“No recuerdo”. “Me remito a la declaración en calidad de testigo”. Esas fueron respuestas del policía “amigo” del principal sospechoso de la desaparición de Odalys Vaquiata, a preguntas clave de la Fiscalía. Dijo que los padres de Joel P. lo contactaron para que indague sobre el caso.

La “amistad” fue revelada cuando se halló un celular en poder de la pareja de la madre de 28 años, en la requisa en el Centro de Rehabilitación y Reinserción de Qalauma, a fines de abril, donde cumplía detención preventiva; por las infracciones, se lo llevó al penal de Chonchocoro.

Desde el 30 de marzo, no hay rastros de Odalys, quien ese fin de semana salió de paseo con su novio al norte del departamento de La Paz. Búsquedas por tierra y aire, con policías, militares y canes especializados, no han dado resultados para despejar este misterio que ya lleva 39 días.

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Este miércoles, medios estatales develaron parte de la declaración del policía implicado ante los fiscales a cargo de la investigación, a quien el martes la Justicia le negó acceder a un arresto domiciliario. Una de las preguntas clave incidió en por qué habló sobre la muerte de la joven.

“Por qué usted refiere en la conversación que mantiene con el usuario Junior de manera textual ‘que la mina (muchacha) se habría suicidado’, haciendo uso del término 210”, señala la interrogante de la Fiscalía.

La respuesta del uniformado es un cortante “no recuerdo”.

De acuerdo con las pesquisas, hubo al menos tres contactos telefónicos entre Joel P. y el policía después de la desaparición de Odalys. Más aún, la madre de la víctima, Mabel Quispe, indicó la anterior semana en Bolivisión que en éstos se habla inclusive que su hija ya estaría sin vida.

“Tiene muchas conversaciones (Joel P.), demasiadas, que ya hablan de que mi hija está muerta, ‘hay que decir que ha sido un suicidio’, ‘lo único que podemos hacer es pedir que (te) manden a San Pedro y en San Pedro lo vamos a mandar a Chonchocorito, ahí vas a estar protegido”.

Los abogados de la familia de Odalys revelaron la anterior semana que el uniformado no solo guió al principal sospechoso tras su aprehensión, sino que se comprometió a gestionar su envío a un “sector privilegiado del penal de San Pedro” y “causó temor” en el investigador del caso.

En su declaración ante el Ministerio Público, el policía afirma que ya no tiene conversaciones con Joel P., ya que su celular fue decomisado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), y dice que “jamás tomaba contacto con él, yo no”, sino que el enlace eran los padres.

“¿Usted tomó algún contacto con algún funcionario policial en referencia al caso que se investiga?”, es otra pregunta. Y el uniformado señala lo siguiente: “Tomé contacto con la mayor Santander. Yo he trabajado con ella. Pregunté porque los papás (de Joel P.) preguntaron”.

— ¿Los papás en cada cuánto le preguntaban del caso?

— Varias veces preguntaron sobre el caso.

— ¿Cuál de los papás tomaba contacto con usted?

— Ambos padres de Joel.

— ¿Con quién más tomó contacto de los funcionarios policiales para averiguar del caso que se investiga, la desaparición de la señorita Odalys Vaquiata?

— Tomé contacto con el oficial Aspi Pucho, no recuerdo qué le referí.

— ¿Quién le proporcionó el número de celular del teniente Aspi P.?

— Me remito a la declaración en calidad de testigo.

— ¿Cuál era el objetivo de averiguar qué funcionarios estarían avanzando en la búsqueda de Odalys?

— Pregunté a los funcionarios policiales sin interés alguno. Lo hice por las preguntas que me realizaban los padres del supuesto sindicado.

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Así transcurrió el interrogatorio fiscal, que fue publicado por la red Unitel. La declaración del uniformado no arrojó muchas luces sobre el paradero de Odalys, aunque implica de mayor manera a la familia del principal sospechoso, sobre todo en cuanto a acceso de información.

El caso fue declarado en reserva. Y el abogado del policía detenido, Marco Mostajo, en un contacto con la red RTP, afirmó que Joel P. lo llamó para preguntarle “qué se podía hacer” tras no hallar a Odalys. Y negó que en algún momento su defendido dijo que ella está muerta.

Sin embargo, admitió que el uniformado habló con el investigador del caso, en “códigos”. “Los policías hablan en código. De que mi cliente ha tenido una conversación con el investigador, ha tenido una conversación. Los policías hablan en códigos, desconocemos el significado”.

¿Qué significa el término 210 que le preguntó la Fiscalía al policía sobre que Odalys? Por ahora, éste “no recuerda”. Así avanza esta investigación plagada de interrogantes, con dos personas encarceladas. Y con una búsqueda que sigue, todavía sin resultados, en el norte de La Paz.

