En un periodo de 16 días, desde el 16 de abril hasta el 2 de mayo, tres tribunales judiciales pusieron en jaque a los órganos Legislativo y Electoral a través de decisiones que frenan sus acciones particulares.

Judiciales

Primero, el 16 de abril, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz paralizó el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales. La postulante inhabilitada Margarita Medrano interpuso un amparo con el argumento de que sus derechos habían sido vulnerados. Denunció que el proceso fue arbitrario y que se la inhabilitó “por ser mujer”.

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La decisión judicial frenó la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes. Cuando las comisiones ya tenían preparadas las preguntas y el examen debía iniciar ese mismo día.

Sin embargo, en la audiencia del 26 de abril se resolvió el amparo y se concedió la tutela a la abogada para que se le explique los fundamentos detrás de su inhabilitación.

Las comisiones preveían retomar las evaluaciones el lunes 29. Pero durante ese proceso se conocieron más de ocho amparos constitucionales que impidieron su reanudación.

Acción popular

Sin embargo, el golpe definitivo a las elecciones judiciales llegó el martes 30 de abril. La Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando dejó sin efecto todo el proceso. En respuesta a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury.

El argumento fue que en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no se contempla una igualdad de condiciones para las mujeres indígena originario campesinas de Pando en relación con las de otros departamentos.

Entonces, la acción popular dejó inaplicable a la ley promulgada, por lo que todo el proceso que comenzó el 16 de febrero quedó desahuciado.

De esta manera, dos salas constitucionales del Órgano Judicial interfirieron en la labor del Órgano Legislativo.

Tribunal Supremo Electoral

El jueves la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El TSE había rechazado en reiteradas ocasiones la convocatoria al congreso arcista. Inclusive, un día antes del auto constitucional de esa sala, ratificó su rechazo al pedido de supervisión.

De acuerdo con el TSE, el congreso convocado por el Pacto de Unidad es contrario al estatuto orgánico del partido, debido a que carece de las firmas de la direcciona nacional vigente, presidida por Evo Morales.

De la misma manera, el TSE rechazó la convocatoria al congreso del MAS evista, que no consignó la coordinación con las organizaciones sociales fundadoras: campesinos, mujeres Bartolina Sisa e interculturales.

Ante la conminatoria del tribunal de La Paz, el TSE anunció la conformación de una comisión técnica que supervisará el congreso arcista en El Alto. Sin embargo, denunció que se trata de una “injerencia” en sus funciones.

El argumento de la sala fue presuntos “errores de la administración electoral no le pueden ser cargados al militante, sea el accionante o tercero interesado”.

En medio de esta situación, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y la exvocal Dina Chuquimia denunciaron que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se está convirtiendo en un “suprapoder”, por encima de todos los órganos del Estado.

En tanto, la realización de las elecciones judiciales para este año es incierta. Mientras la eventual renovación de la directiva del MAS hace prever un conflicto social y político.

La presencia de una comisión técnica del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que hará seguimiento al congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), no significa que la directiva elegida sea reconocida como legítima, de acuerdo a uno de los vocales.

“La sola presencia de nuestros funcionarios (del TSE) no está avalando a la directiva que pudiera ser elegida, pero sí le da validez en el sentido de que está cumpliendo una formalidad, atendiendo un auto (constitucional) de una Sala Constitucional”, informó este viernes el vocal Tahuichi Tahuichi a los medios.

Resolución

El jueves, una resolución de Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz instruyó al TSE realizar la supervisión del congreso nacional del MAS arcista en la ciudad de El Alto, que comienza este viernes y durará hasta el domingo.

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El Órgano Electoral denunció una injerencia del Judicial, pero afirmó que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) conformará una comisión técnica para hacer seguimiento al congreso.

“Las resoluciones de las salas constitucionales deben remitirse al Tribunal Constitucional Plurinacional de Sucre, todas van ahí. Desde ahí ratifican en sus tiempos, en sus plazos, si esas decisiones han sido constitucionales o no”, explicó Tahuichi.

Además, el vocal lamentó la manera en la que se dio la situación, pues los vocales estaban en una reunión en Trinidad y apenas el miércoles habían ratificado el rechazo al pedido de supervisión arcista. “No debería haber esos conflictos de competencia”, cuestionó.

