Efectivos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) comisaron el sábado 105 cajas de mecha de seguridad de origen peruano en cercanías de la comunidad Huchamani, en el municipio de Achacachi, La Paz.

El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informó que los efectivos del FTC Chaguaya, durante un patrullaje, comisaron un camión que transportaba ladrillos, pero que en el fondo se encontraban las cajas de mechas para explosivos de la empresa Famesa.

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El motorizado marca Nissan Cóndor con placa de control 1039-PGH transportaba el producto de contrabando, por lo que se procedió al comiso de las cajas y su posterior traslado al Batallón de Infantería Militar (BIM) IV «Alianza”, para su procesamiento legal, en cumplimiento a la Ley 1053.

El conductor con iniciales E. Q. C. alegó desconocimiento sobre la presencia de las cajas y dijo haber sido contratado solo como chófer del camión.

El Gobierno anuncio este lunes que analiza algunas medidas de fomento para incrementar las exportaciones de productos que tienen alta demanda en el exterior del país como la castaña.

La viceministra del Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez, dijo que estas medidas apuntan a beneficiar a los productores y emprendedores, no solamente en cuanto a los certificados de devolución impositiva (Cedeim), también otros acuerdos con los privados en favor de las exportaciones.

“Antes había límites con algunos productos en el paquete exportador, pero también se han liberado esos límites o certificados para la exportación. Hay otras medidas de fomento a determinados productos que son especialmente valorados como la castaña, pero hay otros más que el ministerio correspondiente va a ir informando a futuro”, explicó Jiménez.

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Medidas de fomento

Reveló que efectivamente la producción de castaña ha generado buenas impresiones pero que hay otros que van a beneficiar al sector exportador.

Tras la liberación de las exportaciones y la entrega de la respectiva certificación a 34 empresas oleaginosas de Santa Cruz, el Gobierno espera que en un plazo no mayor a tres meses se obtengan los primeros resultados.

“Entregamos los certificados de abastecimiento interno a las 34 empresas oleaginosas para que puedan exportar sus productos al mundo. Esperamos tener resultado en tres meses o menos porque todas las industrias planifican; esto les permitirá a las industrias hacer mejores planificaciones. En tres meses, en el caso de la liberación de las exportaciones, ya vamos a ver muy buenos resultados”, dijo Siles el 21 de febrero.

El acuerdo entre privados y el Gobierno se rubricó el pasado 19 de febrero. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, presentó las 10 medidas del “Acuerdo económico, productivo y empresarial entre el Gobierno Nacional y el empresariado boliviano” con el objetivo de normalizar el escenario transitorio de escasez de dólares, además de abrir el diálogo y escenarios de concertación para que se generen expectativas positivas que generen mayor producción e ingreso en beneficio de la población.

Exportación

El titular de Economía informó que la primera medida es la liberación de exportaciones con agilización de trámites. “Están liberadas las exportaciones de los productos que anteriormente tenían que hacer un trámite largo de certificado de abastecimiento interno a precio justo. Siempre cuidando que haya un compromiso de abastecimiento del mercado nacional”, señaló.

La autoridad destacó aquella vez que las exportaciones solo de la industria soyera alcanzaron más de $us 1.700 millones en la gestión pasada. Por lo que confía en que, con la liberación acordada entre el Gobierno y los empresarios, estas cifras aumenten y generen mayor ingreso de divisas al país.

(29/04/2024)

La presidenta de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón, informó este domingo que la estatal está dando continuidad a las piscinas de evaporación y, en paralelo, desarrolla proyectos para garantizar la producción de carbonato de litio y otros recursos evaporíticos.

“Si bien hay inconvenientes por el daño a 18 piscinas y un retraso (en la producción), se sigue llevando adelante los trabajos para dar continuidad al proyecto”, afirmó en Bolivia Tv.

El viernes, la ejecutiva confirmó que se hizo el arreglo de cinco de las 18 piscinas; para proveer la materia prima a la planta de carbonato.

Calderón confirmó que, desde 2021, YLB lleva adelante trabajos técnicos e inversiones para reparar las piscinas dañadas; y alcanzar la máxima capacidad de producción de las plantas industriales de carbonato de litio y cloruro de potasio, que a la fecha operan al 30%.

La funcionaria enfatizó que no se ha abandonado el trabajo con tecnología de evaporación, como denunciaron algunos políticos de oposición; sino que también se incursionó en paralelo en la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL); que permite reducir el tiempo en la obtención de carbonato de litio con un alto rendimiento.

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Denuncia de YLB

“Al tratarse de una nueva tecnología, se necesita una fase piloto en la que la tecnología tenga que ser probada en condiciones reales; a la par, se realizan evaluaciones técnicas, financieras, los estudios hidrogeológicos, el parte medioambiental; análisis de sustentabilidad, entre otros, para tener la opción de elegir las propuestas que representen mejores beneficios para el país”, detalló.

