Los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros (ENSF-2023) señalan que el índice de satisfacción de los usuarios sobre la atención de la banca se mantiene casi gual que en 2022, indicó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).

La directora general de la Asfi, Ivette Espinoza, informó ayer que el índice de satisfacción de los consumidores financieros respecto a los servicios ofertados por las entidades financieras, tuvo una calificación positiva y llegó a 7,81 sobre un máximo puntaje de 10.

Respecto a 2022, cuando la calificación alcanzó un 7,84%, se refleja una leve reducción de tres décimas con relación a 2023.

“Uno de los primeros indicadores que hemos podido establecer es el índice de satisfacciones que nos refleja el desempeñó que ha tenido el sistema financiero (…). Hemos podido ver en el tema de la satisfacción que la calificación que han otorgado los que han sido encuestados ha sido de 7,81”, manifestó Espinoza.

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Satisfacción

La ENSF-2023 se realizó a un total de 29.020 personas, de las que 7.299 participaron de manera presencial el 15 de noviembre en 85 municipios, mientras que las restantes 21.721 lo hicieron mediante la modalidad en línea entre el 13 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado.

La consulta a los encuestados sobre si consideran solvente y confiable al sistema financiero nacional, el 86% respondió de manera positiva, mientras que el 14% calificó negativamente.

Esta situación se ve ratificada por el patrimonio de la Entidades de Intermediación Financiera (EIF) que, a febrero de 2024, llegó a Bs 24.570 millones, mientras que el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) se situó en 13,4%, superior al mínimo exigido por la Ley N 393 de Servicios Financieros (10%), destacando así la solvencia y fortaleza del sistema para continuar en crecimiento.  

“Es importante que dentro de esto, la población que ha sido consultada considera que se tiene un sistema financiero solvente porque, efectivamente, se le ha pedido a las entidades financieras que capitalicen y eso ha permitido que en 2023 llegue a un 13,4%, que está por encima de lo que es el establecido por ley que es el 10%”, dijo.

Espinoza informó también que los entrevistados, en un 81%, respondieron que el sistema financiero es inclusivo, porcentaje que se ve reflejado en el número de Puntos de Atención Financiera (PAF) por cada 100.000 habitantes adultos, donde Bolivia ocupa el primer lugar en Latinoamérica con 17 sucursales por cada 100.000 habitantes y con la cobertura de servicios financieros en el 90% de los 339 municipios.

Dato

La ENSF-23 destacó la calidad de los servicios financieros como positiva, logrando un indicador de 7,72 con relación a un máximo de 10 puntos. Del total de los encuestados, 87% tuvo una percepción positiva en cuanto a la calidad de servicios que brindan las Entidades de Intermediación Financiera en el país, mientras el 9% dijo que esta es regular y solo el 4% dijo tener una sensación negativa.

Contribución. Con relación a la Función Social que cumplen las EIF, los resultados de la encuesta muestran que este proceso contribuye al desarrollo de la comunidad y a mejorar la calidad de vida de las personas, ya que, del total de los encuestados, el 85% mostró una percepción positiva al impacto que tienen los servicios financieros en el desarrollo de su comunidad, y el 81% sostuvo que es positiva la contribución de las entidades financieras en la calidad de vida de las personas.

“Se ha visto el impacto de los servicios financieros en el desarrollo de la comunidad y la percepción positiva ha sido de 85%, regular 9% y negativa 6%. En la contribución de la calidad de la vida de las personas, la percepción positiva es de 81%, regular 11% y negativa 8%. En resumen, se ha tenido una calificación de 7,46%”, manifestó.

Solo el 22% de encuestados realiza reclamos

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros (ENSF-2023), un 22% de los consultados realizó algún tipo de reclamo por alguna irregularidad en la atención.

La directora de la Autoridad del Sistema de Intermediación Financiera (Asfi), Ivette Espinoza, indicó que, a pesar de que un 76% de los encuestados conoce que puede realizar reclamos por cualquier hecho, igual no realizan la denuncia ante las oficinas existentes en las entidades financieras.

“Cuando se ha consultado si conocen si pueden realizar reclamos, las personas han contestado que conocían en un 76% de manera positiva y un 24% que no. Además, se le ha consultado si alguna vez han realizado uno o más reclamos, ahí vemos que la población no utiliza, a pesar que se conoce no reclama, ahí el indicar baja a un 22% de los que hubieran hecho un reclamo y que nunca han hecho un reclamo un 78%”, informó Espinoza en el acto de presentación de los resultados de la encuesta nacional 2023.

