Militantes y simpatizantes de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) llegaron hasta las puertas del edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para exigir el registro de las resoluciones del congreso nacional de ese partido celebrado a principios de mayo en El Alto.

Con banderas y arengas a favor de ese encuentro y del presidente Luis Arce, decenas de miembros de los 20 distritos de La Paz acudieron a las instalaciones del TSE, frente a la plaza Abaroa, en la zona de Sopocachi.

El encuentro de El Alto eligió a Grover García como jefe nacional del MAS en reemplazo del vigente presidente Evo Morales, que ocupa el cargo desde 2017.

La Sala Plena del TSE definirá esta semana si registra o no las resoluciones del congreso. Eso, luego de que una comisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) envió una comisión técnica a supervisar el encuentro.

MAS

Esa comisión tenía un plazo de siete días para presentar su informe técnico, que se cumplió el martes de la semana pasada; luego de eso, el documento debió ser remitido a la dirección nacional de esa unidad, que tuvo 48 horas para validarlo o modificarlo, si corresponde. Finalmente, la Sala Plena debe comunicar su decisión.

El viernes se debió conocer la decisión final, pero cuatro de los siete vocales estaban fuera del país. Según información a la que accedió La Razón, la Sala Plena sesiona martes y jueves, por lo que esta semana se conocerá si el TSE valida o no el congreso arcista.

Al respecto, el ampliado del ala evista del MAS definió que “saldrá a las carreteras” si el TSE valida el congreso celebrado a El Alto.

Consultados sobre ese anunció, uno de los dirigentes respondió: “nos vamos a organizar para proteger nuestro congreso”.

El expresidente del Estado y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) instruyó este lunes a los legisladores del ala evista de ese partido aprobar los créditos que esperan el visto bueno de la Asamblea Legislativa.

“Quiero pedir a mis compañeros de base y militantes (diputados y senadores) que sigan aprobando (créditos), pero que fiscalicen, que legislen, que controlen en qué se invierte (esos recursos)”, dijo en conferencia de prensa.

Acompañado por dirigentes de organizaciones sociales que lo respaldan, Morales indicó que ésa fue una de las determinaciones del ampliado nacional celebrado el 18 de mayo en Cochabamba.

Evo Morales

Actualmente hay ocho proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados y que no fueron sancionados por el Senado. Todos ellos están destinados a infraestructura, salud, electrificación y preinversión, por un total de $us 645,42 millones.

El principal escollo, desde febrero de este año, es la condición de la oposición y del mismo bloque evista del MAS; exigen, primero, abordar los proyectos de ley 073 y 075. Con estas dos normas se busca definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Morales criticó duramente que el Gobierno busque ese tipo de financiamiento de organismos internacionales y, desde septiembre de 2022, comenzó a criticas la administración financiera de su otrora elogiado ministro de Economía y ahora presidente del Estado, Luis Arce.

No dejó pasar, como en cada conferencia de prensa, la oportunidad de criticar la “mala gestión pública”, incluso cuestionó la capacidad de endeudamiento del Estado. Al respecto, según un comunicado del Banco Central de Bolivia (BCB) del pasado 13 de mayo, entre diciembre de 2020 y marzo de 2024, el saldo de la deuda pública externa del país respecto del Producto Interno Bruto (PIB) se redujo de un 33% a un 26,9%.

Créditos

En un comunicado institucional, el ente emisor aseguró que esa disminución es resultado de la implementación de adecuadas políticas económicas del actual Gobierno en materia de reactivación económica, reflejada en una mayor expansión del PIB, cuyo crecimiento durante 2023 alcanzó el segundo lugar más importante de la región (3,1%).

“En el período de diciembre 2020 al primer trimestre de este año, el indicador bajó más de seis puntos porcentuales de 33% a 26,9%; cifra que se encuentra por debajo de los umbrales internacionales de referencia en materia de endeudamiento externo”, señala el comunicado del BCB.

El ampliado del domingo había resuelto prohibir, a senadores y diputados, la aprobación de esos créditos, “por responsabilidad y compromiso ante la sociedad”. Pidió no ser “cómplices del endeudamiento, la hipoteca y dependencia económica de nuestro Estado Plurinacional”.

