El exalcalde de La Paz y jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, afirmó que pretende ser impulsor de la renovación y construcción del Estado Plurinacional como parte de la República.

«Tenemos que retomar la construcción del Estado Plurinacional como parte y el contenido esencial de la República democrática; de la independencia de poderes, de la representación ciudadana, del Estado autonómico», dijo en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

El político afirmó que, desde la renovación de su partido, se debe retomar el Estado Plurinacional y autonómico. “Ojalá, con otros liderazgos con los cuales estamos conversando, le puedan ofrecer al país una alternativa electoral el próximo año».

Aseguró que el regreso del MSM se plantea el equilibrio entre el Estado con el mercado y la República con el Estado Plurinacional. “La República es el Estado de derecho y el Estado Plurinacional es el Estado de derecho abarcando al conjunto de la sociedad”.

Indicó que la democracia es el escenario en el que los bolivianos formularse “las mejores maneras” de gobernarse. “Estamos otra vez cabreados. Éramos los cabreados de los 90 y estamos otra vez con ese sentimiento contra un sistema político que se está engullendo peligrosamente”, afirmó.

¿Desde la izquierda?, preguntó la directora de La Razón, Claudia Benavente. “Claro que sí”, respondió el político.

“Hay que recuperar la visión de la izquierda que es profundamente democrática, participativa de transformación. Este es un país a medio hacer no podemos estar en una posición de derecha”, acotó Del Granado.

Consultado sobre si será candidato, dijo que ese momento no es suyo. Recordó que ya fue candidato en la década como diputado y la otra década como alcalde de La Paz.

En medio del momento complicado por el que atraviesa el país debido a la crisis política y económica, el también exdiputado afirmó que el Bolivia está en un «momento decadente» por el agotamiento de una “fase estatal”, que se implementó en 2006 con la llegada de Evo Morales a la presidencia.

“En 2006 se abrió un nuevo momento que entusiasmó a muchos. Tuvo logros, jalones importantes de la vida nacional hacia adelante, pero se fue deteriorando por unas peligrosas pérdidas de rumbos”, lamentó.

En su criterio, el modelo gubernamental impulsado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) se convirtió en estatismo secante. “Lo que debió ser un rol de los pueblos indígenas, se devino en un prebendalismo”.

Afirmó que ese periodo se redujo a un “estatismo, prebendalismo y centralismo”. Según Del Granado, ese agotamiento está dando lugar a la decadencia y debe ser resuelto por una propuesta estatal distinta. 

Por ello, planteó la «remoción del cambio» en el marco democrático. Aseguró que las elecciones generales de 2025 deben ser el momento de cambio.

Del Granado fue diputado en 1993 y desde esa ocasión fue promotor de reformas en materia de justicia y de derechos humanos, entre ellas, la creación del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo.

Dirigió la Alcaldía de La Paz, por primera vez en 1999; pasado su mandato de cinco años, fue reelecto otra vez, hasta el 31 de mayo de 2010. Luchó como abogado unos 14 años para procesar al dictador Luis García Meza Tejada, y a sus principales colaboradores, por delitos económicos, genocidio y violación a los derechos humanos cometidos durante el gobierno de facto de 13 meses entre 1980 y 1981.

El economista Armando Ortuño consideró que la crisis del país empeora cuando se bloquea la inversión pública a raíz de los desacuerdos en la Asamblea Legislativa que impiden la aprobación de créditos multilaterales, que —según dijo— son los más baratos del mercado.

“Es una barbaridad que no podamos aprobar créditos externos multilaterales. Son los más baratos. Si de algo te tienes que endeudar, es de los multilaterales”, dijo en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Debido a conflictos entre los bloques de oficialismo en la Asamblea Legislativa, nueve créditos, por un valor $us 920 millones, están bloqueados desde hace más de un año, a pesar de estar contratados ante organismos financieros internacionales.

Seis créditos fueron aprobados en la Cámara de Diputados y otros tres fueron presentados recientemente por el Órgano Ejecutivo. La Cámara de Senadores sancionó solo dos de esos créditos.

