El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, llamó a los empresarios de transporte internacional a asistir a sus trabajadores varados en Perú desde principios de enero.
“La mayor parte de los hermanos que están ahí son choferes asalariados; los dueños de las empresas de transporte tienen que garantizar los viáticos y todo lo que significa tenerlos en Perú y bajo esas condiciones.”, dijo Blanco a La Razón Radio.
Recordó que esos camiones y sus mercancías “cuentan con un seguro” y que los trabajadores se quedan en esos lugares por resguardar el motorizado y su contenido.
Desde el 4 d enero, cuando se reactivaron los conflictos en Perú, que demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, al menos 350 vehículos bolivianos quedaron varados al otro lado de la frontera.
Blanco dijo que 150 de ellos lograron avanzar más hacia Bolivia y 200 se mantienen a 60 kilómetros dentro el territorio peruano, al otro lado de Desaguadero.
“Las personas podrían caminar, son ocho horas de caminata y podrían retornar a sus casas, el tema es que los dueños de las movilidades los tienen ahí, cuidando (los motorizados y sus mercancías)”, apuntó Blanco.
“Lo que corresponde es, mínimamente, que se hagan cargo de sus obligaciones como empleadores”, agregó el viceministro.
Bloqueo en Perú
Recordó que el 4 de enero “se advirtió que el bloqueo se iba a retomar”, pese a eso, “estas empresas han hecho caso omiso han mandado a las unidades de transporte que ahora están impedidas de volver a nuestro territorio”.
“Ahora se tienen que hacer cargo de los viáticos y de lo que cuesta tener a estas personas en Perú”, insistió.
Incluso, Blanco dijo que hay denuncias por despidos de transportistas, pero llamó la atención a los dueños de los camiones para que puedan “garantizar los derechos de las personas que están allá”.
El conflicto en Perú comenzó el 7 de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo decidió, primero, cerrar el Congreso y “gobernar mediante decretos”.
Inmediatamente, los miembros del Congreso se reunieron y decidieron destituir a Castillo, envuelto en acusaciones por supuesta corrupción, por “falta de moral para gobernar”.
En consecuencia, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la Presidencia de Perú.
Desde entonces, varias organizaciones ciudadanas se movilizaron para exigir la renuncia de Boluarte y el adelanto de las elecciones generales.
Las protestas en varias regiones peruanas no cesaron, incluso, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron a los manifestantes, acción que derivó en una represión violenta que mató a más de medio centenar de personas e hirió a centenares.
De 6,72 millones de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) del país, solo el 15,7% recibirá el incremento salarial dispuesto por el Gobierno para este año, debido a que cuenta con un empleo formal (asalariados).
Según un análisis realizado por el analista económico Jimmy Osorio, con base a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la última Encuesta Continua de Empleo (ECE) para el tercer trimestre de 2023, la Población Económicamente Activa (PEA) llega a 6,91 millones de personas.
De este universo de personas, no todas realizaban o tenían una actividad laboral al momento de la encuesta. Los que sí tenían un ingreso sumaban 6,72 millones de trabajadores, de los que el 84,3% (5,66 millones) estaban en el sector informal y solo el 15,7% (1,05 millones) en el sector formal.
“En términos absolutos, 5.660.192 de trabajadores tiene actividad laboral informal y 1.051.884 forman parte de la masa laboral formal”, explica Osorio.
INFORMALIDAD.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un empleo informal es aquella relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo.
El sector informal incorpora a los trabajadores por cuenta propia (excluyendo a profesionales y técnicos), familiares no renumerados, empleados y empleadores en establecimientos de menos de cinco trabajadores (dependiendo de la información de los países) y servicio doméstico.
En Bolivia, afirma Osorio, “basta con salir a la calle, tomar el transporte público y comprar o comer algo al paso, para darse cuenta que el sector informal es el que campea en todo lado, sobre todo en lugares donde la burocracia estatal y el desarrollo productivo son pequeños y no se ha podido desarrollar el empleo estable y formal”.
El martes 23 de abril, el Gobierno —luego de reunirse con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB)— determinó un incremento de 5,85% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y 3% al haber básico, con el objetivo —se informó— de preservar el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
“Se ha acordado con la Central Obrera Boliviana un incremento al Salario Mínimo Nacional del 5,85%, lo que equivale que en esta gestión 2024 el Salario Mínimo Nacional a partir del primero de enero de esta gestión —porque será retroactivo al mes de enero— será de 2.500 bolivianos. Adicionalmente se acordó también el incremento del 3% al haber básico”, informó el presidente Luis Arce en conferencia de prensa.
El anuncio del Gobierno fue rechazado inmediatamente por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que agrupa a la mayoría de los gremios empresariales del país.
