordinada al poder político y a poderes fácticos. Lo crítico es que surja un suprapoder que imponga sucesivos fallos por fuera del marco constitucional y pisoteando la institucionalidad democrática. Desde el año pasado hay un suprapoder en Bolivia que, en consorcio con actores políticos, opera desde el TCP y algunas salas constitucionales.

A punta de sentencias, declaraciones y autos constitucionales, y algunas acciones de defensa, un arriesgado suprapoder está llevando a límites insostenibles el funcionamiento de los órganos del poder público y del sistema de gobierno. Así, bloquearon las elecciones judiciales, suspendieron las funciones de fiscalización de la ALP, se autoprorrogaron, beneficiaron a terratenientes y ahora están emitiendo “instrucciones” sobre las organizaciones políticas y los procesos electorales. Es inaceptable.

Es muy complicado y sensible para el TSE gestionar las disputas internas en los partidos, en especial en este momento la batalla entre facciones en el MAS-IPSP. Debe hacerlo en estricto cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas y de los estatutos partidarios. ¿Qué ocurre cuando una sala constitucional, desde su filiación política, impone acciones que violan la normativa y vulneran las atribuciones del organismo electoral? Eso es lo que acaban de hacer, sin sonrojarse, los vocales Campero y Angles.

En un pronunciamiento difundido este viernes, las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional exigen con timidez el respeto a la independencia de poderes para garantizar la democracia en el país. No es una exigencia menor. En realidad, se está advirtiendo que, si magistrados y jueces continúan perforando el sistema y la institucionalidad electoral, la democracia boliviana está en riesgo. Es fundamental que la disputa política no termine derrumbando el orden constitucional y el régimen democrático.

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Elección en suspenso

Las reacciones luego de conocido el fallo revelaron, cómo no, una nueva fuente de incertidumbre

Por La Razón

/ 2 de mayo de 2024 / 06:16

Como se decía días atrás en este mismo espacio, hace mucho que actores políticos y operadores judiciales están empeñados en frenar sin fecha las elecciones judiciales. El más reciente fallo constitucional ordena no solo paralizar el proceso, sino devolverlo al inicio y comenzar con una nueva ley de convocatoria; el argumento es la defensa de derechos, pero la intención tal vez no.

El 18 de abril, Yeny Duri, dirigente indígena y abogada, candidata eliminada en el proceso de preselección, presentó una acción popular en la que denunció que las aspirantes indígenas de Pando no recibían un trato equitativo en comparación con las de otros departamentos, señalando la falta de oportunidades equitativas en el proceso de preselección. La Sala Constitucional Primera de Cobija emitió el lunes una medida cautelar que suspendió el proceso de preselección en curso y luego, el martes, dictaminó que el proceso de preselección debía dejarse sin efecto completamente, argumentando que la convocatoria inicial no había considerado adecuadamente la inclusión de mujeres e indígenas, e instruyó elaborar una nueva.

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La reacciones luego de conocido el fallo revelaron, cómo no, una nueva fuente de incertidumbre, pues si bien hay voces, como la del expresidente Eduardo Rodríguez, quien argumentó que la Sala Constitucional de Cobija era incompetente para emitir tal fallo y que sus razonamientos eran improcedentes, sugiriendo que la Asamblea Legislativa debería continuar con el proceso de preselección, la Comisión Mixta de Constitución decidió entrar en cuarto intermedio hasta hoy, a la espera de la notificación oficial del fallo.

El Presidente de la Comisión, Miguel Rejas, del MAS, afirmó que la intervención de la Sala es una «aberración» y criticó duramente a los vocales que concedieron la tutela a la candidata Duri; dijo también que el fallo fue resultado de manipulaciones por parte de vocales y jueces, sugiriendo que algunos de ellos habían sido influenciados por quienes presentaron amparos.

A su vez, la senadora Andrea Barrientos indicó que el fallo de la Sala es «ilegal e inaplicable» y que ninguna sala constitucional tiene la competencia para declarar la inaplicabilidad de una ley, especialmente de la Ley 1549, que ha pasado por control constitucional y cuenta con amplio respaldo legislativo. El diputado por Creemos Leonardo Ayala argumentó que la decisión vulnera los derechos de los más de 400 postulantes habilitados para el proceso de preselección. El Presidente Nato de la Asamblea, como es habitual, no apareció.

