El caso Narcovuelo generó polémica el año pasado, cuando 454 kilos de droga fueron descubiertos en el aeropuerto español de Barajas, los cuales llegaron desde Bolivia. El País señala que cuando se solicitó información al aeropuerto boliviano de Viru Viru, en Santa Cruz, llegaron videos con escenas borradas. 

La referencia surge tras el reciente reporte del Ministerio del Interior español sobre la desarticulación de un grupo criminal que introducía grandes partidas de droga oculta en bolsas de ropa sucia desde Bolivia y Ecuador.

En esta intervención se incautaron 538 kilos de cocaína y hubo cinco detenidos, dos de ellos empleados de una empresa que trabaja en el aeropuerto de Adolfo Suarez-Madrid Barajas, quienes eran los encargados de extraer la droga.

De acuerdo con el comunicado, la operación comenzó en agosto de 2022, tras el hallazgo de 20 kilos de cocaína en el interior de los sacos de ropa sucia de un vuelo procedente de Guayaquil, Ecuador. “Tras esa aprehensión, los agentes centraron sus indagaciones sobre varios empleados de empresas de limpieza que trabajan en el aeropuerto”.

“Posteriormente en abril de pasado año, los investigadores detectaron un nuevo envío de 454 kilogramos de cocaína ocultos entre la ropa sucia de un vuelo procedente del aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz (Bolivia). Cabe destacar que esta ha sido la mayor incautación de cocaína, hasta la fecha en nuestro país, oculta en equipajes en un avión de pasajeros”.

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El escándalo del caso Narcovuelo se conoció a fines de mayo de 2023, empero, el envío de 478 kilos de droga ocurrió en febrero de ese año. Un vuelo alquilado por Boliviana de Aviación (BoA) a la empresa española Wamos Air trasladó el cargamento del aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz) al de Barajas, en Madrid.

Las investigaciones revelaron que una empresa de courier con sede en Santa Cruz y una filial en España había enviado la carga. Sobre el tema, El País señala que “cuando las autoridades españolas solicitaron imágenes de las cámaras de seguridad a las del aeropuerto boliviano, estas solo enviaron grabaciones sin contenido de interés o con escenas borradas en momentos clave”.

Sobre el nuevo caso, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Ismael Villca, señaló que se coordina con autoridades españolas para sumarse a la investigación contra la banda de narcotraficantes por el envío de droga desde Bolivia y Ecuador.

“Estamos en las investigaciones, pero primero hay que ver el origen y la trayectoria, no descartamos de realizar inmediatamente ciertas acciones investigativas, provenientes a un sector específico, pero de manera general ya hemos realizado. Tenemos las unidades de Inteligencia y de coordinación con esos países que están transmitiendo los datos necesarios para que podamos tener mayores referentes y que en nuestras estrategias operativas tengamos mayores resultados”, dijo.

Más de un millar de víctimas al día. Diez personas al mando de la empresa fachada. La red de ciberestafas descubierta el miércoles en Santa Cruz aplicaba préstamos, cobros y extorsiones que incluso recurrían a amenazas de muerte, en cuatro países.

El comandante general de Policía, Álvaro Álvarez, explicó el “modus operandi” de esta organización que operó primero en Colombia, pasó por Perú y desde diciembre se asentó en la capital cruceña, en el barrio de Equipetrol, en el segundo anillo, bajo una empresa fachada: Legend Global.

Fue el mayor operativo contra una banda de estas características en el país. De las instalaciones intervenidas se aprehendió a más de un centenar de personas, la mayoría trabajadores, generalmente universitarios con conocimientos en informática. Del total, quedaron 10, quienes son parte del esqueleto de esta compañía hilvanada perfectamente para la estafa y la extorsión mediante aplicaciones, redes sociales, telefonía y más.

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“Estas 117 personas obedecían a una estructura organizacional de un grupo debidamente estructurado, que permitía no solamente captar a las personas, sino generar un proceso de capacitación y además esos empleados desarrollaban actividades día a día a través de imposiciones de matrices que esta organización criminal les asignaba”, explicó Álvarez.

En apariencia, Legend Global era una firma para “estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública”, según la documentación “legal” secuestrada. Contaba con su Número de Identificación Tribuntaria (NIT), pero en todo su tiempo de vida no realizó siquiera un sondeo.

Los empleados recibían una capacitación. Usaban cuatro aplicaciones para ofrecer préstamos. Los interesados accedían a una cláusula que, al ser aceptada, permitía acceder a todos los datos de sus teléfonos celulares: imágenes, contactos, cuentas de banco… Los préstamos tenían un interés altísimo, de 30 a 40%. Eso sí, cuando se otorgaba el dinero prestado a la víctima, el monto ya tenía el descuento del interés.

Cuando no se cumplía con los pagos, comenzaba la maquinaria de la extorsión. No bastaba con bloquear el número de la empresa fachada o deshacerse del número de teléfono, porque los ciberextorsionadores asediaban a los contactos de los prestatarios, sobre todo familiares y amigos. Más aún, cuando el deudor cumplía con su obligación, se le asignaba automáticamente otro monto y volvía a entrar al “círculo vicioso” de los intereses.

Los primeros mensajes de texto o llamadas telefónicas tenían tono amigable y si la víctima no cedía, comenzaban las agresiones y las amenazas inclusive de muerte. Para demostrar ello, Álvarez reveló un audio de un supuesto funcionario colombiano perteneciente a esta red: «Es plata o es plomo, te estoy diciendo de pecho y de frente. Tome una buena decisión”.