La patronal boliviana expresó en un comunicado público su “alarma” y “preocupación extrema” por la decisión tomada por el Gobierno y la Central Obrera. Advirtió que esta determinación tendrá “consecuencias muy graves” para la estabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y agravará la situación de los “cientos de miles de familias cuyos ingresos dependen de la actividad privada formal”.
EMPLEO.
Asimismo, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) señaló que el aumento al sueldo “es anecdótico” porque “cada día son menos las fuentes de empleo” que hay en el país. “Las cifras muestran que después de la pandemia, la recuperación total de las fuentes laborales no ha sido posible”, remarcó la entidad de la mayor región y motor económico del país.
En tanto, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) recordó que, cuando hay incremento salarial, este solo llega a los trabajadores formales (asalariados) y no así a los trabajadores informales, los que son afectados por un aumento en los precios de los bienes y servicios, lo que a su vez genera un efecto inflacionario.
“En países en desarrollo o pobres como el caso de Bolivia, las TDA (Tasa de Desempleo Abierta) son muy bajas, porque las personas económicamente activas necesitan generar recursos para su subsistencia”, añade Osorio.
El 78% de los empleados gana hasta Bs 5.000
De un poco más del millón de asalariados que había en el país hasta 2023, el 78% tenía un ingreso que llegaba hasta los Bs 5.000, según los datos procesados por el analista económico Jimmy Osorio.
El profesional toma como base para su análisis la Encuesta Continua de Empleo (ECE), del Instituto Nacional de Estadística (INE). La muestra es al tercer trimestre de la gestión pasada.
Osorio reitera que los trabajadores formales de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) llega a 1.051.884 personas a nivel nacional, lo que representa el 15,7% del total. Mientras que los trabajadores informales suman 5,66 millones, el 84,3% restante.
SEGMENTOS.
La información da cuenta de que 81.905 personas (7,8% del total) tenían un ingreso menor a Bs 2.362, monto menor al Salario Mínimo Nacional (SMN) fijado por el Gobierno para la gestión pasada. El promedio salarial para este segmento de la población era de Bs 1.636.
Luego están los segmentos con niveles salariales de entre Bs 2.362 y Bs 3.000 (promedio salarial de Bs 2.602), y de Bs 3.001 a Bs 5.000 (promedio salarial de Bs 4.095). Los tres niveles salariales suman el 78% del total de trabajadores del sector formal. (Ver infografía).
El restante 22% están en los niveles salariales de Bs 5.001 a Bs 7.500, de Bs 7.501 a Bs 10.000, de Bs 10.001 a Bs 15.000 y los que ganan por encima de los Bs 15.000.
El Gobierno, en acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), dispuso el martes un incremento salarial del 5,85% al salario mínimo y de 3% al haber básico. El aumento salarial es retroactivo al 1 de enero de este año.
Con este ajuste, el Salario Mínimo Nacional (SMN) subió de Bs 2.362 a Bs 2.500. El SMN es el monto que fija el Gobierno cada año, por el cual ninguna trabajadora ni trabajador puede percibir un salario inferior a éste. El objetivo, según la actual administración, es el de preservar la economía de la clase trabajadora.
RÁNKING.
La Razón publicó el 8 de enero de este año que, de 17 países latinoamericanos, Bolivia ocupaba la posición nueve en el ranking de los sueldos mínimos, de acuerdo con datos oficiales recopilados por Bloomberg Línea.
Costa Rica es el país latinoamericano donde el salario mínimo mensual es el equivalente a $us 687. Le siguen Uruguay ($us 570), Chile ($us 521), Ecuador ($us 460), México ($us 440), Guatemala ($us 417), Paraguay ($us 367), El Salvador ($us 365), Bolivia ($us 360 con el nuevo ajuste dispuesto por el Gobierno), Colombia ($us 335), Honduras ($us 329), Panamá ($us 326), Brasil ($us 291), Perú ($us 277), República Dominicana ($us 245), Argentina ($us 152) y Venezuela ($us 3,61).
En los últimos años, Bolivia ha implementado una serie de políticas y reformas que han tenido impacto en la reducción de la pobreza y promoción de la equidad.
Una de las políticas más controversiales ha sido el incremento del salario mínimo, mismo que pasó de Bs 440 ($us 63) en 2005 a Bs 2.362 ($us 342) en 2023. Ahora, con la nueva disposición, el salario mínimo ha subido para la presente gestión a Bs 2.500 ($us 360).
Alza salarial tendrá un costo de Bs 1.461 MM
Para el analista económico Jimmy Osorio, el incremento salarial del 3% al haber básico y del 5,85% al Salario Mínimo Nacional (SMN) tendrá un costo de Bs 1.461,25 millones, tanto para la administración pública como para el sector privado.
