El exministro de Defensa Javier Zavaleta quedó sin orden de aprehensión tras una decisión judicial dictada la noche de este domingo, casi 24 horas después de que una jueza dejara sin efecto otra medida a favor del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
La decisión fue asumida por el juez Javier Vargas, del juzgado segundo de Instrucción en lo Penal, tras una audiencia virtual, según informó ATB Digital, por lo que se dejó sin efecto la orden de aprehensión del exministro, quien enfrenta una denuncia por presunto terrorismo por vertir unas declaraciones ante la prensa.
Por su parte fuentes allegadas al juzgado, donde se trató el caso, advirtieron que si bien fue salvada la vulneración de sus derechos, como la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, ahora el caso seguirá su curso y el sindicado podrá defenderse en libertad.
Zavaleta se encuentra en la residencia mexicana desde noviembre de 2019, después de que el expresidente Evo Morales renunciara al cargo por una movilización social y política debido a denuncias de fraude en los comicios del 20 de octubre.
Zavaleta y Quintana fueron denunciados por el Ministerio de Gobierno ante el Ministerio Público por presuntos actos de terrorismo, al igual que la exministra Wilma Alanoca y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico (Agetic) Nicolás Laguna.
Otras exautoridades que se encuentran en la residencia mexicana, en la zona Sur de La Paz, son Héctor Arce, Hugo Moldiz el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez.
La semana pasada, Arce también ganó un recursos. Son tres ministros, además del expresidente Morales, que libraron recursos judiciales a su favor.
Más de 4.000 policías resguardarán la seguridad del congreso del MAS arcista
La elevada cantidad de efectivos, según el comandante departamental de la Policía de La Paz, responde a la participación ‘masiva’ que se observará en el evento.
Efectivos policiales resguardando la avenida Juan Pablo II.
Con la supervisión confirmada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) también contará con el resguardo de más de 4.000 efectivos de la Policía Boliviana.
“Hemos previsto la cantidad necesaria de acuerdo a lo masivo que va ser este evento (…), tenemos 4.000 a 4.500 efectivos policiales que van a estar desplegados en diferentes turnos”, informó Edgar Cortez, comandante departamental de la Policía de La Paz, en conferencia de prensa este viernes.
La mañana del jueves, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, adelantó que el congreso contará con los efectivos necesarios, pero no anunció una cantidad estimada de movilizados.
En tanto, cuando el TSE informó que harían una “supervisión provisional” del congreso convocado por el Pacto de Unidad, debido a la decisión de una Sala Constitucional de La Paz, el ala evista advirtió de una posible convulsión y medidas en contra de esa resolución.
El décimo congreso nacional del MAS comenzará a las 15.00 de este viernes, en la avenida Juan Pablo II, en El Alto. Originalmente, el lugar del evento debía ser el estadio de Villa Ingenio, pero se cambió la ubicación debido a una ‘participación masiva’ de los militantes. El congreso durará todo el fin de semana.
De acuerdo con Cortez, los policías comenzaron a movilizarse la noche del jueves, acompañando la llegada de las diferentes organizaciones sociales al cónclave. La principal función que tendrán hasta el inicio del evento es el control de las vías aledañas a la avenida Juan Pablo II. Con el fin de evitar una congestión vehicular.
Así, todo está listo para el inicio del congreso del arcismo, en el cual se pretende renovar a la dirección nacional del partido. La misma, está encabezada por el expresidente Evo Morales desde 2017.
El Pacto de Unidad anunció que más de 6.000 delegados y 107 organizaciones sociales participarán del evento. Además, 150 veedores internacionales están invitados al congreso.
Se espera que el domingo 5 de mayo, en el cierre del congreso, se presente a la nueva directiva del partido.
Salame presenta un proyecto para que la Asamblea reanude el proceso de preselección
El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular que dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame presentó un proyecto de ley ante la Comisión Mixta de la Cámara de Senadores y solicitó la convocatoria a una sesión para reanudar el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales con una propuesta de “cumplimiento” de la Ley 1549, que fue declarada constitucional con la Sentencia 0049/2023.
El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.
En entrevista con La Razón Radio, Salame afirmó que la medida es “un avasallamiento de poderes” y que, por ello, su equipo hizo un análisis para ponderar la validez de las resoluciones de los tribunales.
