Examinando la información publicada en los medios sobre el asunto crucial del litio, lamentablemente se reitera una antigua convicción: somos un país minero sin periodismo minero, o por lo menos sin un grado aceptable de especialización sobre la materia. Con referencia a las llamadas redes sociales, sabido es que difunden mucha basura desinformante, aunque poseen la virtud de permitirnos el acceso a fuentes primarias documentales.

Las anteriores apreciaciones se confirman en las últimas semanas a raíz del presunto “destape” de la cuestión, convertida en asunto policiacojudicial. Un asunto de la más alta prioridad nacional y de enorme complejidad, pues abarca aspectos tecnocientíficos, políticos económicos, geopolíticos y otros, pasó a manos de la caterva de jueces y fiscales que se constituyó durante el gobierno de Evo Morales, sirvió dócilmente al gobierno dictatorial de Áñez-Murillo, y ahora sirve, sin vergüenza alguna, a los dueños transitorios del poder. El tema del litio degradado y sumergido en el nauseabundo lodazal de la politiquería barata. A eso hemos llegado.

Eludiendo sumarnos a la multitud de “opinadores”, y a riesgo de incomodar a los lectores de papel impreso y poco acostumbrados a los nexos digitales, preferimos invitar a los lectores a visitar algunas fuentes virtuales de utilidad. Concretamente: una entrevista de Toto Salcedo en el canal cristiano realizada en diciembre de 2018 con Luis Alberto Echazú, principal protagonista de esta historia, en la que se anticipa la posibilidad de críticas infundadas saturadas de envidia, ignorancia, estupidez o servilismo consciente o inconsciente a intereses extranjeros (buscar en YouTube El litio de Bolivia, en Encuentro con la Verdad). Y dos presentaciones digitales del mismo Echazú, auspiciadas por una red de militantes del MAS en Europa —buscar en Facebook Coordinadora MAS IPSP Europa, Conversatorio con Luis Alberto Echazú, el antes y el ahora de la industria del Litio (7 de marzo 2023) y Conversatorio con Luis Alberto Echazú, Ex ministro de Minería y Metalurgia (18 de marzo 2024). Cabe hacer notar que ambas muy ilustrativas conferencias se efectuaron varios meses antes del truculento lanzamiento de las acusaciones dizque “judiciales” contra una decena de operadores “implicados” en las obras, entre ellos el malogrado profesional Juan Carlos Montenegro.

En esta misma columna, recordando una entrevista en Canal 13 TVU, decíamos en abril de 2021: “Dos prominentes investigadores, Narciso Cardozo y Justo Zapata, abordaron la cuestión con gran solvencia académica. El primero explicó la enorme importancia que este metal tendría en los siguientes años y, el segundo, fundamentó el rechazo al contrato con la norteamericana Lithco que el gobierno de Paz Zamora había colocado sobre la mesa. ¡Me corre un sudor frío por la espalda al reparar que desde entonces han transcurrido más de 30 años!” (sitio web de La Razón: Litio, litio qué estás haciendo, del 4 de abril de 2021).

 En marzo de 2023 insistíamos: “Sorprende la superficialidad y la desinformación que muestran diversos actores, en algunos casos debido a la ignorancia supina, pero en otros se trata de encubrir posturas antinacionales que pretenden vulnerar la política soberana —con sus luces y sus sombras— que estuvo desarrollándose desde 2006” (La Razón: Litio, algunas claves del laberinto, 19 de marzo de 2023).

En abril alertábamos: “… conocidas las advertencias del brazo militar del imperialismo (Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, fue muy clara al respecto), cualquier asociación defensiva refuerza el rumbo soberano en el tratamiento del tema y contrarresta las presiones que ya han comenzado a ejecutarse” (La Razón: Más sobre el litio, 30 de abril de 2023).

