Elecciones en septiembre: Juntos, de Áñez, y Camacho le ponen peros a los comicios
Nacional. El TSE garantizó la seguridad sanitaria para el proceso electoral
Juntos, de la presidenta Jeanine Áñez, y Creemos Bolivia, de Luis Fernando Camacho, le pusieron peros a la fecha de elecciones generales hasta el 6 de septiembre, a diferencia de la mayoría de las fuerzas políticas habilitadas para esos comicios.
La posición no solamente se explica por la ausencia de esas dos organizaciones políticas en la rueda de prensa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sino por sus mismos criterios respecto del desarrollo de la votación coincidente con la emergencia sanitaria por la irrupción del COVID-19.
Cerca del mediodía de ayer, el presidente del TSE, Salvador Romero, anunció la realización de las elecciones hasta el 6 de septiembre. Lo hizo en conferencia de prensa y en compañía de representantes y candidatos de seis alianzas y partidos, entre ellos Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC); Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Jorge Quiroga, de Libre21.
“Las fuerzas que aceptan ir hasta el final del acuerdo ceden algo, resignan un poco, tal es el precio inevitable para alcanzar la viabilidad de las propuestas”, comentó Romero en la presentación de la propuesta que en los próximos días será analizada por la Asamblea Legislativa.
“Se ha establecido un acuerdo razonable y satisfactorio, aunque no sea el ideal para unos y otros”, insistió la autoridad electoral.
La decisión no cayó bien en dos organizaciones políticas, Juntos, de la presidenta Áñez, y Creemos Bolivia, de Camacho.
José Luis Bedregal, dirigente de Soberanía y Libertad (Sol.Bo), aliada a Juntos, dijo en contacto virtual con La Razón que esa organización política no participó de los acuerdos. “Acataremos las determinaciones del TSE. No hubo ningún acuerdo”, afirmó.
Y puso en duda la legitimidad del acuerdo. “Esperemos no sea el resultado de la presión de Evo Morales en su afán de voltear la página respecto al fraude del que él y su candidato Luis Arce deben responder al país”, protestó el dirigente político.
No obstante, en un comunicado de prensa, el lunes, Juntos había pedido al TSE que “de una vez por todas” defina la fecha de las elecciones, cuyo intento resultó frustrado el 3 de mayo en razón de la emergencia sanitaria.
Otrora aliado de Áñez, Camacho también cuestionó el acuerdo del TSE. El “Presidente del @TSEBolivia miente, CREEMOS no es parte de ese acuerdo”, escribió en su cuenta de Twitter.
“Nuestra posición es clara: a) elecciones cuando la salud y la vida estén seguras, b) desmontar la maquinaria fraudulenta del MAS: un ciudadano, un voto, c) voto para los jóvenes que cumplieron 18 años”, complementó.
Bedregal también consideró la necesidad de una convocatoria de elecciones bajo criterios técnicos y científicos. “Para Juntos, primero es la salud y la vida de los bolivianos”, aseguró.
Ante esta preocupación, el TSE garantizó el desarrollo de las elecciones con todas las medidas de seguridad que requieran. “Aunque enfrentamos el proceso electoral más complejo de la historia de nuestra vida democrática, Bolivia debe tener la certeza de que la elección de 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria”.
Al otro lado de la vereda, Arce, candidato presidencial del MAS, se expresó satisfecho por la fecha de las elecciones, aunque su partido, a través de la Ley 1297, de Postergación de Elecciones, había definido como tope para los comicios el 2 de agosto.
“Este acuerdo político busca devolverle la estabilidad a #Bolivia, velando por la salud y generando certidumbre al pueblo respecto a una fecha de elecciones. Solo un gobierno legítimo podrá dar una salida a la crisis sanitaria, económica y social que hoy vivimos. #PrimeroLaVida”, escribió.
Las elecciones fueron asunto de disputas políticas entre el MAS y el Gobierno. Ante la observación de Áñez a la ley, el 30 de abril Eva Copa, en su condición de titular de la Asamblea Legislativa, la promulgó.
Con el argumento de que ley atentaba contra la emergencia sanitaria, el ahora ministro Óscar Ortiz interpuso un acción de inconstitucionalidad de la norma ante el Tribunal Constitucional, cuyo trámite quedó en el limbo ante el anuncio del TSE de ayer.
