El exprocurador y abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista Wilfredo Chávez insistió en que el expresidente Evo Morales no está inhabilitado para ser candidato a las elecciones generales de 2025.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, argumentó que Morales puede volver al Gobierno, como lo hizo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y el expresidente Víctor Paz Estenssoro, en Bolivia.

Lula fue presidente de Brasil en dos periodos entre 2003 y 2010. Dejó la presidencia en 2010, y fue sucedido por Dilma Rousseff, quien tenía un nivel de aprobación del 90%. Pero en los años siguientes, Rousseff fue destituida. Entretanto, Lula fue investigado, imputado y condenado por corrupción en el marco de la Operación Lava Jato, lo cual le impidió competir en las elecciones de 2018, que Jair Bolsonaro ganó.

En 2022, el presidente Lula se volvió a postular y ganó nuevamente las elecciones presidenciales en su país. Obtuvo el 50,9% de los votos, es decir, 60.345.999 en total.

El expresidente fallecido Víctor Paz Estenssoro fungió como mandatario en el país, en cuatro ocasiones (1952-1956, 1960-1964, de agosto a noviembre de 1964, y 1985-1989).

Con esos ejemplos, Chávez aclaró que la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe la reelección consecutiva por más de dos ocasiones, pero no prohíbe la reelección cuando se trata de periodos discontinuos.

Por ello, afirmó que Morales está “totalmente habilitado” para las elecciones de 2025. “Para el equipo jurídico, el sentido común y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), Evo Morales está habilitado”.

“La Corte Interamericana no ha prohibido que un expresidente sea candidato porque todavía puede ser reelecto de forma discontinua”, acotó.

El 29 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) abordó, en su Sentencia Constitucional 1010/2023, la opinión de la Corte Interamericana sobre la materia.

Sin embargo, ese fallo definió un recurso de inconstitucionalidad contra la convocatoria a elecciones judiciales. En las consideraciones previas, dicha sentencia invoca la Opinión Consultiva OC-28/21, de 7 del junio de 2021, y solicitada por Colombia, la Corte Interamericana “señaló que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido” por las convenciones internacionales.

El texto de la sentencia recuerda que la CPE define el mandato del Presidente y del Vicepresidente por cinco años, “y con el derecho a ser elegido por una sola vez de manera continua”.

Al respecto, Chávez aseguró que, “técnicamente”, Morales debería ser candidato. En su criterio, el fallo no es vinculante, debido a que no se cita específicamente que Morales puede o no ser candidato.

“Es mentira que está inhabilitado. Hemos revisado toda la sentencia, es un caso entre un particular y David Choquehuanca”, añadió.

Incluso, aclaró que, de acuerdo a la opinión consultiva, se prohíbe la reelección indefinida para el que esté en el cargo. “La CPE dice que (una autoridad) puede ser reelecto por una vez de forma continua, pero no dice nada sobre la discontinuidad”.

Al ser consultado sobre la candidatura del presidente Luis Arce, aseguró que si el mandatario quiere ir a las elecciones debe buscar su propio partido, debido a que no reúne los 10 años de antigüedad de militancia, principio estipulado en el estatuto orgánico del MAS.

“Luis Arce no es líder de nada, nunca ha sido. No tienen militancia histórica, no tiene espalda política ni trayectoria. Era siempre un funcionario que estaba en Banco Central o en el Ministerio (de Economía). Se lo ha tomado como un tecnócrata”, dijo.

Sin embargo, Arce fue uno de los hombres más allegados a Morales durante su mandato entre 2006-2019. El 23 de enero de 2006, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, lo posesionó como el nuevo ministro del entonces denominado Ministerio de Hacienda. Tres años después, en 2009, asumió el mando del nuevo Ministerio de Economía.

El 26 de junio de 2017, Arce se vio obligado a renunciar al Ministerio debido a su estado de salud. Luego, retornó a Bolivia después de haberse recuperado y retomó el mando de es cartera el 23 de enero de 2019.

Su gestión acabó por el derrocamiento de Morales el 10 de noviembre de 2019, luego de la crisis poselectoral.

La Sala Constitucional Primera de Cochabamba declinó competencia sobre la acción de cumplimiento contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, presentada por legisladores evistas.