Y por estas mismas fechas, hace un año, volvíamos a la carga: “Es hora de realizar un balance abierto y honesto de lo avanzado. Tomar en cuenta, además, que podrían añadirse nuevas dificultades a la ya de por sí compleja cuestión: el tema medioambiental y las expectativas de las comunidades locales y de los pueblos de la región” (La Razón: El litio embadurnado por la politiquería, 14 de mayo de 2023).

Lo que dijimos ha sido corroborado por la práctica. Peor aún, quizá nos quedamos cortos. Nos asiste el convencimiento de que “denuncias” son la típica búsqueda de tres pies al gato, un burdo afán politiquero que la vida se encargará de poner en su lugar.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

El Museo de la Revolución Democrática y Cultural de Orinoca, en Oruro, provincia Sud Carangas del municipio de Andamarca, fue inaugurado el 2 de febrero de 2017. Orinoca es el lugar de nacimiento del expresidente Evo Morales. Antes de su inauguración, se debatió en esferas públicas sobre el perfil del museo. Se apostó como un espacio intercultural nacional, un museo vivo, activo y con capacidad de enseñar y de mostrar no solo el lugar de nacimiento de un aymara que se convirtió en presidente, sino de ilustrar la existencia emancipadora de los 36 pueblos ancestrales en el país. Para esto, el gesto de Evo fue decisivo, donó todos los objetos que le obsequiaron en sus visitas por el país y fuera de éste en su condición de Presidente de Bolivia. ¿Cuántos expresidentes del país tuvieron la decisión de convertir sus regalos en un espacio cultural público? Incluso algunos expresidentes se atrevieron a la vergonzosa tarea de vender y otros a traficar, por ejemplo, los ponchos obsequiados.

Hace algunos días, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Intercuturalidad de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana, del exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, fue a inspeccionar el museo. A su retorno dijo: “este museo parece el ropero privado de Evo Morales. Se han podido observar poleras de fútbol de Evo…, ponchos de Evo…, trofeos de Evo…, incluso el cuadro del Che Guevara. Realmente es inadmisible que en un museo existan este tipo de objetos”.

Sin lugar a dudas, parte de ese museo está construido sobre los bienes de Evo. Entonces, ¿por qué le extraña al diputado que sea así? ¿Qué es lo “inadmisible” en el museo de Orinoca? Astorga, ¿sabrá lo que es un museo vivo y activo? ¿Alguna vez se ilustró de cómo se han construido los grandes museos en el mundo y por qué hoy son patrimonio, orgullo de algunos países e incluso de la humanidad?

En un museo, los objetos materiales donados, comprados… se convierten en patrimonio material de un país, de un pueblo, etc. Esto es lo que sucedió con el museo de Orinoca. Es decir, todos los objetos materiales con que cuenta y le dan vida, ya no pertenecen a Evo Morales, tampoco son de Orinoca, sino del pueblo boliviano. Representan a los pueblos ancestrales del país. Por lo tanto, para la información de Astorga, el museo de Orinoca pertenece al pueblo de Bolivia y es su obligación como presidente de esa comisión que ese museo se reabra, se preserve y no sea enajenado ningún bien.

Astorga también indicó que los pobladores le habrían manifestado la intención de que el museo se reabra, pero se desconoce de un plan para hacer autosustentable la administración de ese recinto. Cuánta razón tienen los orinoqueños para que se abra al público interesado. Ese plan se tendría que construir con colaboración del Ministerio de Culturas y Descolonización, la Gobernación de Oruro y el municipio al que pertenece.

Lamentablemente, las autoridades de las instituciones aludidas no dicen sí o no. ¿Por qué tanta dejadez? ¿Porque es un museo de indios/ as? Aun se dice por las redes sociales que el museo está muy lejos de las ciudades. ¿Acaso las comunidades rurales, lejos de las ciudades, no tienen derecho a tener museos en sus propios territorios? ¿Qué es eso de que un espacio cultural sea autosustentable? Ningún museo del mundo es autosustentable, todos reciben apoyo de sus Estados y gobiernos, porque forman parte de las políticas de educación abierta. El gran problema es la falta de voluntad política de los diferentes niveles de gobierno con un museo que tiene el perfil de indio/a. Aquí no se quiere practicar la interculturalidad sancionada en nuestra Constitución. ¿La comisión citada, sabrá lo que es interculturalidad, intraculturalidad, incluso cuáles son los pueblos ancestrales?

