Luego de que el proceso de preselección de los candidatos para las elecciones judiciales quedara suspendido, a causa de una acción popular, surgen propuestas para que estos comicios se realicen este año.

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dio a conocer dos posibilidades que se están debatiendo en las comisiones.

Judiciales

“Escucharemos el resultado, la solución, si se podría ampliar (los plazos) con una ley corta o si es que se volvería a foja cero (el proceso de preselección). Nosotros seguramente vamos a coadyuvar y a aceptar las decisiones”, afirmó este martes en conferencia de prensa.

El 30 de abril, una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia en Pando aceptó una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury. Argumentó que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no contemplaba los derechos de las mujeres indígenas originarias y campesinas.

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A diferencia de un amparo constitucional, que denuncia una violación al derecho del postulante, la acción popular denuncia a la ley en sí, debido a su contenido. De esta manera, la 1549 quedó inaplicable y se debe promulgar una nueva.

Comisiones

“Lo más importante es el presidente de la Comisión Mixta (…), tanto de Justicia como de Constitución (…), esperamos el resultado de la Comisión, de ellos depende”, explicó Huaytari.

A su vez, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, ratificó que se está buscando una solución para continuar con el proceso.

Antes de que el proceso se detenga, las comisiones estaban listas para iniciar con las evaluaciones orales y escritas de los postulantes.

Además, Padilla afirmó que se presentarán denuncias penales contra los jueces y vocales que aprobaron amparos y acciones que imposibilitan seguir con el proceso.

La Asamblea Legislativa tenía hasta el 5 de mayo para remitir la lista de candidatos preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral. Con los plazos cumplidos, existe la posibilidad de que las elecciones judiciales coincidan con las elecciones primarias, programadas para fin de año o los primeros meses del 2025, y por tanto no se realicen.

La Sala Constitucional Primera de Pando notificó este martes a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa con el fallo constitucional que anula el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

“Por tanto, se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el ‘Reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura’ disponiendo que se proceda a realizar uno nuevo, en base a normas que respeten la igualdad material de los personas basadas en la realidad de cada departamento…”, señala la parte resolutiva del fallo de acción popular.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, confirmó la notificación con la resolución de la Sala Constitucional que indica que se debe volver a «foja cero y paralizar» todo el proceso de preselección.

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“(Este fallo) desconoce todo el proceso que hemos realizado hasta este momento, en ese sentido la Comisión va a analizar y evaluar en este momento para presentar este informe al Pleno de la Asamblea por el hecho de que hace momentos y la anterior semana esta Sala Constitucional y sobre todo los vocales han pisoteado la Constitución Política del Estado y los derechos constitucionales de más de 400 postulantes que en este momento están en carrera”.

La semana pasada, la Sala Constitucional de Pando determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos. Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló entonces que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

En contacto con La Razón, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi aclaró que la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) presidida por Evo Morales continúa en vigencia.

“No hay vacío, la dirección nacional MAS-IPSP elegida el año 2017, aún sigue vigente, reconocida y registrada ante el TSE, hasta en tanto no se registre otra directiva nacional”, respondió vía WhatsApp ante la consulta de La Razón.

El 17 de noviembre de 2023, cuando comunicó su decisión de no registrar el congreso del MAS en Lauca Ñ, celebrado los días 3 y 4 de octubre, el TSE amplió el mandato de esa dirigencia. “Como efecto de la decisión asumida por el TSE, se ha dispuesto mantener la dirección nacional del MAS-IPSP registrada en el año 2017 a través de la Resolución TSE-RSP-JUR 005/2017, de 1 de febrero de 2017, hasta la realización de un nuevo Congreso Ordinario”, señalaba el comunicado.

El TSE basó también su decisión en la resolución TSE-RSP-ADM 0328/2023, del 19 de octubre de 2023, con la que dispuso la cuarta ampliación de plazos, que vence este 7 de mayo reciente.

En sujeción a ese límite, el Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, convocó al congreso del MAS para la renovación de la dirección nacional partidaria. El encuentro, celebrado en El Alto los días 3, 4 y 5 de mayo, eligió en el cargo al representante campesino Grover García.

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Sin embargo, el ala evista del MAS, con ese mismo fin, llamó a otro encuentro para el 10 de julio.

Consultado sobre si será posible la ampliación de los plazos, Tahuichi respondió: “Es inminente la ampliación de plazos por un lapso de 90 o 120 días, que formalizaremos mediante resolución” de sala plena del TSE “entre estos días”.

El congreso del MAS arcista resultó en entredicho debido a la supervisión obligada al TSE por parte de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz.

El mismo Tahuichi había afirmado que, si bien el TSE dispuso una “supervisión” condicionada, el acompañamiento no implicaba la validación de las decisiones de dicho congreso.

Existe dudas sobre la elección de García, planteó La Razón. “La comisión técnica tiene 7 días para elaborar el informe y luego pasa a Sala Plena del TSE”, respondió.

Hasta la fecha, solo seis de 11 partidos nacionales registraron sus nuevas directivas ante el TSE.

