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Saturday 27 Apr 2024 | Actualizado a 12:14 PM

El factor Áñez

/ 15 de septiembre de 2021 / 02:08

No habrá posibilidad de reconciliación nacional si es que no hay reparación de daños de la última crisis política y social del país. El quiebre constitucional de 2019 y sus consecuencias políticas tuvo hechos graves que ameritan atención prioritaria: las masacres de Sacaba y Senkata.

No por eso los otros sucesos tengan que ser omitidos, pero esa veintena de fallecidos — con la agravante de ejecuciones extrajudiciales, como estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)— pesa a la hora de identificar responsables. Son resultado de hechos concretos, a diferencia de otras tesis que unos más que otros, ayudados por la hegemonía mediática, intentan posicionar.

No hay forma de evadir la responsabilidad sobre las masacres. El GIEI ha rebatido los relatos que se han construido con mucho entusiasmo y acompañamiento de la prensa “independiente” acerca de esos hechos, que en su momento justificaron la represión: no hubo enfrentamientos ni “fuego cruzado” en Sacaba y Senkata, hubo represión a bala; no eran terroristas los movilizados; no hubo intento de volar la planta de Senkata ni ésta estuvo en riesgo, ni el muro fue tumbado “a punta de dinamitazos”; las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana no solo usaron “armas no letales” (el GIEI los considera igual mortales), sino armas de guerra en las masacres, y el Decreto Supremo 4078, cuyo objetivo era “reafirmar y consolidar la unidad y la pacificación del país”, fue usado como un “instrumento con el que se pretendió dotar de cobertura legal a la represión del Estado tras su promulgación”, como dijo el secretario ejecutivo del GIEI, Jaime Vidal Melero.

¿Quiénes firmaron el decreto? Si se pretendía “pacificar” el país, ¿por qué hubo necesidad de un decreto? ¿Para qué eximir de responsabilidades penales a los militares y policías si se presumía que no iban a usar armas letales?

Hay responsables directos, y los estamos escuchando, desde aquel noviembre, decir que son inocentes, que los manifestantes se dispararon entre sí, que del Ejército no salió ni un solo cartucho, que los movilizados eran “terroristas” o que hay persecución política por el caso.

No hay forma de evadir los hechos, los vimos actuar y justificar las represiones que terminaron en masacres, cuyas víctimas ahora reclaman justicia. “Que las investigaciones sean iniciadas de oficio, y conducidas de manera oportuna y propositiva, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes”, recomendó el GIEI.

Pero luego del informe, las fuerzas políticas se han enfrascado en una lucha intensa de posiciones: el oficialismo plantea la aprobación del juicio de responsabilidades contra la principal de las acusadas en el caso, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, y la oposición condiciona el trámite con su propuesta de reforma judicial; en otras palabras, cambio de operadores de justicia. Es más, la oposición busca equiparar responsabilidades con la eventual inclusión del expresidente Evo Morales.

¿Le toca a Evo Morales la responsabilidad en las masacres de noviembre? En este caso hay proposición acusatoria en trámite en la Asamblea Legislativa, y Morales no está incluido ni por sospecha.

Pero el oficialismo necesita dos tercios de votos para aprobar un eventual juicio de responsabilidades contra Áñez, y ahí se ha estancado; incluso se había planteado en apurar ese procedimiento, pero tuvo que suspenderlo sin explicación ni fecha.

Ante las evidencias encontradas por el GIEI no hay escapatoria en el caso; los responsables están identificados, aunque la Constitución y las leyes les garanticen la presunción de inocencia. Y Áñez es la principal presunta implicada en el caso.

¿Es posible librarla del caso? Solo políticamente, y actuar así tendrá graves consecuencias en la jurisprudencia.

Áñez firmó el decreto, con esta norma las fuerzas conjuntas causaron las masacres y hubo una veintena de fallecidos.

La oposición tiene razones por evitar un juicio de responsabilidades en su contra; muchos de sus miembros validaron su cuestionada sucesión. Y Carlos Mesa lo admitió: “¿Qué es lo que ese requerimiento pretende hacernos reconocer si aprobamos el juicio? Reconocer que somos cómplices e instigadores de un golpe de Estado”.

Áñez es un factor clave ahora. Su eventual juicio de responsabilidades puede desatar la vinculación de más personas no solo en los casos Sacaba y Senkata.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Las elecciones judiciales fracasaron en 2023

Una serie de recursos judiciales pretende frenar los comicios de este año.