Desagregado, el gasto adicional para cubrir el 3% de aumento al haber básico será de Bs 776,38 millones en la administración pública y de Bs 491,19 millones en el sector privado, además de otros Bs 52,26 millones (en ambos sectores) para el incremento del 5,85% al mínimo nacional.
“De la Población Económicamente Activa Ocupada formal a nivel nacional, y de acuerdo a la Encuesta Continua de Empleo 2023 (del Instituto Nacional de Estadística), 552.471 personas trabajan en el sector público y 447.508 en el sector privado y 81.905 trabajadores, tanto del sector privado como público, perciben el Salario Mínimo Nacional o menor a éste. En esa línea, y en términos generales, el incremento del 3% costaría aproximadamente Bs 1.461 millones”, detalla Osorio.
En la gestión 2021 el Salario Mínimo Nacional alcanzó el monto de Bs 2.164, en 2022 llegó a Bs 2.250 y para 2023 subió a Bs 2.362, mientras que, con el reciente acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boiviana (COB), el sueldo mínimo será de Bs 2.500.
El presidente Luis Arce y la dirigencia de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz se reunieron el viernes y coincidieron en mejorar la productividad y apuntalar la industrialización con sustitución de importaciones.
Mediante sus redes sociales, el Presidente compartió fotografías del encuentro y destacó que se analizaron varios temas y se escuchó las propuestas del sector privado.
“Escuchamos sus análisis y propuestas referidas a varios sectores que aglutina esta instancia, coincidimos en oportunidades que se abren para mejorar la productividad en Bolivia, avanzar en la seguridad con soberanía alimentaria, potenciar la industrialización con sustitución de importaciones y seguir creciendo como país”, escribió Arce.
En el encuentro participaron también los ministros de la Presidencia, María Nela Prada, y de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Los empresarios acudieron con su directorio, encabezado por Óscar Mario Justiniano.
No es la primera vez que autoridades de Gobierno sostienen una reunión con los empresarios cruceños. En diciembre de 2023 sostuvieron similar encuentro, cuando se habló, principalmente, del ingreso de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur).
Asimismo, se determinó conformar mesas de trabajo para encarar los desafíos y ventajas del ingreso del país al bloque compuesto además por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Antes, en julio de 2023, también se encontraron y acordaron una amplia agenda de trabajo y coordinación para la reconstrucción económica del país.
Hace unos días, Justiniano protestó contra el incremento salarial aprobado por el Gobierno junto a la Central Obrera Boliviana (COB) para esta gestión de 5,85% al mínimo nacional y 3% al haber básico.
CAO y Confeagro se reúnen con representantes brasileños para evaluar la innovación agrícola
Participaron del encuentro autoridades de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria y de los ministerios de Comercio Exterior y Agricultura del país vecino.
Autoridades de la CAO y Confeagro con representantes de Brasil. Foto: CAO
Representantes de las asociaciones de agricultores, ganaderos y agroindustriales de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y ejecutivos de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se reunieron este sábado con representantes del gobierno brasileño para evaluar temas del comercio y la innovación en agricultura en la región.
En el encuentro, propiciado por la Embajada de Bolivia en Brasil, participaron autoridades de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria; y de los ministerios de Comercio Exterior y Agricultura del país vecino.
Según la CAO, se discutieron estrategias para fortalecer la cooperación entre los diferentes actores del sector agropecuario; así como la búsqueda de oportunidades de desarrollo conjunto en beneficio del sector.
“Se resaltó la importancia de mantener un diálogo constante que fomente el crecimiento sostenible de la industria agropecuaria en la región”, resaltó la entidad cruceña.
El vicepresidente de la CAO, Klaus Frerking Adad, destacó que el sector productivo requiere mejorar su eficiencia para ser más competitivo.
Asimismo, urgió el uso de la biotecnología, una práctica ya común en países vecinos como Brasil, Uruguay; Paraguay y Argentina, para apuntalar la producción agropecuaria.
En enero, Bolivia y Brasil firmaron un memorándum para cooperación en el tema agropecuario por lo que los participantes coincidieron en la necesidad de promover un marco de trabajo conjunto que impulse la innovación; la productividad y el desarrollo sostenible de este sector.
El sector agropecuario manifestó en varias ocasiones la necesidad de aplicar la biotecnología para mejor la producción en el país y subir las exportaciones. El Gobierno aún analiza el tema siguiendo un protocolo para la aprobación del uso de semillas mejoradas.
Economía rechaza informe de Moody’s y garantiza el pago ‘puntual’ de su deuda
En un comunicado, el Ministerio de Economía ratifica la estabilidad y crecimiento económico y lamenta que la calificadora no considere que las RIN se están estabilizando.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro refutó varias veces a las calificadoras internaciones. Foto: Roberto Guzmán
Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas rechazó este sábado la calificación de “Caa3” con perspectiva estable que emitió Moody’s para Bolivia y ratificó las políticas económicas del país que permiten mantener estabilidad y crecimiento. Asegura que el Gobierno cumple puntualmente con sus obligaciones de servicio de deuda.
