A 210 kilómetros de la ciudad de La Paz, en La Asunta, al sur de los Yungas, los propietarios de autos chutos hacen fila con bidones de entre 10 y 20 litros para cargar gasolina en sus vehículos o para revenderla hasta en Bs 10 el litro en el “mercado negro”, constató este medio.

Cada miércoles temprano, la estación de servicio de ese municipio, a unas siete cuadras de la plaza principal, acaba sus provisiones de gasolina y diésel. La demanda de los propietarios de coches —en su mayoría chutos o sin papeles— para adquirir el valioso carburante, rebasa la oferta.

“Hoy se acaba en el surtidor y luego solamente podremos encontrar en el ‘mercado negro’, por eso vengo aquí”, dijo un joven chofer de un taxi blanco sin placas, mientras hacía cola con dos bidones para comprar la gasolina subvencionada por el Estado. El costo legal del litro de gasolina es de Bs 3,72, pero en el “mercado negro” yungueño un litro puede costar entre Bs 7, Bs 8 y Bs 10. Mientras el litro de diésel que vale Bs 3,74, en la región se consigue a Bs 5.

Ilegalidad. Mientras la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dispuso en julio que no se venderá gasolina a los carros chutos que ingresan de contrabando al país, estos vehículos la adquieren sin problemas en los Yungas. Sus dueños se convirtieron en los principales clientes de los especuladores del carburante.

Y pese a que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y el Control Operativo Aduanero (COA) llevan adelante operativos en el ámbito nacional para capturar a estos motorizados ilegales que, en algunos casos, incluso portan placas de control clonadas, en Chulumani y La Asunta estos autos circulan sin ningún problema.

“Yo compro el litro de gasolina en 7 y hasta 8 bolivianos, y luego lo vendo en 10 bolivianos, por eso no se gana mucho”, comentó María, quien evitó brindar su apellido, en la comunidad Chamaca, a poco de llegar a La Asunta, cuando La Razón le consultó cómo vendía el carburante en el lugar.

Este negocio y el libre tránsito de los vehículos chutos en esos dos municipios evidencia que tampoco se acata la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras, que castiga a la persona que “almacene o comercialice diésel, gasolina o gas licuado de petróleo, sin estar autorizado por la entidad competente”. Ello es sancionado con la privación de libertad de tres a seis años “y la confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito”, señala la norma.

No obstante, este medio evidenció que jóvenes choferes, ayudados por sus esposas e hijos, compraban diez, 20 y hasta 30 litros de gasolina de la estación se servicio de La Asunta, para luego esconderlos en los asientos traseros de sus vagonetas chutas.   

Cuando La Razón se acercó a la vendedora de este surtidor y preguntó el precio del litro del carburante, la muchacha nerviosamente respondió: “Vendemos a Bs 3,72…”. Empero, los compradores aseguraron que mínimamente cuesta Bs 4, que posteriormente es revendido en Bs 10. En La Asunta se observan por lo menos tres tiendas en las que se anuncia “gasolina-diésel Bs 7”. La calle donde se encuentran éstas se halla a una cuadra del inmueble de la Alcaldía.

Desde las oficinas ediles, Bernal López, responsable de Transporte del municipio asunteño, se declaró sorprendido cuando se le consultó por el comercio ilícito de carburantes que impera en la región. “La Agencia (Nacional) de Hidrocarburos tampoco coordina con nosotros y no sé qué tipo de tratos tendrán con los encargados del surtidor”, se defendió.

Además, señaló que cuando se hacen inspecciones no hay filas de personas con bidones en la estación de gasolina y menos automóviles chutos por los alrededores. “Me voy a dar una vuelta”, prometió. Eso sí, admitió que tomar cartas en el asunto también sería un poco complicado para él, porque los involucrados en la compraventa se “la tomarían” con el Gobierno Municipal de La Asunta.

Consultado sobre el arribo y la circulación libre de los motorizados sin papeles, apuntó que los funcionarios municipales no pueden hacer nada y que debe ser la ANB la que tiene que efectuar el control en las fronteras.

La Razón evidenció que incluso hay vehículos sin placas que brindan el servicio de transporte público de la Asociación Yungas. “Sí, ese es el problema, por eso vamos a tener una reunión (con ellos) para ver qué se puede hacer, porque los ilegales ya no deben circular. Hace poco hemos tenido un accidente (de tránsito) y el auto era chuto y ¿quién cubre eso?… Nadie cubre”, manifestó López.  

Mientras el presidente del Concejo Municipal asunteño, Willy Ramos, no quiso hablar con este medio cuando fue abordado sobre este asunto.