“Indudablemente, hemos dado con la solución y es que la Asamblea emita una resolución suponiendo a la prosecución de la preselección judicial con base al principio de ‘erga omnes’”, añadió.
Erga onmes es una locución que significa de cumplimiento obligatorio y aplicabilidad de una norma, acto o contrato.
Para Salame, los legisladores deben aprobar una resolución que establezca el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 060/2023 y la Declaración Constitucional 0049/2023, ambas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La Sentencia 060/2023, del 31 de julio de 2023, dejó en fojas cero los comicios e instó a la Asamblea a realizar una ley de convocatoria.
El TCP emitió, el 11 de diciembre, la Declaración 0049/2023, que dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.
Según la legisladora, si bien la determinación de la Sala Constitucional Primera de Pando dispuso la anulación del proceso de preselección y la inaplicabilidad de la Ley 1549, la misma entra en contradicción con la 0060/2023 y la 0049/2023 que son de obligatorio cumplimiento para la Asamblea.
Aseguró que los asambleístas deben hacer cumplir la sentencia y la declaración. Contó que la Comisión Mixta de Justicia Plural convocó a sesión el lunes, mientras que la Comisión Mixta de Constitución todavía no se pronunció.
Advirtió que, si las comisiones no analizan el proyecto de ley para reanudar las elecciones, Salame enviará una carta al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para que él convoque al pleno y se tome la decisión de seguir con el proceso de preselección.
Las elecciones están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección, también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y la ausencia de mujeres e indígenas.
Chávez denuncia que Campero, que falló a favor del MAS arcista, es también juez en la OEA
“Israel Campero ejerce su cargo magistrado en la OEA y a la vez es presidente de la Sala Constitucional de La Paz. Esto no puede ser posible”, reclamó Wilfredo Chávez.
Wilfredo Chávez en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco
Wilfredo Chávez, exprocurador y abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció que el presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel Campero, también ejerce funciones como titular del Tribunal Administrativo en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, por ello, incurre en incompatibilidad de funciones.
“Israel Campero ejerce su cargo magistrado en la OEA y a la vez es presidente de la Sala Constitucional de La Paz. Esto no puede ser posible”, reclamó en entrevista con La Razón Radio.
El jueves, la Sala Constitucional Primera de La Paz instruyó “al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas en favor del accionante”. La resolución fue firmada por Campero y Alexis Angles.
La resolución de dicha sala se dio a conocer luego de que el TSE rechazara la solicitud de supervisión al congreso del MAS convocado por el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce: campesinos, interculturales y bartolinas.
Chávez aseguró que Campero incurre en una gravísima falta y que, incluso, debería ser destituido, ya que comete delito de prevaricato por su última determinación. “Está fuera del derecho, no tiene autoridad moral”.
Anunció que el tema será planteado ante Consejo de Magistratura debido a que esa instancia prohíbe a los jueces el ejercicio de cualquier otro cargo judicial. “Si era juez antes, debió renunciar”.
Visto en la página web de la OEA, Campero figura en primera línea como presidente del Triubunal Administrativo 2024, seguido de otros jueces, Pablo Sandonato de León (Uruguay), Wilson Vallejo (Ecuador), María Cecilia Cáceres (Chile) y Janet Nosworthy (Jamaica).
Campero comenzó sus funciones en ese tribunal en enero de 2019, mientras Evo Morales presidía el país, y termina su mandato en diciembre de este año.
Por otro lado, Chávez aseguró que esa decisión de supervisión no debería acatarse por la independencia de poderes entre el Órgano Electoral y el Órgano Judicial. “No podía existir que una sala tutele la decisión y dar una medida cautelar”.
“Es un congreso ilegal e inconstitucional por la decisión que se asume y que pretende robarle la sigla (al expresidente) Evo Morales”, denunció.
Aseguró que la facción arcista no cumple con ningún requisito para la convocatoria al congreso, debido a que no cuenta con la firma de Morales (actual jefe del partido). “Esto está generando la reacción de nuestros dirigentes”.
Anunció que se analizarán medidas para evitar que se consume ese —en su criterio— acto ilegal. “Esperaremos a ver qué pasa y los efectos de los recursos”.
