Nacional

Monday 13 May 2024 | Actualizado a 20:22 PM

La APDHB y el Gobierno discrepan en el caso Apolo

Informe. Tienen distintas versiones sobre el origen de la pugna armada

/ 30 de octubre de 2013 / 07:12

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y el Gobierno discrepan en cómo empezó el conflicto armado en Apolo, el 19 de octubre, donde murieron cuatro personas. La primera dice que uniformados allanaron casas, el segundo ratifica que fue una emboscada.

“Creemos que se dijo sólo una parte de la verdad y nos preocupa que los dirigentes y campesinos estén siendo perseguidos y no haya una investigación sobre el actuar de los policías y militares. En ese sentido, creemos que hay una desproporcionalidad en las pesquisas que se dan”, reclamó Yolanda Herrera, titular de la APDHB, en una conferencia de prensa.

Explicó que tras un proceso de investigación y entrevistas con los dirigentes y mujeres de las comunidades apoleñas de Miraflores y Copacabana se concluyó que la incursión de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) creó un alto nivel de riesgo en ambas comunidades.

El sábado 19, efectivos de la FTC ingresaron a Miraflores y Copacabana para erradicar coca excedentaria. Según el Gobierno fueron emboscados y producto de ello perdieron la vida el subteniente de Ejército Óscar Gironda, el suboficial naval Willy Yujra, el policía Reynaldo Quispe y el médico Michael Olivares.

“Los testimonios indican que fueron intervenidas las viviendas a las 05.00, con la rotura de ventanas y puertas. Llevaron a mujeres y niños a la puerta del colegio, donde sufrieron castigos y vejámenes degradantes, por lo que hubo una reacción de los hombres, por eso pedimos una investigación imparcial”, indicó Herrera.

Al respecto, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, aseguró que la información que se maneja en el Ejecutivo no es una “especulación antojadiza” y que él estaba en el lugar desde el primer momento, luego de los hechos suscitados en Apolo.

Asimismo confirmó la información contenida en la imputación fiscal, en sentido de que la emboscada a la incursión de la FTC fue planificada un día antes, con estrategias militares, ya que arrojaron piedras en el camino y ocultaron armas en posibles recorridos de los uniformados.

“Primero encontró una resistencia con palos y piedras, pero los efectivos, eludiendo esto, se dirigen al lugar donde se debe erradicar y ahí se produce la emboscada. Estaban con pasamontañas, no nos inventamos los cuatro muertos y los heridos”, dijo Pérez.

La autoridad gubernamental afirmó que no existió ningún enfrentamiento, ya que si se hubiera dado ese caso, existirían muchos más muertos, puesto que los efectivos de la FTC están entrenados para disparar.

La presidenta de la APDHB informó que continuarán con las investigaciones del caso, por lo que pidió a su repartición de La Paz una comisión interinstitucional para indagar más sobre los hechos luctuosos ocurridos en Apolo el 19 de octubre.

La abogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Claudia Lecoña, sostuvo que hay aspectos irregulares en la imputación en contra de los 21 aprehendidos por este caso. “Hay detenciones ilegales porque se los detuvo a los sindicados a las 06.30, hora que esta fuera de los horarios en los que trabajan los del Ministerio Público, lo que no es legal. Luego no hay una individualización de cada una de las personas que participaron en los hechos y pese a que tienen derecho a la presunción a la inocencia, ya se los culpó”.

Vínculo con actividades ilícitas

Informe

El viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, ratificó que no hay ninguna duda acerca de la primera hipótesis sustentada por su despacho, en sentido de que existen personas vinculadas al narcotráfico que impedían   la erradicación de coca ilegal.

Narcotraficantes tenían fábricas móviles

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, informó que en comunidades del municipio de Apolo existían seis fábricas móviles de droga, tipo colombianas, lo que confirmaría que algunos pobladores se oponían a la erradicación de coca porque tenían vínculos con el narcotráfico.

En su informe explicó que existían cuatro narcofábricas que estaban abandonadas, pero esto por la presencia de los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los sectores de Ilipana, Yuyos, Calabatea y Correos del municipio de Apolo.

