El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pidió al Consejo de la Magistratura realizar una auditoría a los “malos operadores de justicia”, como los que apartaron a esa cartera de Estado del caso de Misael Nállar.

“Hemos visto una conducta reiterativa en malos administradores de justicia que se han acostumbrado a alejar al Ministerio de Gobierno de los cuales se ha constituido en víctima o en parte (…). Pedimos, públicamente, el proceso de acompañamiento en la auditoría al Consejo de la Magistratura. (Ellos) son la instancia para hacer auditoría en estos procesos e identificar las vulneraciones que ha habido”, dijo la autoridad a los periodistas en Santa Cruz.

“Si detectan que su conducta se adecua a algún tipo penal, que inicien los procesos penales; si no, se van a convertir en cómplices”, agregó respecto de su solicitud.

Caso Nállar

El caso que impulsó el pedido del titular de Gobierno tiene que ver con la desvinculación de su cartera como parte interesada en la investigación que involucró a Misael Nállar en el asesinato de dos policías y un voluntario, acribillados en el municipio de Porongo, en el departamento de Santa Cruz, el 21 de junio de 2022.

Esa vez, la patrulla con los dos efectivos policiales y el voluntario del GACIP (Grupo de Apoyo Civil a la Policía) se dirigía a la comunidad Los Cuchis para un patrullaje de rutina, pero en el camino se encontraron con una vagoneta de la que descendieron varias personas armadas que los atacaron y les causaron su muerte.

“Hemos impugnado (ese alejamiento) y vamos a iniciar los procesos correspondientes en contra de estos administradores (de justicia). Si se están animando a plena luz del día a liberar a delincuentes y narcotraficantes, (queremos saber) qué está pasando con las familias bolivianas de escasos recursos”, agregó la autoridad.

Eduardo del Castillo

Aseguró, además, que su despacho está recolectando información para hallar pruebas documentales e iniciar los procesos pertinentes.

El pasado viernes, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz conformó una nueva comisión de fiscales para continuar con las investigaciones del caso Nállar.

Roger Mariaca, fiscal departamental, indicó que el nuevo equipo estará liderado por los fiscales Daniel Ortuño, especializado en delitos contra la vida, y Luis Alba, que, en primera instancia, “conoció este hecho”.

Explicó que el caso está “en puertas” del juicio oral público y contradictorio ante el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de Santa Cruz, que está a cargo de los jueves Freddy Coronel Alacoma, Yanet Paniagua Villa y Claret Llanos Martínez.

El martes, el presidente Luis Arce, junto a la canciller Celinda Sosa, recibió las cartas credenciales de seis nuevos embajadores en un acto en Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, un séptimo embajador, el de Argentina, entregó su acreditación en la mañana, y a la canciller.

Arabia Saudita, Zimbabue, Surinam, Eslovenia, Tailandia e India enviaron a sus nuevos diplomáticos, quienes, uno por uno, saludaron a la máxima autoridad boliviana en la casa de gobierno.

Puede leer más en: Gobierno recibe cartas credenciales de seis embajadores que iniciarán su misión en Bolivia

El embajador del presidente Javier Milei, Marcelo Adrián Massoni, no asistió al evento de la tarde, sino que entregó exclusivamente sus credenciales a Sosa en un acto protocolar en solitario.

Coincidentemente, los embajadores que visitaron al presidente Arce son concurrentes, a diferencia de Massoni, embajador residente.

Argentina

Desde antes de la asunción de Milei, el 10 de diciembre de 2023, éste había expresado sus reparos sobre el gobierno de Bolivia. Incluso había sugerido a sus connacionales del norte de Argentina irse a Bolivia.

Poco después de la llegada al poder del ultraderechista, el mandatario boliviano había sugerido “parar las orejas” con las medidas del nuevo mandatario argentino.

A mediados de abril, la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció que en Bolivia se encontraban fuerzas paramilitares iraníes, por lo que Argentina reforzó la seguridad en su frontera con Bolivia.

En respuesta, el Gobierno de Arce desmintió las acusaciones y pidió que la ministra argentina rectifique sus “acusaciones infundadas”.

Además, las diferencias ideológicas entre el gobierno de Milei y de Arce saltan a la luz.