Asimismo, acusó al TSE de ser parte “del grupo de delincuentes” que busca “robar” la sigla del MAS. Reclamó que el país tiene un “gobierno de facto”, debido a que opera con sentencias, resoluciones y jueces. “Lo han hecho con las elecciones judiciales”.
Tras conocerse la supervisión del TSE al congreso arcista, Ponciano Santos, dirigente campesino afín a Morales, advirtió que la “guerra está declarada”.
Indicó que desde este viernes comienzan las movilizaciones, porque la decisión judicial no respeta la Constitución, las normas y la sigla del MAS.
Al respecto, Chávez afirmó que es una decisión que tomaron las organizaciones porque consideran que “un grupo de personas no militantes” les están arrebatando al instrumento político.
“Tenemos que indicar que las decisiones de a organizaciones del Pacto de Unidad vamos a respetarlas porque es algo que afecta a la democracia”, puntualizó.
El TSE determinó acatar “provisionalmente” la determinación de la Justicia, sin embargo, denunció una injerencia del Órgano Judicial.
Tras el fallo que ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a supervisar el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista en El Alto, de hoy al domingo, el dirigente Vidal Gómez anunció que el evento comenzará a las 15.00 para definir al presídium y se espera a 150 veedores internacionales.
“Se ha invitado a 150 delegados internacionales como veedores, de la parte diplomática, cancilleres y embajadores”, remarcó el secretario de Derechos Humanos de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB), en conferencia.
El cónclave se inaugurará en la avenida Juan Pablo II, frente al coliseo Héroes de Octubre, y se prevé la participación de un millón de militantes, afirmó el Comité Político del Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce.
Gómez indicó que, desde temprano, las organizaciones sociales se concentrarán en la Ceja, para emprender una marcha hasta el lugar del encuentro. El acto principal será a las 15.00 y se proyecta que hasta las 21.00 se cuente con los integrantes del presídium.
Asimismo, el dirigente de los interculturales dijo que se espera hasta las 07.00 del domingo 5 las conclusiones del congreso, para presentar al nuevo comité de la dirección nacional del partido.
La Sala Constitucional Primera de La Paz ordenó que el TSE asista al cónclave del MAS arcista. El tribunal había observado la convocatoria a esta cita, al igual como hizo con el congreso del MAS que apoya al expresidente y jefe nacional del frente político, Evo Morales.
El Pacto de Unidad afín a Morales se declaró en estado de emergencia e incluso anunció bloqueo de caminos desde hoy. “Nos declaramos en emergencia y protestas. Desde las 00.00 horas de este viernes vamos a estar en movilizaciones frente al ataque a la democracia y el no respeto a la Constitución Política y a las normas”, dijo Ponciano Santos, que se declara ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
“La idea es quitarnos la sigla para que no sea candidato Evo Morales”, añadió. “Ya estamos en movilizaciones y en estado de emergencia. Nos veremos en la convulsión social del país, aunque ellos digan que vamos a perjudicar económicamente. Va a haber guerra civil. Las movilizaciones y la guerra ya están declaradas”.
Dato
Enrique Mamani, ejecutivo de los interculturales del ala evista, dijo que el Pacto de Unidad de ese bloque está en alerta y, en caso de que el TSE acompañe el congreso de los arcistas, las bases saldrán a la calles “en defensa del partido político y de la democracia”.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, anunció que la Policía garantizará la seguridad para la realización del congreso en El Alto. “La Policía Boliviana está elaborando un plan (para que) se desarrolle en un marco de normalidad y que permita que tanto la ciudad de El Alto como quienes van a participar puedan sentirse seguros”.
La autoridad pidió que “quienes pretenden sabotear estas acciones, amenazando con bloqueos y con acciones radicales, que depongan esas actitudes”.
Por más de un año, las elecciones judiciales se encuentran a merced del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial. Una sucesión de sentencias, declaraciones y autos ponen en jaque a los comicios y al sistema de justicia.
La última decisión fue emitida por la Sala Primera Constitucional del Tribunal de Justicia de Pando a instancias de una postulante inhabilitada en la fase de preselección, Yeny Duri Bautista.
Se trata del cuarto recurso que frena por cuarta vez el proceso previo de las elecciones judiciales, cuyos resultados debían definir la elección de nuevos magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y consejeros del Consejo de la Magistratura, cuyo inicio de mandato estaba previsto para el 3 de enero de este año.