El recurso planteaba la inclusión en la agenda bicameral de los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de magistrados y consejeros prorrogados por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“La Sala Constitucional I, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, DECLINA COMPETENCIA territorial y en consecuencia DISPONE la remisión de la presente Acción de Amparo de Cumplimiento y actuados acompañados, ante la Sala Constitucional de Turno del Departamento de La Paz, sea con la debida nota de atención dirigida (sic)”, se lee en el por tanto de documento al que accedió La Razón.

Inicialmente, ese recurso fue presentado en La Paz, por los senadores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) MAS William Torrez y Lucy Escobar. Luego de ser sorteada y derivada a la Sala Constitucional Primera, a cargo del vocal Israel campero, los accionantes decidieron retirar el memorial y trasladarlo al Tribunal de Justicia de Cochabamba.

“Hemos presentado una nueva acción de cumplimiento contra del presidente nato de la Asamblea Legislativa (David Choquehuanca), quien incumplió el mandato del artículo 163, numeral 7 de la Constitución Política del Estado” dijo Torrez el lunes.

El senador explicó que la disposición establece que cuando la sala revisora (la Cámara de Diputados en este caso) después de haber recibido el proyecto de ley deja transcurrir 30 días y dentro ella no ha tratado el proyecto de ley en forma automática pierde competencia. “Es el presidente nato de la Asamblea que tiene la obligación de convocar de forma inmediata al pleno para que ahí se defina el curso de ambos proyectos de ley”.

Torrez volvió a denunciar una supuesta manipulación informática que derivó la asignación de la acción de cumplimiento a la sala de Campero.

“No estamos pidiendo que nos favorezcan, sino solamente que den cumplimiento al artículo 163, numeral 7 de la Constitución. Necesitamos que esto sea de la manera más rápida, estamos con nuestras organizaciones sociales, no nos vamos a mover hasta que salga la admisión y luego se pueda fijar la audiencia correspondiente”, declaró.

Nota en desarrollo

El exprocurador del Estado y abogado del MAS Wilfredo Chávez admitió que su esposa, Vanessa Miramendy, presentó uno de los 39 amparos constitucionales en contra de la preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La abogada fue rechazada en su postulación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de La Paz. Según informo Chávez a La Razón, el motivo por el que la separaron del proceso tuvo que ver con su antigüedad como profesional.

“Ella (su esposa) tiene más de 20 años de antigüedad como abogada; 20 años desde el título, y supuestamente le han dicho que no tiene antigüedad, y ése fue (el motivo de) el amparo, nada más (…). Entonces, ella ha postulado, efectivamente, y ha acudido a la Justicia para que le reparen su derecho”, dijo Chávez en entrevista con La Razón.

Wilfredo Chávez

Defendió la trayectoria de Miramendy, de la que dijo que es titulada por la Escuela de Jueces y ejerce, actualmente, el cargo de juez de Familia en el municipio de El Alto.

Las declaraciones de Chávez son una respuesta a la denuncia del diputado de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui, que afirmó que 17 de los 39 amparos constitucionales contra las judiciales fueron presentados por exfuncionarios y afines de Evo Morales, entre ellos Miramendy.

“No es la primera vez que escuchamos en la sucia boca de Jáuregui estas cosas y cuando queramos vamos a contestar con la altura que haya que hacer”, respondió Chávez.

Pidió, además, que se investigue si la calificación que obtuvieron los postulantes que, según dijo, son allegados a Jáuregui y otros miembros del Órgano Ejecutivo.

Elecciones Judiciales

“Habría que ver los allegados al diputado Jáuregui, a los ministros de ellos. Si están habilitados o no, para hacer ecuánimes, yo pido esa investigación a los medios de comunicación para que sea efectivamente un balance. ¿Quiénes están habilitados?, veamos de dónde vienen, si trabajan en el Ejecutivo y cuánto (de puntaje) tienen, y cómo han votado esos diputados”, reclamó.

El debate por la continuidad de las elecciones judiciales, según el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, está en manos de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural.

Entretanto, el titular de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, afirmó que es una sesión de la Asamblea Legislativa, para definir nuevos plazos, pues la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, establece un plazo de 80 días para que ese órgano remita una lista de 192 postulantes para los comicios judiciales. Ese tiempo se cumplió el 6 de mayo.

En la búsqueda de la continuidad del proceso de elecciones judiciales, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dejó en manos de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia su reencauce.

“Nosotros, desde el principio, indicamos que tiene que proseguir las elecciones judiciales. Hay un dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional y las comisiones mixtas deben analizar y proceder, eso dejamos a las comisiones mixtas”, dijo el diputado arcista a los periodistas en La Paz.

El lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, instó a las dos comisiones, que llevan adelante el proceso de preselección, a que sigan con su trabajo.

Judiciales

Pasaron 43 días desde que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz puso el primer freno y ordenó paralizar el proceso. El 16 de abril, ese tribunal dictó una medida cautelar sobre el proceso, por un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.

Luego, el 30 de abril, la acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, logró que la Sala Constitucional Primera de Cobija apruebe la acción popular que dejó en fojas cero todos los obrados de la preselección. Además, consideró inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Pero la luz verde para la continuidad se vio el jueves de la semana pasado, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo dictado en Pando.

Por su parte, consultado por los periodistas en La Paz, el presidente de la Comisión Mixta del Constitución, senador Miguel Rejas, insistió que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, “debe convocar (a una sesión) de la Asamblea Legislativa”.

Comisiones mixtas

En criterio del senador evista, la Asamblea debe resolver una ampliación de plazos para que se pueda retomar el proceso que debe concluir con la remisión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de una lista de 192 postulante.

Ese plazo, según la Ley 1549 de Elecciones Judiciales, es de 80 días y se cumplió el pasado 5 de mayo.

En criterio de Rejas, con el plazo vencido, se necesita de una norma que amplíe ese tiempo.

“No podemos estar sobre el aire (para trabajar). Tenemos que tener una resolución con los plazos establecidos (…). Nosotros vamos a pedir al presidente nato (de la Asamblea) que convoque”, insistió Rejas.

Por su parte, en una entrevista con La Razón Radio, la senadora chuquisaqueña Silvia Salame advirtió de la “urgencia” de resolver los escollos y continuar con la preselección, pero criticó que a sus colegas legisladores “no quieren entender” aquello.

El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui denunció este martes que el 44% de los amparos constitucionales fue presentado por exfuncionarios y allegados a la gestión de Evo Morales.

El legislador dijo que en total se presentaron 39 amparos constitucionales contra el proceso de preselección de postulantes. “El 26% son de ciudadanos, 44% de los amparos fueron presentados por postulantes allegados a Evo Morales; el 2% de aliados del evismo y, el resto, otros ciudadanos profesionales postulantes”.

Jáuregui atribuyó ello a un “contubernio” entre la facción evista del MAS y el bloque de oposición y descartó que la paralización de las elecciones judiciales sea impulsada por el ala arcista de ese partido, como se denunció anteriormente.

Elecciones Judiciales

El legislador expuso unos cuadros en los que mostró, con nombre y apellido, los cargos que, supuestamente, ocuparon en la gestión de Morales.

Entre los principales amparos que perjudicaron el desarrollo de la preselección, mencionó el recurso planteado por Julio Rocha, de quien dijo que ocupó un cargo “jerárquico” en el Ministerio de Justicia, cuando Morales era presidente.

También apuntó a Jhonny Cordero, al que atribuyó la dirección nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y, además, viceministro de Tierras. “En un otrosí, solicitó que se dicten medidas cautelares (a la preselección)”.

Dijo que Juan José Ibáñez, otro accionante, tuvo un cargo jerárquico en el Fondo Nacional de Inversión y Producción Social en esa gestión.

Amparos Constitucionales

Jauregui nombró a las 17 personas que interpusieron amparos constitucionales, entre ellas, citó a Vanesa Miramendi, esposa del exprocurador general del Estado y ahora abogado del MAS evista Wilfredo Chávez. 

Sobre ese amparo constitucional, dijo que incluyó una medida cautelar que frenó la preselección.

“Este (grupo de exfuncionarios) es el verdadero rostro de la paralización de las elecciones judiciales”, dijo Jáuregui.

Jáuregui explicó que, del total de amparos, la Justicia concedió tutela a 12, “es decir que se atiende y se remedia su situación jurídica”; a ocho se la denegó; seis fueron retiradas y 12 “de la que no tenemos el dato y una aún está pendiente”.

Juan José Jáuregui

La denuncia de Jáuregui ahonda el debate sobre la preselección de candidatos. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dejó en manos de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia su reencauce.

Mientras que el presidente de la Comisión Mixta del Constitución, senador Miguel Rejas, insistió que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, “debe convocar (a una sesión) de la Asamblea Legislativa”.

“No podemos estar sobre el aire (para trabajar). Tenemos que tener una resolución con los plazos establecidos (…). Nosotros vamos a pedir al presidente nato (de la Asamblea) que convoque”, reclamó. El legislador evista del MAS.