Finalmente, el razonamiento de Astorga apunta a excluir, discriminar, racializar. Porque apartar los bienes del “ropero de Evo” es racismo al indio. Sentenció “que si se reabre no se deberán exponer artículos que pertenecían al exmandatario”. ¿Qué se va a hacer con esos bienes? ¿No sirven porque son de un indio y son objetos indios/as? ¿Los van a echar a un basurero, los van a quemar, los van a regalar? Si se llegara a este extremo, se estaría produciendo una nueva forma de extirpación de las idolatrías, justificando que es del “ropero de Evo”. ¿Astorga sabrá lo que es ser un extirpador de bienes de los indios? Pareciera que tenemos a un gran extirpador (llamado diputado) de los bienes culturales, como en la época colonial.

Jichhurunakanxa wayna q’aranakawa wali chuchasipxi. ¿Kunatsa musiyu Urinukaxa ujti? Sasina. Jupanakan lurawinakapakixay walichix, jiwasanakan irnaqawinakansa isk’achatakiskchixiya. Arsusiñasawauna wayna q’aranakan amuyuparuxa ¿ janicha?

Esteban Ticona Alejo es aymara boliviano, sociólogo y antropólogo. 

En una historia de vida publicada en 2015, la entonces ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Tarija “Bartolina Sisa”, sintetizó en una expresión la esencia del MAS-IPSP. “¡No somos del MAS, el MAS es nuestro!”. Otras historias de vida y conversaciones con dirigentes campesinos e indígenas reafirmaron esa cualidad: el MAS, partido, pertenece a las organizaciones sociales, que lo fundaron como instrumento político.

La citada expresión, que da título al libro (CIS-PNUD-PIEB), corresponde a Julia Ramos, quien en su condición de bartolina fue diputada durante el primer gobierno de Evo Morales y luego su ministra. “Nosotros nos hemos criado, no es un partido político, es un instrumento que nos permite llegar con nuestros candidatos y candidatas al gobierno”, dijo entonces Ramos, que el pasado domingo fue designada vicepresidenta del MASIPSP en el encuentro de la facción luchista.

Si asumimos que el MAS, partido, es de las organizaciones sociales, como IPSP, la pregunta ahora es más complicada: ¿a quién pertenecen las organizaciones matrices? ¿Quién es “dueño” de la CSUTCB, las Bartolinas, los interculturales? (ni hablemos de la Cidob y el Conamaq). ¿Qué intereses promovieron su cooptación, su fractura interna entre los “leales” al candidato EMA y los “afines” al candidato LAC? ¿Quiénes, en fin, obraron la implosión del instrumento político?

“El MAS es nuestro”. Está muy bien. Hoy la disputa, en medio de los fallidos intentos de convocar un congreso del partido-instrumento político, ha trastocado la expresión: “Las (verdaderas) organizaciones matrices son nuestras”, dicen unos y otros. La esencia orgánica, pues, ha sido desplazada por la razón instrumental. Y los efectos son penosos. No pocas voces, en los pasillos, en los balcones, auguran y/o celebran el “fin (o agonía) del proceso de cambio”.

En tal derrotero, si asumiéramos el quiebre del MAS-IPSP, surge una cuestión todavía más compleja: ¿estamos ante el fin de ciclo de los gobiernos masistas, acaso del modelo de Estado, incluso del proyecto-sujeto plurinacional popular? Más allá de quién gane las inciertas elecciones 2025, teñidas de fragmentación, ¿se romperá el esquivo horizonte en construcción de la plurinacionalidad del Estado, la interculturalidad-paridad de la democracia, el pluralismo jurídico, los buenos vivires, la igualdad?