Modalidades

La ENSF-2023 se realizó a un total de 29.020 personas, de las que 7.299 participaron de manera presencial el 15 de noviembre en 85 municipios, mientras que las restantes 21.721 lo realizaron mediante la modalidad en línea entre el 13 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado.

De ese total de encuestas, el 28% se realizó en el departamento de Santa Cruz, seguido por La Paz con el 26% y Cochabamba con el 18%. El restante 28% se efectuó en el resto de los seis departamentos (Oruro, Potosí, Pando, Beni, Chuquisaca y Tarija – ver cuadro)

Según los resultados de la consulta, de ese 22% de los encuestados, el 59% respondió que están satisfechos con la atención a sus reclamos, el 41% dijo lo contrario.

“De este 41%, el 66% sabe que puede acudir en segunda instancia a la Asfi. Y de los que han acudido en segunda instancia para hacer este reclamo, el 64% de los reclamos que ha recibido la Asfi han tenido una respuesta favorable para los consumidores financieros”, añadió Espinoza.

(30/04/2024)

Después de acogerse a un procedimiento abreviado, Jonathan M.C. fue sentenciado a tres años de reclusión en el Centro de Rehabilitación de Palmasola, en Santa Cruz, por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado cuando intentaba sacar su Número de Identificación Tributaria (NIT).

La sentencia fue dictada el sábado por la jueza Cuarto de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres, Marianela Salazar Siles. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), como parte afectada, se querelló contra el acusado.

El presidente del SIN, Mario Cazón, consideró que este fallo es una advertencia para quienes quieren vulnerar la normativa tributaria mediante acciones sancionadas por el Código Penal, como el uso de documentación falsa.

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El 24 de abril, Jonathan M.C. se apersonó a la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN; con documentación para obtener un NIT de una actividad económica de comercialización de granos de maíz y soya.

Personal técnico del SIN identificó irregularidades en la documentación presentada; mediante el cruce de datos con sistemas de información en línea, que detectó un contrato de alquiler con información adulterada.

Además de un “Formulario de Certificación de Firmas y Rubricas”, que corresponde a un trámite notarial de “préstamo de dinero”; de personas que no están vinculadas al “Contrato de Alquiler” presentado. Asimismo, “la Matrícula Computarizada en el referido contrato corresponde a otro propietario del bien inmueble”.

Por estas irregularidades, Jonathan M.C. fue inmediatamente detenido.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, reconoció este lunes la caída en la producción de gas natural en el país, que actualmente alcanza a unos 40 millones de metros cúbicos día (MMm3d); sin embargo, aseguró que la estatal trabaja para revertir esa cifra.

Complementó que Bolivia alcanzó el pico de producción de gas natural en 2014, cuando se llegó en promedio a los 59,6 MMm3d.

Asimismo, anunció visitas, junto a medios de comunicación, a las regiones donde realizan trabajos de exploración para mostrar el trabajo de la estatal.

“Tenemos una caída en la producción de gas natural, hace varios años atrás, es importante mencionar que contamos con los recursos necesarios. Tenemos una producción de alrededor 40 millones de metros cúbicos día, el consumo del mercado interno es de 12 a 13 (millones de) metros cúbicos día, por lo que tenemos saldos exportables bastante amplios”, dijo.

Dorgathen aseguró que pensar en que Bolivia tendrá que importar gas natural “no es realista”, pues YPFB trabaja para revertir esa caída.

Lamentó que la exploración en nuevas regiones de Bolivia no se haya hecho desde hace varios años atrás, lo que podía haber evitado la caída en producción.

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Gas

La autoridad anunció que la estatal abrirá sus puertas para que la población, a través de los medios de comunicación, vea el trabajo que están realizando para buscar nuevos reservorios de gas.

“La próxima semana haremos un viaje a Mayaya (La Paz), luego a Bermejo (Tarija), estamos trasladando el equipo de exploración, luego iremos a Pando y mostrar el trabajo a la población”, complementó.

Remarcó que, como cualquier caída, se puede revertir, pero es un proceso largo y se espera que entre 2027 y 2028 el país ya tenga buenos resultados.

Respecto a las declaraciones del presidente Luis Arce sobre que el gas se terminó, dijo que es para mostrar “la transparencia” de la gestión.

El presidente de la estatal reiteró que el trabajo de exploración no se hace solo en zonas tradicionales, sino también en no tradicionales como el norte de La Paz y Pando.

“No son promesas de inversión, vamos a ver cómo se llevan adelante los proyectos”.

El domingo, Arce admitió que el Gobierno no tiene recursos económicos para ejecutar obras y que Bolivia ya no tiene gas, por lo cual se deben hacer nuevas exploraciones para determinar si existen nuevas reservas.

