Más de un millar de víctimas al día. Diez personas al mando de la empresa fachada. La red de ciberestafas descubierta el miércoles en Santa Cruz aplicaba préstamos, cobros y extorsiones que incluso recurrían a amenazas de muerte, en cuatro países.

El comandante general de Policía, Álvaro Álvarez, explicó el “modus operandi” de esta organización que operó primero en Colombia, pasó por Perú y desde diciembre se asentó en la capital cruceña, en el barrio de Equipetrol, en el segundo anillo, bajo una empresa fachada: Legend Global.

Fue el mayor operativo contra una banda de estas características en el país. De las instalaciones intervenidas se aprehendió a más de un centenar de personas, la mayoría trabajadores, generalmente universitarios con conocimientos en informática. Del total, quedaron 10, quienes son parte del esqueleto de esta compañía hilvanada perfectamente para la estafa y la extorsión mediante aplicaciones, redes sociales, telefonía y más.

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“Estas 117 personas obedecían a una estructura organizacional de un grupo debidamente estructurado, que permitía no solamente captar a las personas, sino generar un proceso de capacitación y además esos empleados desarrollaban actividades día a día a través de imposiciones de matrices que esta organización criminal les asignaba”, explicó Álvarez.

En apariencia, Legend Global era una firma para “estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública”, según la documentación “legal” secuestrada. Contaba con su Número de Identificación Tribuntaria (NIT), pero en todo su tiempo de vida no realizó siquiera un sondeo.

Los empleados recibían una capacitación. Usaban cuatro aplicaciones para ofrecer préstamos. Los interesados accedían a una cláusula que, al ser aceptada, permitía acceder a todos los datos de sus teléfonos celulares: imágenes, contactos, cuentas de banco… Los préstamos tenían un interés altísimo, de 30 a 40%. Eso sí, cuando se otorgaba el dinero prestado a la víctima, el monto ya tenía el descuento del interés.

Cuando no se cumplía con los pagos, comenzaba la maquinaria de la extorsión. No bastaba con bloquear el número de la empresa fachada o deshacerse del número de teléfono, porque los ciberextorsionadores asediaban a los contactos de los prestatarios, sobre todo familiares y amigos. Más aún, cuando el deudor cumplía con su obligación, se le asignaba automáticamente otro monto y volvía a entrar al “círculo vicioso” de los intereses.

Los primeros mensajes de texto o llamadas telefónicas tenían tono amigable y si la víctima no cedía, comenzaban las agresiones y las amenazas inclusive de muerte. Para demostrar ello, Álvarez reveló un audio de un supuesto funcionario colombiano perteneciente a esta red: «Es plata o es plomo, te estoy diciendo de pecho y de frente. Tome una buena decisión”.

“Esto generaba una psicosis en la persona que se veía obligada a pagar de cualquier forma. Les reitero, ahí están los registros que se han mostrado de las llamadas telefónicas y de que cada persona tenía aproximadamente 10 deudores para cobrar cada día. Lo que implica aproximadamente una cantidad de 1.080 personas que eran contactadas todos los días en el exterior de ese lugar”, señaló el comandante policial.

Este “call center” realizaba los contactos a víctimas de Chile, Ecuador, México y Perú. Pero también había deudores bolivianos a esta organización criminal, los cuales eran presionados desde oficinas en Ecuador. Las pesquisas continúan y hasta ahora hay 10 imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Hoy será su audiencia cautelar.

El “modus operandi” de la red de ciberestafadores y ciberextorsionadores salió a la luz. La Policía describió que la organización criminal desbaratada el miércoles realizaba hasta amenazas de muerte desde el “call center” de Santa Cruz hasta al menos cuatro países.

Ciudadanos, deudores, de Chile, Ecuador, México y Perú eran sus víctimas; según la conferencia de prensa brindada por el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez. Primero se aplicaba un tono amable para el cobro, el cual cambiaba radicalmente si no había resultados.

“Es plata o plomo, te estoy diciendo de pecho y de frente; tome una buena decisión”, se escucha en un audio divulgado este viernes por Álvarez, el cual fue presentado como evidencia de este caso y que presenta a un supuesto funcionario colombiano del “call center”.

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El miércoles, un megaoperativo en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz desarticuló una red de ciberextorsionadores que operaba en una empresa fachada. Más de un centenar de personas, sobre todo empleados, quedaron aprehendidos. Al final, nueve se mantuvieron bajo custodia policial.

Un implicado más se sumó a quienes están en la mira de la Fiscalía. El jueves en la noche se presentó la imputación por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Todos esperan su audiencia cautelar.

Asimismo, las ciberextorsiones que tenían como destino a Bolivia, se realizaban desde Ecuador, reveló Álvarez. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, indicó que esta red migró de Perú en noviembre; país en el que fue descubierta por las autoridades.

El caso de la red de ciberestafas destapado el miércoles en Santa Cruz ya tiene imputación. La Fiscalía sindicó de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito a cinco implicados en ciberextorsiones.

