— ¿Cuál la situación de los derechos humanos en conflicto armado y protestas sociales?

— En el Comité Internacional de la Cruz Roja trabajamos en el tema de conflicto armado, pero la situación en países andinos es más de protesta social, donde hay mucha violencia. Siempre hemos tenido diálogo con la Policía, pero una vez que hemos visto, en 2009, el caso de Bagua (Perú, un conflicto que dejó 39 muertos entre indígenas y policías), decidimos trabajar más sobre el tema de la protesta social.

— En Bolivia las protestas sociales se vuelven más violentas, ¿qué se puede hacer?

— No es un tema nuevo en Bolivia, la protesta social es una manera de expresarse. Podemos ver que no hay muchos muertos y heridos como en otros países, pero en casos como el TIPNIS, la familia y la gente manifiesta que hay necesidad de asistencia humanitaria.

— En las protestas ahora incluso ya no dejan pasar ni ambulancias, ¿hay alguna sanción?

— En derecho internacional humanitario hay reglas que prohíben el ataque a edificios médicos y a la misión médica, pero aquí no hay esa situación. Sí hay reglas internas que prohíben impedir el tránsito de las ambulancias. Debe haber imparcialidad en los actores para que sólo se cuide al herido.

— Se ve el uso de petardos con clavos, ¿qué se puede hacer?

— El diálogo se lo hacía antes con la Policía para estar seguro del respeto al derecho de la persona, pero ahora vemos que hay víctimas del lado de la Policía; hay armas, dinamitas que ponen en peligro a los uniformados. Entonces  dialogamos con el sindicato, con delegados de los manifestantes, para decirles que hay necesidad de respetar la vida, porque los manifestantes no van a matar; también tenemos mensajes radiofónicos, aunque no sabemos si tiene resultados o un impacto.

— ¿A la Cruz Roja le preocupa esta escalada de violencia?

— No podría decir que hay incremento de la violencia en protesta social, porque antes había más víctimas mortales. Lo que vemos es si hay consecuencias humanitarias. Cuando la protesta social llega a la violencia, vemos qué tipo de valoración haremos para reducir o prevenir esa violencia o la consecuencia que tenga.

— ¿Qué reto tiene la Cruz Roja para Bolivia?

— Hemos firmado hace un mes un convenio con el Ministro de Gobierno (Carlos Romero) sobre la capacitación de la Policía en derechos humanos, También trabajamos con las Fuerzas Armadas para la integración del derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra, y no significa que pensemos que hay una guerra futura en Bolivia, pero hay interés porque el convenio internacional de Ginebra fija la necesidad de implementar en su derecho nacional el internacional.

— Ante las protestas sociales que se presentan en Bolivia, ¿es necesario que el Estado tenga una norma para el uso de la fuerza en estas situaciones?

— El restablecimiento y la mantención del orden interno, que es de responsabilidad del Estado, debe contar con una reglamentación específica que permita a las fuerzas públicas un uso adecuado de la fuerza, que esté acorde con las normativas internacionales de respeto de los derechos de las personas. No se trata de una reglamentación específica para cada evento, sino de reglas claras para que las autoridades tengan un marco legal adecuado.

— ¿Qué tipo de norma tendría que ser, un decreto, ley u otra?

— Idealmente una norma con rango de ley, pues ésta tiene alcance general —la pueden conocer no sólo la fuerza pública, sino la ciudadanía en su conjunto— y mucha mayor estabilidad y permanencia en el tiempo que otras de inferior jerarquía. Adicionalmente una ley puede obligar a otros entes estatales comprometidos con la problemática, como los ministerios de Defensa y Gobierno y de sus respectivas fuerzas.

— ¿Cuál sería el beneficio de esta norma para la sociedad?

— Publicidad, alcance general y vocación de permanencia. Establecer no sólo procedimientos, sino las condiciones previas (institucionales y materiales) para un adecuado empleo de la fuerza (equipamiento idóneo y suficiente, entrenamiento permanente, capacitación, etc.). Sienta las bases para un adecuado desarrollo normativo institucional posterior (reglamentos, manuales instructivas, etc). Además, brinda a jueces y fiscales una importante herramienta jurídica con la que estarán obligados a analizar las actuaciones policiales con repercusiones penales de acuerdo a criterios más técnicos y apropiados.

Una ley de uso de la fuerza puede devolver cierta legitimidad a la Policía frente a la sociedad al ayudarle a emplear la fuerza de modo equilibrado.

Finalmente, es la mejor forma de ayudarle a un policía a respetar los derechos humanos, ya que todos conocen lo que mandan las normas de derechos humanos, pero casi ninguno conoce “cómo” cumplirlas. Una ley de uso de la fuerza responde a esas preguntas y garantiza al policía un accionar alejado de la arbitrariedad, el exceso y el abuso.

— ¿Los países de su delegación cuentan con esta norma?

— Ninguno de los tres países. Sin embargo, se han dado pasos importantes a nivel de los “Manuales de DDHH y función policial”, como por ejemplo el que tiene Bolivia, y algunas directivas como el Acuerdo Ministerial N° 1699 del Ministerio de Interior de Ecuador.

Perfil

Nombre: Cédric Schweizer

Nació: 15-06-1971

Profesión: Abogado

Cargo: Jefe regional de Delegación CICR

Delegado de la Cruz Roja

Actualmente es el Jefe de Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Bolivia, Ecuador y Perú, desde 2009. Fue Jefe adjunto para las operaciones para África del Oeste y del Centro, Ginebra, Suiza, entre 2007 y 2009.

También ejerció el cargo de Jefe Adjunto de Delegación del CICR y Jefe de Delegación en Burundi, desde 2005 hasta 2007.

Se desempeñó como Jefe de Subdelegación en Cisjordania (Palestina) en las gestiones 2004-2005.

Desarrolló el cargo de Jefe de Subdelegación del CICR en Guinea en las gestiones 2003- 2004 y también fue Delegado de la Cruz Roja en Etiopía entre los años 2001 y 2003.