“Esto generaba una psicosis en la persona que se veía obligada a pagar de cualquier forma. Les reitero, ahí están los registros que se han mostrado de las llamadas telefónicas y de que cada persona tenía aproximadamente 10 deudores para cobrar cada día. Lo que implica aproximadamente una cantidad de 1.080 personas que eran contactadas todos los días en el exterior de ese lugar”, señaló el comandante policial.

Este “call center” realizaba los contactos a víctimas de Chile, Ecuador, México y Perú. Pero también había deudores bolivianos a esta organización criminal, los cuales eran presionados desde oficinas en Ecuador. Las pesquisas continúan y hasta ahora hay 10 imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Hoy será su audiencia cautelar.

Dos brasileños fueron capturados y entregados el jueves a autoridades de su país en la frontera de Bolivia y Brasil. Ambos cuentan con órdenes de aprehensión por narcotráfico.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Beni tras un operativo antinarcóticos en la carretera Cachuela Esperanza – Villa Bella, interceptaron un vehículo de servicio público en el cual lograron identificar y aprehender a los súbditos brasileños.

Ambas personas fueron trasladadas al puerto fronterizo de Guayaramerín y efectivos de la FELCN realizaron la entrega a agentes policiales del Sexto Batallón de Policía de Frontera de Brasil.

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“Marcos Dos Santos de Lima (es) un peligroso líder del Comando Vermelho; también Jaqueline de Araujo Pereira, misma que es buscada por el delito de tráfico de drogas, en coordinación con autoridades policiales de la República Federativa del Brasil, se pudo validar la identidad de ambas personas que son requeridas en su país para cumplir una condena”, informó la FELCC a través de sus redes sociales.

También a través de sus redes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que no se permitirá “que extranjeros traten de delinquir en nuestro país”.

“Marcos Dos Santos de Lima y Jaqueline de Araujo Pereira… ya fueron llevados a la frontera para responder a la justicia de su país”.

El “modus operandi” de la red de ciberestafadores y ciberextorsionadores salió a la luz. La Policía describió que la organización criminal desbaratada el miércoles realizaba hasta amenazas de muerte desde el “call center” de Santa Cruz hasta al menos cuatro países.

Ciudadanos, deudores, de Chile, Ecuador, México y Perú eran sus víctimas; según la conferencia de prensa brindada por el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez. Primero se aplicaba un tono amable para el cobro, el cual cambiaba radicalmente si no había resultados.

“Es plata o plomo, te estoy diciendo de pecho y de frente; tome una buena decisión”, se escucha en un audio divulgado este viernes por Álvarez, el cual fue presentado como evidencia de este caso y que presenta a un supuesto funcionario colombiano del “call center”.

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El miércoles, un megaoperativo en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz desarticuló una red de ciberextorsionadores que operaba en una empresa fachada. Más de un centenar de personas, sobre todo empleados, quedaron aprehendidos. Al final, nueve se mantuvieron bajo custodia policial.

Un implicado más se sumó a quienes están en la mira de la Fiscalía. El jueves en la noche se presentó la imputación por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Todos esperan su audiencia cautelar.

Asimismo, las ciberextorsiones que tenían como destino a Bolivia, se realizaban desde Ecuador, reveló Álvarez. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, indicó que esta red migró de Perú en noviembre; país en el que fue descubierta por las autoridades.

Ante las elecciones generales de 2025, el debate en torno a la repostulación del expresidente Evo Morales volvió a reavivarse. Sin embargo, el procurador César Siles fue tajante al insistir en que el artículo 168 de la Constitución, la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y la Sentencia Constitucional 1010/23 indican que aquel ya no puede presentarse como candidato.

“En Bolivia se aplica el artículo 168 tal como está redactado; únicamente se puede acceder a la reelección presidencial en Bolivia por una vez de forma continua y no hay debate aquí de ¿discontinua se puede más? No, una sola vez está permitida, aquí se termina la discusión”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa.

El artículo 168 de la Constitución señala: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

En 2016, al no contar con la opción de una nueva repostulación luego de la de 2014, Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsaron el referéndum para la modificación de ese artículo de la Constitución. En la consulta del 21 de febrero de ese año, el No a la modificación de la Constitución se impuso con un 51,3% de los votos y el Sí logró 48,7%.

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En tanto, la Opinión Consultiva 28/21 concluye en que su objetivo no es limitar la reelección presidencial en general, solo establecer los límites para que un mandatario que ya está en el poder no pueda perpetuarse en el mismo.

A raíz de ello, varios juristas evistas consideraron que la Corte-IDH no se refiere a los mandatos discontinuos y que Morales está habilitado como candidato para las elecciones de 2025.

El procurador consideró que se trata de interpretar el artículo, tal como se hizo en 2017, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 084/2017, que permitió a Morales presentarse en las elecciones del 2019 como candidato.

Siles explicó que en ese entonces la Corte-IDH no había emitido la Opinión Consultiva 28/21 y que había cierta ambigüedad respecto al derecho humano a la repostulación.

“Ya se ha presentado a una reelección, ya ha sido reelecto, ya no tiene derecho a presentarse a una elección presidencial”, sentencipo Siles en relación a Morales.

De acuerdo con el procurador, no hay manera de desconocer o desobedecer lo señalado por la opinión consultiva, puesto que el artículo 410 de la Constitución señala que los tratados y convenios internacionales, en materia de derechos humanos, son de cumplimiento obligatorio.