Las diferencias entre el oficialismo y la oposición —Movimiento Al Socialismo (MAS) evista, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— incluso derivaron en la toma del control de la Asamblea Legislativa el pasado jueves. Entonces, bajo serias objeciones de parte del MAS arcista, la oposición instaló una polémica sesión que ahora se encuentra a escrutinio del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

A eso se suma la crisis económica y nerviosismo de la población por la escasez de dólares, la caída de exportaciones y la ausencia de alternativas que contrarresten la situación compleja.

En criterio de Ortuño, la crisis en el país deriva de la “incapacidad” del sistema político, que se ha “metido” en un bloqueo desde hace más de un año. “Éste es un bloqueo en el que están como protagonistas los del MAS, pero también está el Órgano Judicial y el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.

Afirmó que el bloqueo político está impidiendo que la administración gubernamental tome decisiones respecto de la gestión económica. «El Gobierno no tiene elementos para manejar razonablemente los desafíos económicos».

¿Cómo no podemos tomar decisiones?, cuestionó.

Se preguntó cómo el Gobierno puede funcionar sin acuerdos legislativos y sin proyectos o créditos aprobados un año. Consideró que en el momento en que el Gobierno perdió la mayoría legislativa, apeló a jueces para bloquear al rival. “Puedes bloquear al otro con las cortes, pero no puedes gobernar”, concluyó.

Aunque destacó que, en los primeros dos años de gestión (en términos económicos), el Gobierno pudo contener los precios de la canasta familiar, la administración “se descarriló” por el problema político. “En gran medida los problemas económicos tienen un origen político. Es una barbaridad que no podamos aprobar créditos”, dijo Ortuño.

Según el economista, la crisis decisoria permite que el gobierno del presidente Luis Arce sea percibido como débil y, por ello, distintos sectores han empezado a movilizarse y manifestarse sus demandas. 

“Un gobierno que está en incertidumbre es un gobierno débil, o es percibido como débil, y los gremios están defendiendo sus peleas e intereses”, aseguró.

Aseveró que detrás de las movilizaciones de pequeños grupos sociales de transportistas o gremiales en contra de decretos o escasez de dólares están «grandes intereses», que aprovechan la “debilidad” del Gobierno.

También, criticó a los medios de comunicación que, en su criterio, alarman a la población con el alza de precios de algunos productos de la canasta familiar. “Hay histeria mediática. Los medios están a punto de inmolarse; son altamente histéricos por razones políticas”, cuestionó. 

Sin embargo, reconoció que la población también empieza a sentir los problemas cuando no encuentra ciertos medicamentos o percibe el incremento de precios y, además, ve presiones de distintitos sectores sociales. “Todo eso configura un escenario de crisis. El problema económico está empezando a sentirse en la cotidianidad”.

Desde febrero del año pasado la escasez de dólares es un asunto nacional, además de la carencia de combustibles. En las últimas semanas, el alza de los precios, especialmente, del tomate, causa preocupación nacional.

El vicepresidente David Choquehuanca identificó una “troika (sic)” de la oposición, compuesta por los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales, y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a quienes, además, llamó líderes sin pueblo.

Dijo que esa alianza firmó un “pacto para” intentar dar un “golpe” de Estado que está “capitaneado” por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

“La troika Camacho-Mesa-Evo, los tres capos de la troika extremista, se han transformado en líderes sin pueblo; por eso se necesitan y se han aliado, porque solos no pueden. Este pacto está sellado por la firma del acuerdo que otorga al presidente de Senado (Andrónico Rodríguez) capitanear este intento de golpe”, dijo el Vicepresidente en el acto en conmemoración del aniversario 80 de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en La Paz.

Choquehuanca se refirió así al “pacto” entre el bloque evista del MAS con Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos que, a través de la sanción de una ley, cesó en sus funciones a magistrados y consejeros electos en 2017, una resolución para la continuación de la preselección de postulantes a las elecciones judiciales, y un crédito externo de $us 174 millones en la polémica sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio.

“Han perdido la credibilidad por pactar con la dictadura y el neoliberalismo. No tienen programa, solo angurria del poder”, insistió Choquehuanca y dijo que ese bloque “tiene angurria de poder”.

Choquehuanca fustigó la aprobación de leyes sin el “consenso del pueblo”. “Si quieren unidad, que no dividan nuestras organizaciones, que fortalezcan nuestra COB, que respeten la lucha de los pueblos”.

