Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas rechazó este sábado la calificación de “Caa3” con perspectiva estable que emitió Moody’s para Bolivia y ratificó las políticas económicas del país que permiten mantener estabilidad y crecimiento. Asegura que el Gobierno cumple puntualmente con sus obligaciones de servicio de deuda.

“El informe de Moody’s no muestra una evaluación exhaustiva de todos los factores que influyen en la economía boliviana, limitando su análisis a las presiones de liquidez en moneda extranjera, tampoco considera las acciones concretas asumidas por el Gobierno para abordar estos temas”, refuta la nota.

Asimismo, reivindica las medidas aplicadas por el Gobierno para hacer frente a las presiones de liquidez en el corto plazo y para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) a mediano plazo. Destaca, además, la política de sustitución de importaciones.

Lea más: Moody’s rebaja calificación crediticia de Bolivia a “Caa3” y advierte riesgo de impago de deuda e importaciones

Deuda

Cuestiona, además, que la evaluación de Moody’s no valore el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación anual, una de las más bajas de Sudamérica.

“Es importante considerar que, a pesar de las presiones económicas, las RIN se están estabilizado y han contribuido a mantener tasas de inflación bajas con un crecimiento económico estable, medidas como la compra de oro por parte del Banco Central de Bolivia y la emisión de bonos en dólares son acciones que impulsan el fortalecimiento de las reservas”.

El Ministerio de Economía refuta también la consideración sobre las presiones de liquidez externa en la balanza de pagos, pues “no considera que las reservas de están estabilizando y que indicadores de riesgo soberano han mejorado en 2024”.

Recuerda que, en febrero, el Gobierno y los empresarios privados del país acordaron 10 medidas para mejorar la liquidez de divisas, entre los que destacan la liberación de exportaciones, devolución inmediata de los Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim) a los exportadores y promoción de inversiones en sectores estratégicos como el agrícola y el de biocombustibles.

“El Gobierno reafirma su compromiso con una gestión responsable de la deuda externa y manifiesta que los pagos del servicio de la deuda han sido realizados puntualmente, la posición alarmista presentada por Moody’s sobre posibles incumplimientos en los bonos soberanos no refleja adecuadamente la situación financiera del país”, remarca.

El viernes, la agencia de calificación global Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3” y advirtió que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.

La agencia de calificación global Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3” y advierte que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.

En su informe, emitido el viernes, la entidad cambió la perspectiva de las calificaciones para el país de negativa a estable.

Las calificaciones Caa1, Caa2 y Caa3 significan de poca calidad y sujetos a un riesgo crediticio muy alto.

La nota indica que «los actuales desafíos de gobernanza y el mayor riesgo político interno han exacerbado las presiones de liquidez externa a niveles críticos; como resultado de una disminución persistente de las reservas de divisas que amenazan con una crisis de balanza de pagos”.

Moody’s proyecta que en Bolivia se mantendrán niveles muy bajos de reservas de divisas, niveles de producción cada vez más reducidos en el sector de hidrocarburos y un riesgo político interno elevado, lo que está afectando la gobernabilidad.

“Los acontecimientos recientes han aumentado el riesgo de un ajuste desordenado de la balanza de pagos; y de que Bolivia no tenga suficientes divisas fuertes para garantizar el pago completo y oportuno de sus obligaciones de deuda externa y de sus importaciones”.

Según el informe de la agencia, la aprobación en la Asamblea Legislativa de una nueva Ley de Oro proporcionó al país un alivio temporal de liquidez en 2023; sin embargo, el nivel de reservas sigue disminuyendo.

“Los préstamos pendientes de instituciones de desarrollo multilaterales y bilaterales, una importante fuente de divisas para el soberano, no habían sido aprobados por el Congreso; hasta hace muy poco debido a luchas políticas internas entre diferentes facciones del partido gubernamental gobernante”.

Lea más: FMI prevé que la economía boliviana crecerá 1,6% este 2024, menos de lo esperado

Moody’s

El documento señala que los préstamos proporcionarán un financiamiento esencial de cuenta corriente a corto plazo; sin embargo, no abordarán las necesidades a nivel externo a largo plazo.

“Aunque los pagos de principal de los dos bonos soberanos internacionales pendientes de Bolivia no vencerán hasta 2026, las persistentes presiones de liquidez externa han aumentado los riesgos crediticios soberanos”.