“En la comunidad Apacheta, a nueve kilómetros de Apolo, se procedió a la destrucción e incineración de una fábrica móvil de pasta base de cocaína, tipo colombiana activa. Se encontró un recipiente celeste con 15 litros de droga líquida, equivalente a 567,22 gramos de cocaína”, detalló Pérez. En la misma región se procedió a la destrucción de otra fábrica a seis kilómetros de Apolo de similares características.
Pérez reiteró que serían algunos comunarios del lugar vinculados a los hechos de narcotráfico y tendrían relación con peruanos miembros de grupos irregulares.

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En Santa Cruz, 12 de 33 organizaciones políticas renovaron sus directivas

El TSE tiene en su registro 155 organizaciones políticas departamentales, de las cuales una tercera parte se encuentra en Chuquisaca, con 51.

Congreso de la alianza Creemos.

Por Boris Góngora

/ 13 de mayo de 2024 / 18:17

El Tribunal Departamental Electoral (TED) de Santa Cruz informó este lunes que, de 33 organizaciones políticas con personería jurídica con alcance departamental y municipal en aquella región, 12 cumplieron con la renovación de sus directivas en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096).

María Cristina Claros, presidente del TED Santa Cruz, detalló que otras 16 organizaciones políticas están en proceso de supervisión de renovación de sus directivas y otras cinco agrupaciones ciudadanas de alcance municipal aún no solicitaron apoyo del ente electoral.

“Le corresponde a la militancia y a la directiva saliente de cada organización promover los mecanismos democráticos internos para generar institucionalidad al interior de las agrupaciones u organizaciones políticas, ya sean de alcance municipal o departamental. Nosotros cumplimos con la supervisión a los procesos de elección de las directivas cuando las organizaciones políticas nos presentan y cumplen con los requisitos que manda la norma”, dijo Claros.

Las organizaciones políticas de alcance departamental que cumplieron con la renovación de sus directivas son: Alianza Solidaria Popular (ASIP), Creemos, Fuerza y Esperanza (FE), Seguridad Orden y Libertad (SOL), Santa Cruz Para Todos (SPT) y Unión Democracia y Oportunidad Social (UNIDOS).

Lea más: El MAS acusa al TSE y al Gobierno de ejecutar el plan de ‘proscripción’ y anuncia impugnación

En el caso de las organizaciones políticas de alcance municipal que renovaron sus directivas están: Agrupación de Propuesta (APC,) de Warnes y Mineros; Primero Conce (PC), de Concepción; Voluntad Ciudadana y Equidad Social (VOCES), de La Guardia, Warnes y Okinawua; Todos por Porongo (TPP); JICHI Compromiso Ciudadano, de San José, y Juntos Somos Portachuelo (JSP) de Portachuelo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene en su registro 155 organizaciones políticas departamentales, de las cuales una tercera parte se encuentra en Chuquisaca, con 51, entre partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

El siguiente departamento con más tiendas políticas es La Paz, con 31; le siguen Santa Cruz con 23, Cochabamba con 13, Tarija con 13, Oruro con nueve, Potosí con siete, Beni con cuatro y, finalmente, Pando con cuatro.

El TSE determinó ampliar por 120 días calendario el plazo para que las organizaciones políticas del país renueven sus directivas, conforme establece la normativa electoral vigente.

Esta nueva ampliación se determinó después de que este 5 de mayo feneció el plazo de 180 días que estipuló el TSE en octubre de 2023, para que los partidos políticos de alcance nacional y las agrupaciones ciudadanas departamentales, regionales y municipales elijan nuevas directivas.

De los 11 partidos nacionales, solamente seis (dos todavía en revisión) cumplieron con esta disposición.

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El TSJ plantea debatir una reforma constitucional para que las judiciales continúen o no por voto popular

Jaimes también destacó la tarea trascendente del Órgano Judicial en la administración de justicia e indicó que Chuquisaca no puede perder la sede de este órgano.

El presidente del TSJ, Marco Jaimes.