“Hemos visto como han vulnerado institucionalidad democrática; un intento de golpes, fabricando una situación no regulada en nuestra Constitución Política del Estado (CPE)”, reclamó.

Propuso “encontrar una salida” enmarcada en la Constitución, con el fin de recuperar la institucionalidad y el respeto a Carta Fundamental.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, pidió al presidente Luis Arce caer respetar la Constitución Política del Estado (CPE) y le dijo que su organización estará “atenta” a cualquier intento de “desestabilización”.

“Hoy, hay que pedir a nuestro presidente Luis Arce y a nuestro vicepresidente, David Choquehuanca, que, ante esas amenazas de bloqueo, de querer instalar agio y especulación; de intentos de desestabilización política, ¡hagan respetar la Constitución Política del estado!”, dijo en el aniversario 80 de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Juan Carlos Huarachi

Así se refirió el representante de los trabajadores respecto de las amenazas de bloqueos por parte del sector evista del Movimiento Al Socialismo (MAS). Esa facción le dio al presidente Arce un plazo de 10 días para que promulgue las leyes sancionadas en la polémica sesión de la Asamblea Legislativa, el 6 de junio.

«Lucho, en 10 días promulgue esa ley. Si no la promulga, el pueblo en las calles o en el camino va a promulgar esa ley», advirtió el lunes el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, en el encuentro de sus seguidores en Villa Tunari.

Incluso, Huarachi advirtió que lo ocurrido en Cochabamba “es muy parecido” al discurso que en 2019 generó el conflicto que derivó en la renuncia del mismo Evo Morales.

Luis Arce

“Estamos obligados no de convocar a la unidad y garantizar la democracia en nuestro país, estamos viendo que así ha empezado a pasar en 2019; revisen, así han sido esos actos, desconociendo incluso nuestras banderas. Eso nos preocupa y nos llama la atención. No podemos estar callados”, apuntó Huarachi.

Asimismo, aseguró que sector estará en “alerta”, frente a lo que denominó a intentos de desestabilización.

Finalmente, ratificó su respaldo al Gobierno y dijo que “defenderá” la democracia.

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, advirtió que el Gobierno está “urgido de dólares” y que en el afán de conseguirlos “le metió mano” a los ahorros de los trabajadores a través de las inversiones de la Gestora Pública.

“Urgido de dólares, el gobierno de Luis Arce tomó $us 500 millones de la Gestora de Pensiones. Es decir, el gobierno ‘le metió mano’ al ahorro de los bolivianos”, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, el otrora líder cívico se preguntó: “¿En qué gastó el Gobierno el dinero de los trabajadores jubilados?”.

Luis Fernado Camacho

El cuestionamiento de Camacho tiene que ver con las inversiones que realizó la Gestora en el último tiempo.

El viernes, el gerente general de esa institución, Jaime Durán, informó que se invirtieron $us 250 millones en bonos cuyo rendimiento alcanzarán el 7% a tres años e irán en beneficio de los asegurados.

De ese total, según los datos que brindó, $us 200 millones fueron invertidos en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB), a una tasa de interés de 6,5% a tres años plazo, y $us 50 millones en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, a una tasa del 4,6%.

“El dinero del aporte de los bolivianos se debe invertir para generar rentabilidad. Y con esa rentabilidad, garantizar el pago de la jubilación. Sin ese dinero y sin la rentabilidad que genera, muy pronto NO habrá con qué pagar las jubilaciones”, agregó Camacho en su publicación.

Criticó al presidente Luis Arce y le pidió “una explicación” al país.

Gestora

“Sea responsable. Reconozca la crisis y trabaje en un plan serio para recuperar la economía boliviana”, reclamó.

Camacho está recluido en el penal de Chonchocoro, acusado en el caso Golpe de Estado I. Ese proceso busca esclarecer los hechos precedentes al derrocamiento del expresidente Evo Morales, en 2019.

En los hechos, Camacho lideró la protesta sobre un supuesto “fraude electoral” en las elecciones generales del 20 de octubre de ese año. Las movilizaciones cobraron fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales dimita a su cargo.

En medio de esa fuerte crisis social y política, Morales dejó el cargo la tarde del 10 de noviembre.