Luego de un ampliado nacional celebrado en Cochabamba, la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) cerró filas en torno a su líder, Evo Morales, y la dirigencia nacional de ese partido.

“Si quieren proscribir a nuestro comandante Evo, este ampliado ha ratificado declarar un estado de alerta y de movilización, ante cualquier llamado de las trompetas revolucionarias y de nuestros usos y costumbres. Vamos a defender en las carreteras, en las calles la democracia de los pueblos y del movimiento originario campesino”, dijo el jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) evista, Ramiro Jorge Cucho.

Entre las resoluciones del encuentro del 18 de mayo, el ampliado decidió declarar “enemigo” al vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz Israel Campero; fue quien instruyó al TSE supervisar provisionalmente el congreso arcista del MAS. Eso, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral TSE ya había rechazado esa solicitud.

Evo Morales

Esta semana, según anunció el vocal electoral Tahuichi Tahuichi, se conocerá la decisión de la Sala Plena sobre el congreso celebrado a principios de mayo. Ese órgano definirá si registra o no las resoluciones de ese congreso ante el Órgano Electoral.

En ese encuentro, convocado por el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce, se eligió a Grover García como nuevo jefe nacional del MAS. Además, se definió convocar a un nuevo congreso, en 90 días, para la modificación del estatuto orgánico de ese partido.

“Si el TSE da el visto bueno, nos veremos obligados estar en carreteras y calles para defender al MAS-IPSP; que reconoce como único presidente al Evo y la dirección nacional”, agregó Cucho.

Además, el ampliado ratificó a Morales como candidato a las elecciones presidenciales de 2025.

Ampliado

Por su parte, el expresidente Morales criticó nuevamente al gobierno de su otrora elogiado ministro de Economía, del que dijo que gobierna “a plan de decretos con fallos, sentencias judiciales y decretos ilegales”.

Dijo también que las medidas anunciadas por Cucho son una respuesta a los “abusos” del Gobierno.

De esa manera, el evismo lanzó una serie de críticas contra la administración de Arce e hizo énfasis en los decretos “abusivos para todos los bolivianos”, por ejemplo, el abrogado 1543, sobre Derechos Reales.

Según consideró Morales, hay una intención de “hacerse” de las propiedades de la población.

El sector del transporte pesado instaló la madrugada de este lunes un bloqueo en reclamo por la falta de dólares en el país y la “escasez” de combustible en varias regiones. La medida, anunciada la semana pasada, impide el paso de vehículos en la carretera que une los departamentos de La Paz y Oruro, a la altura de la comunidad de Pasto Grande.

El representante de la Cámara de Transporte Internacional de Oruro, Jorge Gutiérrez, afirmó que esa situación llegó “al límite” y que la situación “es insostenible”. Dijo, además, que la protesta se produce por la falta de atención del Gobierno a sus pedidos.

“Ya llegamos al límite. De aquí para allá va a ser puras movilizaciones. ¿Qué más podemos hacer? No nos escuchan y tenemos que movilizarnos, no nos queda otra (…). Nos han obligado a movilizarnos. Nosotros ya vamos al año de ser dirigentes, hemos esperado. (Hemos tenido) muchos diálogos para poder solucionar este tema, pero no hemos sido escuchados lastimosamente.”, dijo el dirigente a la red Unitel.

Falta de dólares

En los últimos días, se formaron largas filas en los surtidores que distribuyen, principalmente, diésel en varias capitales y municipios, por lo que el sector del transporte exigió al Gobierno atención para solucionar la escasez del carburante.

El bloqueo permanecerá activo por 24 horas, pero si las autoridades no atienden su reclamo, Gutiérrez dijo que se puede ampliar a 48 o 72 horas. Incluso, dijo que si pese a eso la “inatención” persiste, la protesta será “indefinida”.

“De verdad, estamos muy molestos nosotros y espero que no se masifique esto y quiero exhortar a nuestros gobernantes: no hagan a que esto se convulsione más. Esa es solamente una muestra, es el primer movimiento que lo estamos haciendo en este momento”, amenazó.

Según Gutiérrez, el 80% de los camiones están afectados por esta situación, a lo que se suma la falta de dólares en la economía, pues “los importadores ya no pueden comprar porque necesitan ese dinero para poder comprar la mercadería”.

