Nacional

Wednesday 8 May 2024 | Actualizado a 01:41 AM

Lea el discurso de posesión completo del presidente Luis Arce

El discurso de posesión del presidente Luis Arce duró casi media hora.

Por La Razón

/ 8 de noviembre de 2020 / 13:52

¡Honor y Gloria a nuestros ancestros que siempre nos acompañan!

¡Honor y Gloria a todas y a todos los mártires de la liberación!

¡Honor y Gloria a los caídos en Senkata, Sacaba, El Pedregal!

¡Honor y Gloria a los héroes del pueblo que recuperaron la democracia!

Saludar al pueblo boliviano, al hermano Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hermano jilata David Choquehuanca.

A los hermanos, Rey Felipe VI de España, Felipe de Borbón y Grecia; presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández; presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo Benítez; presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez; presidente del Consejo de Ministros del Perú, Walter Roger Martos Ruiz; vicepresidente Segundo de España, don Pablo Iglesias.

A los cancilleres de la República Islámica de Irán, República Oriental del Uruguay, República Bolivariana de Venezuela y República de Chile. Almuhamed Al Jasmi’s, delegado de su alteza, jeque Jalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan​, presidente de Emiratos Árabes Unidos.

A los parlamentarios de países hermanos, delegados oficiales de otros países que hoy nos acompañan. Secretarios generales de la CAN, Parlasur; Secretaria General Iberoamericana, ALBA, Banco Interamericano de Desarrollo; representantes de organismos internacionales, al cuerpo diplomático acreditado en Bolivia; observadores electorales; al Presidente de la Cámara de Senadores; al Presidente de la Cámara de Diputados; a todas las senadoras, senadores; diputadas, diputados.

Autoridades nacionales y subnacionales del Estado Plurinacional de Bolivia. Autoridades de los órganos del Estado. Alto Mando Militar y Policía. Expresidentes democráticos, autoridades religiosas y espirituales.

Ejecutivos de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y obreras. Representantes de partidos políticos, a la dirigencia y militancia del MAS- Instrumento Político Para la Soberanía de los Pueblos.

Saludar a la familia de nuestro hermano, jilata David Choquehuanca, y una salud muy especial para mi familia, para mi mamá Olga, mi esposa, Lourdes, mis hijos: Marcelo, Rafael, Camila.

Mis nietos y toda mi familia, a quienes hoy desde esta tribuna les agradezco por toda su paciencia y apoyo.

Durante los años que fui Ministro de Economía y Finanzas Públicas sacrifique muchos años con ustedes, para dedicarme a servir a nuestra patria, y hoy les pido cinco años más de paciencia y tolerancia.

‘El gobierno de facto’

Saludar con mucho afecto a todas las bolivianas y bolivianos que nos acompañan en este día histórico para el pueblo boliviano.

A partir del 10 de noviembre de 2019, después de 21 días en que se escamoteó la voluntad popular expresada en las urnas y que dieron un ganador Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes.

Las dos tareas que el gobierno de facto se impuso: pacificación del país y convocatoria inmediata a elecciones no se cumplieron, todo lo contrario. Se sembró muerte, miedo y discriminación, recrudeció el racismo y se usó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal e ilegítimo.

La persecución y criminalización desatada por el régimen en contra de dirigentes del MAS-IPSP y de los movimientos sociales, en contra de mujeres y hombres humildes del pueblo, se tradujo en muertos, heridos, encarcelados, perseguidos, asilados y exiliados.

Sacaba, Senkata y El Pedregal son una prueba irrebatible de la brutalidad del régimen, pero también son símbolo de dignidad y resistencia junto a hombres como Carlos Orlando Gutiérrez Luna, gran dirigente minero que luchó con valentía por la recuperación de la democracia y que siempre vivirá en el corazón del pueblo.

Pero, como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz, aquel líder socialista asesinado en otro golpe de Estado en 1980, no es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia.

‘Una nueva etapa’

Este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia, y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza.