Entre los imputados hay extranjeros y bolivianos que están sindicados de la captación de estudiantes, principalmente universitarios, para trabajar en un “call center” (centro de llamadas) desde donde se realizaban llamadas internacionales para cobros bajo amenazas.

“Los imputados son el presunto jefe de la organización Lei Z., de nacionalidad china, los peruanos Gianella M.M.L, Luis A.F. S. y Franco R.R., además del colombiano Miguel A.F. y los bolivianos Marcelo T. M., Percy R.D. y Fiorela S.V.”, señala una nota del Ministerio Público.

“Desde el momento en que se conoció del funcionamiento irregular del ‘call center’, se realizaron todas las diligencias investigativas para conocer cómo captaban a los trabajadores que en su mayoría eran estudiantes, qué tipos de cobros realizaban y a qué países llamaban, asimismo, se colectó las declaraciones de todas las personas que fueron encontradas en el lugar, se colectó chip de diferentes telefonías, documentos y otros elementos probatorios que ya cursan en el Ecosistema Justicia Libre del Ministerio Público y que serán presentados en audiencia cautelar”, dijo el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca.

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Los imputados aguardan en celdas policiales su audiencia de medidas cautelares. El caso fue destapado el miércoles, luego de un megaoperativo en inmediaciones del segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz, tras una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía y la Policía.

“Se conoció que personas de diferentes nacionalidades captaban a estudiantes y otras personas para trabajar en el ‘call center’ que se encontraba en un edificio…, donde realizaban llamadas para cobrar a personas deudoras en otros países y en caso de no ser efectivos los pagos se intimidaba y amedrentaba a las víctimas”, continúa la nota institucional.

En el lugar fueron descubiertas más de 100 personas organizadas en bloques llamados “estaciones de trabajo”, desde donde se realizaban las llamadas y enviaban mensajes de texto; cada persona contaba con libretas con nombres, anotaciones de montos de dinero y cuentas bancarias para realizar las presuntas extorsiones.

La Fiscalía indicó que la empresa fachada estaba bien hilvanada, con ejecutivos, subdirectores y una oficina de Recursos Humanos que otorgaba incentivos. Se reclutaba a jóvenes, sobre todo universitarios, con conocimiento en informática, con horarios y sueldos atractivos.

El comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, reveló el jueves que las pesquisas permitieron desbaratar otras dos redes de ciberestafadores en el cuarto y quinto anillos de la capital oriental. Asimismo, se informó que la primera red había migrado de Perú.

La red de ciberestafadores que fue desbaratada el miércoles, en Santa Cruz, migró de Perú a Bolivia, donde se asentó en Santa Cruz bajo la fachada de una empresa de call center. Nueve de los «ejecutivos» se encuentran aprehendidos y brindan declaraciones en la Fiscalía.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, indicó que este grupo delincuencial fue descubierto en diciembre en el país vecino, por lo cual escaparon a territorio boliviano. Indicó que se realiza una coordinación con autoridades peruanas para tener más datos del caso.

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“Es un ciudadano chino y sus jefes de personal (los cabecillas), y el elemento humano se ha encargado de manipular a la gente que trabajaba en ese call center, que además realizaba labores de ingeniería social y extorsión, además de manipulación informática”, dijo a Unitel.

Los delitos por los que se investiga a esta red internacional son extorsión, legitimación de ganancias ilícitas con afectación al Estado y enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público continúa recabando las declaraciones de los «ejecutivos» de diferentes nacionalidades.

El megaoperativo del miércoles en la mañana intervino las oficinas de esta empresa fachada, donde se aprehendió a más de un centenar de personas. Sin embargo, la mayoría fue liberada, aunque ello no implica que están fuera de las investigaciones, indicó la Fiscalía.

Harold Lora, dueño de Las Loritas Edificios que afronta procesos por estafa, se descompensó en la audiencia cautelar que iba a determinar su situación jurídica, por lo cual fue trasladado por efectivos policiales a un centro médico.

El empresario constructor afrontaba su audiencia en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz; allí fue llevado el lunes tras ser aprehendido y acogerse a su derecho al silencio en la Fiscalía.

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El Ministerio Público informó que Lora es investigado en cinco procesos, cuatro de ellos por estafa y estafa múltiple en la zona Sur. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, adelantó que se solicitará su detención preventiva por seis meses.   

Eso no es todo, ya que Alave reveló que el gerente de Las Loritas tiene también abierto un caso por legitimación de ganancias ilícitas, tras un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por movimientos económicos sospechosos.

Las Loritas

El lunes, a su salida del Ministerio Público, Lora alcanzó a declarar lo siguiente a los medios de prensa: “Desde hace cinco meses estamos trabajando, dando la cara, pero bueno, hay personas que no quieren entender eso. El dinero está invertido, el dinero se les va a devolver”.

Cuando la defensa del empresario intervenía en la audiencia cautelar, el juez determinó un cuarto intermedio para la atención médica. El constructor fue trasladado a una ambulancia que lo llevó a un centro médico de la ciudad de La Paz.