Sin embargo, indica, que los riesgos al alza y a la baja para el perfil crediticio permanecen equilibrados; y resalta que las recientes medidas del Gobierno destinadas a apuntalar las reservas de divisas; ayudarán a Bolivia a mitigar algunas de las actuales presiones crediticias a corto plazo.

En febrero pasado, la calificadora Fitch también rebajó la proyección crediticia de Bolivia a “CCC”.

En abril, el Banco Mundial situó la perspectiva de crecimiento del país en 1,4%; mientras que el Fondo Monetario Internacional proyecto que Bolivia alcanzará el 1,6% de aumento económico, ambos muy por debajo del 3.7% que proyecta el Gobierno.

En todos los casos, el Gobierno rechazó esas perspectivas y aseguró que el país sorprenderá con su crecimiento y ratificó que el crecimiento económico de Bolivia va por buen camino.

El padrón de contribuyentes de Impuestos Nacionales creció en un 5,3% hasta diciembre del año pasado respecto de la gestión 2022, informó el presidente de la entidad recaudadora estatal, Mario Cazón.

Según la Memoria Institucional 2023 que presentó el ejecutivo, el universo de contribuyentes, con obligaciones tributarias vigentes, al cierre de la gestión 2023, alcanzó a 490.628 personas.

La cifra representa un 5,3% más si se compara con el número de inscritos activos habilitados a diciembre de 2022, que fue 465.781.

“El crecimiento del 5,3% del padrón nacional de contribuyentes muestra que en Bolivia se consolidó la reactivación, con la apertura de nuevas actividades económicas legalmente establecidas, que tienen un Número de Identificación Tributaria (NIT); y pagan al erario público los impuestos correspondientes”, destacó la autoridad.

La Memoria Institucional presentada por Cazón contiene los datos de los 100 mayores contribuyentes de 2023; donde destacan la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Banco Unión y Boliviana de Aviación (BoA), entre otras.

Lea más: Impuestos detecta documentos falsos en trámite de NIT, hay un aprehendido

Contribuyentes

También contiene información sobre la recaudación tributaria del Mercado Interno (MI) en 2023, que llegó a Bs 32, 4 millones.

Resalta, además, el incremento en la recaudación de actividad económica en sectores como petróleo crudo y gas natural, comercio, servicios financieros, transporte y almacenamiento, construcción y obras públicas, entre otros.

En la pasada gestión, resalta el informe, Impuestos Nacionales continuó con la profundización de la digitalización de sus servicios; mediante la puesta en funcionamiento pleno del Sistema Integrado de la Administración Tributaria (SIAT en Línea).

Además del lanzamiento de otros productos tecnológicos, como Asistencia en Línea (AL), también a través del SIAT en Línea (www.impuestos.gob.bo); o “Mensajes, Avisos y Notificaciones”, a través de la app SIAT en tus manos.

El contrato de compra de PVC de 0,50 mm para impermeabilizar 18 piscinas entre la GNRE y MACCAFERRI en 2015 para obtener salmueras para las plantas industriales, no contaba con un respaldo técnico y generó la inoperabilidad de las infraestructuras.

De acuerdo con el cuaderno de investigaciones del Ministerio Público, la entonces Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), que dependía de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), firmó tres contratos con dos empresas para la adquisición de geomembranas PVC de 0,75 y 0,50 milímetros (mm) de espesor para la impermeabilización de las piscinas del proyecto “Desarrollo Integral Salmuera del Salar de Uyuni – Planta Industrial”.

Según el detalle, el primer contrato se realizó con la empresa FILMTEX SAS, en octubre de 2012 para adquirir cerca de 4,1 millones de metros cuadrados (m2) de geomembrana PVC de 0,75 mm por Bs 8,13 millones, que según el informe técnico de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) de febrero de 2024, “se encuentran operando a la fecha”.

Caso YLB

El segundo contrato se firmó en julio de 2015 con la empresa MACCAFERRI para la compra de 8,1 millones de m2 de PVC de 0,50 mm por un valor de Bs 141,62 millones para la impermeabilización de 18 piscinas “que no operaron (17 impermeabilizadas y una reimpermeabilizada)”.

