La polémica surgida a raíz del Decreto Supremo 5143 que proponía un cambio en la lógica y la estructura del registro, y su posterior abrogación, representan una serie de avances y retrocesos en distintos órdenes que merecen ser analizados en torno a la realidad del derecho propietario boliviano.

No deja de ser curioso que la forma de registrar el derecho propietario en nuestro país data del 15 de noviembre de 1887, con la Ley de Inscripción de Derechos Reales, y tampoco deja de ser desconocido el hecho de que la seguridad jurídica es víctima de constantes atentados por parte de personas de escasa moral y organizaciones alrededor del derecho propietario que han encontrado en Derechos Reales un medio para lucrar a costa de quienes necesitan de la publicidad del folio real.

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El extinto decreto proponía la constitución de una instancia a nivel nacional en cuanto a la existencia de Derechos Reales, esto no plantea ninguna amenaza para quienes acuden para la obtención de la publicidad de su derecho, sin embargo, no deja de ser necesario pensar que la estructura de Derechos Reales debe ser planificada a nivel nacional y responder a la modernidad del Estado.

En contrapartida, también queda de manifiesto que la arcaicidad en este sistema lo que hace es favorecer a grupos delincuenciales que se valen de los vacíos que presenta el sistema actual, para poder tergiversar el orden de inscripción o realizar maniobras para poder privar a los verdaderos dueños de sus propiedades, o en su caso encajar partidas inexistentes para aprovechar de la propiedad estatal o municipal, en los predios que finalmente se encuentran destinados a áreas de equipamiento para la ciudadanía.

Por otra parte, es un avance realizado en otras partes del mundo el uso de herramientas informáticas para la interoperabilidad de sistemas; esto, más allá del temor infundado de estos grupos, en la actualidad resulta necesario que el acceso ciudadano digital tenga que llegar a Derechos Reales, toda vez que constituye un foco de corrupción la falta de acceso por parte del titular de sus derechos de manera remota o digital.

Sobre esto último, cabe destacar que sin que se hayan presentado alteraciones como las que se pretenden denunciar con Derechos Reales, a través de la ciudadanía digital se tiene en una sola plataforma una serie de trámites para la obtención de documentos de manera digital, prescindiendo de la fila en un banco o del hecho de tener que acudir a la entidad personalmente, con la demanda de tiempo que ello insume.

Cabe mencionar que, a partir de la implementación del Sistema Único de Derechos Reales, el Registro de Derechos Reales adoptaría un archivo digital de la documentación de soporte digitalizada y los documentos de soporte obtenidos por interoperabilidad que serían resguardados en medios digitales seguros y confiables.

Pese a todo esto, siempre es prudente pensar que toda norma es perfectible y resulta poco conveniente, pero prudente, el retiro de la ley que hizo el Gobierno, puesto que puede ser que haya faltado un proceso de socialización más profundo que permita una reflexión adecuada en cuanto al impacto positivo de esta propuesta.

En síntesis, la modernización del registro de la propiedad en Bolivia resulta necesaria, al igual que la integración de este registro con herramientas informáticas que permitan el acceso a la ciudadanía digital, esto representa una garantía que debe brindar el Estado en torno a la seguridad jurídica; asimismo, no deja de ser remarcable la respuesta del Gobierno a la crítica para replantear la propuesta, pero también es imperioso que se marche en pos de una modernización de Derechos Reales.

(*) Ximena Vásquez es abogada e ingeniera agrónoma

El caso del fiscal de distrito de Manhattan contra Donald Trump se ha desarrollado como una telenovela del norte de la frontera. La pregunta clave que pronto considerarán los jurados es sencilla: ¿“causó” el expresidente la creación de registros comerciales falsos? Según la Fiscalía, en vísperas de las elecciones de 2016, Michael Cohen, el antiguo abogado y reparador de Trump, pagó $us 130.000 a Stormy Daniels, la estrella porno, para garantizar su silencio sobre una cita que ella y Trump supuestamente tuvieron durante una década más temprano. Luego, Trump le reembolsó a Cohen su desembolso, más una bonificación y fondos adicionales para impuestos. Los registros comerciales de esos pagos a Cohen llamaron a cada uno de ellos un anticipo por servicios legales, en lugar de lo que eran: un reembolso por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.

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¿Era falsa la información de los documentos? Absolutamente. Varios testigos respaldan la afirmación del gobierno de que los pagos de Trump al abogado no fueron honorarios legales. El propio Trump tuiteó en 2018 que Cohen recibió un “reembolso” y lo dijo en un formulario de divulgación financiera de la Casa Blanca. La Fiscalía también demostró contundentemente que el pago a Daniels estaba diseñado, sobre todo, para ayudar a Trump a ganar las elecciones de 2016. Esto es especialmente importante en este caso porque si el jurado determina que Trump estaba motivado para violar las leyes electorales, eso eleva su delito de un delito menor a un delito grave.

