La Fiscalía Departamental de La Paz informó este jueves que se emitió la resolución de imputación formal en contra del concejal de La Paz Pierre Chaín y el empresario Harold Lora. Se los acusa por el delito de uso indebido de influencias.

Ambos son acusados por la emisión de la Ordenanza Municipal 046/2022. Esta norma «presuntamente», pretendía favorecer al empresario al permitirle la construcción del edificio Las Loritas 10, ubicado en Calacoto, en la zona Sur de la ciudad.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción solicitará, en audiencia de medidas cautelares, la aplicación de medidas de carácter personal para los imputados. Esta solicitud consiste en una fianza económica, arraigo y otras en el marco del delito investigado.

“Dentro de la investigación preliminar, se colectó más de 35 elementos de convicción. Entre ellos, los documentos de compra y venta del terreno del Club de Unión Árabe a favor del empresario Harold Lora. Se presume que esta venta habría sido irregular y por el que existe otro proceso abierto”, informó el fiscal anticorrupción Franklin Alborta.

Acotó que también se realizó el registro del lugar del hecho. Se recibió las declaraciones testificales, la Ordenanza Municipal 046 aprobada y posteriormente derogada por el Concejo Municipal de La Paz, entre otros. Todas las pruebas se las presentará ante la autoridad jurisdiccional.

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Alborta informó que el hecho se conoció por una denuncia el 21 de abril de 2023 por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz presentada a esa instancia por el Fondo de Desarrollo de La Paz.

DENUNCIA

En la denuncia se advierten presuntas irregularidades en la aprobación de la norma mencionada. Ésta “tendría la finalidad de beneficiar a determinadas empresas constructoras”, de forma particular a la empresa de Harold Lora, quien, en 2021 compró un terreno de Club de Unión Árabe en la zona de Calacoto, al entonces presidente del club, Pierre Chaín.

“De acuerdo a todos estos elementos, se presume que el concejal habría promovido la aprobación de la ordenanza municipal para favorecer al empresario. A quien también habría vendido, a través de intermediarios, el terreno del club en la zona de Calacoto. Allí se pretendía la construcción de un edificio de más de 20 pisos. La ordenanza después quedó derogada debido a las irregularidades”, agregó Alborta.

El fiscal explicó que existe otro proceso abierto en la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, en contra de Chaín por el delito de uso de instrumento falsificado. Esta denuncia fue presentada por los socios del Club Árabe de La Paz, por la supuesta venta irregular del terreno, con poderes aprobados presuntamente de manera dolosa.

La Administración Tributaria Municipal (ATM) de La Paz comenzará este mes con el embargo de 48.934 vehículos por mora tributaria acumulada en más de 10 años.

El embargo es parte de la ejecución tributaria y se realizará tras la etapa de persuasión que previamente efectuaron los funcionarios de la ATM. La persuasión consistió en “el pegado de stickers recordatorios” a los vehículos con deudas por impuestos municipales. Las notificaciones fueron para instar a que los propietarios “regularicen su situación fiscal”.

“A partir de este mes de mayo vamos a comenzar el embargo de los vehículos automotores. Los funcionarios de la ATM, en forma conjunta con la Policía Nacional o Guardia Municipal, vamos a proceder al embargo de los vehículos que continúan circulando”, informó la directora de esta instancia municipal, Noemí Lastra.

Sin embargo, luego de ser identificados, los deudores aún tendrán la oportunidad de acogerse a planes de pago, con una cuota inicial y al menos 30 cuotas mensuales.

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“Hemos flexibilizado los planes de facilidades de pago. Pueden acceder con un 10% del pago inicial de la deuda y el saldo hasta en 30 cuotas mensuales. También existe una tolerancia en el atraso de las cuotas”, explicó.

Quienes quieran evitar el embargo de sus motorizados pueden pasar por las oficinas de la ATM, ubicada en el edificio Armando Escobar Uría, en el exbanco del Estado, en la calle Colón esquina Mercado, con el fin de regularizar su situación.

