Vocales, entre técnicos, políticos y apolíticos
Sin duda el valor mayor del juez electoral (que eso son los vocales del TSE) debe ser la imparcialidad; el tema es cómo se alcanza eso en medio de la tensión y correlación de fuerzas que de todos modos implica la actividad política.
Cuánto o cómo de “político” debe ser el vocal electoral tipo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) bolivianos? Para acceder al cargo, la propia Ley 018 del Órgano Electoral establece el límite, en el artículo 14: “No tener militancia en ninguna organización política” (numeral 4); y “No haber sido dirigente o candidato de ninguna organización política en los cinco (5) años anteriores a la fecha de designación” (numeral 5).
¿Cuánto de político o cuánto de “técnico” debería ser? Sin duda también aquí las posiciones son encontradas. Si en 1991 se pudo conformar lo que luego se llamó la Corte de los Notables, para el presidente de entonces, Jaime Paz Zamora, no fue porque esos vocales hayan sido “apolíticos”, sino por su solvencia profesional y moral aun en el ámbito político en general, que no partidario.
Paz Zamora pone el ejemplo del primer presidente de dicha Corte de Notables, Huáscar Cajías, que fue nombrado precisamente por el Presidente: “lo nombré sabiendo que era miembro del Partido Demócrata Cristiano”.
Y es que con esto, el exmandatario expresa toda una línea de entender al juez electoral y su naturaleza política también: “Aquí yo quiero decirle que no creo en los independientes; una persona que no tiene opción política, ¿cómo va a estar dirigiendo el sistema electoral? No puede ser, yo necesito ciudadanos y ciudadanas que tengan un compromiso con su país”.
Este estar en la política (entendida como un “compromiso con el país”) como requisito para ser juez electoral, se apresura a aclarar Paz Zamora, apela a una “militancia democrática” antes de o sobre la militancia partidaria: “Lo que hay que buscar es ciudadanos que más allá de cuál sea su ideología, tengan la capacidad moral, ética y cívica, de comportarse según manda la ley y cuando son jueces electorales, se comportan más allá de sus convicciones políticas partidarias, tienen que actuar con sus convicciones democráticas; necesitamos militantes de la democracia, que sean jueces”. ¿Pero esto no contradice el criterio generalizado de que el juez electoral debe ser “apolítico” o no político?, se le planteó al exmandatario.
Airada respuesta: “¡Es una estupidez! ¡Cómo apolítico! Resulta que vamos a premiar a un tipo que no tiene ni el interés ni la voluntad de tener una inclinación política en democracia; no se puede premiar (con el nombramiento de juez electoral) a un tipo que no tiene compromiso democrático con su país. Es algo en que debemos avanzar como país (…), otra cosa es que alguien teniendo una ideología, teniendo una opción política, su opción democrática sea mayor que la opción partidaria o de simpatía que pueda tener”.
Sin duda bajo otra lógica de razonamiento, orientada más hacia la imparcialidad y en el entendido de que el manejo electoral sobre todo es técnico administrativo, la jefa de bancada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, enfatiza en el distanciamiento político de los futuros jefes electorales.
“Lo que pasa es que los cargos de vocales electorales no deberían tener ningún tipo de contaminación político partidaria, porque deben ser cargos técnicos; no es lo mismo elegir un diputado, un senador, un alcalde, un gobernador, que elegir un oficial mayor, por ejemplo, de infraestructura, cuando sabes que ahí hay que hacer obras; (esto último) es más técnico, más específico”.
El punto está, aclara, en la materia u objeto de trabajo de cada quien: “En el Poder Legislativo se eligen a todos los representantes por características políticas; en el Ejecutivo no, solo las cabezas se eligen por criterio político; el gabinete (de ministros) debe ser elegido por criterio técnico; en los órganos electoral y judicial, deberían ser solo y exclusivamente por criterio técnico: en el caso judicial, que conozcan las leyes y sus procedimientos para aplicarlas de la mejor y más justa manera; y en el caso del órgano electoral, que sean capaces de manejar un proceso electoral de la manera más aséptica posible, como un médico en un quirófano”.
De ahí que para Costa, lo “más sano” es que un vocal “sea gente que no tenga militancia partidaria”. Similar criterio tiene el director ejecutivo interino del Consorcio Bolivia Transparente, Sergio Ardaya Ruiz, que pone el acento en la necesidad de contar con un órgano electoral eficiente y uno de cuyos mayores valores sea la imparcialidad.
“Lo óptimo es que la política no se meta; no haya criterios políticos y más bien técnicos en este tipo de designaciones. El consenso político debería lograr, con base en este diálogo y esta concertación de criterios, que realmente se designe a las personas más meritorias, probas e independientes posible, que permitan contar con un órgano altamente eficiente, objetivo e imparcial”.
Desde la experiencia reciente, el exsenador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque luego distanciado del mismo, Eduardo Maldonado, apela a la actitud democrática más bien de quienes tendrán en sus manos la elección de los futuros vocales, o sea, de los asambleístas plurinacionales. “Yo creo que en el sistema político tiene que imponerse una actitud, una predisposición democrática a prueba de fuego para la elección del nuevo Tribunal Supremo Electoral”.
Maldonado no deja de apuntar la posibilidad de que en la próxima designación se incurra en errores del pasado: “Lo peor que podría suceder es que, prevalido de los dos tercios, el oficialismo (MAS) pretenda imponer a rajatabla una ‘plancha’ que solamente sea favorable a su interés (…), la ‘carga de la prueba’ la tiene el oficialismo, prevalido de los dos tercios, es la fuerza política que tiene que demostrarle al país que existe una verdadera actitud democrática para transparentar el Tribunal Supremo Electoral, para llevar autoridades honestas”.
De la experiencia de la anterior designación de vocales (en 2010), el exsenador plantea dejar de lado aquel “ascendiente social”, el aval de alguna organización social que se pedía a los candidatos, por no ser un hecho enteramente democrático.
“No debería haber ya postulaciones por organizaciones sociales (…), si permitimos que las futuras autoridades lleguen a ese sitial con el aval de las organizaciones sociales, entonces su lealtad hacia el país queda en entredicho, porque va a estar condicionada a ese aval sectorial o social”. Dicho “ascendiente social”, insiste, podría ser considerado en la fase de impugnaciones.