Massoni

De acuerdo con la analista política, Emilia Trabuco, Massoni responde a la línea neoliberal del expresidente Mauricio Macri, por lo que fue seleccionado estratégicamente por el gobierno de Milei para hacer contrapeso en territorio boliviano.

Inclusive, Trabuco señaló que el gobierno de Macri jugó un rol importante en la crisis sociopolítica que se suscitó en Bolivia luego de la renuncia del expresidente Evo Morales, en 2019.

Los nuevos diplomáticos que presentaron sus cartas credenciales son; Vishvas Sapkal, embajador de India; Pisanu Sobhon, embajadora de Tailandia; Gustaaf Rasiman, de Surinam; Mateja Kracun, embajadora de Eslovenia; Meshack Kitchen, embajador de la república de Zimbabue; y Faisal Ibraim Ghulam, de Arabia Saudita.

Con la firme postura de David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa, de no convocar a una sesión plenaria para definir el devenir de las elecciones judiciales, las comisiones mixtas se reunirán este miércoles, pero no para seguir con el proceso de preselección, sino para insistir que ya no tienen competencia y exigir sesión del pleno bicameral.

“Vamos a decir (en reunión) que nosotros hemos perdido la competencia y tiene que convocar el vicepresidente, el presidente de la Asamblea, a la sesión de pleno (…); no estamos convocando para continuar la preselección, porque no podemos continuar, lloren, hagan lo que quieran (…), no vamos a poder porque no nos permite la Constitución”, advirtió el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, en una entrevista radiofónica que compartió en sus redes sociales.

Puede leer: Judiciales estancadas: la Asamblea está atada de manos por la crisis política

Preselección paralizada

El martes, Choquehuanca recapituló el tortuoso proceso que recorrió el proceso de preselección de candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El proceso, que se encontraba en la evaluación oral y escrita de 404 postulantes, se paralizó totalmente el 30 de abril, cuando una Sala Constitucional en Pando falló a favor de una acción popular. La abogada Yeny Dury denunció que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, violaba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.

Mediante la resolución 004/2024 la ley quedó inaplicable y el proceso, desahuciado.

Sin embargo, el jueves 23 de mayo, el TCP, como respuesta al pedido de revisión de Choquehuanca, determinó la revocatoria de la resolución del Tribunal de Pando. De esta manera, el oficialismo auguró que el proceso podía continuar.

Choquehuanca

El martes, Choquehuanca ratificó esta postura e instó a las comisiones mixtas a retomar inmediatamente el proceso de preselección. Descartó convocar a sesión del pleno.

“Nosotros, como comisiones, no vamos a hacer lo que la Constitución y la ley no mandan. Vamos a hacer lo que la Constitución nos dice y nos permite (…); no vamos a caer en su trampita de Choquehuanca”, respondió al respecto Padilla.

De acuerdo con el senador, el artículo 158 de la Constitución atribuye claramente al presidente de la Asamblea Legislativa la responsabilidad de preseleccionar a los candidatos para el TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

“Que me diga en qué artículo en la Constitución nos dice que las comisiones somos responsables (…); todas las leyes y la Constitución dicen que el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, es el encargado de solucionar este problema (…); en ningún momento puede hablar que las comisiones somos responsables”, sostuvo.

Por ello, criticó fuertemente a Choquehuanca, a quien calificó como “alejado de la Constitución” y afirmó que está incumpliendo con su rol legislativo.

“Creo que ya no sabe dónde está parado, siendo el vicepresidente y presidente de la Asamblea (…); ha olvidado que es presidente de la Asamblea Legislativa”, cuestionó.

‘Sesión’

El miércoles, paralelamente a las declaraciones de Choquehuanca, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, brindaba conferencia de prensa sobre el fallido “diálogo judicial”, al que no asistió el ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) ni la bancada de Creemos.

Los asistentes se sumaron a las críticas a Choquehuanca, al que cuestionaron en sentido de qué miedo tiene de convocar a sesión y cumplir con las Constitución.

“Estamos esperando una resolución o ley corta para continuar”, insistió Padilla.

