El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila afirmó que el plazo límite para la presentación de la nueva directiva del Movimiento Al Socialismo (MAS) serán las elecciones generales de 2025.

El MAS se ha visto entrampado en la convocatoria de su congreso ordinario para elegir su dirección nacional. Las representaciones de las facciones evista y arcista buscan ser legitimadas por el TSE; sin embargo, en reiteradas ocasiones el Órgano Electoral rechazó el acompañamiento a los congresos por incumplimiento del artículo 13 de su estatuto.

Sin embargo, una sala constitucional de Pando ordenó al TSE acompañar el congreso arcista de forma “provisional”. Esa decisión generó mucha polémica y actores políticos manifestaron su preocupación por un “desorden institucional” y desinstitucionalización de la democracia.

Al ser consultado en entrevista La Razón Radio sobre cuánto tiempo más el partido oficialista estará en un “circulo vicioso” de presentar documentación para que las directivas sean legitimadas, Ávila aseguró que será el plazo de las elecciones de 2025.

“A mi criterio, el límite es el plazo de las elecciones. En 2025 tendremos elecciones y las organizaciones políticas ya deberían tener los requisitos (de renovación de directiva y actualización de estatuto)”, dijo.

Por su parte, el ala evista también busca el acompañamiento del TSE a su congreso previsto para el 10 de junio en Villa Tunari, Cochabamba. Aunque también fue rechazado por la Secretaría de Cámara del TSE.

Asimismo, Ávila lamentó que, de las 20 agrupaciones políticas de La Paz, solo dos hayan cumplido con los requisitos. La Sala Plena identificó que los partidos tienen dificultad en cumplir con el requisito de paridad y alternancia. La dirección debe estar compuesta por cinco mujeres, cinco hombres e indígenas”.

“Identificamos esas debilidades y nosotros tenemos que acompañarlos. Ante el incumplimiento son pasibles a amonestaciones”, indicó.

Hace un par de semanas, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe admitió que la crisis del Movimiento MAS “es un círculo vicioso” que gira en torno al incumplimiento del artículo 13 que establece que “el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.

El MAS atraviesa una de sus crisis más profundas desde 2022, cuando el expresidente Evo Morales denunció un “plan negro” en su contra por parte del Gobierno del presidente Luis Arce.

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El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila informó que, de los 11 partidos de alcance nacional, solo tres cumplieron con los requisitos de renovación de directiva y adecuación de estatuto.

Se trata del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Unidad Nacional (UN) y el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).

En entrevista con La Razón Radio, afirmó que otras cuatro organizaciones políticas están en elaboración de sus informes para presentarlos ante el TSE y las restantes no han cumplido con ningún requisito.

Asimismo, afirmó que, del 100% de agrupaciones políticas de alcance nacional, departamental y municipal, solo el 46% ha cumplido con los dos requisitos. “Son 130 agrupaciones y 80 o 90 no cumplieron”.

Por ello, afirmó que la Sala Plena del TSE se reunirá la tarde de este miércoles para abordar una “inminente” quinta ampliación de plazo para que los partidos presenten a sus nuevas directivas y estatutos actualizados.

En la reunión de esta jornada, los vocales tratarán más de 80 puntos pendientes, aunque el “punto neural” será la ampliación del plazo. “Tenemos bastante correspondencia, más de 80 puntos que tratar. Tenemos recursos de diferentes organizaciones políticas”.

El plazo fatal para la presentación de nuevas directivas fue el 5 de mayo; sin embargo, se analizará y se tomará una decisión esta jornada. La Sala Plena identificó que los partidos tienen dificultad en cumplir con el requisito de paridad y alternancia. La dirección debe estar compuesta por cinco mujeres, cinco hombres e indígenas”.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Frente Para la Victoria (FPV) son las organizaciones que pueden ser amonestadas por el incumplimiento de esta regla que da la tarjeta de participación para las elecciones primarias y las presidenciales del siguiente año.

No obstante, existe polémica sobre la admisión de informe del congreso del MAS arcista, debido a que su supervisión fue obligada por una decisión de una sala constitucional de La Paz.

Al ser consultado sobre la ausencia del presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, el vocal Ávila afirmó que no estaba ausente, sino en una misión oficial de veeduría en las alecciones de Panamá. 

El TSE está envuelto en una polémica debido a que aceptó la supervisión “provisional” al congreso arcista.

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Luego de la notificación formal de la Sala Constitucional de Pando, que dejó sin efecto el proceso de las elecciones judiciales, las comisiones mixtas pretenden encontrar una solución para que las elecciones judiciales se realicen este año.

La Comisión Mixta de Justicia aprobó este miércoles una resolución camaral para que el fiscal general del Estado asuma el rol de garante en las acciones penales contra los vocales de la Sala Constitucional en Pando.

“Aprobar el proyecto de resolución camaral de conminar al Fiscal General del Estado (…), asuma la posición de garante realizando las acciones de persecución penal debida por los presuntos hechos ilícitos cometidos por los vocales de la Sala Constitucional de Pando en relación a lo obrado dentro la Acción Popular NUREJ:9032903”, dice la misiva que compartió en sus redes el presidente de esa comisión, Roberto Padilla.

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Fallo

El 30 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando falló a favor de una acción popular que dejó “inaplicable” la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

De esta manera, todo el proceso quedó desahuciado. Los postulantes estaban en la etapa de evaluación oral y escrita.

La abogada Yeny Dury presentó la acción popular. En su criterio, la Ley 1549 vulnera los derechos de las mujeres indígena originario campesinas de Pando. 

La resolución se conoció el 30 de abril, pero las comisiones afirmaron que no se les había notificado formalmente, por lo que el proceso podía continuar.

