Luego de que el Ministerio Público presentó su acusación fiscal, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia fijó para el 24 de abril la audiencia conclusiva en el caso Misiles Chinos. Un total de diez personas son acusadas, entre ellas el senador opositor Marcelo Antezana (CN).
“Esta Sala, habiendo tomado conocimiento de la acusación fiscal, en previsión del Art. 325 del Código de Procedimiento Penal, ha señalado audiencia conclusiva para el día jueves 24 de abril de 2014 a horas 15.00”, afirmó la autoridad y señaló que la decisión se toma luego de que el Ministerio Público presentó la acusación fiscal el martes.
La Fiscalía General del Estado presentó la acusación en contra de: Gonzalo Elías Méndez Gutiérrez, Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, Marco Antonio Justiniano Escalante, Marcelo Eulogio Antezana Ruiz, Marco Antonio Vásquez Ortiz, Víctor Hugo Cuéllar Balcázar, David Torricos Vargas, Wílber Sánchez Sánchez, Ciro Alejandro Valdivia Murguía y Ernesto Caballero Ustárez.
En este caso, el Ministerio Público acusa por la presunta comisión de los delitos de sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero, revelación de secretos, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. En esa audiencia las partes podrán presentar excepciones que no las plantearon.
Analistas advierten ‘desorden institucional’ que pone en riesgo las elecciones de 2025
Los analistas Mercado, Ortuño y Peña consideran que la crisis del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha derivado en un desorden institucional que arriesga la gobernabilidad y las elecciones de 2025.
Analistas en Piedra, Papel y Tinta. Foto: La Razón.
El país se encuentra frente a un desorden institucional “tan grande” entre los cuatro órganos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) que un poder puede decirle a otro que no cumpla sus propias normas y eso pone en riesgo, incluso, las elecciones generales de 2025.
Dichas consideraciones fueron expuestas por el economista Armando Ortuño, el abogado Vladimir Peña y el comunicador y analista político Manuel Mercado en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
A poco más de un año de las elecciones generales, la Asamblea Legislativa no logra encaminar las elecciones judiciales y tampoco debate su agenda, esto debido a decisiones judiciales y la división de las fuerzas políticas que la componen.
La más grave de las crisis políticas la sufre el Movimiento Al Socialismo (MAS), que impide consensos y la viabilidad de proyectos de ley emanados desde el Órgano Ejecutivo.
Ortuño consideró que la crisis interna del MAS afecta la gobernabilidad del país y pone en riesgo a las elecciones de 2025, debido a que, en su criterio, afecta la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que la población y actores políticos deberían cuidar.
El MAS atraviesa por una profunda crisis desde septiembre de 2022, cuando el expresidente Evo Morales denunció un “plan negro” en su contra, según dijo, impulsado por el gobierno del presidente Luis Arce.
Desde entonces se conformaron dos facciones, una formada por afines a Arce (arcistas o renovadores) y otra, por los seguidores de Morales (evistas o radicales).
En medio de la constante pulseta, las facciones arcista y evista intentan llevar adelante sus congresos por separado para elegir a su nueva dirección nacional; para ello, solicitaron la supervisión del TSE. Sin embargo, este órgano rechazó ambas solicitudes por incumplimiento del artículo 13 de su estatuto orgánico.
No obstante, la facción arcista presentó un amparo ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuya instancia falló a su favor y ordenó una medida cautelar que instruye al TSE acompañar el congreso convocado por el ala arcista que se realiza entre el 3 y el 5 de mayo en El Alto.
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció una intromisión del Órgano Judicial tras el fallo que le obliga a supervisar el congreso, aunque lo hará de manera “provisional y excepcional”.
Al respecto, Peña aseguró que el conflicto del partido oficialista ha tocado la institucionalidad de los órganos del Estado. En su criterio, Arce se está defendiendo a través de mecanismos del Estado y advirtió que Morales, en respuesta, puede recurrir a las calles.
En coincidencia, Mercado afirmó que, en política, recurrir a los jueces es una mala estrategia, que, a largo plazo, podría tener efectos negativos para el país. Por ejemplo, la desconfianza y ausencia de credibilidad del Órgano Electoral que es, finalmente, la única vía democrática que da solución a las diversas crisis.
“Ya no estamos discutiendo el conflicto del MAS. Va más allá del problema y eso genera escenarios de riesgo en la institucionalidad democrática”, acotó Ortuño.
Peña lamentó que la intervención de un órgano sobre el otro afecte a la democracia. Según el jurista, “hay mucho ruido, humo, polarización y confrontación» sobre los fallos de salas constitucionales de distintos departamentos.