Nuestro Gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz.

En este camino, la democracia es un valor fundamental de los pueblos y es la que se expresa de manera inequívoca la voluntad de la población y también es un eje ordenador de nuestra institucionalidad y de nuestra sociedad.

La democracia no sólo es el voto para elegir autoridades en todos los niveles, sino también elecciones abiertas, justas. Es la participación de todos y todos sin la exclusión de nadie, más aún de las mayorías sociales y nacionales culturales. Es la protección de los derechos civiles y políticos como la libertad de expresión y la libertad de organización. Es pluralismo polít6ico.

Todos estos requisitos para calificar un sistema de democrático fueron mutilados en un año de un gobierno de facto. Durante meses se llenaron la boca de democracia para unos, mientras se intentaba proscribir no sólo al MAS, sino al pueblo en su conjunto.

Desde la recuperación de la democracia en Bolivia, en 1982, que fue producto de la lucha del pueblo boliviano, nunca como hasta ahora se ha tendido que evidenciar una democracia mutilada de sus contenidos centrales. Una inmensa mayoría plurinacional enfrentó el peligro de la proscripción, la criminalización y la persecución.

Se estigmatizó a los movimientos sociales, a campesinos e indígenas y obreros. Se nos llamó de salvajes, de sediciosos, de terroristas. Se humilló a las mujeres de pollera, se quemó nuestra Wiphala, que es como quemarnos a nosotros mismos, como quemar nuestras raíces, desde sectores minoritarios de la población, como quedó en evidencia en las elecciones de octubre pasado se quería una democracia sólo para unos pocos.

En los hechos, estos sectores minoritarios levantan la bandera de la democracia sólo cuando les conviene, y cuando no, recurren a la desestabilización, a la violencia, a golpes de Estado para hacerse del poder.

Lamentablemente, algunos grupos quieren volver a la democracia excluyente, mutiladora de nuestra plurinacionalidad, en la que no participen aquellas mayorías que con el esfuerzo de su trabajo hacen posible la Bolivia de todos los días.

Sin embargo, a pesar de esas condiciones adversas, a pesar de que la participación del pueblo estuvo amenazada por la violencia del gobierno de facto y grupos paramilitares en las elecciones del 18 de octubre obtuvimos una histórica victoria en las urnas con más del 55%.

‘Somos mayoría’

Somos mayoría. Eso quiere decir que la población boliviana votó por la paz y la estabilidad, por la esperanza y la dignidad, por el rencuentro entre todos y todas las bolivianas y bolivianos.

Ese voto del 55.10% no es de Luis Arce ni David Choquehuanca. Ese voto es producto de la consciencia y la organización de un pueblo que no quiere libertad para unos cuantos, sino para todos. 

Es el voto de un pueblo que no quiere bienestar para unos cuantos, sino para todos; que no quiere alegría para unos cuantos, sino para todos.

Asumimos este mandato que nos da la población, el pueblo para trabajar incansablemente y con humildad por la reconstrucción de nuestra Patria, y nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien.

En octubre de 2020 triunfó la democracia intercultural, triunfó la democracia que permite la deliberación y organización desde abajo y triunfó la democracia que traduce esa voluntad, esa fuerza creativa a través del voto, pero democracia es también materialización de los derechos contenidos en nuestra Constitución Política del Estado.

De nada sirve elegir a las autoridades mediante el voto si a la vez el pueblo al que se debe la democracia está privado de los derechos fundamentales, como los de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a los ingresos y a la vivienda.

Democracia es tener el derecho de disfrutar de la riqueza que es para todos y no para unos cuantos, y eso lo hicimos en 14 años y eso vamos a profundizar en nuestro Gobierno: la redistribución del ingreso, los bonos siempre irán de la mano de nuestra política económica.

Vamos a trabajar entre todos y todas para recuperar los niveles de crecimiento que el gobierno de facto hizo añicos, y lo haremos reduciendo la pobreza, así como las desigualdades económicas y sociales. Esos son los principios que guían nuestro modelo económico social comunitario productivo al cual retomaremos.