Excesiva confianza. Error procedimental. Dos policías en la mira. Christian Emilio Gosen y su esposa fueron hallados muertos en un centro de hemodiálisis. El llamado “falso médico” se quitó la vida, y la de su esposa, con un arma de fuego. ¿Qué sucedió el martes 7 en la noche?

Las investigaciones preliminares, dadas a conocer por el comandante departamental de Santa Cruz, Érick Holguín, indican que el chileno, apuntado por medio centenar de víctimas de ejercer la medicina sin título que lo avale y de dejarles secuelas, padecía una enfermedad renal.

Por ello, asistía tres veces a la semana a un centro de hemodiálisis de la capital oriental, por lo cual gozaba de un permiso judicial para abandonar la penitenciaría de Palmasola, con dos policías que lo vigilaban. En ninguna de sus salidas tuvo un comportamiento sospechoso.

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Eso permitió que se ganase la confianza de sus custodios, por lo cual incluso podía encontrarse con su pareja, Betsabé Choque. Ella igual era investigada en el caso abierto por la Fiscalía, por uso de instrumento falsificado, ejercicio ilegal de la profesión y falsedad material e ideológica.

‘Falso médico’

El martes en la noche, Gosen salió de la cárcel para su tratamiento. El falso gastroenterólogo se encontró con Choque en el centro de salud. Según las pesquisas, los policías a cargo de su cuidado no requisaron a la mujer, quien esa jornada había llevado un arma de fuego a la cita.

“Es un error procedimental, toda vez que quien vaya a tener contacto con un privado (de libertad), así sea para un estudio médico o diálisis, tendría que ser requisado para evitar que se produzca cualquier tipo de hecho”, remarcó el comandante Holguín, en conferencia de prensa.

Así, con el arma a disposición de Gosen y tras la finalización de la hemodiálisis, la pareja solicitó ir al baño. Y de repente se escucharon dos disparos. De acuerdo con las pesquisas, el “falso médico” disparó a Choque y posteriormente se quitó la vida. Un homicidio y un suicidio.

Se intentó salvar a la esposa malherida, pero murió camino a un hospital. “Se han encontrado proyectiles en el suelo, una caja con las municiones que habría llevado la mujer (…) y quien dispara dos veces fue el ciudadano chileno, primero a su esposa y luego él quitándose la vida”.

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Ahora, los policías que acompañaban a Gosen están en aprietos. “Se les pedirá los informes correspondientes. Se abrirá un proceso administrativo para establecer responsabilidades en el no cumplimiento de su trabajo”, subrayó Holguín. De esta forma, las indagaciones continúan.

El 26 de abril, el “falso médico” era enviado a Palmasola. Once jornadas después, terminó con su vida. Las justicias de Chile y de Brasil también lo buscaban. En Bolivia, se lo acusaba del fallecimiento de dos de sus pacientes estafados. Y al parecer, su caso quedará archivado.

A una semana del fallo que ordenó la anulación de la preselección de postulantes, la Asamblea no hallla consenso para acatar lo dispuesto o reencaminar el proceso. Así, las elecciones judiciales siguen sin rumbo.

El martes 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, admitió una acción popular de la abogada y dirigente indígena Yeny Duri, y determinó que la preselección quede en foja cero. Ello implica la revocatoria de la Ley 1549 y del reglamento de convocatoria, lo que puso de cabeza lo avanzado por los asambleístas.

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JUDICIALES

Es la cuarta vez que las judiciales quedan en el limbo por decisiones judiciales. El anterior año, las elecciones no pudieron realizarse precisamente por dos recursos interpuestos por abogados que intentaron ser parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental o el Consejo de la Magistratura.

Un inédito acuerdo entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos permitieron la aprobación de la Ley 1549 y una nueva convocatoria que garantice comicios hasta septiembre. Así, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural asumieron el trabajo.

Sin embargo, las inhabilitaciones de postulantes derivaron en al menos 25 amparos constitucionales. Uno de ellos, ante la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz, provocó el primer parón del proceso que estaba a punto de realizar la evaluación oral de los aspirantes. Y luego vino la estocada final, con la acción popular ante la Sala Constitucional pandina.

DEMOCRACIA

Sin medidas claras para contrarrestar los fallos, con sesiones en cuarto intermedio y divergencia de opiniones, la Asamblea no puede dar una salida a este tema, cuando ya acabó el plazo determinado por la norma para la entrega de listas de postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que la anterior semana advirtió que la demora es “un riesgo para la democracia y la seguridad jurídica”.