Afirmó que “el ADN” del MAS es operar a través de fallos y jueces. Recordó que, en 2016, Morales desconoció un referéndum en el que perdió y, posteriormente, fue habilitado como candidato a través de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Ese mismo año, el magistrado del TCP Macario Cortez explicó que se decidió «declarar la aplicación preferente» de los derechos políticos por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta.
El fallo se produjo, debido a que el MAS presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos.
«(Luis) Arce está haciendo lo mismo que (Evo) Morales», dijo sobre la obligatoriedad de supervisión al congreso.
Mercado coincidió con Peña e indicó que Morales no solo ignoró el referéndum, sino que intentó volver la reelección un derecho humano a través de ciertas modificaciones a la Constitución. “Gravísimo error”.
También, recordó que el TCP, en 2019, “avaló” la sucesión de Jeanine Áñez a través de un comunicado, luego del derrocamiento y salida del país de Morales rumbo a México.
El 12 de noviembre de ese mismo año, el TCP emitió un comunicado en el que invocó la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que ese año el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el dimisionario presidente Hugo Banzer.
Áñez y la oposición entendieron que ese comunicado validaba la sucesión de la senadora del partido Unidad Demócrata (UD).
“El TCP le dio legalidad a un gobierno y dio legalidad a acciones como sacar a los militares a las calles con un Decreto Supremo (4078) que permitía el uso de la violencia”, rememoró Mercado.
Por ello, afirmó que la política está transcurriendo por encima del Estado y sus poderes. “Eso significa que la política se ha salido de los márgenes y límites de los poderes que están muy debilitados”.
Ortuño consideró que la crisis institucional está llevando al país a una situación de ingobernabilidad que afecta la capacidad del Gobierno de afrontar la crisis económica, la escasez de dólares, litio, carburantes, exportaciones y empleo.
“Todo eso afecta en nuestra vida cotidiana”, añadió.
En su criterio, el país “se está paralizando» y aquello incide en la cotidianidad de los ciudadanos. Hizo referencia al bloqueo en la Asamblea Legislativa que no tiene la capacidad de consumar acuerdos para aprobar leyes o establecer una agenda parlamentaria.
Para salir del estancamiento institucional, Peña planteó una agenda de “regeneración democrática” y evitar que la política utilice la Justicia para una intromisión en las decisiones políticas y la institucionalidad del país.
Por su parte, Ortuño reclamó que, a partir de los fallos, cualquier juzgado podrá definir cualquier cosa sobre temas electorales. Advirtió que el país está ingresando en un proceso de «repolarización».
“Es una ilusión creer que a punta de sentencias se va a eliminar a Evo Morales. A lo único que nos llevará es a que en dos años sigamos en un conflicto que afectará la gobernabilidad”, dijo.
De ese modo, llamó a la población a proteger al Órgano Electoral y recomendó a los partidos políticos —MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— a encontrar acuerdos mínimos para que el país funcione. “Hasta las elecciones son inciertas”, advirtió.
En conclusión, Ortuño consideró que el TSE tiene la responsabilidad de tomar “decisiones difíciles” y acudir a la opinión pública cuando se vea vulnerado.
Bolivia atraviesa por una crisis política, económica y judicial. Las bancadas de la Asamblea Legislativa no encuentran consensos para aprobar leyes por sus disputas internas.
La situación económica es complicada por la falta de divisas y la caída de la producción de carburantes. Y, el proceso de elecciones judiciales fue paralizado por una resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando.
En menos de 20 días, tres tribunales ponen en jaque a los órganos Electoral y Legislativo
Dos tribunales judiciales frenaron sucesivamente el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales y otro desautorizó las decisiones del Tribunal Electoral sobre la convocatoria a congresos del MAS.
En un periodo de 16 días, desde el 16 de abril hasta el 2 de mayo, tres tribunales judiciales pusieron en jaque a los órganos Legislativo y Electoral a través de decisiones que frenan sus acciones particulares.
Judiciales
Primero, el 16 de abril, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz paralizó el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales. La postulante inhabilitada Margarita Medrano interpuso un amparo con el argumento de que sus derechos habían sido vulnerados. Denunció que el proceso fue arbitrario y que se la inhabilitó “por ser mujer”.
La decisión judicial frenó la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes. Cuando las comisiones ya tenían preparadas las preguntas y el examen debía iniciar ese mismo día.
Sin embargo, en la audiencia del 26 de abril se resolvió el amparo y se concedió la tutela a la abogada para que se le explique los fundamentos detrás de su inhabilitación.
