A una semana del fallo que ordenó la anulación de la preselección de postulantes, la Asamblea no hallla consenso para acatar lo dispuesto o reencaminar el proceso. Así, las elecciones judiciales siguen sin rumbo.
El martes 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, admitió una acción popular de la abogada y dirigente indígena Yeny Duri, y determinó que la preselección quede en foja cero. Ello implica la revocatoria de la Ley 1549 y del reglamento de convocatoria, lo que puso de cabeza lo avanzado por los asambleístas.
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JUDICIALES
Es la cuarta vez que las judiciales quedan en el limbo por decisiones judiciales. El anterior año, las elecciones no pudieron realizarse precisamente por dos recursos interpuestos por abogados que intentaron ser parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental o el Consejo de la Magistratura.
Un inédito acuerdo entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos permitieron la aprobación de la Ley 1549 y una nueva convocatoria que garantice comicios hasta septiembre. Así, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural asumieron el trabajo.
Sin embargo, las inhabilitaciones de postulantes derivaron en al menos 25 amparos constitucionales. Uno de ellos, ante la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz, provocó el primer parón del proceso que estaba a punto de realizar la evaluación oral de los aspirantes. Y luego vino la estocada final, con la acción popular ante la Sala Constitucional pandina.
DEMOCRACIA
Sin medidas claras para contrarrestar los fallos, con sesiones en cuarto intermedio y divergencia de opiniones, la Asamblea no puede dar una salida a este tema, cuando ya acabó el plazo determinado por la norma para la entrega de listas de postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que la anterior semana advirtió que la demora es “un riesgo para la democracia y la seguridad jurídica”.
Esta indefinición es alimentada por la división interna en las bancadas legislativas, sobre todo en el oficialismo, entre los bloques que respaldan al presidente Luis Arce (arcistas) y el exmandatario Evo Morales (evistas). Eso no es todo. En medio se encuentra la polémica por la prórroga de los magistrados, con las trabas para el debate de los proyectos de ley 073 y 075 para anular esta extensión de mandato.
Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, del MAS arcista, dijo que hay dos posibles salidas: la ampliación de los plazos con una ley corta o anular todo el proceso. Eso sí, subrayó que se esperará los resultados de los informes de los presidentes de las comisiones a cargo de la preselección. “De ellos depende”.
Sin embargo, hay un abanico de propuestas, sin consenso pleno. El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, del MAS evista, ratificó que sigue pendiente la presentación de procesos penales contra los jueces y los vocales que admitieron y emitieron sentencias ante los amparos constitucionales, las cuales rebasaron sus atribuciones.
Ayer, se notificó a las comisiones con la resolución de la Sala Constitucional de Pando. Tras ello, se postuló un camino que gana apoyo: definir la salida en una sesión de la Asamblea convocada por el vicepresidente David Choquehuanca, como presidente nato del Legislativo. Al respecto, Mamani informó que le enviaron una carta con esta solicitud.
«Estamos esperando que Choquehuanca, de una vez, abra su boca para este tema de las elecciones judiciales, porque esto es para resolver en la Asamblea Legislativa, no es solamente de las comisiones mixtas», declaró a ANF.
DATO
Mientras que el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, del MAS evista, sostuvo que las propuestas son “sacar una ley corta de manera inmediata, y otra, es tal vez no obedecer esta resolución por el hecho de que estaría violando los derechos de los (más de 400) postulantes que están en carrera”.
“Volveríamos a reiniciar (el proceso) y eso es un retroceso para nosotros como Comisión Mixta de Constitución. Lamentablemente estos señores vocales de Sala Constitucional de Pando han hecho que en estos momentos nos paralicen el proceso y, por ende, no haya elecciones judiciales”.
Al igual que Padilla, anunció que se remitirá un informe a Choquehuanca sobre las actividades realizadas hasta ahora y se pedirá que convoque a una sesión del Legislativo. Esto fue apoyado por Andrea Barrientos, senadora de CC, sin embargo, su colega Wálter Arizaga lo rechazó, exigiendo que se continúe con la preselección.
La senadora y exmagistrada Silvia Salame, de la misma alianza opositora, explicó que hay suficientes razones para seguir con el proceso, más allá de las decisiones judiciales, empero, aclaró que ello requiere de una autorización congresal, ya que lo contrario abriría las puertas a que se presenten “más amparos de inconstitucionalidad”.
Así, todavía no hay humo blanco para saber si las judiciales siguen en curso. Para hoy se espera que las comisiones continúen en sesión y, al parecer, Choquehuanca tiene la palabra para una salida.
Fallo indica que ley ‘no promueve igualdad‘
Este martes se conoció el fallo de la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, que determinó la anulación de la preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa, con miras a las elecciones judiciales. Fue notificado a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, seis días después de la decisión.
La resolución fundamenta la aceptación de la acción popular interpuesta por la abogada y dirigente indígena Yeny Duri, sobre que las mujeres e indígenas de ese departamento no pudieron participar en igualdad de condiciones en el proceso, con relación a los aspirantes de otras regiones.
Al respecto, la Sala Constitucional indica que hay una evidente vulneración al derecho a la igualdad reconocido en la Constitución, “a partir de la promulgación de la Ley 1549 (de Elecciones Judiciales) y el ‘Reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejo de la Magistratura’, puesto que ninguna de estas normas adopta medidas afirmativas o positivas que promuevan la igualdad real entre hombre y mujeres”.
“Por tanto: se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el ‘Reglamento de preselección…’ disponiendo que se proceda a realizar uno nuevo, en base a normas que respeten la igualdad material de las personas basadas en la realidad de cada departamento, dictando medidas de acción afirmativa o positiva adecuadas de flexibilización en los requisitos habilitantes y calificación de méritos a los postulantes de Pando, mujeres e indígenas, mediante reglas diferenciadas acordes con la realidad del departamento, valoración de experiencia profesional de la mujer postulante de Pando” (sic), señala parte de la sentencia constitucional.
La Asamblea aún no definió si acatará el fallo, por lo cual se pidió al vicepresidente David Choquehuanca que convoque a sesión.
(08/05/2024)