La ‘triple crisis’

Hoy nuestra Patria enfrenta una triple crisis iniciada en noviembre de 2019 con el golpe de Estado y profundizada con la pandemia.

La crisis política que generó un gobierno que no salió de las urnas ni del respeto de los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional ni mucho menos de su apego a la Constitución Política del Estado.

La crisis sanitaria producto de la aparición de la pandemia mundial del COVID-19 en Bolivia, y a la que el gobierno de facto no pudo ofrecer ninguna respuesta integral adecuada.

La crisis económica derivada de la incapacidad del gobierno para generar estabilidad y crecimiento con justicia social, en un año se retrocedió en todas las conquistas del pueblo boliviano.

Hay quienes han argumentado que la situación actual es producto única y exclusivamente de la acción de ese enemigo silencioso llamado COVID-19, pero querer echarle toda la culpa a la pandemia de esta situación no es correcto, la crisis se venía conformando en el horizonte desde el golpe de Estado, tras el cambio abrupto de la política económica y se agudizó a raíz de los efectos de la crisis sanitaria.

Hoy nuestra economía nacional está en medio de una recesión profunda en la actualidad se tiene caída del PIB del 11,1%.

Según el dato publicado por el INE, al segundo trimestre de este año nuestro país pasó de liderar el crecimiento económico de Sudamérica durante seis años en el periodo entre 2006 y noviembre de 2019 a presentar la caída más fuerte de la economía en los últimos casi 40 años, del mismo modo el déficit fiscal programado para la gestión 2020 alcanza al 12,1% y se convierte en el más alto desde el periodo de la UDP, el déficit del sector público financiero a septiembre alcanza ya a 5,6%.

Por su parte, el TGN presenta un déficit programado ya del 8,7% explicado principalmente por el aumento del gasto corriente, ya que el déficit corriente del TGN alcanza al 8,1% de la presente gestión, estas cifras muestras que en tan solo un año de gestión económica del gobierno de facto  se pasó de una economía que privilegiaba a la inversión pública y a la redistribución del ingreso, a tener la necesidad de contraer deuda pública para pagar los sueldos y salarios del sector público, también hubo un drástico incremento del endeudamiento público, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

El gobierno transitorio endeudó al país en más de 4.200 millones de dólares entre deuda interna y externa, destaca principalmente la contracción de deuda con el Banco Central de Bolivia por $us 1.900 millones aproximadamente y 800 millones a través de subastas públicas de bonos del TGN, en el ámbito de la deuda externa se comprometieron créditos externos por más de $us 1.500 millones para cerrar el año programaron un endeudamiento de Bs 4.400 millones adicionalmente en el mercado interno.

Las reservas internacionales netas disminuyeron en $us 881 millones entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, lo que representa una caída del 13%, aproximadamente, a noviembre de 2019.

Las reservas internacionales se situaban en $us 6.459 millones de dólares y a octubre de este año se encuentran en sólo $us 5.578 millones; sólo en el mes de octubre las reservas disminuyeron en $us 777 millones.

El gobierno de facto deja una economía con cifras que no se veían ni en una de las peores crisis que sufrió Bolivia en el gobierno de la UDP en la década de los años 80 del siglo pasado, aumentó el desempleo, la pobreza y las desigualdades, tenemos ante nosotros el gran desafío de volver a reconstruir nuestra economía, de generar certidumbre, de generar crecimiento con redistribución del ingreso, de reducir las desigualdades económicas y sociales, pero estamos seguros que trabajando junto al pueblo lograremos una vez más superar las adversidades.

‘Un mensaje de esperanza’

Hoy estamos aquí para enviar un mensaje de esperanza a todas las naciones que conforman Bolivia, a esas mujeres y hombres valientes que salen día a día a luchar para superar esta difícil situación, ellos son el ejemplo para una clase política que debe pasar esta página oscura en su historia, mirar el presente con responsabilidad y compromiso y al futuro con optimismo, enfocándonos en un sólo objetivo, el vivir bien de todas y todos los bolivianos.