Sin embargo, aseguró que el TSE se ve obligado a cumplir la resolución.

“Nuestro equipo va, no interfiere en lo absoluto en el desarrollo del congreso (…); supervisa el cumplimiento de estatuto orgánico (…), saca fotos, toma videos, hace acopio de información y en ese marco elabora un informe. Ese informe dentro de un plazo oportuno remite a la Sala Plena y Sala Plena adopta una decisión (…), si ha cumplido o no con las formalidades del estatuto orgánico”, explicó el vocal.

Respecto a la elaboración de dicho informe, Tahuichi aclaró que la comisión técnica tiene cerca de 15 días para presentar el documento.

Lauca Ñ

Tahuichi mencionó un ejemplo no muy lejano: el congreso fallido de Lauca Ñ.

En octubre de 2023, el ala evista del MAS realizó su congreso en la localidad de Lauca Ñ, Cochabamba. Ese evento contó con el acompañamiento del TSE. Sin embargo, pasadas dos semanas de su realización, el TSE encontró irregularidades contrarias al estatuto orgánico del partido. El congreso se había realizado sin la presencia de las organizaciones sociales fundadoras.

Por lo tanto, el TSE rechazó la directiva que había sido elegida en aquella oportunidad y conminó al MAS a realizar un nuevo congreso.

Con la supervisión confirmada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) también contará con el resguardo de más de 4.000 efectivos de la Policía Boliviana.

“Hemos previsto la cantidad necesaria de acuerdo a lo masivo que va ser este evento (…), tenemos 4.000 a 4.500 efectivos policiales que van a estar desplegados en diferentes turnos”, informó Edgar Cortez, comandante departamental de la Policía de La Paz, en conferencia de prensa este viernes.

La mañana del jueves, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, adelantó que el congreso contará con los efectivos necesarios, pero no anunció una cantidad estimada de movilizados.

En tanto, cuando el TSE informó que harían una “supervisión provisional” del congreso convocado por el Pacto de Unidad, debido a la decisión de una Sala Constitucional de La Paz, el ala evista advirtió de una posible convulsión y medidas en contra de esa resolución. 

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Congreso

El décimo congreso nacional del MAS comenzará a las 15.00 de este viernes, en la avenida Juan Pablo II, en El Alto. Originalmente, el lugar del evento debía ser el estadio de Villa Ingenio, pero se cambió la ubicación debido a una ‘participación masiva’ de los militantes. El congreso durará todo el fin de semana.

De acuerdo con Cortez, los policías comenzaron a movilizarse la noche del jueves, acompañando la llegada de las diferentes organizaciones sociales al cónclave. La principal función que tendrán hasta el inicio del evento es el control de las vías aledañas a la avenida Juan Pablo II. Con el fin de evitar una congestión vehicular.

Así, todo está listo para el inicio del congreso del arcismo, en el cual se pretende renovar a la dirección nacional del partido. La misma, está encabezada por el expresidente Evo Morales desde 2017.

El Pacto de Unidad anunció que más de 6.000 delegados y 107 organizaciones sociales participarán del evento. Además, 150 veedores internacionales están invitados al congreso.

Se espera que el domingo 5 de mayo, en el cierre del congreso, se presente a la nueva directiva del partido.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame presentó un proyecto de ley ante la Comisión Mixta de la Cámara de Senadores y solicitó la convocatoria a una sesión para reanudar el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales con una propuesta de “cumplimiento” de la Ley 1549, que fue declarada constitucional con la Sentencia 0049/2023.

El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.

En entrevista con La Razón Radio, Salame afirmó que la medida es “un avasallamiento de poderes” y que, por ello, su equipo hizo un análisis para ponderar la validez de las resoluciones de los tribunales.

“Indudablemente, hemos dado con la solución y es que la Asamblea emita una resolución suponiendo a la prosecución de la preselección judicial con base al principio de ‘erga omnes’”, añadió.

Erga onmes es una locución que significa de cumplimiento obligatorio y aplicabilidad de una norma, acto o contrato.

Para Salame, los legisladores deben aprobar una resolución que establezca el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 060/2023 y la Declaración Constitucional 0049/2023, ambas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La Sentencia 060/2023, del 31 de julio de 2023, dejó en fojas cero los comicios e instó a la Asamblea a realizar una ley de convocatoria.