Las comisiones preveían retomar las evaluaciones el lunes 29. Pero durante ese proceso se conocieron más de ocho amparos constitucionales que impidieron su reanudación.
Acción popular
Sin embargo, el golpe definitivo a las elecciones judiciales llegó el martes 30 de abril. La Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando dejó sin efecto todo el proceso. En respuesta a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury.
El argumento fue que en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no se contempla una igualdad de condiciones para las mujeres indígena originario campesinas de Pando en relación con las de otros departamentos.
Entonces, la acción popular dejó inaplicable a la ley promulgada, por lo que todo el proceso que comenzó el 16 de febrero quedó desahuciado.
De esta manera, dos salas constitucionales del Órgano Judicial interfirieron en la labor del Órgano Legislativo.
Tribunal Supremo Electoral
El jueves la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El TSE había rechazado en reiteradas ocasiones la convocatoria al congreso arcista. Inclusive, un día antes del auto constitucional de esa sala, ratificó su rechazo al pedido de supervisión.
De acuerdo con el TSE, el congreso convocado por el Pacto de Unidad es contrario al estatuto orgánico del partido, debido a que carece de las firmas de la direcciona nacional vigente, presidida por Evo Morales.
De la misma manera, el TSE rechazó la convocatoria al congreso del MAS evista, que no consignó la coordinación con las organizaciones sociales fundadoras: campesinos, mujeres Bartolina Sisa e interculturales.
Ante la conminatoria del tribunal de La Paz, el TSE anunció la conformación de una comisión técnica que supervisará el congreso arcista en El Alto. Sin embargo, denunció que se trata de una “injerencia” en sus funciones.
El argumento de la sala fue presuntos “errores de la administración electoral no le pueden ser cargados al militante, sea el accionante o tercero interesado”.
En medio de esta situación, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y la exvocal Dina Chuquimia denunciaron que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se está convirtiendo en un “suprapoder”, por encima de todos los órganos del Estado.
En tanto, la realización de las elecciones judiciales para este año es incierta. Mientras la eventual renovación de la directiva del MAS hace prever un conflicto social y político.
La presencia de una comisión técnica del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que hará seguimiento al congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), no significa que la directiva elegida sea reconocida como legítima, de acuerdo a uno de los vocales.
“La sola presencia de nuestros funcionarios (del TSE) no está avalando a la directiva que pudiera ser elegida, pero sí le da validez en el sentido de que está cumpliendo una formalidad, atendiendo un auto (constitucional) de una Sala Constitucional”, informó este viernes el vocal Tahuichi Tahuichi a los medios.
Resolución
El jueves, una resolución de Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz instruyó al TSE realizar la supervisión del congreso nacional del MAS arcista en la ciudad de El Alto, que comienza este viernes y durará hasta el domingo.
El Órgano Electoral denunció una injerencia del Judicial, pero afirmó que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) conformará una comisión técnica para hacer seguimiento al congreso.
“Las resoluciones de las salas constitucionales deben remitirse al Tribunal Constitucional Plurinacional de Sucre, todas van ahí. Desde ahí ratifican en sus tiempos, en sus plazos, si esas decisiones han sido constitucionales o no”, explicó Tahuichi.
Además, el vocal lamentó la manera en la que se dio la situación, pues los vocales estaban en una reunión en Trinidad y apenas el miércoles habían ratificado el rechazo al pedido de supervisión arcista. “No debería haber esos conflictos de competencia”, cuestionó.
Sin embargo, aseguró que el TSE se ve obligado a cumplir la resolución.
“Nuestro equipo va, no interfiere en lo absoluto en el desarrollo del congreso (…); supervisa el cumplimiento de estatuto orgánico (…), saca fotos, toma videos, hace acopio de información y en ese marco elabora un informe. Ese informe dentro de un plazo oportuno remite a la Sala Plena y Sala Plena adopta una decisión (…), si ha cumplido o no con las formalidades del estatuto orgánico”, explicó el vocal.
Respecto a la elaboración de dicho informe, Tahuichi aclaró que la comisión técnica tiene cerca de 15 días para presentar el documento.
Lauca Ñ
Tahuichi mencionó un ejemplo no muy lejano: el congreso fallido de Lauca Ñ.
En octubre de 2023, el ala evista del MAS realizó su congreso en la localidad de Lauca Ñ, Cochabamba. Ese evento contó con el acompañamiento del TSE. Sin embargo, pasadas dos semanas de su realización, el TSE encontró irregularidades contrarias al estatuto orgánico del partido. El congreso se había realizado sin la presencia de las organizaciones sociales fundadoras.