Mediante un comunicado, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aseguró que el agro es la “solución a la crisis económica” en Bolivia y planteó cinco pilares para generar más divisas en beneficio del país.

La nota indica que luego de escuchar las palabras del presidente Luis Arce de que en el país ya no hay dinero porque el gas se agotó; la CAO reitera su demanda de atender al sector que, como planteó antes, puede generar $us 1.000 millones adicionales anuales.

“El sector agropecuario, una vez más, se pone a disposición para trabajar por Bolivia; y oferta todas sus potencialidades, no solo para sacar a Bolivia de la crisis económica actual; también para llevar a la población a otros niveles de ingresos y bienestar”.

El primer punto sugerido por la CAO es brindar seguridad jurídica, dando certeza a los productores de que sus tierras no serán avasalladas y que exista el derecho propietario.

La segunda demanda es el acceso al paquete tecnológico para la producción de alimentos. “No solo con la homologación de semillas mejoradas o biotecnología; sino también facilitando la internación de maquinaria, equipos, insumos y genética que ayude al productor a producir más y mejor en la misma superficie de tierras”.

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CAO

Asimismo, sugiere que voluntariamente el pequeño productor pueda hipotecar su terreno para realizar inversiones en tecnología de primera generación e incrementar la productividad.

La institución cruceña recomienda además un riguroso control de las fronteras para evitar el ingreso de productos “sensibles a nuestra producción”.

También plantea desarrollar una agresiva estrategia de apertura de mercados; “resolviendo los temas de sanidad y protocolos debido a que el mercado nacional es pequeño y cualquier incremento significativo es para mercados externos”.

El domingo, en un acto en Sapahaqui, Arce admitió que el Gobierno no tiene recursos económicos para ejecutar obras; y que Bolivia ya no tiene gas, por lo cual se deben hacer nuevas exploraciones para determinar si existen nuevas reservas.

Sin embargo, este lunes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aclaró que lo que el Presidente quiso decir es que no “tenemos la plata que teníamos antes”; y que se están realizando trabajos de exploración.

El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que no ameritaba una rebaja de la “magnitud” que le otorgó la calificadora Moody’s a Bolivia y aseguró que desconoce en base a qué fuentes hicieron esa evaluación pues no asistieron a una reunión que tenían con esa cartera justamente para conocer las cifras económicas del país.

El viernes, la agencia de calificación global Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3” y advirtió que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.

“Nosotros teníamos una reunión con Moody’s que la suspendieron y no hubo espacio para hablar con ellos y sacaron su calificación. Así que no sabemos sobre qué base o fuentes la hicieron, pero los resultados que mostramos como país no amerita una rebaja de esa magnitud”, dijo Montenegro en conferencia de prensa.

Bolivia

La autoridad remarcó que Bolivia está cumpliendo puntualmente con el pago de la deuda externa y señaló que el informe de la calificadora no refleja la situación económica del país.

“Para el gobierno queda claro que hemos ido cumpliendo el servicio de la deuda externa de forma responsable, puntual. Recuerden que las calificaciones en relación a la baja eran porque íbamos a entrar en incumplimiento de la deuda; hace más de cinco informes de diferentes calificadoras decían que íbamos a entrar en incumplimiento y eso no ha ocurrido, hemos cumplido con el servicio”, puntualizó.

Recordó que en 2023 las proyecciones de crecimiento económico de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para Bolivia auguraban un 1,8% y 1,9%; sin embargo, según Montenegro “hemos terminado con 3%”.

“Tenemos uno de los mayores crecimientos de la región en un ambiente de incertidumbre que vive el mundo actualmente; países con variación negativa de crecimiento, en ese ambiente la económica boliviana mantiene estabilidad de precios. Todos estos resultados son una muestra de que Moody’s; no ha tomado en cuenta muchos de los indicadores macro económicos relevantes”.

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Solvencia y liquidez

Montenegro también señaló a la Asamblea Legislativa por no aprobar millonarios créditos que generarían más divisas en el país y aseguró que el “boicot” es una “manera sistemática de generar asfixia económica”; y las calificadoras lo toman en cuenta. Garantizó que el país no tiene problemas de solvencia, sino de liquidez.

“Un elemento que es una constante en los informes de las calificadoras es el problema político; que se está dando en la Asamblea y está mostrando que Bolivia no tiene un problema de solvencia sino de liquidez; porque hay malos asambleístas. Son más de $us 700 millones que están estancados; por solamente por el capricho de no aprobarlos”.

Remarcó, además, que el presidente Luis Arce dijo el domingo que el país ya no tiene la plata de antes para hacer obras; y aseguró que los recursos se invierten en más exploraciones y para potenciar la industrialización.