Por Boris Góngora

/ 13 de mayo de 2024 / 17:24

En la presentación de agenda de actividades del Bicentenario en la histórica Casa de la Libertad de Chuquisaca, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, planteó este lunes que se debata una reforma constitucional para que las elecciones judiciales continúen o no por voto popular.

“La población, si acaso ve en las elecciones judiciales demasiada dificultad política por la extrema politización de estas elecciones con miras a las elecciones presidenciales, plantee y debata una reforma constitucional para que sea la población la que decida si continúa el voto popular o acaso se dé el mecanismo empleado por los diferentes países para la designación de altas autoridades judiciales”, señaló Jaimes.

El 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea y declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Lea más: Posición política vs. posición jurídica: contradicciones ante las suspendidas judiciales

Tras la notificación del fallo, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural enviaron sus informes sobre el avance del proceso de preselección al presidente nato de la Asamblea Legislativa y solicitaron que se convoque al pleno para definir el rumbo de los comicios judiciales. 

El jueves, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcita en la Cámara de Diputados solicitaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar que permita la continuidad de la preselección.

Jaimes también destacó la tarea trascendente del Órgano Judicial en la administración de justicia e indicó que Chuquisaca no puede perder la sede de este órgano, pero “una sede efectivamente funcionando, magistrados resolviendo causas, al día, con independencia, porque los jueces hablan por sus fallos”.

“Más allá de los criterios políticos que estigmatizan de manera generalizada e injusta de todo un órgano, es importante remarcar que tenemos magistrados y jueces que vienen trabajando con la convicción de servicio”, señaló.

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Lima afirma que Morales miente, se equivoca y desinforma sobre el Decreto 4732

De acuerdo con el ministro de Justicia, Iván Lima, el expresidente Evo Morales solo tiene interés por sí mismo.

El ministro de Justicia, Iván Lima.

Por Daniel Zenteno

/ 13 de mayo de 2024 / 14:23

Las denuncias del expresidente Evo Morales en torno al Decreto Supremo 4732 obligaron al ministro de Justicia, Iván Lima, responderle y acusarle de mentir y de desinformar.

Morales calificó al decreto como “preocupante” ya que, en su criterio, se trata de un ataque a la libre determinación de la propiedad.

El ministro dijo que el exmandatario “desinforma y miente en todo lo que dice” y el decreto “está vigente, con el objetivo de evitar cláusulas abusivas de las empresas constructoras y las inmobiliarias”.

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Decreto 4732

“No se aplica a ventas entre particulares; por lo tantom no se ha afectado la compraventa de ningún bien inmueble y ningún ciudadano ha tenido que pedir un ‘permiso’ al Ministerio de Justicia para comprar o vender su propiedad”, aclaró Lima en su cuenta de X.

Morales, durante su programa dominical en radio Kawsachun Coca, denunció que el Decreto Supremo 4732 establece que el Gobierno es el verdadero dueño de la propiedad.

“Con ese decreto (4732) si usted, Ramiro, (conductor del programa de Morales) quiere vender su casa, tiene que sacar un certificado del Ministerio de Justicia; si no tienes ese certificado del Ministerio de Justicia, no puedes vender tu casa, y para sacar el certificado una serie de requisitos, 18 requisitos”, cuestionó Morales el domingo e insistió que se trataba de una inconstitucionalidad.

“Lo único que le interesa es él mismo”, criticó Lima.

Prorrogados

Morales insiste en que ese decreto es un abuso al que recurre el presidente Luis Arce mediante los magistrados y consejeros “autoprorrogados”.

Sobre ese criterio, Lima también lo desmintió y dijo que el decreto fue promulgado hace dos años, en 2022. Cuando los magistrados y consejeros judiciales cumplían su mandato constitucional.

En las últimas semanas, los diputados del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron un recurso para impugnar el decreto. Sin embargo, de acuerdo con Morales, éste fue solo un paso inicial y afirmó que buscarán “su abrogación”.

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Arce inaugura obras de la doble vía Oruro-Challapata y advierte ‘envidia’ por sus entregas

El tiempo previsto para la entrega del tramo I de la doble vía Oruro-Challapata es de 570 días, según informó el presidente Luis Arce.