Por eso daremos continuidad a la construcción de una economía plural y diversas que recupere, fortalezca y promueva todo el potencial que tenemos, iniciativas y capacidades de Bolivia desde lo comunitario de los pueblos originarios y campesinos, lo estatal, privado, cooperativo y de la amplia diversidad y cultural.

Durante meses hemos planificado una serie de acciones para activar nuestra economía y se toma la dinamización de la economía interna. Tenemos grandes proyectos que vamos a poner en marcha gradualmente en los próximos meses, cumpliendo así nuestro compromiso de campaña con el pueblo, porque día que pasa sin tomar acción, día que se complica la situación de Bolivia.

Nuestra patria hoy más que nunca requiere esfuerzo y movilización sincronizada entre la sociedad civil y todos los órganos del Estado, entre el sector público y el sector privado; así, como entre las diferentes agrupaciones políticas.

A pesar de las diferencias estamos en la obligación de estar a la altura del pueblo, que nos demanda unidad, paz y certidumbre.

Unidad y complementariedad entre oriente y occidente, entre el campo y la ciudad. Todos somos Bolivia, debemos poner fin al miedo en Bolivia.

Creo en la justicia, no en fomentar un ambiente de resentimiento y de venganza, que no respete la diversidad de pensamiento, en donde ser de otro partido o color político te hace ser objeto de odio.

Eso debe acabar. Creo y apoyo el refuerzo, la institucionalidad del Estado y en generar un ambiente seguro y estable donde los únicos que deben temer son los infractores, los criminales, los violentos y los que cometan actos de corrupción.

Nuestro Gobierno trabajará orientado en el presente y futuro, sirviendo al pueblo boliviano, a intereses colectivos y no intereses mezquinos individuales.

‘Somos una nación soberana’

Desde esta tribuna en la que se concentra la voluntad democrática de nuestro pueblo, también quiero dirigir a la comunidad internacional, a las hermanas y hermanos de otros países que hoy nos visitan. Somos una nación soberana, con un Gobierno nacido en las urnas y nuestra voluntad es la de trabajar por un mundo multipolar, en el que no exista la supremacía de ninguna potencia y en la que todos los estados y seres humanos vivamos sin miedo, sin guerras, sin odios, sin saqueo de nuestros recursos naturales; sin la explotación, sin racismo y discriminación; sin amenazas, sin presiones de ninguna naturaleza.

Asumimos con fuerza hoy más que nunca los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, el no alineamiento y la plena igualdad jurídica y política de todos los estados sin ninguna forma de subordinación.

Apostamos por una integración emancipadora y no subordinada que considere todos los ámbitos de la vida, desde la salud, la educación hasta la económica comercial.

Reivindicamos la integración Sur- Sur en un mundo globalizado en que no se imponga designios desde el Norte.

Propugnamos la unidad política de la diversidad de América Latina y el Caribe, la CELAC es la mejor vía para conquistar tan noble e histórica causa.

Volvemos a ser nuestra resolución de la CELAC de la 2014, cuando declaramos a América Latina y el Caribe como un territorio de paz.

Levantamos la bandera de la diplomacia de los pueblos por la vida y de un mundo sin muros. Debemos poner fin a todo aquello que nos impide reconocernos como iguales, como hermanas, como hermanos.

En la subregión, planteamos la recuperación de la Unasur como espacio de integración y un mecanismo de concertación política en la que nos encontremos todos, independientemente de la orientación política de los gobiernos.

‘Asumo la Presidencia con humildad’

Querido pueblo de Bolivia, estoy hoy frente a todos ustedes con mucha emoción, pero con un enorme sentido de responsabilidad que nace del amor que le tengo a nuestra Patria, a nuestras raíces y al pueblo, pero también las promesas asumidas ante esta campaña política, por eso quiero reafirmar desde aquí mi compromiso de honrar cada una de ellas.