En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS) protestó por las trabas que sufren las elecciones judiciales. “A partir de las decisiones que toma el Tribunal Constitucional y las salas se está constituyendo en un suprapoder por encima de los órganos de Estado y eso es algo que puede generar una total erosión de la institucionalidad en nuestro país”.
Similar consideración expuso antes el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), que sostiene la teoría de que la Constitución de 2009 otorgó demasiadas atribuciones del TCP.
El día de la emisión del último fallo que dejó otra vez en fojas cero los comicios, el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia cuestionó la decisión. “La incompetencia de la ‘sala’ y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión”, afirmó en la red X.
La Asamblea Legislativa “debe avanzar en el proceso de selección”, sugirió el exmandatario.
El proceso de preselección de postulantes, en su fase de evaluación oral y escrita, ya había quedado suspendido el 16 de abril por decisión de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, que atendió el recurso de otra aspirante inhabilitada, Margarita Medrano.
Hasta el martes eran 18 los recursos que ponían en vilo las elecciones judiciales de este año.
Preselección
Sin embargo, el jaque del TCP y del Órgano Judicial a los comicios comenzó el 12 de abril de 2023, cuando otra sala, Tercera Constitucional del Tribunal de Justicia de Beni, frenó el primer proceso de preselección. Entonces, apenas había cinco postulantes inscritos y Miguel Ángel Balcázar interpuso una acción de amparo constitucional contra la Resolución de la Asamblea Legislativa 007/2022-2023, de 20 de abril de 2023, de convocatoria y reglamento de elecciones.
Luego, el 27 abril, el TCP admitió un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la misma resolución, presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, que también dejó en suspenso el proceso. En medio de la incertidumbre, luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa, el 5 de junio, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1513, Transitoria de Elecciones Judiciales, que dispuso 70 días para el desarrollo de los comicios.
Tres meses después y en el plazo procedimental límite, el 31 de julio, el TCP emitió su Sentencia 060/2023, que dejó en fojas cero las elecciones judiciales y declaró inconstitucional la Ley 1513.
En el apuro, y ante la evidente ruptura en el MAS, la Cámara de Senadores aprobó el 31 de agosto el Proyecto de Ley 144. Para no comprometer su responsabilidad, la Cámara de Diputados pasó el proyecto a consulta de los órganos Ejecutivo, de Justicia y Electoral, y la Magistratura.
La consulta llegó al TCP, que el 11 de diciembre, a través de la Declaración 049/2023, declaró inconstitucional el proyecto de ley, dispuso la reelección y prórroga de magistrados y consejeros, y exhortó a la Asamblea Legislativa a la convocatoria a elecciones bajo dos tercios en todas sus fases.
‘No hay sometimiento’, sí debilidad
El senador Rubén Gutierrez negó que la Asamblea Legislativa esté sometida al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional en relación a la gestión de las accidentadas elecciones judiciales.
Al ser consultado en La Razón Radio sobre ese extremo, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista afirmó ayer que “no hay sometimiento de carácter político a ninguna instancia”.
“Las resoluciones son factores ajenos a la Asamblea Legislativa. Ningún legislador observó el proceso. Los actores que acudieron a la Justicia (fueron) los postulantes que forman parte de la convocatoria”, explicó el senador.
No obstante, admitió que la Asamblea no tuvo eficacia en el último año debido a la falta de consensos en las bancadas de las tres fuerzas políticas. “Desde la tercera gestión hay una debilidad por las divisiones internas del oficialismo y oposición”, comentó.
En los últimos meses se hizo evidente la división entre evistas y arcistas en el MAS, entre adultocentristas y renovadores en Comunidad Ciudadana (CC) y entre camachistas, ucesistas y otras facciones en la alianza Creemos.
Gutiérrez aseguró que antes las dificultades se resolvían fácilmente, pero los problemas comenzaron luego de la elección del Defensor del Pueblo. “Nos costó sacar adelante la elección del Defensor, pero ahí recibimos el apoyo institucional”, recordó.
“No ocurre ahora porque hay peleas, intereses, factores políticos y la temprana electrolización ha ganado terreno”, insistió.
Las elecciones están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y la ausencia de mujeres e indígenas.