“El informe de Moody’s no muestra una evaluación exhaustiva de todos los factores que influyen en la economía boliviana, limitando su análisis a las presiones de liquidez en moneda extranjera, tampoco considera las acciones concretas asumidas por el Gobierno para abordar estos temas”, refuta la nota.
Asimismo, reivindica las medidas aplicadas por el Gobierno para hacer frente a las presiones de liquidez en el corto plazo y para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) a mediano plazo. Destaca, además, la política de sustitución de importaciones.
Cuestiona, además, que la evaluación de Moody’s no valore el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación anual, una de las más bajas de Sudamérica.
“Es importante considerar que, a pesar de las presiones económicas, las RIN se están estabilizado y han contribuido a mantener tasas de inflación bajas con un crecimiento económico estable, medidas como la compra de oro por parte del Banco Central de Bolivia y la emisión de bonos en dólares son acciones que impulsan el fortalecimiento de las reservas”.
El Ministerio de Economía refuta también la consideración sobre las presiones de liquidez externa en la balanza de pagos, pues “no considera que las reservas de están estabilizando y que indicadores de riesgo soberano han mejorado en 2024”.
Recuerda que, en febrero, el Gobierno y los empresarios privados del país acordaron 10 medidas para mejorar la liquidez de divisas, entre los que destacan la liberación de exportaciones, devolución inmediata de los Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim) a los exportadores y promoción de inversiones en sectores estratégicos como el agrícola y el de biocombustibles.
“El Gobierno reafirma su compromiso con una gestión responsable de la deuda externa y manifiesta que los pagos del servicio de la deuda han sido realizados puntualmente, la posición alarmista presentada por Moody’s sobre posibles incumplimientos en los bonos soberanos no refleja adecuadamente la situación financiera del país”, remarca.
El viernes, la agencia de calificación global Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3” y advirtió que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.
La agencia de calificación global Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3” y advierte que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.
En su informe, emitido el viernes, la entidad cambió la perspectiva de las calificaciones para el país de negativa a estable.
Las calificaciones Caa1, Caa2 y Caa3 significan de poca calidad y sujetos a un riesgo crediticio muy alto.
La nota indica que «los actuales desafíos de gobernanza y el mayor riesgo político interno han exacerbado las presiones de liquidez externa a niveles críticos; como resultado de una disminución persistente de las reservas de divisas que amenazan con una crisis de balanza de pagos”.
Moody’s proyecta que en Bolivia se mantendrán niveles muy bajos de reservas de divisas, niveles de producción cada vez más reducidos en el sector de hidrocarburos y un riesgo político interno elevado, lo que está afectando la gobernabilidad.
“Los acontecimientos recientes han aumentado el riesgo de un ajuste desordenado de la balanza de pagos; y de que Bolivia no tenga suficientes divisas fuertes para garantizar el pago completo y oportuno de sus obligaciones de deuda externa y de sus importaciones”.
Según el informe de la agencia, la aprobación en la Asamblea Legislativa de una nueva Ley de Oro proporcionó al país un alivio temporal de liquidez en 2023; sin embargo, el nivel de reservas sigue disminuyendo.
“Los préstamos pendientes de instituciones de desarrollo multilaterales y bilaterales, una importante fuente de divisas para el soberano, no habían sido aprobados por el Congreso; hasta hace muy poco debido a luchas políticas internas entre diferentes facciones del partido gubernamental gobernante”.
El documento señala que los préstamos proporcionarán un financiamiento esencial de cuenta corriente a corto plazo; sin embargo, no abordarán las necesidades a nivel externo a largo plazo.
“Aunque los pagos de principal de los dos bonos soberanos internacionales pendientes de Bolivia no vencerán hasta 2026, las persistentes presiones de liquidez externa han aumentado los riesgos crediticios soberanos”.
Sin embargo, indica, que los riesgos al alza y a la baja para el perfil crediticio permanecen equilibrados; y resalta que las recientes medidas del Gobierno destinadas a apuntalar las reservas de divisas; ayudarán a Bolivia a mitigar algunas de las actuales presiones crediticias a corto plazo.
En febrero pasado, la calificadora Fitch también rebajó la proyección crediticia de Bolivia a “CCC”.
En abril, el Banco Mundial situó la perspectiva de crecimiento del país en 1,4%; mientras que el Fondo Monetario Internacional proyecto que Bolivia alcanzará el 1,6% de aumento económico, ambos muy por debajo del 3.7% que proyecta el Gobierno.
En todos los casos, el Gobierno rechazó esas perspectivas y aseguró que el país sorprenderá con su crecimiento y ratificó que el crecimiento económico de Bolivia va por buen camino.
