Fue aquí, a 9.000 km de la Franja de Gaza, en Manhattan, donde comenzaron las protestas que sacuden las Universidades de Estados Unidos: en la prestigiosa Columbia, de Nueva York, donde los estudiantes ocupan el campus y libran una tensa pulseada con las autoridades.

Una bandera que reza «Palestina Libre» cuelga de una de las ventanas de la institución, que ha restringido fuertemente el acceso al campus.

Universidad de Columbia

Este martes, al personal y estudiantes que viven en las residencias universitarias solo se les permitía la entrada por una puerta. Y una pequeña presencia policial se instaló en el campus, según comprobó la AFP.

La estudiante de economía Tina Deng dice no tener una opinión formada sobre la protesta, pero culpa a las autoridades de la universidad por hacer que la policía interviniera y arrestara a los manifestantes el pasado 18 de abril, lo que según ella elevó las tensiones. 

«Podría ocurrir lo mismo con quien exprese sus opiniones en el futuro», afirma esta estudiante extranjera de 25 años, que además lamenta los «trastornos» para los alumnos al no poder acceder al restaurante universitario o a la biblioteca. 

Epicentro de las manifestaciones propalestinos que se diseminaron por decenas de universidades estadounidenses y de otros países, los jardines de Columbia suelen estar colmados de estudiantes. Pero este martes los pocos rostros que había lucían tensos. 

Al amanecer, un pequeño grupo ocupó el edificio administrativo Hamilton Hall, después de que las autoridades dijeran que habían comenzado a suspender a los estudiantes por no cumplir con una orden de desalojo del campamento que habían levantado en los jardines. 

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«Tratados con desprecio»

Los manifestantes claman por el fin de la guerra en Gaza y de la ocupación israelí en los territorios palestinos. 

También exigen que la universidad rompa sus vínculos con Israel y quieren el regreso del centenar de estudiantes suspendidos tras la fuerte intervención policial de abril, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. 

«Te despiertas por la mañana y todo lo que oyes son helicópteros y sirenas policiales. Y te enteras de que tus compañeros de clase han sido golpeados o detenidos», sostiene el estudiante de Derecho Mohamed Ali. 

«Estaban aquí pacíficamente y fueron tratados con desprecio. A todos nos tratan con desprecio», se indigna este joven de 24 años; cree que los estudiantes son «castigados colectivamente» para que se vuelvan contra los manifestantes. 

Felipe Poelling, de 19, aprueba el movimiento. «Son mis compañeros de estudio, creo que saben por qué están luchando, admiro eso», afirmó. 

«Demasiado lejos»

Las autoridades de Columbia, al igual que una parte de la clase política, especialmente republicanos, acusan a los manifestantes de «antisemitismo» debido a sus consignas hostiles a Israel, gran aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. 

La universidad amenazó con expulsarlos, pero los estudiantes replicaron en un mensaje de Telegram: «No nos iremos». Y llamaron a todos sus simpatizantes a manifestarse en el campus o frente a la institución. 

«Tomar nuestro campus es la única y la última respuesta a una institución que no obedece sus propias normas ni reglas éticas», dijeron el lunes los líderes de la protesta en una conferencia de prensa. 

Muy cerca del campus, el estudiante de ciencias políticas David se dice contrariado. 

Quiere que cese «el derramamiento de sangre en ambos lados» del conflicto que libran Israel y el movimiento islamista palestino Hamás. 

«En Estados Unidos tenemos el derecho a reunirnos pacíficamente. Es un derecho que valoramos mucho y que está grabado en la primera enmienda» constitucional, recuerda el estudiante de 19 años que no quiso identificarse por su apellido. 

Sin embargo, «no tienes derecho a tomar por asalto (un lugar), organizar motines y agresiones. Eso es ir demasiado lejos», sostiene.

Estados Unidos y México acordaron medidas más estrictas contra la migración irregular, como restringir el uso de los medios de transporte y aumentar las expulsiones de migrantes, informó este martes la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, mantuvieron una conversación telefónica el pasado fin de semana en la que decidieron tomar «medidas concretas» para reducir «los cruces fronterizos irregulares», informó el lunes la Casa Blanca sin especificar cuáles.

Este martes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dio algunas pistas.

Se trata de medidas «más estrictas para evitar que los ferrocarriles, autobuses y aeropuertos se utilicen para la migración irregular», afirmó. 

«Y, por supuesto, el aumento de los vuelos de repatriación. Tanto desde Estados Unidos como desde México, a los países de origen de los migrantes», añadió el portavoz.

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Migrantes

Según él, el gobierno mexicano ha trabajado «arduamente para disminuir el nivel y el volumen de las oleadas de personas hacia la frontera» con Estados Unidos.

Porque uno de los objetivos es responder «rápido para interrumpir las oleadas», añadió Kirby.

La patrulla fronteriza estadounidense interceptó en marzo 189.372 veces a migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría latinoamericanos, que cruzaron ilegalmente la frontera con México, según datos oficiales. 

Es algo menos que en febrero y bastante menos que los casi 302.000 de diciembre pasado.

La afluencia de migrantes aumentará probablemente con la llegada del calor en «mayo, junio, julio» como suele suceder, reconoció Kirby.

Desde octubre, cuando empezó el año fiscal en Estados Unidos, la cifra supera 1.300.000 interceptaciones, según datos oficiales.

La crisis migratoria en la frontera es un tema central de la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Las disputarán el demócrata Joe Biden, candidato a su reelección, y su predecesor republicano Donald Trump.

Donald Trump esboza cómo sería un eventual segundo mandato como presidente en un artículo publicado este martes por la revista Time: vía libre a los estados que prohíben el aborto, desplegar el ejército para deportar a los migrantes y condicionar la ayuda militar a los aliados de Estados Unidos.

