El exprocurador del Estado y abogado del MAS Wilfredo Chávez admitió que su esposa, Vanessa Miramendy, presentó uno de los 39 amparos constitucionales en contra de la preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La abogada fue rechazada en su postulación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de La Paz. Según informo Chávez a La Razón, el motivo por el que la separaron del proceso tuvo que ver con su antigüedad como profesional.

“Ella (su esposa) tiene más de 20 años de antigüedad como abogada; 20 años desde el título, y supuestamente le han dicho que no tiene antigüedad, y ése fue (el motivo de) el amparo, nada más (…). Entonces, ella ha postulado, efectivamente, y ha acudido a la Justicia para que le reparen su derecho”, dijo Chávez en entrevista con La Razón.

Wilfredo Chávez

Defendió la trayectoria de Miramendy, de la que dijo que es titulada por la Escuela de Jueces y ejerce, actualmente, el cargo de juez de Familia en el municipio de El Alto.

Las declaraciones de Chávez son una respuesta a la denuncia del diputado de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui, que afirmó que 17 de los 39 amparos constitucionales contra las judiciales fueron presentados por exfuncionarios y afines de Evo Morales, entre ellos Miramendy.

“No es la primera vez que escuchamos en la sucia boca de Jáuregui estas cosas y cuando queramos vamos a contestar con la altura que haya que hacer”, respondió Chávez.

Pidió, además, que se investigue si la calificación que obtuvieron los postulantes que, según dijo, son allegados a Jáuregui y otros miembros del Órgano Ejecutivo.

Elecciones Judiciales

“Habría que ver los allegados al diputado Jáuregui, a los ministros de ellos. Si están habilitados o no, para hacer ecuánimes, yo pido esa investigación a los medios de comunicación para que sea efectivamente un balance. ¿Quiénes están habilitados?, veamos de dónde vienen, si trabajan en el Ejecutivo y cuánto (de puntaje) tienen, y cómo han votado esos diputados”, reclamó.

El debate por la continuidad de las elecciones judiciales, según el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, está en manos de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural.

Entretanto, el titular de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, afirmó que es una sesión de la Asamblea Legislativa, para definir nuevos plazos, pues la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, establece un plazo de 80 días para que ese órgano remita una lista de 192 postulantes para los comicios judiciales. Ese tiempo se cumplió el 6 de mayo.

En la búsqueda de la continuidad del proceso de elecciones judiciales, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dejó en manos de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia su reencauce.

“Nosotros, desde el principio, indicamos que tiene que proseguir las elecciones judiciales. Hay un dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional y las comisiones mixtas deben analizar y proceder, eso dejamos a las comisiones mixtas”, dijo el diputado arcista a los periodistas en La Paz.

El lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, instó a las dos comisiones, que llevan adelante el proceso de preselección, a que sigan con su trabajo.

Judiciales

Pasaron 43 días desde que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz puso el primer freno y ordenó paralizar el proceso. El 16 de abril, ese tribunal dictó una medida cautelar sobre el proceso, por un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.

Luego, el 30 de abril, la acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, logró que la Sala Constitucional Primera de Cobija apruebe la acción popular que dejó en fojas cero todos los obrados de la preselección. Además, consideró inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Pero la luz verde para la continuidad se vio el jueves de la semana pasado, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo dictado en Pando.

Por su parte, consultado por los periodistas en La Paz, el presidente de la Comisión Mixta del Constitución, senador Miguel Rejas, insistió que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, “debe convocar (a una sesión) de la Asamblea Legislativa”.

Comisiones mixtas

En criterio del senador evista, la Asamblea debe resolver una ampliación de plazos para que se pueda retomar el proceso que debe concluir con la remisión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de una lista de 192 postulante.

Ese plazo, según la Ley 1549 de Elecciones Judiciales, es de 80 días y se cumplió el pasado 5 de mayo.

En criterio de Rejas, con el plazo vencido, se necesita de una norma que amplíe ese tiempo.

“No podemos estar sobre el aire (para trabajar). Tenemos que tener una resolución con los plazos establecidos (…). Nosotros vamos a pedir al presidente nato (de la Asamblea) que convoque”, insistió Rejas.

Por su parte, en una entrevista con La Razón Radio, la senadora chuquisaqueña Silvia Salame advirtió de la “urgencia” de resolver los escollos y continuar con la preselección, pero criticó que a sus colegas legisladores “no quieren entender” aquello.

El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui denunció este martes que el 44% de los amparos constitucionales fue presentado por exfuncionarios y allegados a la gestión de Evo Morales.

El legislador dijo que en total se presentaron 39 amparos constitucionales contra el proceso de preselección de postulantes. “El 26% son de ciudadanos, 44% de los amparos fueron presentados por postulantes allegados a Evo Morales; el 2% de aliados del evismo y, el resto, otros ciudadanos profesionales postulantes”.

Jáuregui atribuyó ello a un “contubernio” entre la facción evista del MAS y el bloque de oposición y descartó que la paralización de las elecciones judiciales sea impulsada por el ala arcista de ese partido, como se denunció anteriormente.

Elecciones Judiciales

El legislador expuso unos cuadros en los que mostró, con nombre y apellido, los cargos que, supuestamente, ocuparon en la gestión de Morales.

Entre los principales amparos que perjudicaron el desarrollo de la preselección, mencionó el recurso planteado por Julio Rocha, de quien dijo que ocupó un cargo “jerárquico” en el Ministerio de Justicia, cuando Morales era presidente.

También apuntó a Jhonny Cordero, al que atribuyó la dirección nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y, además, viceministro de Tierras. “En un otrosí, solicitó que se dicten medidas cautelares (a la preselección)”.