La semana pasada, YLB presentó una denuncia en contra de exfuncionarios y de una empresa contratista por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato que dejaron inoperables 18 piscinas industriales de evaporación del complejo industrial.

La denuncia es el resultado de una auditoría e investigación especializada que estableció un daño económico al Estado por más de Bs 425 millones.

El proceso está en plena investigación y hasta la fecha un exfuncionario fue enviado a la cárcel y otros tres, entre ellos el exministro de Minería Luis Alberto Echazú, están con detención preventiva.

El proceso se inició contra 11 personas; sin embargo, tras la muerte de Juan Carlos Montenegro, exgerente de Recursos Evaporíticos de YLB, y la aprehensión de cuatro de los sindicados; aún quedan seis implicados que son buscados.

La viceministra de Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez, aseguró este domingo que la economía boliviana alcanzó el 3% de crecimiento al cuarto trimestre de 2023 y lamenta que las calificadoras, como Moody’s, no ponderen esas cifras “que ubican al país en el promedio mundial de economías con mayor dinamismo”.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) aún no presentó las cifras oficiales del crecimiento económico al cuarto trimestre de 2023. Se conocen solo los resultados al tercer trimestre que, según informe oficial, llegaron a 2,31%.

Jiménez dio esa cifra a tiempo de exigir a la agencia calificadora Moody’s que sea más equilibrada en sus informes y pondere otras variables registradas en el país.

“Si el Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales han estimado que el PIB (Producto Interno Bruto) a nivel mundial va a estar un poco más del 3% y el país en la gestión 2023 ha obtenido un crecimiento del 3%; que nos sitúa entre las economías de mayor dinamismo, cómo esta variable fundamental no va tener la ponderación respectiva”, cuestionó.

El viernes, Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3” y advirtió que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.

La viceministra Jiménez consideró esa calificación poco equilibrada y pidió más objetividad.

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Economía

El informe de Moody’s indica que hay riesgo de que Bolivia no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.

Sin embargo, Jiménez aseguró que la propia Moody’s dice en su informe que desde 1983 Bolivia no ha dejado de cumplir con el pago de sus deudas y bonos.

Asimismo, aseguró que el país cuenta con las divisas correspondientes para cumplir con sus obligaciones en deudas.

“Paulatinamente se irá cumpliendo con las obligaciones se vayan generando con relación a importaciones. Nosotros generamos todas las condiciones para la programación de divisas en relación al pago con multilaterales; y tenedores de nuestros bonos internacionales. La propia Moody’s dice que en su comunicado que Bolivia ha cumplido con sus obligaciones de deuda”.

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía respondió el sábado que la calificadora limita su análisis a las presiones de liquidez en moneda extranjera sin considerar la estabilidad y el crecimiento económico.

Sobre el tema, el presidente Luis Arce aseguró este domingo que la calificación de Moody’s de Caa1 a Caa3; tiene un origen político vinculado a la falta de aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte de evistas y la oposición.

La viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia, explicó que el Decreto Supremo 5143 apunta a la desburocratización de los trámites en las oficinas de Derechos Reales (DDRR) a través del uso de la tecnología.

“Al poder hacer uso de la tecnología, este decreto pretende la desburocratización (de Derechos Reales). El momento en que este sistema empiece a funcionar, le va a dar muchas posibilidades a la gente de tener un trámite certero, que tenga información correcta, que los plazos se reduzcan”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.

El decreto en cuestión plantea la creación del Sistema Único de Derechos Reales y fue promulgado el 10 de abril por el presidente Luis Arce.

La norma pretende crear una base de datos única, y con “estándares internacionales”, para que usuarios accedan a información “cruzada” entre varias instituciones, entre ellas, la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu) y hasta los gobiernos municipales y departamentales.

Trámites

“Va a haber seguridad jurídica, porque los datos son inalterables y se va a poder evidenciar quién ha sido la persona que ha generado los registros. Eso, por supuesto, va a generar mayor transparencia” explicó Saravia.

Explicó que la norma “es una respuesta” a varias quejas y reclamos por casos de corrupción y de trámites que, según contó, tardaban hasta tres años en concluir.

Planteó, además, una serie de beneficios, aparte de la “rapidez” de los trámites; por ejemplo, el pago que ahora podrá realizarse con tarjeta de débito o crédito y también a través del uso de QR.

Otro de los puntos que explicó la funcionaria es la “institucionalización de Derechos reales” y explicó que eso implica una evaluación meritocrática del personal de esa institución.

Registro

“Al ser un registro tan importante, es necesario que el personal tenga conocimiento suficiente. Se va a realizar una convocatoria que valore la meritocracia (…). También cuando hablamos de servidores con conocimiento pleno de la norma; van a tener una mayor y mejor información y evitar los trámites de dos o hasta tres años”, complementó.

Los datos de los usuarios, indicó, migrarán del formato tradicional al digital de manera “automática”; esa tarea está a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

Varios sectores reclamaron que el contenido de esta norma no fue socializada, por lo que pidieron a las autoridades informar sobre sus alcances.