Bolivia y México exigen que Almagro y misiones de la OEA no intervengan en asuntos internos de países miembros
“México exhortó a la OEA a respetar la voluntad del pueblo boliviano y la democracia. Ambos países coincidieron en no tolerar injerencias en asuntos internos de los países”, señala el documento firmado por los presidentes Arce y López Obrador.
Los presidentes de Bolivia y México, Luis Arce y Andrés Manuel López Obrador, firmaron una declaración en la que exigen que las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, no intervengan en los asuntos internos de los países miembros del bloque.
En el relanzamiento de las relaciones bilaterales, tras la ruptura en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, Arce está de visita en México, en el marco del 190 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Hoy participará en un acto para rememorar los 200 años de la independencia mexicana, en Campeche.
“Coincidieron (Bolivia y México) en la importancia de promover el carácter exclusivamente técnico, objetivo e imparcial de las Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), las cuales deben ceñirse a los principios de no intervención, el respeto a la autodeterminación, el diálogo, la negociación, la búsqueda de consensos y la solución pacífica de controversias, considerando prioritaria la construcción de un multilateralismo que favorezca el bienestar de las personas y la dignidad de los pueblos”, señala el punto 21 firmado por los presidentes.
Y luego se refieren a Almagro. “Asimismo, coincidieron en la necesidad de que la Secretaría General de la OEA se limite a actuar dentro de su propio marco institucional y a abstenerse de intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros. México exhortó a la OEA a respetar la voluntad del pueblo boliviano y la democracia. Ambos países coincidieron en no tolerar injerencias en asuntos internos de los países”.
Almagro y las misiones electorales de la entidad están en la mira por su rol en los comicios bolivianos de octubre de 2019, cuando tras la victoria del entonces presidente Evo Morales, sin necesidad de balotaje, la misión de la OEA intervino y puso dudas sobre los resultados; así, alimentó el discurso del fraude. Más aún, el 10 de noviembre de ese año, emitió una auditoría preliminar que ratificó esto y provocó la caída de Morales.
Al final, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) dimitió también por las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Emprendió viaje a México y dos días después asumió Jeanine Áñez, tras proclamarse presidenta del Senado y luego presidenta del Estado; las Fuerzas Armadas le colocaron la banda presidencial. Por ello, el partido de Morales señala que hubo un “golpe de Estado” en el que participó la OEA.
López Obrador, en su discurso de bienvenida a Arce del miércoles, apoyó esta tesis y dijo que en Bolivia hubo un “golpe de Estado” para la instalación de un “gobierno de facto”, y calificó como una “hazaña del pueblo boliviano” que se haya salido de la crisis mediante el voto, en las elecciones del 18 de octubre de 2020, en las cuales venció nuevamente el MAS, ahora con Arce como candidato presidencial, y con el 55,10% de la votación.
El miércoles, un vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió que la OEA sea excluida de las misiones de observación del balotaje que se realizará en cuatro departamentos el 11 de abril, en la elección de gobernadores, pero ello fue descartado por la Sala Plena. Ya en la primera vuelta de las subnacionales, el 7 de marzo, el presidente Arce había dejado bien en claro que no asistirá a ningún acto del TSE en el que se encuentre la OEA.
En la declaración del miércoles por la noche, Bolivia y México también “reconocieron el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en particular, del proceso de investigación que lleva adelante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH en Bolivia, sobre los acontecimientos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019 en las regiones de Senkata y Sacaba, entre otros”.
El GIEI indaga la violencia antes y después de los comicios de octubre de 2019, sobre todo lo ocurrido el 15 (Sacaba) y el 19 de noviembre (Sacaba), cuando operativos militares-policiales, blindados por un decreto de la presidenta Áñez que liberaba de responsabilidad penal a los efectivos castrenses para “restablecer el orden”, dejaron 20 fallecidos por impactos de bala en esas regiones de Cochabamba y El Alto.
Asimismo, Bolivia y México “coincidieron en la necesidad de reencaminar los procesos de integración regional y el fortalecimiento de los canales de diálogo político y cooperación entre los gobiernos y pueblos de la región” y “reafirmaron su compromiso por continuar el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), como actor crucial para fomentar la concertación política y la integración regional”.
En ese marco, “respaldaron la ejecución del Plan de Trabajo que estableció la Presidencia Pro Témpore de México para el 2021; en particular, para buscar esquemas de cooperación regional para luchar contra COVID-19, promover el acceso equitativo y universal de vacunas y favorecer la reactivación económica pospandemia”, subraya el documento.