Por lo tanto, el TSE rechazó la directiva que había sido elegida en aquella oportunidad y conminó al MAS a realizar un nuevo congreso.
Más de 4.000 policías resguardarán la seguridad del congreso del MAS arcista
La elevada cantidad de efectivos, según el comandante departamental de la Policía de La Paz, responde a la participación ‘masiva’ que se observará en el evento.
Efectivos policiales resguardando la avenida Juan Pablo II.
Con la supervisión confirmada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) también contará con el resguardo de más de 4.000 efectivos de la Policía Boliviana.
“Hemos previsto la cantidad necesaria de acuerdo a lo masivo que va ser este evento (…), tenemos 4.000 a 4.500 efectivos policiales que van a estar desplegados en diferentes turnos”, informó Edgar Cortez, comandante departamental de la Policía de La Paz, en conferencia de prensa este viernes.
La mañana del jueves, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, adelantó que el congreso contará con los efectivos necesarios, pero no anunció una cantidad estimada de movilizados.
En tanto, cuando el TSE informó que harían una “supervisión provisional” del congreso convocado por el Pacto de Unidad, debido a la decisión de una Sala Constitucional de La Paz, el ala evista advirtió de una posible convulsión y medidas en contra de esa resolución.
El décimo congreso nacional del MAS comenzará a las 15.00 de este viernes, en la avenida Juan Pablo II, en El Alto. Originalmente, el lugar del evento debía ser el estadio de Villa Ingenio, pero se cambió la ubicación debido a una ‘participación masiva’ de los militantes. El congreso durará todo el fin de semana.
De acuerdo con Cortez, los policías comenzaron a movilizarse la noche del jueves, acompañando la llegada de las diferentes organizaciones sociales al cónclave. La principal función que tendrán hasta el inicio del evento es el control de las vías aledañas a la avenida Juan Pablo II. Con el fin de evitar una congestión vehicular.
Así, todo está listo para el inicio del congreso del arcismo, en el cual se pretende renovar a la dirección nacional del partido. La misma, está encabezada por el expresidente Evo Morales desde 2017.
El Pacto de Unidad anunció que más de 6.000 delegados y 107 organizaciones sociales participarán del evento. Además, 150 veedores internacionales están invitados al congreso.
Se espera que el domingo 5 de mayo, en el cierre del congreso, se presente a la nueva directiva del partido.
Salame presenta un proyecto para que la Asamblea reanude el proceso de preselección
El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular que dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame presentó un proyecto de ley ante la Comisión Mixta de la Cámara de Senadores y solicitó la convocatoria a una sesión para reanudar el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales con una propuesta de “cumplimiento” de la Ley 1549, que fue declarada constitucional con la Sentencia 0049/2023.
El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.
En entrevista con La Razón Radio, Salame afirmó que la medida es “un avasallamiento de poderes” y que, por ello, su equipo hizo un análisis para ponderar la validez de las resoluciones de los tribunales.
“Indudablemente, hemos dado con la solución y es que la Asamblea emita una resolución suponiendo a la prosecución de la preselección judicial con base al principio de ‘erga omnes’”, añadió.
Erga onmes es una locución que significa de cumplimiento obligatorio y aplicabilidad de una norma, acto o contrato.
Para Salame, los legisladores deben aprobar una resolución que establezca el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 060/2023 y la Declaración Constitucional 0049/2023, ambas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La Sentencia 060/2023, del 31 de julio de 2023, dejó en fojas cero los comicios e instó a la Asamblea a realizar una ley de convocatoria.
El TCP emitió, el 11 de diciembre, la Declaración 0049/2023, que dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.
Según la legisladora, si bien la determinación de la Sala Constitucional Primera de Pando dispuso la anulación del proceso de preselección y la inaplicabilidad de la Ley 1549, la misma entra en contradicción con la 0060/2023 y la 0049/2023 que son de obligatorio cumplimiento para la Asamblea.
Aseguró que los asambleístas deben hacer cumplir la sentencia y la declaración. Contó que la Comisión Mixta de Justicia Plural convocó a sesión el lunes, mientras que la Comisión Mixta de Constitución todavía no se pronunció.
Advirtió que, si las comisiones no analizan el proyecto de ley para reanudar las elecciones, Salame enviará una carta al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para que él convoque al pleno y se tome la decisión de seguir con el proceso de preselección.
Las elecciones están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección, también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y la ausencia de mujeres e indígenas.