La interminable sucesión de recursos judiciales y constitucionales, sumada a la incapacidad de las y los legisladores para acordar un plan de acción capaz de superar los obstáculos que unos y otros ponen en el camino, muestra todo, menos voluntad política, para cumplir con el mandato constitucional de realizar la elección de autoridades del Judicial. Mientras tanto, el sistema judicial boliviano se hunde irremediablemente.

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¿EJ en septiembre?

Por La Razón

/ 28 de abril de 2024 / 00:18

Renovadas acciones de amparo y medidas cautelares están paralizando nuevamente y dejan en incertidumbre las Elecciones Judiciales (EJ). Según lo establecido en la ley transitoria, este 5 de mayo debe concluir la fase de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el TSE anunció que la votación popular sería en septiembre. Hay duda sobre tales plazos.

Desde hace un año, el proceso electoral para renovar el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional está a la deriva. Según el mandato constitucional, las elecciones debieron realizarse en 2023. Pero políticos y operadores del sistema, en especial del TCP, se encargaron de frenar, congelar y a la postre postergar la elección. Como no se eligieron nuevas autoridades, los actuales magistrados (cuyo mandato ya se cumplió) decidieron autoprorrogarse. Fue como un guion escrito desde el principio para boicotear el proceso.

Como efecto de un bloqueo de caminos realizado en enero, finalmente la bancada oficialista en la Cámara de Diputados viabilizó las truncadas elecciones. Se aprobó entonces una ley de consenso que trazó la ruta, sus fases y los plazos tanto para la preselección a cargo de la ALP como para la votación bajo responsabilidad del TSE. Así, se publicó la convocatoria, se recibieron más de 700 postulaciones, se verificaron requisitos y se resolvieron las inhabilitaciones. Hasta ahí todo conforme a lo previsto.

En medio de la evaluación de méritos, incluida una prueba de conocimientos, varios postulantes inhabilitados por incumplir requisitos activaron demandas en la justicia para la reconsideración de sus casos. Todas esas acciones prosperaron dejando en suspenso el proceso de preselección de postulantes. Y el plazo corre. Luego de calificar los méritos, la Comisión Mixta de la Asamblea debe aprobar su informe, que será la base para la elección, por dos tercios, en sesión plenaria. Queda solo una semana.

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Es evidente que algunos actores políticos y operadores judiciales están empeñados en frenar sin fecha, nuevamente, las elecciones judiciales. Sería desastroso para la institucionalidad en el país en un contexto de alta desconfianza y de crisis. Por ello es sensato que la Comisión Mixta retome el proceso desde mañana. Tampoco sería una buena señal que se amplíen los plazos, ya que ello implica postergar la votación popular (quizás hasta octubre, lo que se superpone con las elecciones primarias).

Todos sabemos que las elecciones judiciales no solucionan la crisis del sistema de administración de justicia, pero al menos implican cumplir la Constitución y evitar que los autoprorrogados continúen degradando aún más el Estado de Derecho con sus decisiones a la carta. Por ello es fundamental que la ALP culmine pronto su trabajo de preselección con voluntad política y madurez democrática. Luego será el turno de la ciudadanía en las urnas. Y seguirá en agenda la cada vez más urgente reforma estructural del sistema.

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Un asunto oscuro

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años

Por La Razón

/ 25 de abril de 2024 / 06:59

La todavía incipiente industria del litio en Bolivia no puede salir de las sombras. Al violento arresto del exministro de Minería y exresponsable de la planta en la región de Lípez en Potosí, Luis Alberto Echazú, se ha sumado, ayer, la muerte del exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El tema se ha politizado y, ahora, judicializado, pero del negocio no hay más que promesas.

Los contornos del caso, la actuación presuntamente arbitraria e irregular de la Fiscalía el lunes, según denuncia del abogado de Echazú, así como las declaraciones de jerarcas y portavoces del ala evista del MAS, hacen pensar en intereses políticos ligados a la sorda pelea por el poder en el partido gobernante antes que en aquellos ligados al efectivo despegue de la industria del litio en el país. El intercambio de acusaciones, con y sin fundamento, en nada ayuda a reactivar el proyecto.

