Defensa de Áñez admite que en noviembre de 2019 había ‘rumores de fraude electoral’
La defensa recordó que el Órgano Electoral reconoció la presidencia transitoria y que esta entidad convocó a elecciones presidenciales
El Tribunal de Sentencia que juzgó a Jeaninea Áñez y exjefes militares
La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez en su exposición en el juicio del caso Golpe de Estado II admitió que en noviembre de 2019 había «rumores de fraude electoral», en medio de las explicaciones del por qué la exsenadora de oposición asumió el mando del Estado.
«Cuando se dan estas elecciones (presidenciales del 20 de octubre de 2019) empieza a existir rumores de fraude electoral situación que finalmente pues molesta a la ciudadanía ante un corte del Trep que finalmente hace que la ciudadanía realice diferentes protestas», señaló la defensa.
Según la defensa, al menos cinco instituciones reconocieron a Áñez como presidenta, además que se presentó una exposición detallada de los motivos por lo que la también exsenadora asumió la presidencia en lugar de Evo Morales.
“Durante el año que ha gobernado la señora Jeanine Áñez Chávez como presidenta transitoria constitucional de este país, la Asamblea Legislativa ha funcionado con completa normalidad”, señala la exposición de la defensa contenida en la sentencia de 75 páginas contra Áñez y otros involucrados en el caso Golpe de Estado II.
“Pero también lo hizo el ministerio público y nosotros como defensa vamos a demostrar que bajo el principio de unidad el ministerio público y el fiscal general del estado reconoció el gobierno de la exmandataria (…) Vamos a demostrar que funcionó un órgano judicial en esa época (…) y en un año de su gobierno tampoco actuaron en un presunto delito de resoluciones contrarias a la constitución”, apuntó la defensa.
El 10 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a 10 años de cárcel a Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Cinco días después, el mismo tribunal dio lectura inextensa a la sentencia contra Áñez y los generales Williams Kaliman (FFAA) y Yuri Calderón (Policía Boliviana), ambos prófugos, y contra el exinspector general de las Fuerzas Armadas Jorge Elmer Fernández Toranzo, el exjefe de Estado Mayor Sergio Orellana, el excomandante del Ejército Jorge Pastor Mendieta y el excomandante de la Armada almirante Flavio San Martín.
La defensa también recordó que el Órgano Electoral reconoció la presidencia transitoria y que esta entidad convocó a elecciones presidenciales y producto de eso “pues tenemos al día de hoy un presidente democráticamente elegido”.
Asimismo, estableció el 21 de febrero de 2017, cuando se dio el referéndum revocatorio, como la fecha de inicio de lo que desembocó en las elecciones del 20 de octubre de 2019 con la participación del entonces presidente Evo Morales.
La asistencia de Morales a los comicios y el corte del TREP un día después de las elecciones, según la defensa, promueve una serie de protestas y más con “rumores de fraude electoral” que luego dieron pie a movilizaciones en las que se pidió la renuncia de Morales, quien finalmente asume esta determinación el 10 de noviembre de 2019.
Según la sentencia, Áñez “no se encontraba en la línea de sucesión constitucional” y tomó posesión de la oficina de la Presidencia de la Cámara de Senadores la mañana del 12 de noviembre de 2019, cuando no se había declarado presidenta de esa instancia legislativa.
“Se ha llegado a establecer que la acusada no se encontraba en la línea de sucesión constitucional de reemplazo del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, se lee en la sentencia conocida en su integridad el miércoles, donde también se sostiene que se “auto-designó” como presidenta del Senado.
La Defensa descartó que haya existido una coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para permitir la asunción al mando de Áñez.