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Wednesday 1 May 2024 | Actualizado a 05:21 AM

Mendoza y Ganam trataron unos 1.000 juicios en 13 años

Consorcio. La Fiscalía evalúa la labor de la asociación judicial ilegal

/ 21 de abril de 2016 / 07:31

La Fiscalía calcula que el consorcio de jueces y abogados conformado por el exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz Fernando Ganam y el abogado Milton Mendoza  resolvió al menos 1.000 procesos durante 13 años, desde 2003, tiempo que tendría la asociación ilegal.

Este consorcio fue descubierto el 29 de marzo en un operativo policial en el que se capturó, en primera instancia, a Ganam al interior de la oficina de Mendoza, donde según la Fiscalía se negociaba un fallo constitucional dentro de un proceso en contra de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel). Mendoza era el abogado de Cotel.

Una fuente de la Fiscalía de La Paz reveló a este diario que existen elementos e indicios que apuntan a que el consorcio de Ganam y Mendoza fue conformado por ambos en 2003, en el interior del Ministerio Público de la mencionada ciudad, cuando ambos eran fiscales y tenían “mucho poder”.

Organización. Indicó que “en una revisión a grandes rasgos sin entrar en detalles” se verificó que ambos tienen relación con diferentes procesos judiciales resueltos, los mismos que fácilmente llegan a los 1.000 casos, esto a lo largo de los 13 años de trabajo.

Este diario intentó obtener una respuesta de parte de Mendoza, a través de su abogado defensor Alberto Morales, pero no tuvo éxito, debido a que el jurista no contestó su teléfono móvil, pese a las insistentes llamadas.

La fuente consultada resaltó que  incluso entre 2003 y 2006 se conformó una “asociación de fiscales”, en la que la mayoría de sus componentes estaba implicada en el consorcio. Estimó que son más de 15 los implicados, entre fiscales y exfiscales, que estuvieron involucrados de forma directa o indirecta con acciones ilícitas. Al margen de éstos, también señaló que hay cuatro jueces que son investigados por presuntos nexos.

A principios de abril, en el Ministerio Público informaron que en el allanamiento ejecutado a la oficina de Mendoza hallaron documentos de al menos seis casos más que implicaban a más jueces y fiscales. La fuente entrevistada aseguró que por el momento no se tiene una cifra del dinero que acumuló el consorcio ilegal, ya que se cobraba diferentes cantidades, según los casos.

Ángelo Saravia, uno de los fiscales que indaga este caso, informó que en el despacho de Mendoza se halló un documento privado, firmado por el jurista y representantes de Cotel, en el que el abogado garantizaba un fallo constitucional por $us 20.000.

El domingo, Mendoza rechazó la acusación en su contra porque “lo que hubo es un contrato con una cláusula condicional sujeta a resolución y resultado, o sea eso es muy normal en los profesionales del país”.

Basado en este indicio, el presidente del Consejo de Administración de Cotel, Fabián Guillén, fue detenido preventivamente, acusado de financiar al consorcio de jueces y abogados. También se privó de libertad a la exjueza Lía Cardozo, al fiscal Carlos Hugo Rivero, a la secretaria del Juzgado 2º de Instrucción en lo Penal, Yasmila A., y al abogado Vladimir Flores.

Saravia informó ayer que, ante el pedido del Ministerio de Gobierno, se amplió la investigación en contra de la jueza 12º de Instrucción en lo Penal, Jaqueline Tintaya, y del exfiscal Róger Velásquez, solicitud que ya fue aceptada por la comisión de fiscales que investiga el proceso. Está pendiente la instalación de la audiencia cautelar de Tintaya y de su secretaria, para definir su situación legal dentro de este proceso.

Allanan otra oficina

Cotel

La comisión de fiscales que indaga al consorcio Ganam-Mendoza, allanó ayer el departamento financiero de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel), donde confiscó diferentes documentos y computadoras. Este material será sometido a pericias por expertos.

Buscan que cumbre halle solución

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que en la Cumbre Nacional de Justicia, prevista para junio, se trabajará para eliminar los consorcios de jueces y abogados, además de fiscales y policías, que se formaron ilegalmente.

