El Ejército de Israel ha concluido tras una investigación interna que un tanque israelí disparó por error el domingo a dos reservistas que acabaron perdiendo la vida durante una operación militar contra milicianos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el centro de la Franja de Gaza.

El sargento mayor Ido Aviv, de 28 años, del 9232º Batallón de la Brigada Yiftá, y el sargento primero Kalkidan Meharim, de 37 años, del 223.º Batallón de la Brigada Carmeli, murieron después de que un tanque israelí disparara contra el edificio en el que se encontraban, que estaba afuera de los límites designados por el Ejército.

Leer también: Blinken llega a Israel para impulsar un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en Gaza

Tanque

El incidente comenzó cuando un tanque resultó atacado al borde de una carretera cerca del Hospital Turco. Poco después, el Ejército respondió al fuego de las milicias. En medio del intercambio, otro tanque se salió del operativo y bombardeó un edificio de la zona, según ha recogido ‘The Times of Israel‘.

El Ejército israelí ha confirmado la muerte de dos militares en combates registrados en Gaza durante las últimas horas; lo que eleva a 263 los soldados muertos desde el inicio de la ofensiva terrestre contra la Franja. El conflicto se desató tras los ataques del pasado 7 de octubre por parte de las milicias palestinas; se saldaron con 1.200 muertos y 240 rehenes.

El balance de muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques de las milicias ha superado ya la barrera de los 34.500, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alertó este martes de que una ofensiva sobre la ciudad gazatí de Rafah, donde se refugian más de un millón de palestinos, sería una «escalada insoportable» y ha exigido a los países que presionen a Israel para evitar esta posibilidad.

«Hago un llamamiento a todos aquellos que tienen influencia sobre Israel para que hagan todo lo que esté a su alcance para impedirlo», ha dicho en rueda de prensa, agregando que esta posible ofensiva tendría «un impacto devastador para los palestinos en Gaza, con graves repercusiones en la Cisjordania ocupada y en toda la región».

Asimismo, Guterres recordó que los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como muchos otros Gobiernos «han expresado su rechazo». A esta posible operación por parte del Ejército israelí contra Rafá. Donde se refugian más de un millón de palestinos huidos de otras zonas del enclave bombardeadas por Israel.

«Tienen muy poco para comer, casi ningún acceso a atención médica, poco refugio y ningún lugar seguro al que ir. En el norte de Gaza, los más vulnerables, desde niños enfermos hasta personas con discapacidades, ya mueren de hambre y enfermedades. Debemos hacer todo lo posible para impedir una hambruna totalmente evitable y provocada por el hombre», ha sentenciado.

Consulte: Jefe de la ONU exige una investigación sobre las fosas comunes de Gaza

Ofensiva sobre Rafah

Las palabras del secretario general se producen después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya advertido este mismo martes de que el asalto a gran escala sobre Rafá tendrá lugar «con o sin acuerdo». Todo en plenas negociaciones con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Precisamente sobre el acuerdo, Guterres ha insistido en rueda de prensa que sin él la guerra podría empeorar «exponencialmente». «Por el bien del pueblo de Gaza, de los rehenes y sus familias en Israel. Por el bien de la región y del mundo en general, aliento encarecidamente al Gobierno de Israel y a los líderes de Hamás a que lleguen ahora a un acuerdo», ha pedido.

El secretario general, no obstante, ha evitado responder a una pregunta de una periodista sobre el papel de Estados Unidos. Se trata del principal socio internacional de Israel, en estas presiones para evitar una ofensiva sobre Rafá.

(30/04/2024)

El jefe de la ONU, Antonio Guterres exigió «que investigadores internacionales independientes tengan acceso inmediato» a los lugares en los que se han encontrado estas fosas comunes «para establecer las circunstancias precisas en las que cientos de palestinos han perdido la vida, han sido enterrados o sepultados dos veces».

«Las familias de los muertos y desaparecidos tienen derecho a saber qué pasó, y el mundo tiene derecho a rendir cuentas por cualquier violación del Derecho Internacional que pueda haber tenido lugar», ha resaltado.

Fosas comunes

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, denunciaron el hallazgo de más de 320 cadáveres en fosas en el Hospital Naser de la ciudad de Jan Yunis (sur).

Mientras que otros 30 cuerpos fueron exhumados en las instalaciones del Hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza (norte).

Lea: EEUU urge a Hamás a aceptar sin ‘más demoras’ un acuerdo de tregua con Israel

Israel

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró que el primer ministro Benjamin Netanyahu le ha prometido tras reunirse este martes con él que no pondrá fin a la guerra y entrará en Rafá, ciudad en el sur de la Franja de Gaza en la que se encuentran atrapados más de un millón de palestinos.

Ben Gvir ha revelado que ha «advertido» a Netanyahu de que «Dios no quiera» que «Israel no entre en Rafá». «Ponga fin a la guerra» y «alcance ningún acuerdo inapropiado, y que tras escuchar sus palabras ha accedido a sus demandas.

«Ha prometido que Israel entrará en Rafá, ha prometido que la guerra no terminará y que no habrá ningún acuerdo inapropiado». Eso aseguró en un vídeo que ha publicado a través de sus redes sociales. Fue poco después de que ya Netanyahu advirtiera de que asaltarían la ciudad «con o sin acuerdo» con Hamás.

