Economía

Thursday 2 May 2024 | Actualizado a 15:42 PM

La Gestora Pública inicia operaciones plenas desde el 2 de mayo

Jaime Durán: La entidad tomará este martes 2 de mayo el control de los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP)

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2023 / 06:25

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inicia desde mañana, 2 de mayo, el proceso de recaudación total del Sistema Integral de Pensiones (SIP). El gerente general de esta entidad, Jaime Durán, detalló que el inicio pleno de las actividades de la Gestora tiene tres fechas clave. El primero, el 2 de mayo, con el inicio del proceso de recaudación total. El segundo, el 15 de mayo, cuando se recepcionará los trámites relacionados a la jubilación y, finalmente, el 1 de junio, cuando se empezará a pagar a los más de 209.000 jubilados que hay en el país.

—¿Se tiene todo listo para el inicio del funcionamiento de la Gestora Pública?

—Sí, efectivamente, ya estamos listos para el mes más importante de este proceso de transición. Se debe recordar a la población que hay tres fechas importantes. La primera, el 2 de mayo, iniciamos el proceso de recaudación total. Eso quiere decir que todo lo que se aportaba, todos los aportes que hasta el mes de abril lo hacían a las administradoras de Fondo de Pensiones Futuro y Previsión, desde el 2 de mayo, deben hacerlo a través de la Gestora. Para ello, es importante recordar que deben actualizar su información a través de nuestra página web: www.gestora.gob y hacer clic en oficina virtual. ¿Por qué razón?, porque todo el proceso de recaudaciones se realiza en forma digital. Eso quiere decir que las planillas se cargan en Excel, también se pueden cargar mediante dicha página web y el pago se puede hacer a través de una red de 15 entidades financieras, si se lo quiere hacer mediante ventanilla, y también se lo puede hacer mediante transferencias electrónicas o (el sistema de pago) código QR.

La segunda fecha importante es el 15 de mayo, a partir de la cual nosotros vamos a recepcionar los trámites relacionados a la jubilación. La otra fecha importante es el primero de junio de 2023, fecha a partir de la cual nosotros vamos a empezar a pagar a los más de 209.000 jubilados que tenemos en todo el país.

Una funcionario de la Gestora Pública informa sobre el proces de aporte de las pensiones. Foto. GESTORA

—¿Qué dificultades han presentando en todo este proceso para el inicio de la Gestora?

En realidad, la principal dificultad que hemos tenido ha sido la desinformación que se ha generado en algunos sectores. Por ejemplo, les han indicado que éste sería un proceso de estatización, un proceso de confiscación de los aportes. Ahí nosotros hemos sido muy claros, aclarando a la población e indicando que se mantiene la figura del patrimonio autónomo. Es decir, se mantiene la autonomía e independencia de estos fondos que solo pueden utilizarse para ser invertidos y para generar pensiones. También hemos escuchado por ahí que les han indicado que las pensiones estarían en riesgo, supuestamente la Gestora no tiene experiencia en el tema. Sin embargo, les hemos recordado que nosotros mensualmente pagamos una planilla de 1,1 millones de asegurados beneficiarios de la Renta Dignidad, que es cinco veces más grande que la totalidad de las planillas (de los jubilados). Entonces, mediante más de 280 procesos de socialización hemos logrado que la gente poco a poco conozca cómo funciona. Ahora también han existido dificultades operativas, pero las mismas las hemos ido subsanando a medida que ha ido pasando el tiempo.

—¿Cómo están trabajando en la socialización, sobre todo en algunos sectores que han estado protestando?

—Efectivamente, el martes, por ejemplo, hemos tenido un proceso de socialización con más de 500 personas en forma virtual, miembros de la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia, los cuales, al menos los que han estado en el seminario, han indicado que no están en contra de la Gestora. Aunque, sin embargo, ellos consideran que deberían ser parte del directorio. Lo propio hemos hecho con los maestros rurales y con personal de salud. Hoy día (el miércoles pasado), por ejemplo, estamos socializando en la Universidad Autónomo Juan Misael Saracho y los participantes han comprendido que la Gestora es una entidad especializada, es una entidad técnica que va a administrar eficientemente los aportes.

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Evidentemente, hay algunos sectores que tienen más intereses políticos; en ese sentido, por ejemplo, ellos han indicado, posiblemente se van a ver en la necesidad de defender a transnacionales que actualmente administran el tema de las pensiones, sin embargo lo que nosotros hemos notado es que en la medida que se pueda dialogar con las bases, dialogar con la gente, las mismas comprenden cuál es el funcionamiento que tiene la Gestora y pues nos manifiestan su apoyo, como es el caso de las principales organizaciones de jubilados.

—¿A cuánto se ha llegado en la transmisión de datos? ¿Este martes se va a tener al 100%?