No soy del MAS ni de ningún partido político. Tampoco pertenezco a una organización matriz o equivalente. Igual creo, desde mi trinchera, siempre a la izquierda, que las luchas de transformación en Bolivia y el reto de la emancipación social preceden de lejos y trascenderán este nuevo “tiempo de las cosas pequeñas”. ¿Navegamos?

FadoCracia fotocopiada

1. Es parte de nuestra identidad nacional: para hacer cualquier trámite, debemos andar con la fotocopia del carnet de identidad bajo el brazo. No basta un solo ejemplar, sino varios. 2. No está mal, si recordamos los años de dictadura militar, cuando había que andar “con el testamento bajo el brazo”. Con las cacerías nunca se sabe. 3. Volvamos al carnet. La fotocopia es de rigor, casi como contraseña. Ante la burocracia, la ciudadanía se divide entre los que llevan su fotocopia de carnet (pase) y los que deben ir a sacarla (vuélvase). 4. ¿Qué hacer? ¿Cómo erradicar tan dañina y arraigada práctica? Frente al papeleo, nada mejor que el legalismo. Sí, señorías, hay que aprobar una ley prohibitoria. 5. Suerte que una diputada, preocupada por el asunto, acaba de proponer un proyecto de ley antifotocopias. Es en serio. 6. Además de ahorrar tiempo y dinero — dice—, evitaremos el derroche de toneladas de papel y, ergo, la tala de nuestros bosques (hasta el próximo incendio). 7. ¿Ven que la oposición hace propuestas serias, con fotocopia para todos los asambleístas? Falta que los fotocopiadores, en defensa de su derecho al trabajo, convoquen una protesta.

 José Luis Exeni Rodríguez es politólogo. 

Una de las enseñanzas de mis mayores estaba dirigida a responsabilizarme de lo que hago y lo que digo. “La palabra es lo único que tenemos los pobres”, me decía mi abuela, en un afán de inculcarme esa parte de la herencia de nuestro pueblo, de la educación en la oralidad.

Hoy la palabra sale de mi boca esa boca que aprendió a masticar los sonidos, con cuidado

para oír aquellos disparos con los que lastimaron los oídos de mis mayores. ¡Somos su continuación! 500 siglos de estridencias, cientos de años de violencias

que estremecieron la piel que guarda, la música de nuestra memoria

disimulando los latidos de nuestro amor y compasión por la tierra.

Quisieron se diluya, nuestro ser y existencia en el silencio de las tumbas

pero desde ahí volvimos armadas de palabras.

Tengo la palabra mi abuela me entrenó la lengua desde muy niña hice los ejercicios de las 5 vocales para afilar las consonantes de un idioma que invadió nuestras bocas.

Hoy tengo los sonidos en los labios hoy tengo los signos en la mano escribo en la lucha de pueblos ancestrales, por eso mi mano está firme los sonidos del corazón que ritman esperanzas y marcan el tiempo de nuestro cambio.

Mi palabra, que es lo único que tengo promete a mis hijas e hijos que no descansaré, hasta acabar con todo tipo de opresiones y plantar las semillas de la comunidad de comunidades.

¡Hermanas y hermanos, ya es hora de decir lo que soñamos!

Julieta Paredes Carvajal es feminista comunitaria

Los republicanos del MAGA dicen que Estados Unidos está en crisis: la economía se está derrumbando mientras la nación está siendo invadida por hordas de inmigrantes violentos. No es verdad. Pero si eso es lo que creen, deberían concentrarse en luchar contra el peligro claro y presente, ¿verdad? En cambio, se centran en la amenaza de las lavadoras que se despiertan.