«Le doy la bienvenida a todo esto. Creo que el primer ministro entiende muy bien lo que significará si esto no sucede», ha celebrado el ministro ultraderechista.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) acogió este martes una primera audiencia en el caso de la denuncia de México contra Ecuador por el reciente asalto a la Embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, un suceso por el que la parte mexicana considera que «se cruzaron líneas que no se deben cruzar».

«Las acciones de Ecuador no solo infringen los límites establecidos en el Derecho Internacional, también crean un precedente desconcertarte. Que reverbera en toda la comunidad internacional», ha manifestado el representante mexicano ante la CIJ, Alejandro Celorio, según un comunicado de las autoridades.

Revise: Ecuador demanda a México ante corte internacional por asilar a exvicepresidente Glas

Primera audiencia

Durante la exposición de los argumentos en los que se basa su denuncia, el representante mexicano acusó a las autoridades ecuatorianas de, con su asalto sobre la Embajada en Quito, infringir «una de las piedras angulares. Que gobiernan las relaciones entre Estados».

Asimismo, Celorio ha aseverado que existe una «duda preocupante» respecto a las intenciones de Ecuador con el ingreso en la Embajada. Y acusó a Quito de «negligencia deliberada» hacia la vida de las personas. Las que se encontraban en el recinto de la misión diplomática en el momento de la operación de las fuerzas de seguridad.

«Esta incursión muestra claramente la falta de respeto de Ecuador hacia las normas fundamentales. Aceptadas universalmente y que existen desde hace tiempo», ha reprochado Celorio. Que puso el foco en la actitud tomada por las autoridades ecuatorianas una vez ocurrido el incidente en la Embajada.

«No se nos han dado garantías creíbles para evitar nuevas infracciones ni Ecuador ha reconocido totalmente su obligación de no entrar en las premisas de México», ha relatado un Celorio que ha insistido en la «preocupación para la comunidad internacional» que supone el asunto y ha recalcado la inviolabilidad de los recintos diplomáticos.

MÉXICO PIDE MEDIDAS CAUTELARES

Así las cosas, los representantes mexicanos ante la CIJ han solicitado al tribunal el dictamen de una serie de medidas cautelares entre las que se encuentra el instar a Ecuador a que «se abstenga de actuar en contra de la inviolabilidad de los locales de la misión (diplomática) y las residencias privadas de los agentes».

En este sentido, México exige que se adopten las medidas apropiadas para «proteger y respetar» no solo las instalaciones, sino también «la propiedad y archivos» que se encuentran en ellas, «previniendo cualquier tipo forma de perturbación».

Además, México ha pedido que el Gobierno de Ecuador permita desalojar las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos mexicanos. Así como que se asegure de no llevar a cabo «ninguna acción que pueda perjudicar los derechos de México en relación con la decisión que la corte pueda emitir».

Finalmente, Ciudad de México solicitó que, en sus medidas cautelaras, la CIJ pida que el Gobierno de Ecuador «se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar. O ampliar la disputa de la cual la corte está al tanto».

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaron en la sede de la Embajada mexicana en Quito a comienzos de mes. Para cumplir con la orden de detención contra el exvicepresidente Glas, acusado de corrupción.

México rápidamente denunció lo ocurrido. Elevó el caso a la CIJ por «la flagrante violación a la inviolabilidad de la Embajada, contra la integridad física y moral de los diplomáticos».

Las autoridades de Ecuador acusan a Glas de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras la sacudida de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.

(30/04/2024)

Las autoridades peruanas han detenido este viernes al exjefe de la Dirección General de Inteligencia (Digemin) Martín González Sánchez por ser responsable de la fuga del sobrino del expresidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, en el marco de la presunta red criminal liderada por el mandatario, según la Fiscalía.

El Ministerio Público ha señalado en un comunicado que agentes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) han detenido también a José Luis Alarcón Camacho, coronel de la Policía Nacional de Perú y a Martín Hanns Barco Rivadeneyra, jefe de la División de Búsqueda de la Digemin.

González, quien fue jefe de la Digemin entre septiembre y octubre del 2021, filtró una serie de informaciones a Vásquez tras dejar el cargo en 2022 para evitar su captura y, a cambio, le pidió volver a ocupar un cargo en el organismo, según el diario ‘El Comercio’.

Por su parte, Camacho está señalado por haber puesto trabas a la búsqueda del exministro de Transportes Juan Silva, acusado de presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. Según las pesquisas, retrasó la entrega de documentación para evitar que se aprobase el allanamiento en su contra.

De la misma formam, Martín Barco está imputado por haber ordenado de manera «injustificada» que un equipo de Inteligencia se retirara de los trabajos de vigilancia durante las acciones de búsqueda de Silva, según el citado diario.

Leer también: Al menos 10 muertos en incendio de albergue de sintecho en sur de Brasil

Detenido

González también sería responsable de la huida del exjuez peruano César Hinostroza; es acusado por delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y delito de organización criminal. Salió de Perú en octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España, donde pidió asilo.

Tras una orden internacional emitida por las autoridades peruanas, se lo detuvo y se lo envió a prisión provisional por riesgo de fuga tras declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata. En julio de 2020, el Gobierno español aprobó su extradición a Perú.

Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el extitular de esta cartera, el citado Silva; con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado; del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

La presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios. Estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde; además de dos sobrinos del expresidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito. Favoreció a determinadas empresas en las contratas y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado previamente designados por el exministro Silva. La Fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.