Asumo la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia con mucha humildad, con mucha honra y con mucho agradecimiento por la confianza depositada en nosotros.

Gobernaremos con responsabilidad e inclusión, representándolos a todas y todos, afrontando los cambios necesarios con el objetivo de que Bolivia vuelva a la senda de la estabilidad lo antes posible.

Hoy afrontamos el enorme reto de tener que escribir unido a las letras que definirán los próximos cinco años de nuestra historia, esperando ser recordados como el Gobierno en el que el pueblo boliviano se levantó para recuperar la democracia, la dignidad, la paz, el crecimiento y la justicia social.

Trabajaremos incansablemente sirviendo al pueblo boliviano. Venceremos a la pandemia, triunfaremos sobre la crisis como ya lo hicimos en años anteriores, porque somos un pueblo luchador, perseverante y valiente que mira sin miedos y con optimismo y con la fuerza de saber que nosotros somos capaces de conseguir.

En mi recorrido por toda Bolivia, junto con el hermano jilata David, he sentido el dolor, pero también la esperanza de millones y millones de bolivianos y bolivianas.

No olvidaré nunca las lágrimas, los abrazos, las sonrisas, las palabras de fuerza que me dieron en todo momento, ni las historias personales que me compartieron en cada lugar por el que pasé.

No olvidaremos los anhelos de quienes sean visto tan afectados en este año fatídico marcado por el golpe a la democracia y por esta cruel pandemia.

Sus rostros, sus voces, su cariño y esperanza estarán siempre presentes hoy conmigo y me acompañarán en todo momento durante los próximos cinco años.

Por mandato de ustedes, queridas hermanas y hermanos, asumo con mucha humidad y responsabilidad la Presidencia del Estado Plurinacional.

Miro el pasado, todo lo que vivimos y superamos. Levanto mis ojos y veo que una Bolivia mejor es posible, con la participación y el trabajo de todas y todos los bolivianos.

Caminemos en paz, lado a lado para lograrlo. ¡Vamos a salir adelante!

¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia!

¡Honor y gloria al pueblo boliviano!

Muchas gracias.

(Fuente: Ministerio de la Presidencia)

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Democracia en riesgo

Por La Razón

/ 5 de mayo de 2024 / 00:34

La reciente decisión de una sala constitucional en torno al “congreso del MAS-IPSP” convocado por dirigentes de la facción arcista constituye una tosca injerencia en las competencias del TSE. Y cruza un límite que pone en riesgo no solo la institucionalidad electoral, sino la propia democracia. Es fundamental ponerle freno antes de que conduzca a una deriva autoritaria.

 Una de las condiciones fundamentales de un Estado de Derecho es la autonomía e independencia de los órganos del poder público, además de su separación. Cuando uno o más órganos se subordinan a otro o surge una especie de suprapoder, esa estructura y organización funcional del Estado se resquebraja. Asimismo, cuando el sistema de gobierno empieza a depender de decisiones arbitrarias e inconstitucionales, la democracia está en riesgo. Estamos transitando ese muy peligroso umbral en el país.

En nuestro proceso de construcción y reforma estatal, no es nuevo que el Legislativo dependa de los mandatos del Ejecutivo. Tampoco es raro que la administración de justicia esté subordinada al poder político y a poderes fácticos. Lo crítico es que surja un suprapoder que imponga sucesivos fallos por fuera del marco constitucional y pisoteando la institucionalidad democrática. Desde el año pasado hay un suprapoder en Bolivia que, en consorcio con actores políticos, opera desde el TCP y algunas salas constitucionales.

A punta de sentencias, declaraciones y autos constitucionales, y algunas acciones de defensa, un arriesgado suprapoder está llevando a límites insostenibles el funcionamiento de los órganos del poder público y del sistema de gobierno. Así, bloquearon las elecciones judiciales, suspendieron las funciones de fiscalización de la ALP, se autoprorrogaron, beneficiaron a terratenientes y ahora están emitiendo “instrucciones” sobre las organizaciones políticas y los procesos electorales. Es inaceptable.