Sin embargo, el martes la Sala Constitucional de Pando notificó oficialmente a ambas comisiones.

Desacatar la resolución

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución propuso el desacato de la resolución de esa sala debido a que, en su criterio, vulnera los derechos de más de 400 postulantes aún en carrera y el derecho de los ciudadanos a elegir sus autoridades

“De los análisis que se puede hacer, es sacar una ‘ley corta’ de manera inmediata y otra es tal vez no obedecer esta resolución por el hecho de que estaría violando los derechos de los postulantes que en estos momentos están en carrera”, afirmo el martes Miguel Rejas en conferencia de prensa.

Sin embargo, el legislador Juan José Jáuregui, miembro de la misma comisión, afirmó que ésta era una propuesta personal de Rejas, no de la comisión. En su opinión, el cumplimiento de la resolución es obligatorio e inmediato.

‘Ley corta’

Padilla, por su parte, advirtió que una ley corta no resolvería nada, puesto que los tribunales departamentales volverían a frenar el proceso. Por ello insiste en las acciones penales contra los vocales.

Ambos jefes de comisión coincidieron en que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, debe convocar a una sesión. En ella, se definirá cuál será el procedimiento que se seguirá y se tome las decisiones pertinentes.

Como los plazos previstos en la Ley 1549 ya expiraron, existe el riesgo de que coincidan con las elecciones primarias, previstas para agosto o septiembre.

Debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede realizar dos procesos electorales de forma simultánea, las elecciones judiciales están en vilo.

El presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, aseguró que la paralización de las elecciones judiciales “es un escenario complejo, pero no irremediable e insalvable”.

El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.

El proceso sufre un estancamiento debido a la serie de amparos presentados por postulantes inhabilitados disconformes.

En entrevista con La Razón Radio, el diputado Jáuregui aseguró que la bancada de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) dará a conocer entre este miércoles y jueves una “salida jurídica” para destrabar la fase de preselección.

“Vamos a buscar los mecanismos que nos permitan proseguir con la preselección cumpliendo las formalidades de la norma”, añadió.

Sin embargo, admitió que los amparos y la acción popular que frenan el proceso “eran previsibles” debido a que en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, se establecía el principio de equidad de género.

Recordó que su bancada propuso la ampliación de plazos para la inscripción de mujeres profesionales a la preselección, pero que no se actuó por la “miopía política” de algunos de sus colegas.

A su vez, señaló que las fracturas internas, la atomización, las posiciones distintas y la ausencia de acuerdos en las tres fuerzas políticas (MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos) afectan el trabajo de los legisladores en las comisiones mixtas y el pleno de la Asamblea Legislativa.

Auguró que su bancada podrá encontrar una salida a este escenario, aunque admitió que el proceso se pospondrá por un par de semanas, pese a que las elecciones primarias también están pendientes para este 2024.

No obstante, aseguró que las primarias no son un mandato estricto de la Constitución, sino de una ley. “Las elecciones primarias no son constitucionales porque están establecidas en la Ley 1096 desde el 2019”. Develó que está en debate la realización o no de las primarias.

Las elecciones están nuevamente en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección, también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y la ausencia de mujeres e indígenas.

Las bancadas todavía no han presentado una postura institucional frente a la resolución emanada por la Justicia.

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, advirtió una serie de contradicciones en el discurso del presidente Luis Arce respecto de la economía nacional.

“‘La mentira tiene patas cortas’. El presidente Luis Arce niega la crisis y dice que los organismos internacionales mienten, pero luego sale diciendo que ‘no hay plata’”, escribió este miércoles en su cuenta de X.

Camacho se refirió a las declaraciones del mandatario el 28 de abril, en la inauguración del Congreso Departamental de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, en Sapahaqui, La Paz. Entonces, el jefe de Estado admitió que el Gobierno no tiene recursos económicos para ejecutar obras; que Bolivia ya no tiene gas y que por eso debe hacer nuevas exploraciones para ver si existen nuevas reservas.

Camacho

“Promete industrialización, pero dice que ya no hay gas porque no se exploró, pero no explica con qué energía va a mover esas industrias, y tampoco explica qué hicieron con los más de 3.000 millones de dólares destinados a la exploración (que nunca dieron resultados) cuando él era el ministro de Economía de Evo Morales (sic),” agregó.

Desde su detención preventiva en el penal de Chonchocoro, acusado en el caso Golpe de Estado I, Camacho también se refirió a la inflación acumulada de 1,31% que, según el Gobierno, es la segunda más baja de la región.

“Habla de baja inflación, mientras los empresarios se ven obligados a subir precios porque tienen que comprar insumos y mercadería con un dólar paralelo que está por llegar a los 10 bolivianos”, refutó el otrora líder cívico cruceño.

En su extensa publicación, el opositor afirmó que el Gobierno “restringe” a los emprendedores del país y que, en su criterio, limita su capacidad de crecimiento.

Economía

Una vez más criticó el modelo económico social comunitario productivo, impulsado desde la gestión del expresidente Evo Morales y del que Arce formó parte como ministro de Economía, “que siempre dependió de un auge internacional”. Consideró que esa política “está agotada”.

“Asuma la crisis (económica) con responsabilidad sin pensar en el poder, la historia lo juzgará como (usted) lo está juzgando a Evo Morales”.

Desde hace un tiempo, alejado temporalmente de sus funciones en la Gobernación de Santa Cruz, Camacho viene lanzando críticas a la gestión de Arce a través de sus redes sociales, principalmente a la administración de la economía, que, según él y otros actores de oposición, “está en crisis”.

Contrario a eso, y según los datos oficiales, la economía del país creció un 3,1% en 2023 y el Producto Interno Bruto (PIB) nominal ascendió a $us 45.464 millones.

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