El martes, 205 republicanos de la Cámara votaron a favor de la Ley Hands Off Our Home Appliances, destinada a limitar la capacidad del Departamento de Energía para establecer estándares de eficiencia energética. En abril, los republicanos planeaban votar una serie de proyectos de ley más específicos: la Ley de Libertad en la Lavandería, la Ley de Libertad en los Refrigeradores y más. Estas votaciones se retrasaron, pero es posible que aún se realicen.

Si todo esto suena absurdo es porque lo es. Pero la profunda estupidez de uno de nuestros principales partidos políticos es en sí misma un problema grave. Si podemos superar las tonterías, aquí también hay algunas cuestiones políticas sustantivas. ¿Debería el gobierno intentar limitar el consumo de energía en los hogares? En caso afirmativo, ¿debería hacerlo con mandatos de eficiencia para los electrodomésticos o de alguna otra forma?

Los argumentos a favor de intentar reducir el consumo de energía en el hogar son simples y abrumadores. La generación de energía eléctrica causa un daño ambiental significativo. No solo emite gases de efecto invernadero, lo que aumenta el riesgo de una catástrofe climática, también tiene efectos más inmediatos sobre la contaminación del aire, incluido el aumento de los niveles de partículas y ozono que tienen efectos adversos mensurables en la salud humana. Entonces, cuando se utiliza más electricidad de la necesaria, se están imponiendo costos reales a otras personas.

Dicho esto, nadie está sugiriendo que los estadounidenses renuncien a las comodidades de la vida moderna. El objetivo, más bien, es brindar esa comodidad de manera más eficiente: calentar nuestros hogares, lavar nuestra ropa y platos, etc., usando algo menos de energía.

¿Cómo debería lograrse ese objetivo? Los libros de texto de economía (incluido el mío) generalmente dicen que el gobierno no debería intentar limitar la contaminación dictando las tecnologías que utilizan las empresas y los hogares. Normalmente es mejor adoptar un enfoque más flexible proporcionando un incentivo financiero para limitar la contaminación, poniéndole un precio, ya sea gravando las emisiones o exigiendo que los contaminadores compren permisos.

Hay buenas razones para adoptar un enfoque más práctico cuando se trata de electrodomésticos. Destacaría dos en particular. En primer lugar, un intento de inducir a los hogares a conservar energía aumentando su precio simplemente no va a tener éxito político. En segundo lugar, las personas tienen vidas que vivir y familias que criar; esperar que hagan cálculos detallados sobre cuánto dinero ahorrarán comprando un refrigerador o un lavavajillas energéticamente eficiente es solo poco realista.

¿Por qué, entonces, los republicanos se oponen tan furiosamente a tales regulaciones? Seguramente parte de esto es la influencia de las industrias de combustibles fósiles, cuyas donaciones en dólares van abrumadoramente al Partido Republicano.

Probablemente más importante, sin embargo, es la forma en que los electrodomésticos energéticamente eficientes han quedado atrapados en la guerra cultural y el vórtice de conspiraciones que se ha tragado al conservadurismo estadounidense.

Un buen ejemplo del aspecto de la guerra cultural fue una petición de 2019 que hizo circular FreedomWorks, titulada Hagamos que los lavavajillas vuelvan a ser grandes. La petición afirmaba que “normas ambientalistas locas” habían reducido drásticamente la eficacia de los lavavajillas, afirmación cuestionada por los propios fabricantes. Pero parecía bastante claro que lo que realmente molestaba a los conservadores era la sugerencia misma de que los consumidores estadounidenses deberían tener en cuenta los efectos adversos que sus decisiones podrían tener en otras personas. Después de todo, ese tipo de consideración es lo que la derecha parece querer decir principalmente cuando condena las políticas como “despertadas”.

Y, como siempre, existen teorías de conspiración: no, la administración Biden no planea prohibir las estufas de gas. Entonces sí, es curioso que los republicanos estén tratando de aprobar algo llamado Ley de Libertad en la Lavandería. Pero la tontería es un síntoma de enfermedad política que no tiene ninguna gracia.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía y columnista de The New York Times.