El presidente del TCP, Paul Franco, brinda una conferencia de prensa.

Por Rubén Atahuichi

/ 27 de abril de 2024 / 09:26

La convocatoria a elecciones judiciales por parte de la Asamblea Legislativa fracasó en 2023 y fue reencaminada por la Declaración Constitucional 049/2023, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Frenado por recursos del ciudadano Miguel Ángel Balcázar —que consideró que los requisitos exigidos violaban la libertada de expresión— y el diputado de Creemos Leonardo Ayala, el proceso recayó en el TCP, que atendió, a instancias de la Cámara de Diputados, una consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley 144, de Elecciones Judiciales, aprobado en la Cámara de Senadores el 31 de agosto de 2023.

El TCP declaró inconstitucional el proyecto de ley a través de la Declaración Constitucional 049/2023, del 11 de diciembre de 2023, que, a su vez prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017, y conminó a la Asamblea Legislativa a la convocatoria inmediata de nuevas elecciones judiciales.

Elecciones judiciales

Los magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y los consejeros del Consejo de la Magistratura fueron elegidos por voto popular en 2017 y asumieron sus funciones el 3 de enero de 2018. Su mandato constitucional de seis años debía terminar el 2 de enero de este año, pero fue prorrogado por el TCP.

Ahora continúan en sus funciones, hasta que las elecciones judiciales arrojen a sus sustitutos.

Los comicios no terminan de reencaminarse en la Asamblea Legislativa debido a otro recurso constitucional, ahora interpuesto por la postulante inhabilitada Margarita Medrano, que frenó el proceso de evaluación oral y escrita de los 404 aspirantes.

Los plazos se acortan. La Ley 1549 prevé 80 días calendario para la preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa; faltan solo ocho días para dicho fin.

Aprobada la lista de 192 postulantes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá 150 días para organizar los comicios judiciales.

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La Asamblea Legislativa sufre los efectos de la crisis de sus tres fuerzas

El senador del MAS Rubén Gutiérrez advirtió de parálisis de la agenda de la Asamblea Legislativa.

Los bochornos durante la sesión legislativa

Por Rubén Atahuichi

/ 27 de abril de 2024 / 08:00

La agenda urgente de la Asamblea Legislativa quedó estancada debido a las disputas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), especialmente, y la oposición. Créditos y leyes se encuentran postergados sin fecha en razón de las divergencias.

El miércoles, la Cámara de Senadores rechazó uno de los créditos pendientes de resolución, de $us 62 millones; fue otorgado el 24 de noviembre de 2023 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ampliación de la Línea Café del teleférico hacia la zona de Pampahasi, en La Paz.

De los nueve créditos derivados por la Cámara de Diputados, que hacen un total de $us 970 millones, Senadores aprobó cuatro (vía de ocho carriles Senkata-Apacheta, carretera Faja Norte y dos programas de electrificación rural), dos los devolvió y uno lo rechazó el miércoles.

Algunos proyectos de ley datan de enero de 2023 y tuvieron que ser encaminados, sin mucho éxito, por el acuerdo bicameral y tripartidario del 2 de febrero.

Debate

Dicho acuerdo señalaba que, una vez aprobada la Ley de Elecciones Judiciales (ahora Ley 1549), inmediatamente la Cámara de Diputados debía aprobar “al menos cuatro créditos” antes de “tratar” los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cesación de funciones de los magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados a través de Declaración Constitucional 049/2023, de diciembre de 2023.

Todo ese trámite debió ser resuelto en ambas cámaras hasta el 9 de febrero. Sin embargo, desde esa fecha poco se ha movido, incluso los créditos fueron aprobados en medio de bochorno y escándalo en Diputados.

Otro proyecto de ley que no pasó la prueba de las disputas entre las facciones arcista y evista del MAS fue el de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes, enviado por el presidente Luis Arce el 12 de mayo de 2023 al vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de titular nato de la Asamblea Legislativa.

Asamblea Legislativa

Sin embargo, la decisión más compleja que enfrentó la Asamblea Legislativa fue la convocatoria a elecciones judiciales que, en 2023 fracasó en dos ocasiones debido a sendos recursos y las disputas en el MAS y la oposición. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de la Declaración Constitucional 049/2023, tuvo la palabra final del proceso.