El presidente Luis Arce

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 13 de mayo de 2024 / 13:52

El presidente Luis Arce inauguró este lunes la construcción de la carretera doble vía Oruro-Challapata y advirtió que “algunos tienen envidia” por la entrega de obras por parte del Gobierno en todo el país.

En el acto, celebrado en Soracachi, a 60 kilómetros al noreste de la ciudad, el mandatario explicó que la vía, en su primer tramo, unirá Vinto y Cruce Huanuni”, el inicio de la carretera entre Oruro y Potosí.

Al acto asistieron algunos ministros, senadores, diputados, autoridades locales y comunarios, además de varias organizaciones sociales orureñas.

Arce destacó que la obra descongestionará la actual carretera de ese sector, de la que dijo que “parece avenida” por la lenta circulación de vehículos.

Entre sus consideraciones, el jefe de Estado mencionó que el Gobierno impulsa ése y otro tipo de obras, pese al contexto nacional e internacional, y volvió a fustigar a “la nueva derecha”, como calificó a la facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lidera Evo Morales.

Luis Arce

“No quieren que avancemos y no quieren que hagamos obras, y que no quieren que entreguemos obras. Parece que hay envidia de algunos compañeros. Pero, aquí, no se trata de una sola persona, no es el presidente Lucho que viene a entregar (obras), es el Gobierno democráticamente elegido en las urnas”, reclamó.

Y siguió: “Si hay gente que no le gusta que el gobierno nacional cumpla con el pueblo con estas obras, allá ellos. Vendremos a entregar estas obras, les guste o no les guste”.

Entre otras obras, anunció la pronta entrega de la Planta de Industrialización de Camélidos en el municipio de Turco, capital de la Ganadería Camélida de Bolivia, a 155 kilómetros al oeste de la capital.

Si bien el mandatario no hizo alusiones directas, su mensaje coincide con las constantes críticas de Morales y sus seguidores. Ese bloque lanzó sus dardos contra la gestión de Arce respecto de su administración y la ejecución de obras. “Inaugurar piedras, no es entregar obras”, dijo, por ejemplo, el senador evista del MAS Leonardo Loza.

En cuanto a los datos de la obra como tal, esa construcción demandará una inversión de Bs 508,08 millones, de los que el 20% (Bs 101,6 millones) será otorgado por la Gobernación de Oruro y el restante 80% (Bs 406,4 millones), por el Gobierno.

Según informó el presidente Arce, el contrato con la empresa responsable de la doble vía prevé la entrega final de la obra en un plazo de 570 días.

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Comandante confirma que dos policías son investigados en el caso de Huaytari

El tiempo previsto para la entrega del tramo I de la doble vía Oruro-Challapata es de 570 días, según informó el presidente Luis Arce.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 13 de mayo de 2024 / 13:25

El comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, confirmó que dos policías están investigados por la comisión del supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Ambos están incluidos en la investigación que indaga la supuesta participación del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, en ese ilícito.

“Los procesos investigativos están siendo desarrollados adecuadamente y con objetividad (…). Estos servidores policiales están siendo investigados por la Ley 101, con la Fiscalía Policial, en el Departamento de Investigación Interna en Sant Cruz”, dijo en conferencia de prensa.

Se trata de Raúl C. P. y Rolando G. T. A., además Lizeth P.C.P. e Israel H.M., quienes fueron incluidos en la investigación. Además de eso, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó que entre los investigados en ese caso está Lizeth P. C. P., identificada como hermana de uno de los uniformados.

El comandante Álvarez dijo que se encargó al inspector que lleva adelante la investigación “con objetividad, para que los malos policías sean sancionados si se encuentra responsabilidad en esos actos”.

Ese caso fue abierto por el Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en el patrimonio de los investigados.

La presunta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del 2023; fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero de este año.

El viernes, el mismo Lanchipa informó que el caso radica ahora en Santa Cruz, a raíz de un incidente de declinatoria de competencia presentado por uno de los uniformados investigados.

Video: Roberto Guzmán

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