La Fiscalía hizo un gran esfuerzo para demostrar que Trump, a pesar de su gran riqueza, era un tacaño que vigilaba de cerca cada gasto. La defensa ha argumentado que, si bien Trump firmó los cheques a nombre de Cohen, no había evidencia directa de que él supiera cómo los contables de la Organización Trump registraban esos pagos. No tenía motivos para comprobar cómo se clasificaban los pagos. Aquí es donde el testimonio de Cohen fue vital. Dijo que Trump conocía un plan para mentir sobre los pagos y describió cómo preparó facturas que caracterizaban falsamente los pagos como honorarios legales. Si el jurado le cree a Cohen, a pesar de un brutal interrogatorio que subrayó su historial de mentiras, entonces la condena está casi asegurada.

Pero incluso si el jurado descarta a Cohen o descarta su testimonio, el gobierno aún puede probar su caso. Según la ley, Trump puede ser condenado si “provocó” la creación de registros falsos. El jurado tiene que creer que Trump sabía que cualquier documento que caracterizara los pagos como honorarios legales era falso.

El gobierno ha argumentado que Trump no pudo haber pasado por alto al menos algunas de las declaraciones falsas, porque la palabra «Anticipo» estaba en los talones adheridos a los cheques que firmó. Ese es un argumento persuasivo porque alguien tan pobre como Trump seguramente no gastaría $us 420.000 sin saber el motivo y, por lo tanto, tenía que saber que los registros que describían esos gastos de otra manera eran falsos.

Los jurados sorprenden… a veces. Éste, especialmente si tiene dos abogados, probablemente será exigente a la hora de examinar las pruebas y seguir la ley. A pesar del sensacional drama que lo rodea, es probable que el problema para estos 12 habitantes de Manhattan se reduzca al prosaico negocio de las facturas y los vales, y a cómo llegaron a contar una historia diferente de la que realmente sucedió.

(*) Jeffrey Toobin es escritor y columnista de The New York Times

No recuerdo cuándo me he sentido más perturbado por un juicio penal que por el juicio de Donald Trump en Manhattan. Los fiscales están pintando un cuadro vívido de Trump como una persona vil y deshonesta, y las peregrinaciones diarias de políticos republicanos al tribunal de Manhattan, a pesar de los horribles testimonios contra Trump, demuestran que el partido tiene el alma destrozada.

Al mismo tiempo, la teoría jurídica subyacente que respalda el caso de la Fiscalía sigue siendo dudosa. Los hechos pueden ser claros, pero la ley es todo lo contrario, y eso bien podría significar que el jurado condene a Trump antes de las elecciones, que un tribunal de apelaciones revoque la condena después de las elecciones, y millones de estadounidenses, muchos de ellos no pertenecientes al MAGA, enfrenten otra crisis de confianza en las instituciones estadounidenses.

Primero analicemos los terribles hechos. El testimonio de Stormy Daniels cristalizó, mejor que el de cualquier otro testigo, la teoría de la Fiscalía de que Trump ordenó a Michael Cohen pagar a Daniels para salvar su campaña y luego ocultó fraudulentamente los reembolsos.

Pero terrible no es sinónimo de criminal, y nada de los terribles hechos del caso ha aliviado mis preocupaciones legales. Desde el principio, ha sido obvio que los hechos del caso son condenatorios, pero la ley es confusa. La razón es simple: para obtener una condena por un delito grave, el fiscal tiene que demostrar que Trump falsificó registros comerciales con una “intención de defraudar que incluía la intención de cometer otro delito o de ayudar u ocultar su comisión”.

Cohen, exabogado y mediador de Trump, se declaró culpable de delitos federales en relación con este mismo plan, pero una declaración de culpabilidad no tiene el mismo valor que un precedente judicial. No existe un precedente federal claro sobre el asunto, y el Departamento de Justicia no ha presentado cargos federales contra Trump por estos motivos ni durante el gobierno de Trump ni del presidente Biden. Además, la ley electoral estatal que cita la Fiscalía bien puede verse invalidada por la ley federal y, por tanto, no ser aplicable al caso.

Para ser claros, una teoría jurídica no probada no es lo mismo que una teoría débil o engañosa. Si Trump es declarado culpable, su condena bien podría sobrevivir en la apelación. La alternativa, sin embargo, es terrible. Imaginemos un escenario en el que Trump es condenado en el juicio, Biden lo condena como un delincuente y la campaña de Biden publica anuncios burlándose de él como un convicto. Si Biden obtiene una victoria estrecha pero luego un tribunal de apelaciones anula la condena, este caso bien podría socavar la fe en nuestra democracia y el Estado de derecho.

