Un informe de la Defensoría del Pueblo identificó 103 conflictos en el primer trimestre de este año. La mayoría de esos hechos ocurrieron en los departamentos de La Paz y Santa Cruz.

“De 103 conflictos, los departamentos de La Paz y Santa Cruz, reportan respectivamente 18 y 17 hechos de conflictividad, determinando los que mayor cantidad de demandas plantean, seguidos de los departamentos de Potosí y Beni, con 16 y con 15 el departamento de Cochabamba”, dice el informe del Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), citado en una nota de la Defensoría.

Del total de esos casos, según el SIMAT, 75 fueron conflictos sociales como tal, mientras que 27 fueron alertas tempranas y hubo un acuerdo de resolución de conflicto.

Defensoría del Pueblo

El informe muestra que el principal motivo por las movilizaciones está relacionado con el ámbito laboral, “por la falta de pagos de haberes devengados; la suspensión y extinción de fuentes laborales por parte de los tres niveles del Estado.

“Los hechos de conflictividad en regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión”, añade la nota.

Entre sus ejemplos, cita los bloqueos de carreteras propiciados por sectores afines al expresidente Luis Arce que exigieron la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Asimismo, el informe muestra que, de la totalidad de reportes presentados, la mayor medida de presión utilizada por los actores demandantes es el bloqueo, como forma determinativa de exigencia de demandas.

Derechos

Aparte de lo expuesto, el documento identificó 39 casos del derecho al trabajo y empleo “que se han determinado por las tipologías laborales y económicas, lo que agrava más la situación del problema de estabilidad laboral o creación de fuentes de empleo.

También, advirtió la vulneración del derecho a la educación, principal función suprema del Estado, debe garantizar el acceso a este derecho humano y otros que se presentan en las gráficas del informe de conflictividad en Bolivia.

La Defensoría, según la nota, intervino en la resolución de conflictos “estratégicos”, entre ellos, elecciones judiciales y prórroga de autoridades judiciales, desabastecimiento de combustible, modificación a Ley de Pensiones, censo y límites municipales y departamentales, “elecciones primarias a través de las verificaciones in situ”, seguimiento y acciones para restablecer los derechos humanos.

La convocatoria a elecciones judiciales por parte de la Asamblea Legislativa fracasó en 2023 y fue reencaminada por la Declaración Constitucional 049/2023, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Frenado por recursos del ciudadano Miguel Ángel Balcázar —que consideró que los requisitos exigidos violaban la libertada de expresión— y el diputado de Creemos Leonardo Ayala, el proceso recayó en el TCP, que atendió, a instancias de la Cámara de Diputados, una consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley 144, de Elecciones Judiciales, aprobado en la Cámara de Senadores el 31 de agosto de 2023.

El TCP declaró inconstitucional el proyecto de ley a través de la Declaración Constitucional 049/2023, del 11 de diciembre de 2023, que, a su vez prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017, y conminó a la Asamblea Legislativa a la convocatoria inmediata de nuevas elecciones judiciales.

Elecciones judiciales

Los magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y los consejeros del Consejo de la Magistratura fueron elegidos por voto popular en 2017 y asumieron sus funciones el 3 de enero de 2018. Su mandato constitucional de seis años debía terminar el 2 de enero de este año, pero fue prorrogado por el TCP.

Ahora continúan en sus funciones, hasta que las elecciones judiciales arrojen a sus sustitutos.

Los comicios no terminan de reencaminarse en la Asamblea Legislativa debido a otro recurso constitucional, ahora interpuesto por la postulante inhabilitada Margarita Medrano, que frenó el proceso de evaluación oral y escrita de los 404 aspirantes.

Los plazos se acortan. La Ley 1549 prevé 80 días calendario para la preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa; faltan solo ocho días para dicho fin.

Aprobada la lista de 192 postulantes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá 150 días para organizar los comicios judiciales.

La agenda urgente de la Asamblea Legislativa quedó estancada debido a las disputas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), especialmente, y la oposición. Créditos y leyes se encuentran postergados sin fecha en razón de las divergencias.