Es muy complicado y sensible para el TSE gestionar las disputas internas en los partidos, en especial en este momento la batalla entre facciones en el MAS-IPSP. Debe hacerlo en estricto cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas y de los estatutos partidarios. ¿Qué ocurre cuando una sala constitucional, desde su filiación política, impone acciones que violan la normativa y vulneran las atribuciones del organismo electoral? Eso es lo que acaban de hacer, sin sonrojarse, los vocales Campero y Angles.

En un pronunciamiento difundido este viernes, las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional exigen con timidez el respeto a la independencia de poderes para garantizar la democracia en el país. No es una exigencia menor. En realidad, se está advirtiendo que, si magistrados y jueces continúan perforando el sistema y la institucionalidad electoral, la democracia boliviana está en riesgo. Es fundamental que la disputa política no termine derrumbando el orden constitucional y el régimen democrático.

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Elección en suspenso

Las reacciones luego de conocido el fallo revelaron, cómo no, una nueva fuente de incertidumbre

Por La Razón

/ 2 de mayo de 2024 / 06:16

Como se decía días atrás en este mismo espacio, hace mucho que actores políticos y operadores judiciales están empeñados en frenar sin fecha las elecciones judiciales. El más reciente fallo constitucional ordena no solo paralizar el proceso, sino devolverlo al inicio y comenzar con una nueva ley de convocatoria; el argumento es la defensa de derechos, pero la intención tal vez no.

El 18 de abril, Yeny Duri, dirigente indígena y abogada, candidata eliminada en el proceso de preselección, presentó una acción popular en la que denunció que las aspirantes indígenas de Pando no recibían un trato equitativo en comparación con las de otros departamentos, señalando la falta de oportunidades equitativas en el proceso de preselección. La Sala Constitucional Primera de Cobija emitió el lunes una medida cautelar que suspendió el proceso de preselección en curso y luego, el martes, dictaminó que el proceso de preselección debía dejarse sin efecto completamente, argumentando que la convocatoria inicial no había considerado adecuadamente la inclusión de mujeres e indígenas, e instruyó elaborar una nueva.

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La reacciones luego de conocido el fallo revelaron, cómo no, una nueva fuente de incertidumbre, pues si bien hay voces, como la del expresidente Eduardo Rodríguez, quien argumentó que la Sala Constitucional de Cobija era incompetente para emitir tal fallo y que sus razonamientos eran improcedentes, sugiriendo que la Asamblea Legislativa debería continuar con el proceso de preselección, la Comisión Mixta de Constitución decidió entrar en cuarto intermedio hasta hoy, a la espera de la notificación oficial del fallo.

El Presidente de la Comisión, Miguel Rejas, del MAS, afirmó que la intervención de la Sala es una «aberración» y criticó duramente a los vocales que concedieron la tutela a la candidata Duri; dijo también que el fallo fue resultado de manipulaciones por parte de vocales y jueces, sugiriendo que algunos de ellos habían sido influenciados por quienes presentaron amparos.

A su vez, la senadora Andrea Barrientos indicó que el fallo de la Sala es «ilegal e inaplicable» y que ninguna sala constitucional tiene la competencia para declarar la inaplicabilidad de una ley, especialmente de la Ley 1549, que ha pasado por control constitucional y cuenta con amplio respaldo legislativo. El diputado por Creemos Leonardo Ayala argumentó que la decisión vulnera los derechos de los más de 400 postulantes habilitados para el proceso de preselección. El Presidente Nato de la Asamblea, como es habitual, no apareció.

La interminable sucesión de recursos judiciales y constitucionales, sumada a la incapacidad de las y los legisladores para acordar un plan de acción capaz de superar los obstáculos que unos y otros ponen en el camino, muestra todo, menos voluntad política, para cumplir con el mandato constitucional de realizar la elección de autoridades del Judicial. Mientras tanto, el sistema judicial boliviano se hunde irremediablemente.