La inmoralidad y la corrupción de Trump deberían haberlo descalificado ante los votantes republicanos hace casi una década, y ahora tenemos más testimonios jurados de que Trump es tan malo como temíamos. Al mismo tiempo, sin embargo, no se defiende la democracia liberal mediante procesos penales dudosos.

Hay abogados inteligentes que no están de acuerdo conmigo y que creen que la Fiscalía tiene una base jurídica sólida. Realmente espero que tengan razón. Pero estoy lo suficientemente preocupado como para estar profundamente perturbado. Un hombre terrible está en el punto de mira de la Justicia estadounidense, pero la inmoralidad por sí sola no lo convierte en un criminal.

David French es columnista de The New York Times.

Le dedico mi silencio es la última novela, según su autor Mario Vargas Llosa, que escribirá en su vida —aunque tiene pendiente un ensayo sobre el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Esta novela en realidad es una novela-ensayo, el escritor peruano trata uno de los temas espinosos de América Latina: el mestizaje.

El nudo de la trama de la novela trata sobre la historia de Toño Azpilcueta, periodista acucioso que intenta indagar sobre la música criolla y encontrar huellas mestizas para superar el racismo de la sociedad peruana y latinoamericana por la vía del mestizaje.

Obviamente, el premio Nobel de Literatura no adentra a los recovecos coloniales de la constitución del mestizaje. No debemos olvidar, el mestizaje se convirtió en un dispositivo de poder que sirvió para civilizar al indígena —o del afrodescendiente. Si bien no es negar que existen “mestizajes reales”, no obstante, el nudo gordiano de esta visión sobre el mestizaje que reproduce el novelista arequipeño estriba en que el mestizaje históricamente fue la “negación del indio” para luego, vía el blanqueamiento, posibilitar al indígena encaminarse por los senderos de la modernidad.

En esta ruta se encamina la última novela de Vargas Llosa que se patentiza, por ejemplo, en su afán, en el campo de la música, que el vals peruano —al igual que sucedió con el tango argentino— se convirtiera en el aporte peruano a la cultura universal, o sea, a la cultura occidental.

En su novela-ensayo, Vargas Llosa escribe: “El vals en particular, y la música criolla en general, cumplen esa función, la de crear aquel país unificado de los cholos, donde todos se mezclarán con todos y surgirá esa nación mestiza en la que los peruanos se confundirán. El de las mescolanzas será el verdadero Perú, el Perú mestizo y cholo que está detrás del valsecito y de la música peruana, con sus guitarras, cajones, quijadas de burro, cornetas, pianos, laúdes”. O sea: más allá del placer musical de escuchar el vals que tiene su protagonista se esconde, de manera intencional, la propia identidad del narrador. Su personaje Azpilcueta —peruano de origen vasco y, al mismo tiempo, su padre es italiano—personifica al mestizo universal peruano, es decir, al propio Vargas Llosa y, a partir de este locus de enunciación, plantea su sueño utópico de la cohesión peruana mediante el mestizaje.

Esta visión utópica de la construcción de la “nación mestiza” es un anejo sueño de las élites criollas-mestizas latinoamericanas para superar, entre otras cosas, el “problema del indio” que se asumía como un estorbo para los procesos modernizadores. Quizás, esta visión blancoide sobre el mestizaje es un discurso recurrente que sirvió para los sectores criollos mestizos —y también nacionalistas— para la estratificación de las sociedades latinoamericanas y, por lo tanto, para la exclusión de las poblaciones indígenas, que es un legado colonial.

A diferencia de Vargas Llosa, el escritor paceño Jaime Sáenz, en la trama de su ópera inconclusa titulada Máscara, narra la historia de un muchacho que antes de contraer nupcias con su pareja que proviene de una familia criolla, se entera que se madre es una indígena. En un momento de ofuscación va a la fiesta de la familia de su comprometida y perpetra un asesinato colectivo: señal inequívoca de la negación de su origen indígena que muestra la complejidad del mestizaje. Sáenz, además, a contra ruta del escritor peruano, no ve al matrimonio intercultural como una posibilidad para zanjar el racismo. Mientras tanto, Vargas Llosa persiste en convertirse en el Quijote del mestizaje latinoamericano.