Chulumani. Si eso sucede en La Asunta, unas tres horas y media antes, en Chulumani, igual existe un “mercado negro” de carburantes en los talleres de cambio de aceite y llanterías al ingreso de la localidad.

Allí el litro de gasolina cuesta Bs 7 y cuando La Razón preguntó dónde más se puede comprar este carburante, lugareños apuntaron a los buses interprovinciales. “Hoy es martes y los martes las flotas traen (bidones de gasolina), por eso tiene que ir a esperarlos”, reveló una comerciante en la plaza principal.

Desde la gasolinera La Elegida, una de las dos que están a poco de arribar al municipio chulumaneño, sus empleados indicaron que no venden gasolina a los carros chutos.

Allí se formó la Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados del Norte de La Paz, cuyo presidente Armando Ambrosio admitió que los 3.000 afiliados tienen problemas para proveerse de gasolina en los surtidores y que hasta deben pagar el doble por cada litro. Los dueños de estos carros sin papeles esperan una audiencia con el presidente Evo Morales para conseguir una nueva nacionalización, lo que fue descartado varias veces por el Gobierno.

En Caranavi, Guanay y Palos Blancos también existen motorizados ilegales, municipios donde, según los mismos conductores, se puede conseguir gasolina, pero a entre Bs 7 y Bs 10 el litro. Eso pasa en Yungas, uno de los paraísos de los chutos en el país.

Negocio de los chuteros sigue vigente en Uncía

Juan Mejía / Uncía (Potosí)

El pueblo de Uncía, en el norte de Potosí, continúa siendo uno de los mercados donde los contrabandistas o chuteros ofrecen autos sin papeles. El Control Operativo Aduanero (COA) no tiene pisada en este municipio donde mandan los ayllus, que esperan una nueva nacionalización.

Según lugareños entrevistados por La Razón, Uncía es considerado “zona roja” por la instalación de este “mercado negro”, aunque los militares acantonados en el sitio ejecutan operativos de fiscalización en las localidades cercanas para evitar el ingreso y proliferación de estos carros.

Una fuente militar, que pidió reserva en su identidad, comentó que hasta hace tres meses la venta de chutos era intensa. “Copaban toda la avenida Chayanta entre 200 y 300 autos de todas las marcas y modelos como Terrano, Probox, Caldina, Noah, incluso los jeep Cherokee, que costaban desde 3.000, 4.500 hasta 5.600 dólares”. Añadió que esta oferta bajó por decisión de las autoridades originarias o “segundas mayores”. Y los carros fueron replegados a las comunidades a la espera de una amnistía.

Josefina, quien no quiso dar su apellido, reveló que los comerciantes de estos motorizados son lugareños de los alrededores que aún llegan los domingos y los lunes a Uncía para ofrecer su “mercadería” en la calle que se conecta con la vía a Chayanta. “Entre 30 y 50 autos venden hasta en 2.000 dólares; están rematando porque no hay nacionalización”.

En las vías públicas de Uncía al menos medio centenar de vehículos sin placas, convertidos en taxis, circulan sin impedimento. Realizan viajes a los pueblos de Chuquihuta, Macha, Chayanta, Pocoata, Cala Cala, entre otros, y a las aguas termales y al cuartel. Se habla de un convenio que permite este servicio en la jurisdicción, aunque hay taxis que la rebasan y se trasladan hasta Llallagua, y para ello usan placas ilegales, según uno de los conductores.

El encargado de Tránsito en Uncía, suboficial Eduardo Flores, reconoció que su autoridad fue rebasada. “No podemos hacer nada para controlar a los autos que circulan sin placa, tememos la reacción de los comunarios como ocurrió hace unos cuatro años, cuando en una comunidad (Cala Cala) murieron cuatro efectivos de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos”.

El alcalde Hilarión Flores admitió que su municipio es una vía de tránsito de chutos a otros departamentos y que los comunarios se compraron “su autito” por los bajos precios; aunque aclaró que los carros indocumentados son ilegales. Y negó conocer la presencia de un “mercado negro”. “No podemos meternos en algo ilegal”.

Los vehículos ilegales aún van sin placas por el trópico

Angélica Melgarejo / Trópico de Cochabamba

Los operativos del Control Operativo Aduanero (COA) no llegaron al trópico cochabambino, pero ante rumores de una posible intervención para incautar vehículos indocumentados o chutos, los dueños de éstos evitan sobre todo circular por la carretera. La Policía tampoco puede realizar operativos por posibles atentados contra la vida de los uniformados.