El miércoles, la Cámara de Senadores rechazó uno de los créditos pendientes de resolución, de $us 62 millones; fue otorgado el 24 de noviembre de 2023 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ampliación de la Línea Café del teleférico hacia la zona de Pampahasi, en La Paz.

De los nueve créditos derivados por la Cámara de Diputados, que hacen un total de $us 970 millones, Senadores aprobó cuatro (vía de ocho carriles Senkata-Apacheta, carretera Faja Norte y dos programas de electrificación rural), dos los devolvió y uno lo rechazó el miércoles.

Algunos proyectos de ley datan de enero de 2023 y tuvieron que ser encaminados, sin mucho éxito, por el acuerdo bicameral y tripartidario del 2 de febrero.

Debate

Dicho acuerdo señalaba que, una vez aprobada la Ley de Elecciones Judiciales (ahora Ley 1549), inmediatamente la Cámara de Diputados debía aprobar “al menos cuatro créditos” antes de “tratar” los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cesación de funciones de los magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados a través de Declaración Constitucional 049/2023, de diciembre de 2023.

Todo ese trámite debió ser resuelto en ambas cámaras hasta el 9 de febrero. Sin embargo, desde esa fecha poco se ha movido, incluso los créditos fueron aprobados en medio de bochorno y escándalo en Diputados.

Otro proyecto de ley que no pasó la prueba de las disputas entre las facciones arcista y evista del MAS fue el de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes, enviado por el presidente Luis Arce el 12 de mayo de 2023 al vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de titular nato de la Asamblea Legislativa.

Asamblea Legislativa

Sin embargo, la decisión más compleja que enfrentó la Asamblea Legislativa fue la convocatoria a elecciones judiciales que, en 2023 fracasó en dos ocasiones debido a sendos recursos y las disputas en el MAS y la oposición. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de la Declaración Constitucional 049/2023, tuvo la palabra final del proceso.

En la Cámara de Diputados, algunos legisladores cuestionaron la parálisis de sus tareas respecto de asuntos complejos. “En casi siete meses ha sesionado siete sesiones; o sea, una sesión por mes.”; denunció Cristina Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Consideramos que no ha sido como anteriores gestiones, que se ha realizado una sesión solamente por una transferencia de terreno; eso no amerita, sino que, viendo el gasto de una sesión que a la Asamblea nos cuesta cada sesión, un promedio de Bs 35.000 arriba; no es conveniente”, justificó el martes el presidente de ese órgano camaral, Israel Huaytari.

Agenda

En esa cámara legislativa se encuentra paralizado el debate de los proyectos de ley 073 y 075; la Comisión de Constitución los había rechazado. El ala evista del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El senador arcista del MAS Rubén Gutiérrez atribuyó el estancamiento de la agenda legislativa a las pugnas internas en su partido y también en la oposición; además, a la temprana “electoralización” del debate político.

“No existen los dos tercios (para llegar a acuerdos); ni siquiera se logra la mayoría absoluta”, lamentó ayer en La Razón Radio.

Bajo esa situación, las elecciones judiciales están de nuevo en vilo debido a los plazos.

El presidente Luis Arce reivindicó este viernes el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de El Alto y advirtió que se corre el riesgo de perder la personería jurídica del partido, según los plazos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para renovar la directiva nacional.

“El Movimiento Al Socialismo tiene que seguir avanzando y eso no solamente tiene que ver con recuperar nuestro instrumento político como lo han planteado las organizaciones sociales. (Ellas) han madurado, han avanzado y hoy reclaman con justa medida, mediante un nuevo congreso del MAS-IPSP a llevarse a cabo en la ciudad de El Alto, donde se llevará adelante con la participación más amplia, como ha caracterizado al MAS-IPSP”, dijo en un ampliado de esa tienda política en Santa Cruz.

El Pacto de Unidad afín a Arce, con dirigentes campesinos, interculturales y Bartolinas, ratificó el congreso en El Alto del 3 al 5 de mayo. El domingo, lamentó la ausencia del jefe del MAS, Evo Morales, a la reunión para subsanar las observaciones del TSE y tratar la convocatoria al cónclave. 