La Ley 1549 definió 80 días calendario para la preselección de postulantes por parte de la Asamblea Legislativa. Ese trabajo había comenzado el 16 de febrero y debió terminar el 5 de mayo. Fue suspendido por resoluciones judiciales.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, cuestionó la decisión judicial que permitió la liberación de Néstor Alfonso Vergara, alias ‘Cody’, tercer hombre de confianza del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Administradores de la justicia boliviana en Santa Cruz primero retiraron al Ministerio de Gobierno como parte de este proceso (caso Marset) tan importante para el pueblo boliviano (…); de manera inmediata empiezan a liberar a todos y cada uno de los involucrados de esta organización criminal”, criticó en conferencia de prensa.

Puede leer: Fiscalía paraguaya revela que el clan Marset obtuvo $us 433,5 millones en Bolivia

Vergara

Del Castillo reaccionó así luego de que Vergara, quien fue aprehendido en octubre de 2023, recibiera la orden de libertad dispuesta por el juez Primo Flores.

Aparentemente, el hombre operaba como facilitador de Marset para la adquisición de bienes y servicios bajo su firma y su nombre. Por ello, fue aprehendido por el delito de ganancias ilícitas.

“Hemos impugnado y vamos a iniciar los procesos correspondientes en contra de estos administradores de justicia”, informó Del Castillo.

Juez

De igual manera, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, cuestionó al juez encargado del caso, pues, en su criterio, el aprehendido era claramente culpable y pieza clave en el caso Marset.

«Habría que preguntarle al juez que lleva la causa por la decisión que tomó para liberarlo», cuestionó por su parte en conferencia de prensa.

“Siguen liberando a narcotraficantes en el departamento de Santa Cruz, están mandando un mensaje a los narcotraficantes diciéndoles: ‘pueden traficar droga, mañana los van a liberar, no se preocupen’”, lamentó Del Castillo.

Marset

Marset tiene una orden internacional de captura. La Policía Boliviana realizó, sin éxito, 1.200 operativos para encontrarlo. Diferentes gobiernos de la región cooperan en la búsqueda del prófugo, quien escapó del país el 29 de julio de 2023.

Recientemente, la Fiscalía de Paraguay informó que, desde su llegada a Bolivia en 2020, el clan Marset obtuvo $us 433,5 millones con droga boliviana. La principal sustancia con la que lucraron fue la cocaína que se comercializaba en el ámbito mundial.

Del Castillo pidió que el Consejo de la Magistratura acompañe a la auditoría que pretende realizar el Ministerio de Gobierno en la administración de la justicia en Santa Cruz, para poder identificar todas las irregularidades existentes.

En un mensaje difundido por redes sociales, el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho se estrelló contra el presidente Luis Arce, a quien señaló de despreciar al departamento y estigmatizarlo como violento.

Dijo que esas actitudes lo están llevando a proteger a delincuentes y avasalladores.

“El desprecio que usted Presidente Arce siente por Santa Cruz, lo está llevando a proteger a delincuentes y avasalladores para que continúen traficando y depredando nuestras tierras y abusando de nuestros productores”, escribió Camacho en la red social X.

También lo culpó de distraer la atención ante la crisis que atraviesa el país. Asimismo, lo exhortó a ordenar a la Policía a cumplir órdenes de aprehensión contra avasalladores.

“Presidente Arce, en vez de mandar a su Ministro de Gobierno a estigmatizar de violento al pueblo cruceño y distraer la atención de la crisis que niegan, y no saben cómo solucionar. Exija a la Policía que acate las órdenes de aprehensión contra los avasalladores de Santa Cruz”, acotó.

Lea: Productores denuncian que avasalladores amenazan con tomar predios titulados en el Norte Integrado

Santa Cruz

Todo surgió a causa de una declaración del comandante departamental de la Policía Boliviana en Santa Cruz, Erick Holguín, quien enfatizó que solicitó un informe al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Para validar el proceso de la aprehensión de acusados de avasallamiento de 3.000 hectáreas en la propiedad Monteverde, al norte de Santa Cruz.

La autoridad policial manifestó que dicho informe del INRA debiera establecer si los que denuncian son realmente dueños de esas tierras.

Sin embargo, después aseveró que se están llevando a cabo investigaciones para dar con los involucrados en esos casos de avasallamientos.

El hecho ocurrió hace unos días. De acuerdo con los trabajadores, unas 50 personas ingresaron a los predios con armas, también denunciaron que están provistos de drones para monitorear la zona.

Los propietarios aseguran que las tierras avasalladas se encuentran en producción y con títulos del INRA.

(29/05/2024)