Esta indefinición es alimentada por la división interna en las bancadas legislativas, sobre todo en el oficialismo, entre los bloques que respaldan al presidente Luis Arce (arcistas) y el exmandatario Evo Morales (evistas). Eso no es todo. En medio se encuentra la polémica por la prórroga de los magistrados, con las trabas para el debate de los proyectos de ley 073 y 075 para anular esta extensión de mandato.

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, del MAS arcista, dijo que hay dos posibles salidas: la ampliación de los plazos con una ley corta o anular todo el proceso. Eso sí, subrayó que se esperará los resultados de los informes de los presidentes de las comisiones a cargo de la preselección. “De ellos depende”.

Sin embargo, hay un abanico de propuestas, sin consenso pleno. El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, del MAS evista, ratificó que sigue pendiente la presentación de procesos penales contra los jueces y los vocales que admitieron y emitieron sentencias ante los amparos constitucionales, las cuales rebasaron sus atribuciones.

 Ayer, se notificó a las comisiones con la resolución de la Sala Constitucional de Pando. Tras ello, se postuló un camino que gana apoyo: definir la salida en una sesión de la Asamblea convocada por el vicepresidente David Choquehuanca, como presidente nato del Legislativo. Al respecto, Mamani informó que le enviaron una carta con esta solicitud.

«Estamos esperando que Choquehuanca, de una vez, abra su boca para este tema de las elecciones judiciales, porque esto es para resolver en la Asamblea Legislativa, no es solamente de las comisiones mixtas», declaró a ANF.

DATO

Mientras que el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, del MAS evista, sostuvo que las propuestas son “sacar una ley corta de manera inmediata, y otra, es tal vez no obedecer esta resolución por el hecho de que estaría violando los derechos de los (más de 400) postulantes que están en carrera”.

“Volveríamos a reiniciar (el proceso) y eso es un retroceso para nosotros como Comisión Mixta de Constitución. Lamentablemente estos señores vocales de Sala Constitucional de Pando han hecho que en estos momentos nos paralicen el proceso y, por ende, no haya elecciones judiciales”.

Al igual que Padilla, anunció que se remitirá un informe a Choquehuanca sobre las actividades realizadas hasta ahora y se pedirá que convoque a una sesión del Legislativo. Esto fue apoyado por Andrea Barrientos, senadora de CC, sin embargo, su colega Wálter Arizaga lo rechazó, exigiendo que se continúe con la preselección.

La senadora y exmagistrada Silvia Salame, de la misma alianza opositora, explicó que hay suficientes razones para seguir con el proceso, más allá de las decisiones judiciales, empero, aclaró que ello requiere de una autorización congresal, ya que lo contrario abriría las puertas a que se presenten “más amparos de inconstitucionalidad”.

Así, todavía no hay humo blanco para saber si las judiciales siguen en curso. Para hoy se espera que las comisiones continúen en sesión y, al parecer, Choquehuanca tiene la palabra para una salida.

Fallo indica que ley ‘no promueve igualdad‘

Este martes se conoció el fallo de la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, que determinó la anulación de la preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa, con miras a las elecciones judiciales. Fue notificado a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, seis días después de la decisión.

La resolución fundamenta la aceptación de la acción popular interpuesta por la abogada y dirigente indígena Yeny Duri, sobre que las mujeres e indígenas de ese departamento no pudieron participar en igualdad de condiciones en el proceso, con relación a los aspirantes de otras regiones.

Al respecto, la Sala Constitucional indica que hay una evidente vulneración al derecho a la igualdad reconocido en la Constitución, “a partir de la promulgación de la Ley 1549 (de Elecciones Judiciales) y el ‘Reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejo de la Magistratura’, puesto que ninguna de estas normas adopta medidas afirmativas o positivas que promuevan la igualdad real entre hombre y mujeres”.

“Por tanto: se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el ‘Reglamento de preselección…’ disponiendo que se proceda a realizar uno nuevo, en base a normas que respeten la igualdad material de las personas basadas en la realidad de cada departamento, dictando medidas de acción afirmativa o positiva adecuadas de flexibilización en los requisitos habilitantes y calificación de méritos a los postulantes de Pando, mujeres e indígenas, mediante reglas diferenciadas acordes con la realidad del departamento, valoración de experiencia profesional de la mujer postulante de Pando” (sic), señala parte de la sentencia constitucional.

La Asamblea aún no definió si acatará el fallo, por lo cual se pidió al vicepresidente David Choquehuanca que convoque a sesión.

(08/05/2024)

El dirigente Grover García, representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, fue elegido jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) que respalda al presidente Luis Arce, en el congreso realizado en El Alto.