En octubre de 2023, el TSE amplió por 180 días calendario el tiempo para que las organizaciones políticas renueven y registren a su nueva dirigencia nacional, plazo que vence el 5 de mayo. El tribunal observó las convocatorias del Pacto de Unidad y de la dirigencia del bloque evista (para el 10 de junio), que presentaron la documentación para corregir lo observado. 

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Arce indicó que este congreso reviste una “singular importancia”, porque las organizaciones sociales identificaron que el “instrumento político está en riesgo”. “Si no llevamos a cabo un congreso, corremos el peligro de perder la personería jurídica porque nos han dado un plazo a todas las organizaciones políticas para presentar el próximo mes de mayo la nueva directiva conformada de acuerdo a la normativa de cada institución política”.

Reitieró que las organizaciones matrices fundadoras del MAS hicieron “todo el intento para unificar” y convocar a “quienes hoy por hoy tienen la dirección nacional”, y dijo que “gran parte” de los dirigentes nacionales estarán presentes en El Alto. 

Señaló que no se puede “poner en riesgo” al instrumento político, razón por la que las organizaciones, con la “sabiduría” que las caracteriza, decidieron llevar adelante el cónclave. “Este congreso a llevarse en El Alto va a ser de suma importancia, va a tener toda la expectativa del país entero, viendo cómo se va a desarrollar y en qué van a desencadenar las decisiones que se vayan a tomar”.

Tras la audiencia que concedió la tutela a Margarita Medrano para que se le haga conocer los fundamentos de su inhabilitación, la directiva de la Comisión Mixta de Constitución convocó a la reanudación la sesión de preselección de postulantes para las 09.00 del lunes 29.

“Por medio del presente comunicado nos dirigimos a ustedes para informales que la sesión de Comisión Mixta de Constitución… se reanudará el lunes 29 de abril”, señala el comunicado de esta instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El proceso de preselección fue paralizado desde el 16 de abril tras la presentación de un amparo constitucional por esta postulante para el Consejo de la Magistratura, ante la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz. Otro recurso fue el de Herculiano Capusiri, ante la Sala Constitucional Primera de La Paz.

La Sala cruceña ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se resuelva en audiencia el recurso. De acuerdo con la accionante, tras la tutela a su favor, no se ordenó habilitarla, sino “que (los legisladores) cumplan la Ley 1549 (de las elecciones judiciales), por la cual esas comisiones han sido conformadas”.

“Han incumplido flagrantemente, porque ellos tenían que resolver de manera fundamentada y motivada el recurso de revisión (a la inhabilitación) que yo presenté. No lo hicieron hasta la fecha y les ha indicado el tribunal que conforme manda la norma, se me haga conocer esa resolución al recurso de revisión que presenté”.

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Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural suman ocho amparos constitucionales, de los cuales la Justicia admitió la tutela para cinco inhabilitados y un fallo salió a favor de la Comisión Mixta de Constitución en Chuquisaca.

«Defendimos técnica, jurídica y constitucionalmente los amparos constitucionales interpuestos contra las comisiones mixtas. Los vocales confirmaron que la comisión mixta no vulneró ningún derecho del accionante, postulante al Tribunal Constitucional por Chuquisaca”, explicó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS). 

Rejas denunció también “amaño” entre postulantes inhabilitados y vocales en estos recursos judiciales e indicó que las presidencias de las comisiones mixtas no se presentarán más a estas audiencias.

“En las siguientes horas, convocaremos a sesiones para continuar con el proceso de preselección judicial. Ningún fallo puede usurpar funciones del Legislativo intentando ordenar habilitaciones. Lo máximo que podríamos hacer es volver a reconsiderar algunos casos”.

Las comisiones tienen el tiempo en contra, ya que hasta el domingo 5 de mayo deben acabar con el proceso de preselección, que quedó suspendido en los exámenes orales a los postulantes. Se planteó la ampliación de los plazos, lo que por ahora fue descartado en la Asamblea.