“Dijeron que el COA y la Policía iban a entrar, que vendrán a sacar estos autos que nos perjudican; sin embargo hay alerta, dicen que no van a permitir como la anterior vez que les pegaron a los policías”, rememoró Rolando, un chofer de transporte público en Ivirgarzama. “Puede haber enfrentamiento”, complementó su colega Germán, del sindicato Carrasco.

Hay pocos uniformados en la región para poner coto a centenares de propietarios y comerciantes de estos motorizados. “En reunión resolvieron tomar las oficinas policiales y a los policías de rehenes” si se secuestran sus autos, reveló un policía. “Así se pidan refuerzos, no podrá ser posible la intervención porque hay que preservar la integridad de los camaradas”, mencionó otro efectivo. “Tal vez ni un ingreso como se hizo en Challapata (en 2012) serviría, no es una población como ésa, aquí hay sendas, no se podrá perseguir”, agregó otro uniformado.

Circulación. Desde el Comando Regional del Trópico se informó que existe una orden del Comando General de la Policía de no emitir criterio ni declaraciones sobre el tema. En cuanto a estos motorizados, siguen circulando, aunque pocos sin placas. “No pueden cargar combustible si no tienen placas y por eso todos ya tienen, la mayoría son ‘gemeleadas’ (clonadas), solo la Policía podría saber que no son originales, pero no hay control”, dijo Rolando.

La Razón recorrió 40 kilómetros de vía, desde Villa Tunari hasta Ivirgarzama, y constató la circulación de chutos. En hora y media de viaje se identificó al menos diez sin placas y otros con éstas, pero cubiertas con protectores, algunas con el alfanumérico casi imperceptible. “Ahora no te venden nada en los surtidores si no tienes placa, todos los chutos tienen; si no ‘gemelean’, se prestan de otro vehículo, compran y luego se entran a las sendas”, añadió Rolando, quien además señaló que la anterior nacionalización dio una oportunidad, pero “más autos han entrado y siguen haciéndolo, perjudicando nuestro trabajo, nos quitan pasajeros”.

Hay más. Los propietarios de chutos apuestan al ingreso de estos carros en líneas de transporte público, la mayoría se encuentra en Ivirgarzama, según transportistas consultados por este medio. “Los chutos formaron incluso un sindicato, hay una línea con esos autos”, indicó una las personas entrevistadas. La denuncia fue respaldada por fuentes policiales.

El alcalde de Ivirgarzama, Félix Acosta, aseguró que desconoce esta propuesta. “Con claridad no puedo precisar si hay o no coches indocumentados, se dice que hay”. Opinó que personalmente está de acuerdo con que el ingreso de estos motorizados “perjudica a los transportistas, pero mal podría decir si es verdad o no, no puedo decir que sí están trabajando o no porque no lo he visto”.

Admitió que no es posible controlar el ilícito porque se requerirían otros datos para comprobar el alfanumérico de las placas y verificar si son originales o no. “Este trabajo de verificación es reciente, antes las capitales de provincia centralizaban todo. Complementó que la mayoría de las placas de vehículos corresponde a otros municipios y departamentos: de 2.500 coches en este municipio, solo 500 están registrados y pagan impuestos que benefician a Ivirgarzama.

Descubren chutos por accidentes de tránsito

Angélica Melgarejo

En Villa Tunari, donde existe más presencia policial, no hay vehículos chutos en el área urbana. Y dueños de estos coches señalaron que el peor riesgo que corren no son los controles de las autoridades, sino protagonizar un accidente de tránsito que deje en evidencia la falta de documentos. Incidentes que ya provocaron el secuestro de al menos cinco motorizados en la zona.

“Chocaron y verificando los documentos uno no tenía, era chuto, sin opción a reclamos el carro fue trasladado hasta la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) en la ciudad, y el propietario remitido al Ministerio Público para no tener problemas”, indicaron fuentes policiales.

“Creo que con el tiempo, ante estos incidentes, será preferible que vendan los vehículos por partes, aquí es peligroso comprar un auto, te pueden vender hasta tus parientes uno indocumentado diciendo que todo está bien”, confesó Mario, un poblador de Chimoré. “Los coches están ocultos ahora, son Ipsum, Noa, hay también lujosos que transitan por las sendas y aunque pidamos que se deshagan de ellos porque nos dan mala imagen, aunque pidamos que venga la Policía, no va a pasar”, añadió.

Una fuente aseguró que “los motorizados siguen llegando desde Chile, si pillan que la placa no es original, se paga entre 100 y 400 bolivianos, luego con sus piecitos nomás llega al trópico y pasa las trancas”.