En la Cámara de Diputados, algunos legisladores cuestionaron la parálisis de sus tareas respecto de asuntos complejos. “En casi siete meses ha sesionado siete sesiones; o sea, una sesión por mes.”; denunció Cristina Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Consideramos que no ha sido como anteriores gestiones, que se ha realizado una sesión solamente por una transferencia de terreno; eso no amerita, sino que, viendo el gasto de una sesión que a la Asamblea nos cuesta cada sesión, un promedio de Bs 35.000 arriba; no es conveniente”, justificó el martes el presidente de ese órgano camaral, Israel Huaytari.

Agenda

En esa cámara legislativa se encuentra paralizado el debate de los proyectos de ley 073 y 075; la Comisión de Constitución los había rechazado. El ala evista del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El senador arcista del MAS Rubén Gutiérrez atribuyó el estancamiento de la agenda legislativa a las pugnas internas en su partido y también en la oposición; además, a la temprana “electoralización” del debate político.

“No existen los dos tercios (para llegar a acuerdos); ni siquiera se logra la mayoría absoluta”, lamentó ayer en La Razón Radio.

Bajo esa situación, las elecciones judiciales están de nuevo en vilo debido a los plazos.

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Otra vez, los plazos ponen en vilo a las elecciones judiciales

La Ley 1549 dicta 80 días para la preselección, cuyo plazo vence en 10

La sesión de la Cámara de Senadores para tratar el proyecto de ley para las elecciones

Por Rubén Atahuichi

/ 25 de abril de 2024 / 07:16

Cuando se presumía que todo avanzaba con llamativa normalidad, el proceso de calificación de méritos de los postulantes a las elecciones judiciales fue frenado por recursos judiciales que, otra vez, dejaron en vilo los comicios debido a los plazos.

Promulgada el 6 de febrero por el presidente Luis Arce, luego de más de más de un año de incertidumbres, la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, estableció 80 días para el trabajo de la Asamblea Legislativa de preselección de postulantes, luego candidatos, para los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental (TA) y Constitucional Plurinacional (TCP), y el Consejo de la Magistratura.

Ante el freno que impuso al proceso la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ante un amparo presentado por la postulante inhabilitada Margarita Medrano, la evaluación de méritos de 405 postulantes quedó en suspenso sin fecha, hoy mismo a 10 días del límite legal.

Consulte: Comisiones suspenden exámenes a postulantes mientras se resuelven amparos

Elecciones judiciales

El proceso había comenzado el 16 de febrero con la aprobación de la convocatoria y siguió el 19 de ese mismo mes con el inicio del registro de postulantes.

El trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural había avanzado hasta la calificación de méritos, cuando el martes 16 de abril la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz notificó su suspensión ante al amparo constitucional presentado Margarita Medrano, una de las postulantes al Consejo de la Magistratura inhabilitadas.

Al instalarse la audiencia de resolución del caso el lunes 22, fue pospuesta hasta este viernes.

Los plazos corren sin ninguna decisión de la Asamblea Legislativa. El martes, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame dijo a La Razón Radio que, si bien “se ha perdido” una semana en la calificación de méritos, no hay riesgo de paralización de las elecciones judiciales.

Sin embargo, advirtió de la existencia de una “mano negra” en el TPC que busca frenar los comicios judiciales suspendidos.

Entre el y 15 de abril las comisiones debían tomar examen a los postulantes. Esta fase del proceso de preselección quedó en pausa.

Dato

Se prevé que el plazo de 80 días calendario termine el 10 de mayo con la emisión de la resolución de la Asamblea Legislativa, aprobada por dos tercios de votos, de la lista de 192 candidatos. En dos días más, esa lista debería ser enviada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, a su vez, tendría que convocar y organizar las elecciones en un plazo de 150 días.

La situación actual de los comicios es parecida a la ocurrida en 2023, cuando el 12 de abril la Asamblea Legislativa informó de la suspensión del mismo proceso en sujeción al mandato de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, a instancias del ciudadano Miguel Ángel Balcázar.

Otro amparo constitucional, presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, derivó, el 31 de julio del año pasado, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0060/2023 del TCP, que dejó en fojas cero los comicios.

Luego, una consulta sobre la viabilidad de una ley de excepción postergó las elecciones. El 12 de diciembre, a través de la Declaración 0049/2023, el TCP exhortó a una nueva convocatoria y prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017.