El magnate republicano, que se enfrenta al presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre, respondió a preguntas en dos entrevistas, una en persona y otra por teléfono, sobre lo que haría si ganara.

Uno de los interrogantes se refería a la interrupción voluntaria del embarazo, uno de los grandes temas de la campaña. Trump, de 77 años, actualmente procesado en Nueva York en una de las muchas investigaciones abiertas en su contra, eludió la pregunta de si vetaría una ley federal que restringe duramente ese derecho.

Trump

«No tengo que vetarla porque ahora todo vuelve a los estados», dijo, en referencia a una sentencia de la Corte Suprema de 2022 que puso fin a la protección federal del derecho al aborto y devolvió esa competencia a los gobiernos estatales.

También dijo que dejaría que los estados decidieran si procesan a las mujeres que abortan fuera de plazo. «Creo que podrían hacerlo», contestó.

En cuanto a la migración, otro de los temas centrales de los comicios, el republicano repitió que llevaría a cabo deportaciones masivas. 

«La Guardia Nacional debería poder hacerlo. Si no, utilizaría el ejército», es decir, las tropas federales, declaró a Time.

«Estos no son civiles. Son personas que no están legalmente en nuestro país. Esto es una invasión», dijo Trump a la revista cuando el entrevistador puntualizó que las leyes locales impiden usar el ejército contra la población civil en suelo estadounidense. 

Trump aseguró que «no descartaría nada» sobre la creación de campos de detención de migrantes. Pero creía que no serían necesarios porque su programa de deportación tendría éxito.

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Ucrania

En cuanto a la economía, el exmandatario dijo que preveía derechos de aduana de «más del 10%» sobre todas las importaciones. 

Y sobre la ayuda a Ucrania, Trump afirmó: «No daré (más ayuda) si Europa no empieza a hacer tanto» como Estados Unidos. 

El republicano también cree que si Corea del Sur quiere que los miles de soldados estadounidenses apostados en su territorio se queden, tendrá que pagar más. «¿Por qué deberíamos defender a alguien? Y estamos hablando de un país muy rico».

«Creo que el enemigo interior es, en muchos casos, mucho más peligroso para nuestro país que los enemigos exteriores como China, Rusia y otros», afirmó Trump; en varias ocasiones ha alabado a líderes autoritarios.

Añadió que está «absolutamente» dispuesto a indultar a todos los condenados por invadir el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento por impedir que el Congreso certificara la victoria de su rival Joe Biden.

Preguntado por la posibilidad de violencia política tras las elecciones del 5 de noviembre, Trump, también procesado por su papel en el asalto del 6 de enero y por fraude electoral en el estado de Georgia, entre otros cargos, respondió: «Si no ganamos, ya sabes, depende».

El republicano, que nunca ha reconocido la victoria de su oponente demócrata en 2020, también cree que si la Corte Suprema no le concede la inmunidad presidencial, como él solicita, Biden «será procesado por todos sus crímenes».

Estados Unidos se dispone a reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa, una decisión con implicaciones potencialmente de gran alcance, informó este martes a la AFP una fuente cercana a las autoridades estadounidenses.

Según la fuente, que pidió el anonimato, el Departamento de Justicia recomendará el martes a la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca que el cannabis pase de la categoría 1 (sustancias consideradas altamente adictivas y sin valor médico como la heroína) a la 3, que incluye ciertos medicamentos a base de codeína. 

Es una etapa en el proceso de reclasificación, que llevará un cierto tiempo. 

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios sobre esta información, revelada inicialmente por la agencia estadounidense Associated Press. 

La nueva clasificación podría tener repercusiones económicas, al estimular la investigación médica sobre la marihuana y aliviar restricciones reglamentarias y fiscales. 

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Marihuana

Un total de 24 estados estadounidenses, más el distrito de Columbia, donde se encuentra la capital, Washington, ya han legalizado el cannabis. Otros 14 permiten un uso exclusivamente médico, según el instituto de investigación Pew Research.

Este instituto calculó en febrero pasado que el 74% de los estadounidenses viven en un estado donde la sustancia está legalizada para uso recreativo o médico. 

El presidente Joe Biden ha tomado a nivel federal una serie de medidas para indultar las condenas de personas condenadas por simple posesión de cannabis. Así levanta los obstáculos que podrían tener en acceso al empleo o a la vivienda.

Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.

Los reportes, presentados este martes por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos Naciones Unidas en Ginebra sobre el «alarmante aumento de desapariciones forzosas» en el país.

«Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano», dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe «Maduro, una década oscura para los derechos humanos». 

La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo período. 

En Venezuela

«El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social», sostuvo González.

Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas. 

«No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida; una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes» de «fuerzas políticas distintas de las del gobierno», dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.

Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana. La oposición y activistas de derechos humanos las relacionan a una «persecución» de cara a las elecciones del 28 de julio; en estas, Maduro buscará un tercer mandato de seis años. 

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Desapariciones forzadas

Desde enero, fueron detenidos unos nueve colaboradores de la líder opositora, María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.

En varios casos se denunció desaparición forzada. Lo mismo con otros activistas como Rocío San Miguel, una experta en temas militares, acusada de conspirar para derrocar a Maduro. 

Las oenegés y la oposición política rechazan estos señalamientos.

El grupo de expertos de la ONU alertó también este martes en Ginebra que «desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas en Venezuela. Estas afectarían a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público». 

«Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo; además, obstaculizar el derecho de la población a votar libremente», advirtieron los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Provea, que también ha denunciado en el pasado desapariciones, advirtió sobre un aumento en la represión en los próximos meses del ciclo electoral. La impunidad, además de la pobreza, es «la mayor violación de derechos humanos», destacó la ONG.