La investigación de YLB, presentada ante la Fiscalía de La Paz el 19 de abril, señala que ese contrato, entre GNRE y MACCAFERRI, “no cuenta con el Informe Técnico que justifique objetivamente este cambio, conforme corresponde en cumplimiento a la sección II procedimiento de los procesos de contratación directa, del Reglamento Especifico de Contrataciones Directas de Comibol”.

Esa disminución del espesor de las geomembranas de 0,75 mm a 050 mm, según el documento, “se traduce en un criterio discrecional” por parte de los entonces funcionarios de la GNRE.

En la investigación realizada por la estatal YLB, y presentada ante el Ministerio Público la pasada semana, se identificó tres factores que son las causas para el deterioro de las piscinas, lo que conlleva a una afectación en la producción de carbonato de litio como de cloruro de potasio.

Proceso

La presidente de YLB, Karla Calderón, detalló que la empresa encargada de la construcción de las piscinas utilizó materiales (geomembranas) de menor calidad, además no las soldaron de manera adecuada, lo que ocasionó con el tiempo que se presenten rajaduras. Por último, tampoco se planificó un proceso de mantenimiento de las mismas.

Para evitar un mayor perjuicio por el cambio de geomembranas PVC de 0,50 mm, la GNRE y la empresa MACCAFERRI firmaron un segundo contrato en junio de 2016 para la compra de 6,9 millones de m2 de geomembrana con espesor de 0,75 mm, “con cuyo material se procedió a la reimpermeabilización de las demás piscinas que no presentan observaciones y están operativas”.

“Este primer factor se constituye en determinante para la no operabilidad de las 18 piscinas industriales porque se tenía pleno conocimiento previo del comportamiento satisfactorio del uso de la geomembrana PVC de 0,75 mm de espesor, antes de la adquisición de otro material con menor espesor, que generó perjuicio por los resultados negativos, que obligó posteriormente a suscribir un tercer contrato de adquisición de geomembrana PVC por el espesor inicial de 0,75 mm, para poder impermeabilizar y reimpermeabilizar las piscinas industriales”.

Le puede interesar: Procuraduría pide anotación de bienes y congelamiento de cuentas en el caso YLB

El juez Sexto Anticorrupción de La Paz, Iván Córdova, informó este viernes que ordenó nueve allanamientos en el marco de la investigación de presuntos hechos de corrupción en la construcción de piscinas industriales de evaporación en la planta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

Sin dar mayores detalles sobre las órdenes emitidas, dijo que son parte del proceso investigativo y ayudarán a esclarecer la denuncia presentada el martes pasado por la presidenta de YLB, Karla Calderón; y el procurador general del Estado, César Siles.

“Se han emitido órdenes de allanamiento; han sido entregadas al Ministerio Público, he autorizado nueve hasta ahora”.

La autoridad detalló que el proceso se inició contra 11 personas; sin embargo, tras la muerte de Juan Carlos Montenegro, exgerente de Recursos Evaporíticos de YLB; y la aprehensión de cuatro de los sindicados, aún quedan seis implicados que son buscados.

Asimismo, indicó que tanto el Ministerio Público como los denunciantes (YLB y la Procuraduría) apelaron las resoluciones emitidas en las audiencias de medidas cautelares; contra el exministro de Minería Luis Alberto Echazú y otros tres exfuncionarios de la estatal.

Lea más: El IDIF señala que exgerente de YLB murió por problemas cardiacos y descarta ‘muerte provocada’

YLB

El miércoles, Echazú fue beneficiado con detención domiciliaria y tras dos días de permanecer en celdas policiales; salió para cumplir con la medida. En tanto, el jueves un ingeniero de obras fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro en La Paz; y otros dos exaltos ejecutivos recibieron detención domiciliaria.

“Las tres resoluciones emitidas por este juzgado fueron apeladas por el Ministerio Público, YLB y la Procuraduría; en todos los casos piden detención preventiva. En el caso del exministro Echazú atendiendo la situación de persona de la tercera edad; que presenta enfermedades de base se determinó su detención domiciliaria”, explicó.

Complementó que los otros dos implicados que fueron beneficiados con detención domiciliaria; están acusados por incumplimiento de deberes y en ese caso “no procede la detención preventiva”.

La presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó esta semana una denuncia formal ante el Ministerio Público; contra exfuncionarios de la estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado; incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.