“Este congreso se ha llevado de forma legal, siempre pensando en la unidad del pueblo y transparentar el país, siempre buscado la dignidad de los bolivianos y de las organizaciones sociales, hoy más que nunca este instrumento se pone al servicio de todos los bolivianos para corregir todas las debilidades y siempre exigiendo lo que es correcto. Voy a trabajar con todos a la cabeza de nuestro Pacto de Unidad”, dijo García, tras ser posesionado.

Agregó que el estatuto del MAS tiene que corregirse acorde a la realidad del país, acorde a la realidad de su militancia y de las organizaciones matrices.

El segundo al mando es el representante de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Fidel Surco, y como tercero al mando está la dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Julia Ramos.

En franco desafío al bloque del oficialismo liderado por el expresidente Evo Morales, el Pacto de Unidad arcista llevó a cabo el encuentro y anunció que se cambiará el estatuto.

El cónclave tuvo un fuerte resguardo policial, con más de 4.000 efectivos desplegados alrededor del coliseo Héroes de Octubre de El Alto, con más de 6.000 delegados del país.

Noticia en desarrollo…

Este domingo continúa el debate en el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocado por el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce. El programa prevé que la nueva directiva nacional sea posesionada hasta el mediodía, en un franco desafío al liderazgo del expresidente Evo Morales.

El discurso enarbolado por los organizadores del evento, tal como remarcó Arce en la inauguración del viernes en la avenida Juan Pablo II de El Alto, es la “refundación” del partido. Para ello, a la par del nombramiento de la nueva jefatura, se apunta a cambios en el Estatuto Orgánico, sobre todo en el tema de los 10 años de militancia para ser candidato a Presidente o Vicepresidente de esta tienda política.

El cónclave empezó el viernes y se lleva a cabo en el coliseo Héroes de Octubre, en medio de un fuerte resguardo policial, para lo cual se destinaron más de 4.500 efectivos. Fueron acreditadas al menos 110 organizaciones sociales del país y hay más de 6.000 delegados. Asimismo, se informó de la invitación a 150 veedores internacionales, sobre todo representantes diplomáticos.

La polémica es la impronta de este encuentro, luego que un fallo de la Sala Constitucional Primera de La Paz ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que supervise el cónclave, tras que éste lo rechazó por incumplir el estatuto partidario. Además, el bloque que respalda a Morales (evistas) desconoce la cita y anunció una “lucha jurídica” en el plano nacional e internacional.

Recién esta madrugada pudo instalarse el presídium que dirige el congreso para la elección de la directiva, luego que desde el mediodía se instaló un cuarto intermedio tras la posesión de la Policía Sindical y la Comisión de Poderes, que verificó y entregó las acreditaciones de los delegados.

Efraín Mollo, secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), señaló que con este cónclave se dejará la “dedocracia” y añadió que hay varios “candados” en el estatuto que deben ser discutidos, activados por el anterior “grupo del Chapare” para que no participen las organizaciones sociales, en referencia a los cocaleros liderados por el jefe nacional Morales.

“El tema de la antigüedad, por ejemplo, 10 años de militancia, ninguna de las organizaciones sociales habla en sus estatutos que tengamos una militancia partidaria. El MAS-IPSP es un instrumento, lo que han querido y han hecho con este candado es volverlo un partido de un grupo de personas, eso vamos a discutir y se cambien estas trabas que son parte del marco de los partidos tradicionales”, manifestó.

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En la misma línea fueron las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. “Nuestro estatuto orgánico va a ser revisado en este congreso. En todo congreso se hace la revisión de nuestros estatutos para modernizar, para que esté a disposición de la sociedad en su conjunto, porque nada está labrado en piedra”, dijo, en una conferencia.

Añadió que la antigüedad de 10 años de militancia es una traba para ejercer cargos dirigenciales y postular a cargos públicos como la presidencia y la vicepresidencia, lo que fue definido por Morales en un congreso de 2021. “El ala evista en un ampliado extraordinario modificó los estatutos del Movimiento Al Socialismo cuando no se debería hacer, es decir, que nos dejaron afuera a muchos de los militantes que hicimos que se trabaje políticamente en los distintos departamentos. Todos estos aspectos se van a revisar en este congreso”.

Luego que se conoció un fallo constitucional por el cual el bloque arcista indicó que Morales estaba inhabilitado para poder postular nuevamente a la presidencia, porque se hace referencia a la anulación de la “reelección indefinida” por no ser un “derecho humano”, el ala evista contratacó y sentenció que Arce tampoco podía ser su postulante presidencial para 2025 porque no cumple con los 10 años de militancia, ello porque está inscrito en el partido desde 2018.

Éste y otros puntos, como que el estatuto reconoce el “liderazgo nato” de Morales, se encuentran sobre la mesa. Mientras el MAS evista anunció para esta tarde una reunión para definir medidas.