A solo dos días de comenzar el congreso convocado por el Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), rechazó su supervisión.

“La Sala Plena ha procedido a rechazar esta solicitud de supervisión, ésa es la determinación”, dijo el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe a La Razón.

La Sala Plena basó su decisión en un informe de la Secretaría de Cámara, que hizo el lunes cuatro observaciones a la convocatoria de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS). Entre ellas, que la solicitud no fue presentada ante el TSE por los delegados políticos de ese partido acreditados por el Órgano Electoral.

Asimismo, se refirió al recurso extraordinario de revisión planteado por la facción evista de ese partido, al que la Sala Plena declaró “improcedente”.

Con esas decisiones, el TSE evaluará el jueves, según dijo, si corresponde o no una “tarjeta amarilla” al MAS, es decir, su primera amonestación.

Nota en desarrollo…

El presidente Luis Arce fustigó a “la nueva derecha” que, según advirtió, busca la desestabilización del país para satisfacer la “sed de poder” de una sola persona y su “ambición”.

El mandatario asistió este miércoles a la celebración del Día del Trabajador en la ciudad de Cochabamba, donde entregó el Decreto Supremo 5155, de incremento salarial del 5% al salario mínimo nacional y 3% al haber básico.

“Al accionar de la derecha tradicional se ha sumado la nueva derecha; quiere desestabilizarnos, generar movilizaciones para cumplir ambiciones de una sola persona, no de todo el pueblo; quieren boicotear la economía del pueblo; quieren boicotear a las verdaderas organizaciones y sus dirigentes para satisfacer su sed de poder”, dijo el mandatario en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba.

Arce aludió a algunos sectores que anunciaron el cierre da carreteras, a pocos días del congreso nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) Convocado por el Pacto de Unidad arcista. Dicho encuentro está previsto para el 3, 4 y 5 de este mes, aunque no tiene aún el visto bueno del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En repetidas ocasiones, el jefe de Estado se refirió como “la nueva derecha” a la facción del MAS liderada por Evo Morales; criticó de ese grupo sus “afanes desestabilizadores” y de boicot en la Asamblea Legislativa, principalmente.

Luis Arce

“Vivimos al interior de una guerra híbrida, que cumple con cada una de sus fases; al igual que antes del golpe de 2019, algunos hermanos se vuelven funcionales a los intereses de la derecha al sabotear la economía, al bloquear económicamente desde la Asamblea Legislativa, y este bloqueo no es al Gobierno, sino a la economía, de la patria del pueblo y al bolsillo de los bolivianos”, protestó el mandatario.

En medio del acto, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, criticó que algunos dirigentes emitan mensajes “políticos”, en alusión a las pancartas que algunos ciudadanos portaban en los alrededores del desfile de los trabajadores.

“No vamos a permitir intereses personales que quieren apañar este acto de los trabajadores. Todo tiene su espacio y respetamos; así como exigimos el respeta a los trabajadores en este 1 de Mayo. No vamos a permitir politizar los actos estrictamente sindicales de los obreros de nuestro Estado”, reclamó el líder de los trabajadores.

El reclamo del del mandatario ocurre a días de comenzar el congreso nacional del MAS convocado por el Pacto de Unidad que lo respalda y, aunque la Secretaría de Cámara del TSE volvió a observar su convocatoria, dirigentes de organizaciones ratificaron el evento “con o sin supervisión” del Órgano Electoral.

Morales, con otros siete miembros de la directiva nacional del MAS, convocó a otro cónclave el 10 de julio en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba. El TSE aún no se pronunció respecto de esa convocatoria.

Luego de su arribo a la ciudad de La Paz, el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, se dirigió a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro para visitar a Luis Fernando Camacho, sin embargo, la autoridad afirmó que se le negó el ingreso.

«Saliendo del aeropuerto, fui directo para Chonchocoro, pero no tuve la oportunidad de conversar con el gobernador. Llegué hasta la malla, presenté mi carnet de identidad, hice la solicitud. Esperé la comunicación desde el interior de Chonchocoro para ver si pasaba o no pasaba. En una ocasión llegué a pasar hasta la garita de control para hacerme el registro. Hoy (martes) no, no conseguí pasar”, dijo Aguilera en contacto con los medios de comunicación.

Al ser consultado sobre el impedimento para ingresar al penal responde a una disposición de la dirección de ese recinto carcelario o de Camacho, la autoridad respondió “no sabría decir”.

Aguilera reemplaza a Camacho en sus funciones desde el 26 de enero de este año. Fue por decisión del Tribunal Constitucional que, a través de la Sentencia Constitucional 1021/2023-S4, revindicó el Estatuto de Santa Cruz en relación a la suplencia temporal.

ENCARCELADO

Encarcelado Camacho por el caso Golpe de Estado I, de hechos que antecedieron al derrocamiento del expresidente Evo Morales en 2019, ejerció su mandato desde prisión hasta esa fecha. El artículo 25 del estatuto departamental prevé la suplencia temporal ante la ausencia del gobernador.

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Aguilera llegó el martes a la sede de gobierno para participar en el Consejo de Autonomías, convocada por el Gobierno nacional. Desde que juró a sus funciones, Camacho no se había presentado a las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías.

El encuentro contó con la participación de autoridades subnacionales, alcaldes y gobernadores de todo el país. Allí se evaluó el avance de la etapa poscensal, entre otros.

La Comisión Mixta de Constitución determinó este martes entrar en cuarto intermedio mientras se espera la notificación de la Sala Constitucional que concedió la acción popular a la dirigente indígena Yeny Duri y anuló el proceso de preselección de las judiciales.

“Teniendo en cuenta que aún no nos remitieron ninguna resolución y también vamos a ir presentando el informe de los amparos, los 18 que nos han interpuesto más la acción popular… declaramos un cuarto intermedio”, dijo el presidente de esa comisión, el senador Miguel Rejas.

Añadió que “inmediatamente” se los notifique, se los convocará y definirá si se envía un informe o no al Pleno de la Asamblea Legislativa.

Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana, indicó que están esperando la notificación que anuló las judiciales para determinar acciones como comisión.

“Lo que nos queda claro que el fallo de la Sala Constitucional de Pando es ilegal e inaplicable, ninguna sala constitucional tiene competencia para declarar inaplicabilidad de una ley, menos de la Ley 1549 que ha sido sometida a control constitucional y que además está respaldada por dos tercios de la Asamblea Legislativa”.

Añadió que en condición de primer órgano del Estado “exigen” que sea la Asamblea Legislativa la que dé el mandato para continuar o dejar por sentado el proceso de preselección.

La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

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La acción popular fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

La senadora Barrientos también señaló que los amparos presentados contra la Asamblea y las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural paralizaron el proceso de preselección desde hace dos semanas.

Luego de conocer que la Justicia anuló la preselección de postulantes para las judiciales, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que la “incompetencia” de la Sala Constitucional Primera de Pando hacen “improcedente e inaplicable” este fallo. 

“El objeto de la ‘acción popular’ protege intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. La incompetencia de la ‘sala’ y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La ALP debe avanzar en el proceso de selección” (sic), escribió en su cuenta de X.

La tarde de este martes, la Sala de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

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La acción popular fue presentada el 18 de abril por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri. En primera instancia, la Sala dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Salazar señaló que la Asamblea “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”. “Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

Añadió que la Asamblea tiene que emitir “una nueva convocatoria, cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.