Lea también: Ley ‘antihombres’

El tono y el contenido de una “carta abierta” firmada por el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, otro de los imputados, antes de morir (incluyendo una última línea en la que pide perdón a sus seres queridos por el “dolor” que les causará “esta mi decisión”), hace pensar en que detrás de la acusación hecha el jueves de la semana pasada por la actual gerente del proyecto y el procurador del Estado, además de la sorprendentemente rápida actuación del Ministerio Público, hay mucho más que la búsqueda de justicia o de castigo a la corrupción.

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años, asunto del cual ni ella ni su antecesor habían dicho nada anteriormente. Al ser conducido a celdas policiales, el exministro, ahora en detención domiciliaria, afirmó que “el Gobierno quiere ocultar tres años y medio” de parálisis en el que debería ser el proyecto más importante del Estado Plurinacional en los últimos años.

Coincidiendo con la denuncia de YLB contra exfuncionarios de la institución, el mismo día, el Presidente del Estado acusó a “potencias mundiales” y un “país vecino” de pretender controlar los recursos naturales del país, especialmente el litio, bloqueando las exportaciones y excluyendo a Bolivia en procesos estratégicos de comunicación. A la luz de lo sucedido en los últimos años, es evidente que el principal obstáculo está en el Estado y no fuera de las fronteras.

Mientras Chile se abre a las inversiones de riesgo compartido y se propone recuperar el sitial de primer exportador de litio en el mundo en los próximos dos años, y el presidente de Argentina busca entregar las reservas de su país a las transnacionales del sector, Bolivia todavía no ha mostrado cuál es su estrategia de industrialización y comercialización del preciado mineral, al extremo que ni siquiera ha transparentado los acuerdos (no contratos) que tiene con empresas chinas y rusas. Así, es imposible tener optimismo en el futuro del litio.

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Ley ‘antihombres’

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta.

Por La Razón

/ 21 de abril de 2024 / 00:27

La penosa declaración del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en sentido de que la Ley 348 es una ley “antihombres” (sic), puso en agenda la cuestión irresuelta de la violencia contra las mujeres. Rodríguez recibió fuertes críticas, pero también adhesiones. Lo preocupante es que fomenta a grupos antiderechos y pone en riesgo una norma que protege a las mujeres.

 La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348) fue promulgada por el presidente Morales en marzo de 2013. Su objeto es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. Se trata de una ley avanzada, resultado de muchos años de lucha de las mujeres por sus derechos en una sociedad patriarcal y machista como la boliviana.

En 11 años de vigencia, la Ley 348 permitió el registro de centenas de miles de denuncias de violencia contra mujeres en el país. Según datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, el año pasado hubo casi 52.000 denuncias. Los casos de violencia familiar o doméstica, que son la mayoría, se incrementaron en 193% entre 2013 y 2023. Cada día, en promedio, hay 142 denuncias de violencia contra mujeres, 30 agresiones sexuales, 104 embarazos de niñas y adolescentes. En 2023 se registraron 81 feminicidios.

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta. Por ello son deplorables afirmaciones tan ligeras como que la Ley 348 es una “ley antihombres” o, peor, que “la violencia no tiene género”. Si bien existen acusaciones falsas contra hombres, e incluso detenciones arbitrarias presumiendo culpabilidad, ello no atenúa ni menos niega la abrumadora evidencia de que las mujeres son las victimas sistemáticas de actos de violencia en todas sus formas.

En su capítulo de derechos fundamentales, la Constitución señala con claridad que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica”. Y establece que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género.

Con ese mandato constitucional, la Ley 348 define mecanismos para proteger a las mujeres. Y traza la ruta para la denuncia, persecución y sanción penal de los agresores.

Es evidente que se requiere una reforma normativa y hay valiosas propuestas para el efecto. Pero sobre todo fallan los operadores del sistema judicial. Claro que debe evitarse que haya hombres inocentes en prisión, pero sobre todo que los feminicidas y violentos estén libres. Las polémicas palabras del presidente del Senado tendrían que servir para debatir el tema, mejorar la ley, garantizar en serio para las mujeres una vida libre de violencia y frenar las muy peligrosas campañas antiderechos.

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