Dijo que Juan José Ibáñez, otro accionante, tuvo un cargo jerárquico en el Fondo Nacional de Inversión y Producción Social en esa gestión.

Amparos Constitucionales

Jauregui nombró a las 17 personas que interpusieron amparos constitucionales, entre ellas, citó a Vanesa Miramendi, esposa del exprocurador general del Estado y ahora abogado del MAS evista Wilfredo Chávez. 

Sobre ese amparo constitucional, dijo que incluyó una medida cautelar que frenó la preselección.

“Este (grupo de exfuncionarios) es el verdadero rostro de la paralización de las elecciones judiciales”, dijo Jáuregui.

Jáuregui explicó que, del total de amparos, la Justicia concedió tutela a 12, “es decir que se atiende y se remedia su situación jurídica”; a ocho se la denegó; seis fueron retiradas y 12 “de la que no tenemos el dato y una aún está pendiente”.

Juan José Jáuregui

La denuncia de Jáuregui ahonda el debate sobre la preselección de candidatos. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dejó en manos de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia su reencauce.

Mientras que el presidente de la Comisión Mixta del Constitución, senador Miguel Rejas, insistió que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, “debe convocar (a una sesión) de la Asamblea Legislativa”.

“No podemos estar sobre el aire (para trabajar). Tenemos que tener una resolución con los plazos establecidos (…). Nosotros vamos a pedir al presidente nato (de la Asamblea) que convoque”, reclamó. El legislador evista del MAS.

El fiscal paraguayo Deny Pak denunció que, en abril de 2021, la red criminal que lidera el uruguayo Sebastián Marset en sociedad con Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, ya enviaba droga a Europa.

Pak sustenta esa aseveración con documentos incautados en el allanamiento a la casa de Luis Sebriano, un exejecutivo de banco señalado como el artífice de los empaques, de los trámites y los envíos al exterior de las cargas de cocaína.

El documento presentado en la denuncia de Pak contra Insfrán revela a detalle cómo se planeaban los envíos de grandes cargas de cocaína al viejo continente y África. En el documento se suman conversaciones “encriptadas” a través de telefonía móvil entre el acusado, Sebastián Marset y otros presuntos miembros de la organización criminal.

Consulte: La Fiscalía paraguaya acusa a un senador por ofrecer logística a Marset y su red de narcos

Droga a Europa

El Ministerio Público paraguayo acusó al senador Erico Galeano de brindar logística y seguridad a la red criminal de narcotráfico que tejió Sebastián Marset junto a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, pez gordo del narco local.

Silvio Corbeta, fiscal de aquel país, acusa al legislador por lavado de dinero y asociación criminal. Solicitó un juicio oral y público contra el senador guaraní por sus presuntos nexos con el grupo criminal de Marset e Insfrán.

La Fiscalía de Paraguay también reveló que Marset no solo dedicaba su actividad delincuencial en torno al tráfico de drogas en el ámbito internacional. También incluía asesorías para la comisión de homicidios.

Al narco se lo busca en varios países sudamericanos. El uruguayo edificó una red criminal para lavar dinero del narcotráfico en Bolivia. También incursionó en el fútbol nacional.

El 29 de julio de 2023, Marset sorteó un megaopeartivo de la Policía y escapó de Bolivia junto a su esposa e hijos. Desde entonces está prófugo.

El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) arcista, Mario Seña, no descartó acudir a la Justicia para validar las resoluciones de su congreso rechazado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El 23 de mayo, la Sala Plena del TSE decidió, por unanimidad, no registrar las resoluciones del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista, celebrado a principios de mayo en la ciudad de El Alto.

Luego de la decisión, el Pacto de Unidad arcista rechazó rotundamente la determinación y anunció que presentará un recurso extraordinario de revisión ante el Órgano Electoral por invalidar el cónclave.

En entrevista con La Razón Radio, Seña defendió el encuentro y aseguró que su facción cumplió con todos los requisitos y su estatuto orgánico. “La decisión del TSE no fue coherente. Vamos a hacer la apelación correspondiente”, advirtió.

“Hay la posibilidad de acudir a la Justicia”, adelantó.

En su criterio, con el rechazo al congreso, el TSE está vulnerando el derecho de los miembros del Pacto de Unidad. “Se están vulnerando los derechos de tantos bolivianos. No puede ser que dos o tres personas quieran perjudicar este proyecto político”.

Aunque no anunció la fecha de presentación del recurso, informó que todavía los dirigentes están trabajando para apelar la decisión. “Ya lo estamos trabajando y lo vamos a presentar como Pacto de unidad”.

Contó que, según la resolución del TSE que rechaza el congreso, hay entre dos o tres argumentos que se catalogan como “inconcebibles”. No obstante, insistió en que su facción presentó todos los requerimientos.

“Nosotros estamos seguros de que hemos cumplido con todo. Lamentablemente, el estatuto es totalmente tergiversado y manipulado”, añadió.

El MAS atraviesa una de sus crisis más profundas y, por ello, no han podido convocar a un congreso único. Tanto la facción evista como la arcista, aunque ambos encuentros fueron rechazados por el Órgano Electoral.

El gran reto del partido oficialista, ahora, es llamar a un nuevo congreso al que asistan ambas facciones, la totalidad del directorio (14 miembros) y las organizaciones sociales matrices.

El 23 de mayo, el expresidente del Estado y aún presidente del MAS, Evo Morales, urgió la necesidad de realizar un “congreso de unidad con la debida legalidad y legitimidad”. Sin embargo, Grover García, presidente electo del MAS arcista e invalidado por el TSE, afirmó que el “congreso de unidad” ya se efectuó.

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