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¿EJ en septiembre?

Por La Razón

/ 28 de abril de 2024 / 00:18

Renovadas acciones de amparo y medidas cautelares están paralizando nuevamente y dejan en incertidumbre las Elecciones Judiciales (EJ). Según lo establecido en la ley transitoria, este 5 de mayo debe concluir la fase de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el TSE anunció que la votación popular sería en septiembre. Hay duda sobre tales plazos.

Desde hace un año, el proceso electoral para renovar el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional está a la deriva. Según el mandato constitucional, las elecciones debieron realizarse en 2023. Pero políticos y operadores del sistema, en especial del TCP, se encargaron de frenar, congelar y a la postre postergar la elección. Como no se eligieron nuevas autoridades, los actuales magistrados (cuyo mandato ya se cumplió) decidieron autoprorrogarse. Fue como un guion escrito desde el principio para boicotear el proceso.

Como efecto de un bloqueo de caminos realizado en enero, finalmente la bancada oficialista en la Cámara de Diputados viabilizó las truncadas elecciones. Se aprobó entonces una ley de consenso que trazó la ruta, sus fases y los plazos tanto para la preselección a cargo de la ALP como para la votación bajo responsabilidad del TSE. Así, se publicó la convocatoria, se recibieron más de 700 postulaciones, se verificaron requisitos y se resolvieron las inhabilitaciones. Hasta ahí todo conforme a lo previsto.

En medio de la evaluación de méritos, incluida una prueba de conocimientos, varios postulantes inhabilitados por incumplir requisitos activaron demandas en la justicia para la reconsideración de sus casos. Todas esas acciones prosperaron dejando en suspenso el proceso de preselección de postulantes. Y el plazo corre. Luego de calificar los méritos, la Comisión Mixta de la Asamblea debe aprobar su informe, que será la base para la elección, por dos tercios, en sesión plenaria. Queda solo una semana.

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Es evidente que algunos actores políticos y operadores judiciales están empeñados en frenar sin fecha, nuevamente, las elecciones judiciales. Sería desastroso para la institucionalidad en el país en un contexto de alta desconfianza y de crisis. Por ello es sensato que la Comisión Mixta retome el proceso desde mañana. Tampoco sería una buena señal que se amplíen los plazos, ya que ello implica postergar la votación popular (quizás hasta octubre, lo que se superpone con las elecciones primarias).

Todos sabemos que las elecciones judiciales no solucionan la crisis del sistema de administración de justicia, pero al menos implican cumplir la Constitución y evitar que los autoprorrogados continúen degradando aún más el Estado de Derecho con sus decisiones a la carta. Por ello es fundamental que la ALP culmine pronto su trabajo de preselección con voluntad política y madurez democrática. Luego será el turno de la ciudadanía en las urnas. Y seguirá en agenda la cada vez más urgente reforma estructural del sistema.

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Un asunto oscuro

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años

Por La Razón

/ 25 de abril de 2024 / 06:59

La todavía incipiente industria del litio en Bolivia no puede salir de las sombras. Al violento arresto del exministro de Minería y exresponsable de la planta en la región de Lípez en Potosí, Luis Alberto Echazú, se ha sumado, ayer, la muerte del exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El tema se ha politizado y, ahora, judicializado, pero del negocio no hay más que promesas.

Los contornos del caso, la actuación presuntamente arbitraria e irregular de la Fiscalía el lunes, según denuncia del abogado de Echazú, así como las declaraciones de jerarcas y portavoces del ala evista del MAS, hacen pensar en intereses políticos ligados a la sorda pelea por el poder en el partido gobernante antes que en aquellos ligados al efectivo despegue de la industria del litio en el país. El intercambio de acusaciones, con y sin fundamento, en nada ayuda a reactivar el proyecto.

