Estado e inversión en 2022
Con Arce se restaura el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (‘made in Bolivia’).
DIBUJO LIBRE
La participación del Estado en la economía es muy importante, ya que de esto depende el éxito del desempeño económico de un país, donde el mercado, el sector privado y el público participan juntos, bajo normas de regulación y mecanismos de asignación y distribución de los recursos con los que cuenta la sociedad. Por tanto, el desarrollo económico no solo depende de las transacciones económicas realizadas en el mercado por el sector privado, sino también de los bienes y servicios, leyes y normas, salud y educación, bienestar social, infraestructura, entre otros, que el Estado proporciona.
Debemos recordar que la participación del Estado en tiempos neoliberales no tuvo resultados favorables, porque su política económica respondía simplemente a intereses internacionales, y fue minimizado como un simple observador, donde el mercado regulaba el proceso económico del país; la economía estaba basada en la iniciativa privada, el crecimiento centrado en la demanda externa (el “exportar o morir” de Víctor Paz Estenssoro), la dependencia del ahorro externo para la inversión, altos índices de endeudamiento y déficit fiscales continuos, que generaron estancamiento económico, pobreza, desigualdad y no había oportunidades para los ciudadanos que vivimos en nuestra querida patria.
Los gobiernos de turno han administrado el Estado bajo las recetas del Consenso de Washington, donde sugerían que era suficiente estabilizar la economía, con la capitalización y privatización de las principales empresas del país, es decir, “el desarrollo de libre mercado con una participación reducida del Estado en la economía”. En el Presupuesto no se contemplaba la totalidad de las entidades públicas del sector público, como los gobiernos autónomos municipales, instituciones de seguridad social (cajas de salud) y universidades públicas, porque el Estado era un simple observador y regulador.
En esos periodos, el presupuesto público se formulaba obedeciendo a las políticas y medidas económicas sugeridas por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), para definir políticas salariales, seguridad social, endeudamiento público y otros relacionados con política fiscal. Después de la privatización y capitalización de las principales empresas públicas del país, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), estas se convirtieron en empresas residuales, perdiendo la función de producción y generación de empleo en el país, por lo que la participación en el presupuesto público no tenía importancia. Sin embargo, a partir de la nacionalización de los recursos naturales y de empresas estratégicas como YPFB, ENDE, Comibol, Entel y otros, así como la creación y fortalecimiento de empresas, la generación de ingresos, empleo, excedentes, entre otros, son importantes para dinamizar la economía nacional.
A causa del fracaso del modelo neoliberal, cuando teníamos una economía en crisis y sin oportunidades para los bolivianos, a partir de 2006 se desarrolló un modelo propio con identidad nacional, el “Modelo Económico Social Comunitario Productivo”, cuando el Estado interviene en la economía como planificador, empresario, inversionista, regulador, articulador y protagonista del desarrollo, con políticas públicas en beneficio de las bolivianas y bolivianos, orientadas principalmente en dos sectores: a) generadores de excedentes (hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales), y b) generadores de ingresos y empleo (industria manufacturera y artesanía, turismo, desarrollo agropecuario, vivienda, comercio, servicios y otros).
Es importante señalar que entre 2006 y 2018 la tasa de crecimiento del PIB fue de 4,9% promedio anual, por un fuerte impulso a la inversión pública, que permitió fortalecer la demanda interna del país y un manejo prudente del resultado fiscal promedio de -1,5% del PIB; resultados que se obtuvieron pese al contexto internacional desfavorable y la diminución de los precios de las materias primas (petróleo y minerales) a nivel internacional. En las gestiones 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, Bolivia lideró en el crecimiento económico del PIB real con 3,4%, 5,5%, 4,9%, 4,3%, 4,2% y 4,2%, respectivamente, por encima de los países de América del Sur. La tasa de desempleo urbano abierto bajó de 8,1% (2005) a 4,3% (2018), la pobreza extrema se redujo de 38,2% (2005) a 15,2% (2018), la población de ingresos bajos se redujo de 5,7 millones de personas en 2005 a 3,9 millones de personas en 2018. Estos resultados fueron reconocidos y elogiados por organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
A pesar de los resultados macroeconómicos y sociales obtenidos de noviembre de 2019 a octubre de 2020, el gobierno de Áñez, sus ministros y sus aliados políticos, como el Sr. Carlos Mesa y otros, optaron por desestabilizar la economía con medidas neoliberales, sumadas a la crisis sanitaria provocada por el COVID- 19 a nivel mundial, como es el achicamiento del Estado, paralización de la inversión pública y de empresas públicas, reducción de ingresos, ocasionando impactos negativos en el ámbito económico y social, evidenciándose una desaceleración de la economía en 2019 con una tasa de crecimiento del PIB de apenas 2,2% y recesión de la economía en 2020 con una tasa de crecimiento negativo del PIB de -8,8%, un déficit fiscal de -12,2% del PIB, el incremento del desempleo, que llegó a 11,6% en julio de 2020, incremento de la pobreza, entre otros indicadores.
El 18 de octubre de 2020, el pueblo boliviano optó por un cambio, estabilidad y crecimiento, y a partir del 8 de noviembre de 2020, con la asunción al mando del presidente Luis Alberto Arce Catacora, electo con 55,1% de votos, se inicia la reconstrucción y restauración del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (made in Bolivia), implementando un conjunto de medidas orientadas a estimular la oferta y la demanda interna, reactivar la inversión pública e impulsar los sectores productivos, para reactivar la economía nacional, así como medidas de política fiscal y administración del presupuesto público.
Para 2021, se estimó en el Programa Fiscal Financiero un crecimiento del PIB de 4,4% y para la gestión 2022 se proyecta un crecimiento de 5,1% del PIB, impulsando un mayor dinamismo por parte de la inversión pública, con $us 5.015 millones, mayor en 25% al programado para 2021, políticas públicas productivas de fortalecimiento del aparato productivo con sustitución de importaciones e industrialización, entre las más importantes.
Por tanto, el Presupuesto General del Estado es un instrumento de la política fiscal más importante de la política económica del Estado, para su intervención en la economía y asignar de forma eficiente los recursos para la provisión de bienes y servicios públicos, distribución de la riqueza para la disminución de la desigualdad y la pobreza, a través de la ejecución de programas y proyectos.
(*)Zenón Mamani T. es economista, Viceministro de Presupuesto.