(25/04/2024)

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El artículo 13 del estatuto del MAS traba su congreso

El vocal Tahuichi admitió que el oficialismo está inmerso en un ‘círculo vicioso’

El fallido congreso ordinario del MAS celebrado en octubre de 2023 en Lauca Ñ

Por Rubén Atahuichi

/ 24 de abril de 2024 / 10:10

A pesar de las disputas internas que datan de hace más de un año y medio, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentra en un “círculo vicioso” a raíz del artículo 13 de su estatuto orgánico que frena la convocatoria a un congreso partidario único.

“El Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”, señala la carta vigente desde el 22 de septiembre de 2022.

Develada la crisis partidaria a inicios de septiembre de 2022, cuando el expresidente y líder de esa organización política, Evo Morales, cuando dijo que es víctima de una “plan negro” del gobierno de Luis Arce, la situación del MAS se complicó debido a la necesidad de renovación de su dirección nacional en congreso.

Lea: Sin consenso, hay riesgo ‘inminente’ de perder la sigla del MAS, dice García Linera

Congreso

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre sus últimas decisiones, rechazó las solicitudes de supervisión planteadas paralelamente por las facciones arcista —el Pacto de Unidad— y evista del MAS. La primera planteaba congreso ordinario para los días 3, 4 y 5 de mayo en El Alto y la segunda, 10 de junio en Villa Tunari.

En el caso interpuesto por los dirigentes Lucio Quispe, Esteban Alavi y Guillermina Kuno, el TSE emitió la Resolución 140/2024, que considera que su solicitud no cumplió el mandato del artículo 13 del estatuto del MAS respecto de la acreditación de la dirección nacional partidaria.

Y sobre la solicitud del ala liderada por Morales, el tribunal promulgó la Resolución 141/2024, que resolvió que la solicitud no cumple con el mismo artículo 13 respecto de la coordinación para la convocatoria con las confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CMCIO-BS) y Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIOB).

Ambas resoluciones fueron publicadas el 17 de abril y el TSE otorgó 72 horas al Pacto de Unidad para que subsane las observaciones y recordó al ala evista cumplir la conminatoria hasta el 22 de abril, por mandato del auto judicial del 20 de marzo. Dichos plazos están vencidos y la Sala Plena del TSE tendrá, otra vez, la última palabra.

¿Será un círculo vicioso el hecho de que el TSE exija el cumplimiento del estatuto y el partido no cumpla? La pregunta fue planteada ayer por La Razón Radio al vocal Tahuichi Tahuichi. “Es verdad lo que dice”, respondió.

Al respecto, el lunes, en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, otro vocal, Francisco Vargas, recordó que la tarea del TSE no es propiciar consensos y que “todos los partidos tienen que tener dirigencia vigente, no prorrogada”.

“Este estatuto lo han escrito ellos; nosotros no nos inmiscuimos en su democracia interna, pero sí supervisamos que se cumpla su estatuto”, insistió Tahuichi.

Sobre el estancamiento del MAS en la convocatoria a su congreso, el exvicepresidente Álvaro García Linera advirtió ayer, en entrevista con DTV, que el MAS está en riesgo de proscribirse. “De continuar esta negativa a encontrar un acuerdo y una convocatoria conjunta, que sería lo ideal, el riesgo de que el MAS desaparezca como sigla es inminente”, afirmó.

Fracaso

El MAS no puede organizar su congreso desde el fallido encuentro de Lauca Ñ (Cochabamba) del 3 y 4 de octubre de 2023. Si bien el TSE supervisó esa reunión, no la validó debido a observaciones en la convocatoria y la elección de la dirigencia.

Ante esa situación, el tribunal amplió el mandato de Morales y de su dirección electos en 2017 hasta un nuevo congreso.

La cuarta ampliación del plazo para que las organizaciones políticas cumplan con la elección de directivas, la adecuación de estatutos, la actualización de listas de militantes y la rendición de cuentas vence el próximo 5 de mayo.

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En vida, hermano, en vida…

La prole ha crecido, que tienen 26 nietos (dos en la eternidad) y cuatro bisnietos

Rubén Atahuichi

Por Rubén Atahuichi

/ 24 de abril de 2024 / 06:47

Matilde es de armas tomar y de temer también. Luego de sus tres primeros partos, siempre pensó que en el siguiente iba a morir ella o el hijo que venía en camino. Es que las condiciones de salud en el pueblo eran extremas, a 155 kilómetros lejos de la ciudad y a unos pasos de un vetusto centro médico que —¡vaya paradoja!— no tenía un médico, sino una enfermera.