Bloqueo

Otro de los reclamos que hizo el representante del Transporte de Oruro tiene que ver con el trabajo de la Aduana Nacional, de quien cuestionó el control de ingreso de contrabando al país y el supuesto incremento de los aranceles.

“Esta Aduana nos está deslocalizando a nosotros, justamente estamos en este lugar de Pasto Grande, para que nos escuchen. Prefiere hacer que la carga entre vía contrabando, imagínese. ¿Por qué? Porque lo ha subido los aranceles de manera abusiva, aquí hay personas, funcionarios que se adueñan, que se creen dueños de este recinto que abusivamente lo están desplumando a los importadores y por ende el importador está optando de internar su carga por otros medios”, señaló.

“Varios camiones están ingresando de Tambo Quemado vacíos, pero a 200 metros, (hay) centenares de camiones vía contrabando”, reclamó.

Martes 14 de mayo. Casa Grande del Pueblo. Ciudad de La Paz. Acompañado de autoridades y dirigentes de sectores sociales y la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Luis Arce anunciaba la anulación del Decreto Supremo 5143, sobre Derechos Reales. 

Es la cuarta norma en la que su administración gubernamental capitula durante su gestión de tres años y medio, desde noviembre de 2020. En el listado se encuentran los proyectos de ley 218 (octubre de 2021) y 280 (abril de 2023), la Ley 1386 (noviembre de 2021) y precisamente el decreto 5143.

“En esta amplitud que nos ha caracterizado como gobierno nacional, hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo 5143 para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando”, dijo el mandatario, en su conferencia.

Arce

El mensaje fue celebrado por sus rivales opositores, que catalogaron a la determinación gubernamental como una derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder. Mientras que el Gobierno atribuyó el rechazo a la norma a intereses políticos que generaron desinformación, con una malintención de por medio.

LISTA. En criterio de Arce, podía germinar un ambiente de “convulsión social” si no se anulaba el decreto 5143, ya que el tema inclusive fue tomado como bandera por el expresidente Evo Morales, que lidera el otro bloque del MAS. Un discurso que ya se asumió en otras oportunidades, con la denuncia de planes de desestabilización.

La primera capitulación gubernamental llegó en octubre de 2021, cuando la escalada en las movilizaciones de los gremiales se centró contra el proyecto de Ley 218, contra la “Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”.

Proyectos

Se retiró el documento de la agenda de la Asamblea Legislativa, empero, ello no bastó para los movilizados, que sumaron otros aliados como transportistas y cooperativistas, y pusieron en la mira a la que denominaron “ley madre”, la 1386, sobre la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.

La mayor observación fue que el Presidente podía ajustar la estrategia por decreto. El 14 de noviembre, Arce abrogaba la norma. “Ya no queremos más luto, ya no queremos más zozobra, más dolor… Tenemos la obligación de cuidar la economía, la democracia, de cuidar a nuestras familias”, remarcó, ante las movilizaciones.

La pulseta no acabaría allí. Año y medio después, en abril de 2023, nuevamente salió a la palestra un proyecto del Ejecutivo ante la Asamblea con la misma temática: la Ley 280, sobre “Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”. Y otra vez surgió la presión de sectores como los gremiales, que denunciaron la criminalización de la protesta.

Protesta

“Se han vertido una serie de mentiras que dicen que afectará a los gremiales, carpinteros, trabajadores por cuenta propia, diciendo que en el proyecto de Ley 280 existe una delimitación de nuevos delitos tributarios y eso es falso”, aclaró entonces el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. No obstante, el documento fue retirado de la Asamblea para que sea debatido.

La cuarta vez que el Gobierno levantó las manos fue la anterior semana, con el decreto 5143. Ello a nivel de normas, ya que para desbloquear el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 reformulado, el año pasado, retiró dos disposiciones del proyecto, también ante la presión en las calles y en la Asamblea, por parte de legisladores afines a Morales y opositores.

Ahora, se abrió otro conflicto con gremios como el magisterio y los trabajadores en salud; esta vez sobre el proyecto de Ley 035, de incremento a los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez, que está en el Legislativo. Por ahora se activaron mesas de trabajo para su discusión. ¿Arce cederá al pedido de retirarla o logrará su aprobación?