Ministros de la gestión del expresidente Evo Morales alertaron sobre una “descomposición” de los cuatro órganos y las instituciones del Estado, y advirtieron que se encuentran “en una profunda crisis” por “operaciones políticas” del Gobierno.

“Estamos, pues, viviendo en momentos de profunda descomposición institucional de nuestro Estado atribuible principalmente a las acciones del gobierno de Luis Arce, David Choquehuanca y los ministros y ministras que, a diario, realizan cínicamente operaciones políticas (sic)”, dice parte de un documento publicado este martes.

Las exautoridades emitieron duras críticas contra las instituciones, de las que consideran que perdieron su legitimidad ante la población.

Apuntaron especialmente a la administración de Justicia y la Policía Boliviana que, según se lee en el pronunciamiento sin firmas, no cumplen su función institucional ni la sana convivencia entre bolivianos y atribuyeron ello a “la corrupción” que hay en ellas.

Ministros de Evo Morales

“El Gobierno no duda en profundizar la crisis institucional buscando sacar provecho particular y lograr proteger sus actos de corrupción y protección al narcotráfico, y entreguismo de nuestros recursos naturales a la voracidad extranjera”, añade el texto.

Incluso, acusaron al Gobierno de “promover y proteger” a actores como los vocales de salas constitucionales que “cometen groseras violaciones de la Constitución Política del Estado y las leyes”.

En su criterio, la administración del presidente Arce busca que las autoridades judiciales y electorales “queden blindadas” por el poder político y “se garantice su impunidad frente a las sanciones que merecen”.

En este caso, hicieron alusión a los magistrados y vocales electos en 2017 cuyo mandato de seis años fue prorrogado por la Sentencia 049/2023, emitida el 11 de diciembre de 2023. La facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) atribuyó esa ampliación a “intereses políticos” del Gobierno.

“Las organizaciones sociales y sindicales incluso algunas entidades de la sociedad civil organizada, y nuestro Instrumento MAS IPSP, hoy se plantean la necesidad de cambiar las cosas a objeto de derribar estas instituciones por ser inservibles o reformarlas radicalmente y convertirlas en instituciones más consistentes”, propone ese bloque político.

Una vez más, denunciaron una “persecución política” en contra de los militantes y dirigentes de la facción evista del MAS que cuestionó las políticas del otrora elogiado ministro de Economía de Morales.

“Estamos a las puertas de una rebelión popular que puede devenir en una convulsión social muy grave que pondrá de manifiesto la voluntad de la población de no permitir que se siga en el camino de desinstitucionalización estatal”, advierte el documento.

El documento salió a la luz en medio de fuertes cuestionamientos sobre la “independencia” de los órganos del Estado y la supuesta “intromisión” del Órgano Ejecutivo sobre los otros.

El senador evista del Movimiento al socialismo (MAS) William Torrez afirmó que el congreso arcista “fue una reunión de amigos”, en la que participaron organizaciones que “no son parte del MAS” y funcionarios del Estado. “No se lo puede llamar congreso”.

El congreso ordinario del MAS arcista se llevó adelante el 3, 4 y 5 de mayo en el coliseo Héroes de Octubre en la ciudad de El Alto. El dirigente campesino Grover García fue elegido como presidente del partido, en reemplazo del expresidente Evo Morales. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá considerar su eventual validación o no.

El encuentro ocasionó polémica debido a que la supervisión del TSE fue obligada por una resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presidida por el vocal Israel Campero.

En entrevista con La Razón Radio, Torrez rechazó la decisión del vocal Campero, a quien calificó de “funesto” por obligar al TSE que supervise el congreso.

En criterio del legislador, la Justicia está “deteriorada, cooptada y plagada de injerencias del Órgano Ejecutivo” y, además, apuntó al ministro de Justicia, Iván Lima, estar detrás de los operadores de justicia y la paralización de las elecciones judiciales.

“La parte cuestionable es aquella resolución del vocal Campero que raya en lo inaceptable”, reclamó.

La solicitud de supervisión al congreso arcista fue presentada por el Pacto de Unidad y, posteriormente, la Sala Constitucional Primera de La Paz la aprobó y ordenó aplicar la medida cautelar mencionada.

La resolución firmada por los vocales Israel Campero y Alexis Angles estableció: “Instruir al Órgano Electoral Plurinacional, la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas, en favor del accionante”.

En respuesta, el TSE denunció una intromisión del Órgano Judicial, aunque indicó que lo haría de manera “provisional” y excepcional.

Torrez aseguró que no existe la figura de “supervisión provisional” en la Ley de Organizaciones Políticas ni en la normativa del sistema electoral, menos en el estatuto orgánico del MAS. “Eso hace notar el vocal Francisco Vargas (presidente en ejercicio del TSE). Me parece digno”.

Indicó que el congreso no debe ser validado por el TSE y advirtió que de lo contrario sería un precedente “funesto” para la democracia y la institucionalidad del Estado. “La institucionalidad está siendo destrozada por el TCP”.

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