La autoridad gubernamental hizo la afirmación en una rueda de prensa realizada después de la reunión del gabinete ministerial en el Palacio de Gobierno, donde se trató la problemática de la Justicia y las posibles soluciones.

“El debate sobre las transformaciones de la Justicia boliviana, lo hemos hecho ahora en el gabinete (y) en las precumbres. En la Cumbre Judicial tiene que orientarse como eje transversal la eliminación de los consorcios de jueces y abogados insertados”, advirtió el titular de Gobierno.

Sostuvo que los consorcios son el principal mal en la Justicia y que éstos la llevaron a la crisis actual. Ahora se tendrá que resolver en el debate que se generará en la Cumbre Nacional de Justicia. En este encuentro se tocarán aspectos como los plazos procesales que no cumplen los operadores de justicia y cómo se elegirán a las autoridades judiciales. “El tema principal son los consorcios y cómo se desarticulan esas redes, pero afortunadamente se están visibilizando, lo que permite tener mayor conciencia ciudadana”.

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, exhortó a los operadores de justicia a ser “implacables” con los procesos y sancionar ejemplarmente a los implicados, no solamente por el caso de consorcio, sino por otros tipos de ilícitos.  

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A la espera de notificación sobre fallo que anula judiciales, comisión dicta cuarto intermedio hasta este jueves

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

Sesión de la Comisión Mixta de Constitución.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:20

La Comisión Mixta de Constitución determinó este martes entrar en cuarto intermedio mientras se espera la notificación de la Sala Constitucional que concedió la acción popular a la dirigente indígena Yeny Duri y anuló el proceso de preselección de las judiciales.

“Teniendo en cuenta que aún no nos remitieron ninguna resolución y también vamos a ir presentando el informe de los amparos, los 18 que nos han interpuesto más la acción popular… declaramos un cuarto intermedio”, dijo el presidente de esa comisión, el senador Miguel Rejas.

Añadió que “inmediatamente” se los notifique, se los convocará y definirá si se envía un informe o no al Pleno de la Asamblea Legislativa.

Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana, indicó que están esperando la notificación que anuló las judiciales para determinar acciones como comisión.

“Lo que nos queda claro que el fallo de la Sala Constitucional de Pando es ilegal e inaplicable, ninguna sala constitucional tiene competencia para declarar inaplicabilidad de una ley, menos de la Ley 1549 que ha sido sometida a control constitucional y que además está respaldada por dos tercios de la Asamblea Legislativa”.

Añadió que en condición de primer órgano del Estado “exigen” que sea la Asamblea Legislativa la que dé el mandato para continuar o dejar por sentado el proceso de preselección.

La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

Lea más: Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La acción popular fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

La senadora Barrientos también señaló que los amparos presentados contra la Asamblea y las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural paralizaron el proceso de preselección desde hace dos semanas.

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Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La Sala de Pando determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

El expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, en una entrevista con La Razón.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:01

Luego de conocer que la Justicia anuló la preselección de postulantes para las judiciales, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que la “incompetencia” de la Sala Constitucional Primera de Pando hacen “improcedente e inaplicable” este fallo. 

“El objeto de la ‘acción popular’ protege intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. La incompetencia de la ‘sala’ y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La ALP debe avanzar en el proceso de selección” (sic), escribió en su cuenta de X.

La tarde de este martes, la Sala de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

Lea más: Sala Constitucional obliga a la Asamblea a lanzar otra convocatoria para las elecciones judiciales

La acción popular fue presentada el 18 de abril por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri. En primera instancia, la Sala dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Salazar señaló que la Asamblea “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”. “Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

Añadió que la Asamblea tiene que emitir “una nueva convocatoria, cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 18:47

Luego que la Justicia dejó sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, la vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando que concedió la acción popular, señaló este martes que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección” para los comicios judiciales.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo, por cuanto se ha evidenciado la falta de consideración en el tema del acceso a estas convocatorias para el tema de las mujeres como el sector indígena originario campesino. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo la autoridad judicial en GOvisión de Pando.

La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó la tarde de este martes dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la dirigente y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

El vocal Jorge Sotelo señaló que se concedió la acción popular, solicitado por la Central Indígena De Mujeres Amazónicas De Pando (CIMAP).