El TCP emitió, el 11 de diciembre, la Declaración 0049/2023, que dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.

Según la legisladora, si bien la determinación de la Sala Constitucional Primera de Pando dispuso la anulación del proceso de preselección y la inaplicabilidad de la Ley 1549, la misma entra en contradicción con la 0060/2023 y la 0049/2023 que son de obligatorio cumplimiento para la Asamblea.

Aseguró que los asambleístas deben hacer cumplir la sentencia y la declaración. Contó que la Comisión Mixta de Justicia Plural convocó a sesión el lunes, mientras que la Comisión Mixta de Constitución todavía no se pronunció. 

Advirtió que, si las comisiones no analizan el proyecto de ley para reanudar las elecciones, Salame enviará una carta al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para que él convoque al pleno y se tome la decisión de seguir con el proceso de preselección.

Las elecciones están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección, también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y la ausencia de mujeres e indígenas.

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Wilfredo Chávez, exprocurador y abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció que el presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel Campero, también ejerce funciones como titular del Tribunal Administrativo en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, por ello, incurre en incompatibilidad de funciones.

“Israel Campero ejerce su cargo magistrado en la OEA y a la vez es presidente de la Sala Constitucional de La Paz. Esto no puede ser posible”, reclamó en entrevista con La Razón Radio.

El jueves, la Sala Constitucional Primera de La Paz instruyó “al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas en favor del accionante”. La resolución fue firmada por Campero y Alexis Angles.

La resolución de dicha sala se dio a conocer luego de que el TSE rechazara la solicitud de supervisión al congreso del MAS convocado por el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce: campesinos, interculturales y bartolinas.

Chávez aseguró que Campero incurre en una gravísima falta y que, incluso, debería ser destituido, ya que comete delito de prevaricato por su última determinación. “Está fuera del derecho, no tiene autoridad moral”.

Anunció que el tema será planteado ante Consejo de Magistratura debido a que esa instancia prohíbe a los jueces el ejercicio de cualquier otro cargo judicial. “Si era juez antes, debió renunciar”.

Visto en la página web de la OEA, Campero figura en primera línea como presidente del Triubunal Administrativo 2024, seguido de otros jueces, Pablo Sandonato de León (Uruguay), Wilson Vallejo (Ecuador), María Cecilia Cáceres (Chile) y Janet Nosworthy (Jamaica).

Campero comenzó sus funciones en ese tribunal en enero de 2019, mientras Evo Morales presidía el país, y termina su mandato en diciembre de este año.

Por otro lado, Chávez aseguró que esa decisión de supervisión no debería acatarse por la independencia de poderes entre el Órgano Electoral y el Órgano Judicial. “No podía existir que una sala tutele la decisión y dar una medida cautelar”.

“Es un congreso ilegal e inconstitucional por la decisión que se asume y que pretende robarle la sigla (al expresidente) Evo Morales”, denunció.

Aseguró que la facción arcista no cumple con ningún requisito para la convocatoria al congreso, debido a que no cuenta con la firma de Morales (actual jefe del partido). “Esto está generando la reacción de nuestros dirigentes”.

Anunció que se analizarán medidas para evitar que se consume ese —en su criterio— acto ilegal. “Esperaremos a ver qué pasa y los efectos de los recursos”.

Asimismo, acusó al TSE de ser parte “del grupo de delincuentes” que busca “robar” la sigla del MAS. Reclamó que el país tiene un “gobierno de facto”, debido a que opera con sentencias, resoluciones y jueces.  “Lo han hecho con las elecciones judiciales”.

Tras conocerse la supervisión del TSE al congreso arcista, Ponciano Santos, dirigente campesino afín a Morales, advirtió que la “guerra está declarada”.

Indicó que desde este viernes comienzan las movilizaciones, porque la decisión judicial no respeta la Constitución, las normas y la sigla del MAS.

Al respecto, Chávez afirmó que es una decisión que tomaron las organizaciones porque consideran que “un grupo de personas no militantes” les están arrebatando al instrumento político.

“Tenemos que indicar que las decisiones de a organizaciones del Pacto de Unidad vamos a respetarlas porque es algo que afecta a la democracia”, puntualizó.

El TSE determinó acatar “provisionalmente” la determinación de la Justicia, sin embargo, denunció una injerencia del Órgano Judicial.

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