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El tono y el contenido de una “carta abierta” firmada por el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, otro de los imputados, antes de morir (incluyendo una última línea en la que pide perdón a sus seres queridos por el “dolor” que les causará “esta mi decisión”), hace pensar en que detrás de la acusación hecha el jueves de la semana pasada por la actual gerente del proyecto y el procurador del Estado, además de la sorprendentemente rápida actuación del Ministerio Público, hay mucho más que la búsqueda de justicia o de castigo a la corrupción.

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años, asunto del cual ni ella ni su antecesor habían dicho nada anteriormente. Al ser conducido a celdas policiales, el exministro, ahora en detención domiciliaria, afirmó que “el Gobierno quiere ocultar tres años y medio” de parálisis en el que debería ser el proyecto más importante del Estado Plurinacional en los últimos años.

Coincidiendo con la denuncia de YLB contra exfuncionarios de la institución, el mismo día, el Presidente del Estado acusó a “potencias mundiales” y un “país vecino” de pretender controlar los recursos naturales del país, especialmente el litio, bloqueando las exportaciones y excluyendo a Bolivia en procesos estratégicos de comunicación. A la luz de lo sucedido en los últimos años, es evidente que el principal obstáculo está en el Estado y no fuera de las fronteras.

Mientras Chile se abre a las inversiones de riesgo compartido y se propone recuperar el sitial de primer exportador de litio en el mundo en los próximos dos años, y el presidente de Argentina busca entregar las reservas de su país a las transnacionales del sector, Bolivia todavía no ha mostrado cuál es su estrategia de industrialización y comercialización del preciado mineral, al extremo que ni siquiera ha transparentado los acuerdos (no contratos) que tiene con empresas chinas y rusas. Así, es imposible tener optimismo en el futuro del litio.

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Ley ‘antihombres’

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta.

Por La Razón

/ 21 de abril de 2024 / 00:27

La penosa declaración del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en sentido de que la Ley 348 es una ley “antihombres” (sic), puso en agenda la cuestión irresuelta de la violencia contra las mujeres. Rodríguez recibió fuertes críticas, pero también adhesiones. Lo preocupante es que fomenta a grupos antiderechos y pone en riesgo una norma que protege a las mujeres.

 La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348) fue promulgada por el presidente Morales en marzo de 2013. Su objeto es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. Se trata de una ley avanzada, resultado de muchos años de lucha de las mujeres por sus derechos en una sociedad patriarcal y machista como la boliviana.

En 11 años de vigencia, la Ley 348 permitió el registro de centenas de miles de denuncias de violencia contra mujeres en el país. Según datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, el año pasado hubo casi 52.000 denuncias. Los casos de violencia familiar o doméstica, que son la mayoría, se incrementaron en 193% entre 2013 y 2023. Cada día, en promedio, hay 142 denuncias de violencia contra mujeres, 30 agresiones sexuales, 104 embarazos de niñas y adolescentes. En 2023 se registraron 81 feminicidios.

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta. Por ello son deplorables afirmaciones tan ligeras como que la Ley 348 es una “ley antihombres” o, peor, que “la violencia no tiene género”. Si bien existen acusaciones falsas contra hombres, e incluso detenciones arbitrarias presumiendo culpabilidad, ello no atenúa ni menos niega la abrumadora evidencia de que las mujeres son las victimas sistemáticas de actos de violencia en todas sus formas.

En su capítulo de derechos fundamentales, la Constitución señala con claridad que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica”. Y establece que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género.

Con ese mandato constitucional, la Ley 348 define mecanismos para proteger a las mujeres. Y traza la ruta para la denuncia, persecución y sanción penal de los agresores.

Es evidente que se requiere una reforma normativa y hay valiosas propuestas para el efecto. Pero sobre todo fallan los operadores del sistema judicial. Claro que debe evitarse que haya hombres inocentes en prisión, pero sobre todo que los feminicidas y violentos estén libres. Las polémicas palabras del presidente del Senado tendrían que servir para debatir el tema, mejorar la ley, garantizar en serio para las mujeres una vida libre de violencia y frenar las muy peligrosas campañas antiderechos.

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