“Entiendo que se ha dejado sin efecto la convocatoria hasta que se tomen en cuenta los parámetros que se ha planteado. Básicamente acciones afirmativas, igualdad material y no discriminación en función de los agravios que ha planteado la CIMAP”, dijo Sotelo.

La autoridad judicial señaló que la resolución se hará conocer lo más antes posible, considerando el feriado nacional del 1 de mayo. “Lo más antes posible, ya se está redactando la resolución”.

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La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La Comisión Mixta de Constitución revisa las carpetas de los postulantes.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 17:36

Luego que la Justicia dejara sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), informó este martes que reinstalarán la sesión para evaluar la situación de los recursos contra el proceso.

“Lamentamos lo que sucedió en Pando. Pisotea totalmente a la Asamblea Legislativa, de un órgano a otro, lo cual creo que es una aberración de parte de estos vocales que han dado a favor la tutela a esta señora que presentó la acción popular. Sin embargo, en el transcurso de la sesión vamos a evaluar para tomar acciones conjuntas con los miembros de la comisión”.

Añadió que “estamos retomando en estos momentos (la sesión) para evaluar y analizar de aquí en adelante. Nosotros tenemos toda la intención de continuar y concluir con este proceso que hemos arrancado hace ya más de un mes”, dijo el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos. Fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri, quien denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

Lea más: Tribunal de Pando admite acción popular y anula el proceso para las elecciones judiciales

Rejas recordó su denuncia sobre amaños de vocales y jueces con “algunos que presentaron sus amparos y eso significa directamente el manipuleo directo del Órgano Judicial a través de sus operadores, vocales y jueces, para poder obstaculizar y paralizar el proceso de preselección”

Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Froilán Mamani (MAS), señaló que esta determinación irá en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional y esa instancia puede revocarla o confirmarla. 

El legislador acusó al ministro Iván Lima de perjudicar el proceso. “Estamos preocupados, no nos está perjudicando a la Asamblea, está perjudicando directamente los intereses del país. Queremos denunciar a las organizaciones sociales e instituciones que se puedan pronunciar de manera inmediata, no es posible que una autoridad de Justicia vaya en contra de la Justicia boliviana”.

El jefe de bancada por Creemos en la Cámara Baja, el diputado Leonardo Ayala, rechazó el fallo de los vocales porque, en su opinión, vulneran los derechos de los más de 400 postulantes habilitados.

“Creemos quiere que se haga justicia y que sigan las elecciones judiciales con los más de 400 postulantes habilitados”.

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Tribunal de Pando admite acción popular y anula el proceso para las judiciales

La acción popular fue presentada por la abogada Yeny Dury Bautista el 18 de abril.

Postulantes para elecciones judiciales

/ 30 de abril de 2024 / 15:47

En Pando, la Sala Constitucional Primera de Cobija dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La medida fue emitida por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La información fue confirmada por la senadora opositora Andrea Barrientos, presente en el acto judicial y citada en una nota de Los Tiempos.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

El diputado por CC Pablo Arízaga, desde sus redes sociales, criticó la medida e indicó que la acción popular “acaba de fulminar el proceso de Elecciones Judiciales 2024” (sic).

Lea más: Salame dice que ningún tribunal puede frenar la preselección a las judiciales

“No puedo llamarlos vocales, hemos llegado a un punto óptimo de ignorancia en las instituciones públicas que la excepción es tener conocimiento. Sotelo, se pasó de los límites hoy. ¿Sus fundamentos? Que no tienen los mismos derechos las mujeres de Pando porque su Universidad no es la misma que la de mi departamento y que por eso debe anularse todo y lanzar nueva convocatoria. ¿Pueden creer? Si, es vocal y no solo ello, presidente del Tribunal Departamental de Justicia” (sic), escribió Arizaga

Añadió que de la vocal Salazar “no esperaba más que su ratificación política partidaria”, esto en razón de que era candidata por el Movimiento Al Socialismo (MAS), por la circunscripción número 1 de Pando.

“Espero, que hoy todos los que nos lanzaron cohetes y dardos, mientras teníamos que lidiar con este bloque de ignorantes y corruptos, comprendan que debíamos estar unidos, hoy, nos sepultaron a todos juntos. Hasta aquí llegamos, pero por el momento. Este abuso no es eterno, lo sabe bien quien les enseño estas prácticas” (sic).

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