La Policía Boliviana y la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario presentaron al primer Grupo Táctico de Intervención. Su misión será controlar a reclusos de alto riesgo.

Un grupo de 15 efectivos de la Policía fueron capacitados durante dos semanas en el Comando Delta. Ellos se encargarán, además, de mantener el control en diversos centros penitenciarios y entre privados de libertad “peligrosos”.

La “peligrosidad (de esos reos de alto riesgo) genera indisciplina y perturbación del orden, afectando la convivencia pacífica dentro de la población penitenciaria. Este grupo táctico evitará situaciones de riesgo”, informó en sus redes sociales el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

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El miércoles, los policías capacitados realizaron una demostración de lo que aprendieron. La actividad contó con la participación de Limpias. Además del director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Rodolfo Machicado, y el comandante de la Unidad de Patrullaje de Acción y Reacción (UPAR- Delta), coronel Ángel Rojas.

En varios centros penitenciarios se verificó que existen reos que causan indisciplina y zozobra. Alteran el orden y la pacífica convivencia entre la población penitenciaria, con la implementación de este grupo de policías, se controlará para evitar estos hechos.

Una mujer de 75 años de edad, de nombre Justa Villarroel Peña, falleció la mañana de este miércoles luego de presentar complicaciones en su salud tras ser operada por el falso médico chileno Christian Gosen Cachich.

Los familiares de la mujer afirmaron que el deceso ocurrió luego de la operación que le practicó Gosen. Como a todos sus pacientes, el falso médico le dijo a la paciente que padecía de úlcera y, luego de hacerle análisis, propició la intervención quirúrgica. La víctima no mejoró y este miércoles perdió la vida.

“La víctima falleció por las malas indicaciones de este falso médico. La mujer llegó a manos de Gosen por publicaciones en redes sociales. Ya en el consultorio, le dijo que se haga una endoscopia, le mostró los mismos resultados (que a todos los pacientes). Le dijo que tenía que hacer una cirugía. Le hizo la operación y esta mañana murió por una supuesta úlcera”, relató el abogado de las víctimas, Fabricio Ortiz.

Los restos de la adulta mayor fueron enviados a la morgue, donde se hizo la autopsia. Aún se aguarda los resultados de ese examen.

El martes apareció la esposa de la primera víctima fatal de Gosen. La mujer contó que acudieron donde el falso médico luego de ver una promoción en las redes sociales. Se trataba de un examen de endoscopía a bajo costo.

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«A mi esposo le hicieron endoscopía y luego de salir del consultorio se puso peor, no podía hablar. Lo llevé a otro centro de salud, pero no pudieron estabilizarle. Lloraba de dolor, ya no tomaba agua ni comía. Comenzó a vomitar sangré y en octubre falleció. Pedimos justicia», relató la mujer.

DENUNCIA

Ante la denuncia de víctimas sobre mala praxis, se realizó una minuciosa investigación y en un operativo Gosen Cachich, descubierto en flagrancia, fue aprehendido.

El falso médico huyó de la Justicia de su país, Chile, hace aproximadamente tres años. Allí, desde 2010, ejercía de forma ilegal la profesión de psicólogo y otros oficios. Luego de pesquisas en el vecino país, huyó a Bolivia, donde finalmente cayó.

Eligió la ciudad de Santa Cruz como lugar de residencia. Allí se hizo pasar como gastroenterólogo y engañó a al menos 15 pacientes, a quienes cobraba hasta Bs 21.000 por tratamientos médicos y cirugías.

En la requisa, cuando fue aprehendido, el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz secuestró documentos falsificados, incluidos licencias de funcionamiento emitidas por el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Luego de la imputación formal del Ministerio Público, la Justicia determinó enviarlo a la cárcel de Palmasola por tres meses.

A pesar de las advertencias del Ministerio de Educación respecto de la prohibición del incremento de las pensiones escolares, los colegios privados no retrocederán en el ajuste. Afirman que lo harán de acuerdo al contrato suscrito con los padres de familia.