Yuri Torrez es sociólogo

Donald Trump no es exactamente Don Quijote, pero tiene algo contra los molinos de viento. De hecho, la animadversión de Trump hacia la energía eólica es una de las obsesiones más extrañas de un hombre con muchas preocupaciones inusuales (¡retretes, laca para el cabello!). A lo largo de los años, ha afirmado, falsamente, que las turbinas eólicas pueden causar cáncer, que pueden provocar cortes de energía y que la energía eólica “mata a todos los pájaros” (los gatos y las ventanas hacen mucho más daño). Ahora dice que si gana en noviembre, el “día 1” emitirá una orden ejecutiva que frenará la construcción de parques eólicos marinos.

Trump afirma, sin pruebas, que esos parques eólicos matan ballenas; de cualquier manera, si crees que a él le importan las ballenas, tengo algunas acciones de Truth Social que tal vez quieras comprar.

Pero dejando a un lado los molinos de viento de la mente de Trump, aquí hay una historia más amplia, una que va mucho más allá del expresidente: la notable mezquindad de muchas personas poderosas y el peligro que representa tanto para la democracia estadounidense como para el futuro del planeta.

Primero, unas palabras sobre el viento. Durante los últimos 15 años hemos visto avances revolucionarios en la tecnología de la energía renovable; la idea de una economía dependiente de la energía solar y eólica ha pasado de una fantasía hippie a un objetivo político realista. No es solo que los costos de la generación de electricidad renovable se hayan desplomado, las tecnologías relacionadas, especialmente el almacenamiento en baterías, han contribuido en gran medida a resolver el problema de que el sol no siempre brilla y el viento siempre sopla.

Y si bien la energía renovable, como casi todo en una economía moderna, tiene algunas consecuencias ambientales (sí, algunas aves vuelan hacia las turbinas eólicas), estas consecuencias son pequeñas en comparación con el daño causado por la quema de combustibles fósiles, incluso si se ignora el cambio climático y se concentra solo sobre los efectos sobre la salud de contaminantes como las partículas suspendidas en el aire y los óxidos de nitrógeno.

Entonces, ¿por qué querría Trump bloquear un progreso tecnológico tan beneficioso? Sus motivos realmente no son un gran misterio.

Primero, está la codicia. Los productores de combustibles fósiles siguen siendo grandes contribuyentes a las campañas y tienen un interés financiero en frustrar o retrasar las políticas que nos llevarán hacia la energía renovable. En una cena con ejecutivos petroleros en abril, Trump los instó a darle a su campaña mil millones de dólares, a cambio de lo cual revertiría muchas de las medidas del presidente Biden.

Pero no se trata solo del dinero. La protección del medio ambiente, como casi todo, se ha visto atrapada en las guerras culturales. Más allá de todo eso, sin embargo, para Trump, la energía eólica es algo personal. Su odio por las turbinas parece deberse a una disputa, hace más de una década, con políticos escoceses a quienes trató de intimidar para que cancelaran un parque eólico marino que, según dijo, arruinaría la vista desde un campo de golf de su propiedad. No logró bloquear el parque eólico, lo que al final no parece haber afectado el valor de su propiedad. Pero no importa: su ego parece haber sido herido. Y todo indica que está dispuesto a infligir un daño económico y ambiental considerable para mitigar su orgullo ofendido.

Ojalá pudiera decir que esta dinámica es exclusivamente trumpiana. Pero no lo es. El poder de la mezquindad plutocrática se puso de relieve durante los años de Obama, cuando muchos financieros ricos se enfurecieron ante un presidente que, objetivamente, no había hecho nada para merecerlo. Por el contrario, había ayudado a rescatar a muchos de ellos de las consecuencias de una crisis financiera que ellos ayudaron a causar. Pero de vez en cuando se atrevió a decir que Wall Street, efectivamente, había jugado un papel en la crisis y, en general, no parecía tratar a los banqueros ricos con la extrema deferencia que consideraban debida.

Como escribí en ese momento , lo que los hombres que pueden permitirse cualquier cosa tienden a desear, más que dinero per se, es adulación. Y cuando no lo entienden, con demasiada frecuencia se vuelven políticamente locos.

Hemos visto esta trayectoria entre algunos de los señores tecnológicos de Silicon Valley, que siguen siendo increíblemente ricos, pero ya no son los favoritos culturales que alguna vez fueron. Y parece probable que una parte importante de la élite tecnológica apoye a Trump (o al potencial saboteador de 2024, Robert F. Kennedy Jr.) en los próximos meses.

Entonces, aunque Trump es el ejemplo perfecto de alguien que hace de la política algo personal, no es el único en la forma en que permite que agravios menores impulsen sus posiciones políticas. E incluso los plutócratas que no tienen interés en convertirse en presidentes pueden causar mucho daño, porque el dinero compra poder. Trump, sin embargo, bien podría recuperar la Casa Blanca. Y si lo hace, tenga cuidado con las consecuencias de su frágil ego.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía y columnista de The New York Times.