Las bajas definitivas de policías por faltas disciplinarias subieron un 60% en 2023 con relación a la gestión 2022; la mayoría de casos es por deserción, según la información brindada por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.
Esta máxima instancia de la entidad verde olivo registró 205 bajas definitivas el año pasado, frente a las 121 de 2022. Los procesos ya se encuentran ejecutoriados y concluidos administrativamente, hasta la jurisdicción de apelación; por lo que estos uniformados ya fueron notificados mediante memorándum del Comando General (más datos en la infografía).
En la actual gestión, de enero a la fecha, hay 77 policías que fueron dados de baja y además se tienen 700 casos en proceso de investigación, en los cuales figuran 856 agentes involucrados.
Policías
En entrevista con La Razón, el presidente del Tribunal Disciplinario Superior, general Álvaro Flores, explica que en estos 700 procesos, en algunos se encuentran implicados no solo un servidor público, sino dos, tres o inclusive cuatro.
Basado en el procedimiento, el jefe policial señala que una vez que el caso es denunciado en la instancia respectiva, pasa a cargo de un fiscal de la institución que en 15 días —plazo designado para la investigación— emite un requerimiento acusatorio cuando existen elementos de convicción contra el acusado, y posteriormente lo envía al Tribunal Disciplinario Departamental que corresponda.
Sin embargo, aclara que los plazos para las pesquisas pueden ser ampliados entre 10 y 20 días, si el proceso lo amerita. “Posterior a esto, el tribunal disciplinario dicta un auto y fija la audiencia dentro de los 10 días”. Eso no es todo. Afirma que “concluida la audiencia, si existe una resolución sancionatoria, normalmente los servidores públicos policiales apelan; se llega al Tribunal Disciplinario Superior, que es donde se abre la competencia de esta presidencia”, o sea, del cargo que cumple Flores.
Bajas
Así, se abre el último eslabón para la ratificación o la anulación del dictamen inicial de baja. “Si mantenemos la sanción, la ejecutoriamos y se notifica al fiscal y al servidor público policial que ha sido sancionado, pero también al Comando General, donde se emite el memorándum de desvinculación de la institución policial”. Desde ese momento, ya no hay vuelta atrás en la determinación.
De acuerdo con los datos proporcionados a La Razón, de los 700 casos que se indagan este año, La Paz registra la mayor cifra, con 227, le siguen Santa Cruz con 90 procesos, Tarija con 87, Cochabamba con 68, Chuquisaca con 51, Potosí con 48, Beni con 44, Oruro con 43 y Pando tiene 42.
En cuanto a los cargos de los uniformados que están en la mira de los tribunales internos por supuestas faltas disciplinarias, de los 856 policías bajo investigación, la mayor parte son suboficiales y sargentos, con 668; luego se encuentran generales, jefes y oficiales, con 181 casos y, finalmente, personal de servicio, con siete (revisar la infografía).
Procesos
La Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y los reglamentos de la institución verde olivo estipulan los tipos de faltas disciplinarias. La mayor cantidad de casos en los que se dio de baja a uniformados tiene que ver con la deserción, contra quienes abandonan sus funciones policiales por más de tres días.
Entre otras faltas está el consumo de bebidas alcohólicas usando el uniforme; así como el incumplimiento a mandatos u órdenes superiores y también el atribuirse grados jerárquicos que no corresponden, o faltar a la verdad. “Después está el inducir actos públicos que deshonren a la entidad policial”, subraya Flores.
Cargos de policías
Respecto a la mora procesal, el presidente del Tribunal Disciplinario Superior indica que se arratran procesos de años anteriores. Asevera que desde que ocupa su cargo, 2016 hasta la fecha, solo se tienen pendientes casos desde 2023, los cuales están en grado de apelación. Como dato, los casos en tribunales disciplinarios departamentales ascienden a 1.440.
“Hay que tomar en cuenta que no se han aumentado las faltas, sino que hemos ido acumulando cuadernos de investigación precisamente por los años que han transcurrido. Por ejemplo, en la época de la pandemia del COVID-19 no se llevaron a cabo audiencias y todos los casos quedaron paralizados. Pero hemos ido regularizando. El año pasado tenemos algo de 600 resoluciones admitidas por el Tribunal Disciplinario Superior, como en ningún año. Entonces hemos adelantado bastante de las que teníamos pendientes”.
Subraya que una de las causas para que se genere la mora procesal se debe a que en la investigación y el desarrollo del proceso oral, los abogados generan “muchas argucias” que retrasan los procesos disciplinarios, con la ausencia a las audiencias y la presentación de bajas médicas o acciones de inconstitucionalidad a uno de los artículos de la Ley 101, pese a haber pasado el control constitucional. “Hay casos que se han suspendido hasta 17 veces, por lo que no hemos podido llevar a cabo el proceso disciplinario y eso perjudica al resto de los casos”.