Con las arrugas pronunciadas y la nieve cada vez más blanca de su cabello, se anima poco a poco a contar sus 80 años. Es una sonata escuchar sus historias, sus sufrimientos y sus alegrías en aymara, y a la vez, en castellano. Siempre con un dejo de humildad.

Revise: El MAS, la papa caliente del TSE

Ya baja el ritmo de sus caminatas tras el ganado, su querido hato de llamas y alpacas blancas, por los cerros y Cantuyu. Es que hace unos meses un dolor en el talón de Aquiles le impide el esfuerzo de siempre, aunque el parche León le hace bien. Ni las dos vértebras rotas en la caída de una pasarela del Carnaval de Oruro de 2014 la habían afectado tanto como ahora. “Los años, pues, ya me pesan”, dice con resignación.

Matilde pasó su vida en mil oficios, desde ayudar a sus padres a hacer carbón y cargarlo hacia el pueblo para que don Enrique Ortega o don Zoilo Verástegui, en sus viejos camiones, lo vendan en la ciudad; hasta hornear pan desde cuando murió su padre, vender choclos frescos con queso en la feria de Walpuni, en la frontera con Chile, o hacer helados con pan fresco en los campeonatos de fútbol, preparar té con té en las noches frías de junio de aniversario del pueblo y vender charquekán en la parada de los buses, cuando la carretera hacia la ciudad era aún de tierra.

Su compañero de vida, Eduardo, ya sufrió el freno de sus casi 82 octubres; un dolor —superado por ahora— en la ciática casi lo deja sin sus pasos altivos hace un par de años. “Si no fuera por su carro, ya no caminaría mucho”, cuenta Matilde.

También abre su libro de historias: su decisión de estudiar docencia en la normal de Corque, sus sufrimientos al responsabilizarse de sus hermanitas Berna y Sara al morir sus papás, su tarea de administrador de la pulpería de la planta de pólvora en Chile, su trabajo en el techo en el templo colonial del pueblo, el gran futbolista que fue y sus campeonatos o la vez que un tío suyo le entregó una desvencijada bicicleta a cambio de la deuda de 18 llamas a su padre. ¡18 llamas!

Maestro rural, las generaciones que pasaron por su carrera lo recuerdan como “el más estricto, pero un buen profesor”. Es memorable en mis relatos la vez que —siendo mi profesor de primaria— me corrigió un dibujo de Eduardo Abaroa con el bigote caído, cuando, en realidad, decía que el héroe del Topáter los llevaba ondulado en los extremos. ¡Qué lección, que me ayudó siquiera a ser un artista en pausa en el oficio!

Recuerdo los años 90 cuando sufría una leve depresión al saberse jubilado. Aprendió a preparar charque de llama (carne deshidratada) para venderlo en sobres manila. Fue el pionero del oficio y se fue a Puno, Perú, a aprender a hacer embutidos también. Montó una planta tecnificada de producción de charque, que, ahora, con poca actividad, parece convertirse en una sala de museo.

Matilde y Eduardo viven solos en una casa para más de 11 personas, sin contar el hospedaje que instalaron. Ahora pueden tener comodidades que no pudieron tener “por sacar adelante” a sus nueve hijos. Sin embargo, se entiende, tenerlo todo no es nada si en el día a día solo se miran y recuerdan con nostalgia cómo sus criaturas llenaban de alegría y rabietas la casa, y ahora son adultos ocupados en sus quehaceres y sus propios sueños, lejos del pueblo; a veces, a su turno, solo los fines de semana, en los feriados o en el Carnaval.

La prole ha crecido, que tienen 26 nietos (dos en la eternidad) y cuatro bisnietos; devenidos del tronco ancestral, los bisabuelos Celestino y Micaela, y Manuel y Fabiana, y los tatarabuelos Marcelo y Carlota, Rufino y María, Jorge y Felisa, y Santiago y Emiliana.

Son mis padres, ahora siento más ganas de estar con ellos; quise hacerles este homenaje. “En vida, hermano, en vida”, decía la poeta mexicana Ana María Rabatté.

(*) Rubén Atahuichi es periodista

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