“En el contrato de los servicios educativos se colocó una cláusula. En ella decía, claramente que, si hay incremento salarial, necesariamente tiene que haber un incremento en el costo educativo”, señaló el representante de la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop), Antonio Villena.

El Gobierno oficializó este miércoles que el incremento salarial para esta gestión es del 5,85 al mínimo y 3% al básico.

Luego de un ampliado en pasados días, la Andecop había anunciado que, de concretarse ese porcentaje de incremento salarial, el aumento en las pensiones escolares oscilará entre el 3% y el 8%.

“El incremento (en las pensiones) será proporcional al incremento que oficialice el Gobierno. Estamos analizando el porcentaje”, dijo Villena.

El Ministerio de Educación ratificó el martes que no está permitido un incremento de pensiones escolares en esta gestión. Pese a que colegios privados ya lo advirtieron. La cartera de Estado no descartó un acercamiento con los representantes de la Andecop, pero descartó que actualmente exista una autorización para un aumento.

“Tenemos que generar espacios de acercamiento. Pero recordamos que en ningún caso hay una disposición, de parte del ministerio, en sentido de modificar los costos de pensiones dentro de los colegios privados. Esto ya está establecido en la Resolución Ministerial 0001/2024”, dijo el viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina, según una nota institucional.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

En su artículo 87, la Resolución Ministerial 001/2024 establece que: “Con la finalidad de precautelar el derecho a la educación, y velando por la economía financiera de las familias, queda establecido que, para la Gestión Educativa 2024, no deberá existir incremento de pensiones escolares en las unidades educativas privadas del Subsistema de Educación Regular” (sic).

El vocero de la Andecop dijo que el pago mensual de la educación privada no se ajusta desde 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Acotó que, en 2020, 2021 hubo descuentos.

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Villena afirmó que en 2022 no hubo incremento en las cuotas educativas. En 2023, algunos colegios lograron el aumento, pero en porcentajes mínimos. Ante esa situación, señaló, que la situación económica de los colegios privados es insostenible “ya que ellos también deben cumplir con los derechos laborales de sus trabajadores. Es decir el incremento salarial”.

Desde el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor se advirtió que aquellos colegios privados que incrementen las pensiones escolares en la presente gestión recibirán sanciones pecuniarias del 10% de sus ingresos mensuales.

Jorge Silva, viceministro de Defensa al Consumidor, precisó que el Gobierno hará cumplir la resolución 001/2024 que establece el no incremento de pensiones.

“La educación es un derecho humano y prioridad del Estado. Entonces emitir una resolución así amerita una sanción. En el caso de que alguna unidad educativa no respete la resolución ministerial se la va a sancionar con el 10% de sus ingresos mensuales”, afirmó.

La autoridad exhortó a los padres de familia a coadyuvar con las denuncias si son objeto de esas vulneraciones.

“Nosotros vamos a hacer cumplir la resolución del Ministerio de Educación. Pero va a depender mucho de los padres de familia. Porque en pasadas gestiones íbamos por la misma vereda y no faltaban familias que no hacían respetar las normas”, acotó.

DENUNCIAS

Silva señaló que las familias tienen el derecho a denunciar estos incrementos ante las autoridades pertinentes, sin la necesidad de presentar memoriales ni identificarse.

“Lo que se tiene que hacer es denunciar a la unidad educativa y para ello no se necesita memoriales ni identificarse los padres por temor a represalias con sus hijos, pero sí hacernos conocer que están incumpliendo para hacer remitir al ministerio esta denuncia”, enfatizó el viceministro.

La postura de los privados consiste en que el incremento salarial anunciado por el Gobierno representa más importes para las unidades educativas.

“Se incrementa más del 3%, casi triplicando, es por eso que estamos obligados a un incremento. Porque ha sido un golpe muy duro para la mora de ingresos, aunque no pague el padre de familia también tenemos que cumplir con impuestos”. dijo Villena.

Ante esa perspectiva, el representante de los colegios privados descartó la retención de libretas. Así como impedir que los alumnos ingresen a las aulas si sus padres no acatan los aumentos de pensiones.