Hasta el momento tenemos un avance del 95%. Nosotros calculamos que en mayo ya vamos a terminar todo esto; sin embargo, como se trata de fases, por ejemplo, todo el tema de empleadores ya tenemos prácticamente concluido. Lo propio con la base de datos de asegurados que es lo que nos permite arrancar precisamente desde el martes. Y bueno, como se trata de una transición, hay algunos elementos que en la medida en que las AFP efectúen sus cierres, eso va a tomar un poquito más de tiempo para que nos transfieran.

Sin embargo, lo que yo quiero garantizar a toda la población es que no vamos a detenernos un solo día, va a existir continuidad de los servicios. Para dar un ejemplo, las AFP van a recibir hasta el 12 de mayo los trámites de jubilación, que es viernes, y nosotros a partir del lunes 15 de mayo. Las AFP, por ejemplo, los primeros días de mayo van a pagar las pensiones correspondientes a abril y nosotros vamos a pagar los primeros días de junio las correspondientes pensiones a mayo. Es decir, tenemos un plan que garantiza precisamente la continuidad en la provisión de estos servicios.

—¿Se tiene el dato de cuántas empresas ya están registradas en la Gestora Pública?

Hasta el momento, para que podamos tener un orden de cifras, tenemos 14.340 empresas o empleadores que ya están trabajando con nosotros. Tenemos a 76 cooperativas mineras, 13.879 empleadores privados y tenemos 395 empleadores públicos. Para que también conozca la población, tenemos 36.138 asegurados, entre el 9 de septiembre de 2022 y el 25 de abril de 2023, del cual 26.141 son dependientes, 5.312 son independientes y 4.685 consultores. Eso quiere decir que en total se ha llegado a 50.478 registros, es decir ya hemos superado una meta que nos habíamos propuesto.

—¿El trabajador puede retirar sus recursos si no quiere seguir aportando?

Es importante aclarar que la Gestora lo que hace es cumplir la Ley 065, los decretos supremos y reglamentos relacionados. En ese sentido, la ley establece que una persona puede retirar sus recursos, por así decirlo, si cumple la edad de 58 años y tiene menos de 10 años de aporte, es decir menos de 120 cotizaciones mensuales. Mi recomendación es que no lo haga. Por qué razón, porque una pensión puede generarse a partir de los 58 años o menos en el caso de las mujeres o por ejemplo cuando una persona trabaja en condiciones de insalubridad. ¿Por qué es importante aportar hasta lograr una pensión? En primer lugar, porque cuando uno tiene una pensión, primer tema, es que es una pensión de por vida. En segundo lugar, esta pensión va a permitir el acceso a la Caja del Seguro Social o a la Caja Nacional de Salud o a la caja en la que uno está aportando, esto es muy importante para las personas de la tercera edad. Un segundo elemento tiene que ver con que no solo se asegura el trabajador aportante, sino la familia. En caso de fallecimiento, los derechohabientes: la esposa, el esposo, los hijos y las hijas tienen el derecho a la pensión y también en el caso de que ocurra alguna muerte repentina, se activa una modalidad de pensión que también beneficia a los asegurados.

—¿Qué pasa con aquellos trabajadores que por alguna razón no están aportando?

En realidad no tienen que realizar ningún proceso, toda esa información ya forma parte del proceso de migración (de datos). Ahora, por ejemplo, puede ocurrir que una persona ha dejado de aportar desde hace dos años, entonces qué es lo que yo recomiendo. En primer lugar, decirle lo que ha aportado hasta el momento. El capital más los rendimientos, más los intereses en su integridad se van a traspasar de los servidores (de las AFP) a la plataforma de la Gestora. Lo único que van a tener que hacer los asegurados es habilitar sus credenciales en nuestra oficina virtual, para lo cual estamos creando un proceso sencillo para tal efecto y lo que yo recomiendo es que pueda aportar como independiente. En mi opinión, hay que hacer el esfuerzo de aportar porque eso le permite aumentar la intensidad de cotizaciones. Esto a futuro es bueno por si necesita beneficiarse del Fondo Solidario, porque el Fondo Solidario toma en cuenta la cantidad de cotizaciones que hacen mucho a lo largo del tiempo. Entonces, aunque sea sobre el salario mínimo nacional continuar aportando.

—¿Qué va a pasar con la mora que tienen las AFP?

Conforme a datos de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), la mora supera los 860 millones de bolivianos y la ley establece dos temas importantes. El primero, todo lo que corresponde a la mora previa a la promulgación de la Ley 065, es decir, previa a 2010. Ésta tiene que ser cobrada por las AFP y lo que es posterior a 2010 se va a traspasar a la Gestora, previa revisión de lo que establece la APS para que todo esté en orden. En todo caso, para que la población se sienta segura, ya sea por la vía de las AFP o por vía de la Gestora, se va a continuar con el proceso de cobro de estos recursos porque es muy importante que los mismos sean acreditados en las cuentas personales previsionales de la población, de tal manera que a futuro permitan construir la pensión.

La Gestora Pública obtuvo una utilidad récord en 2022.

—¿Qué pasa si las AFP no cobran ese dinero?

Lo que manda la ley no es que las AFP a partir del 15 de mayo ya no tengan una tarea, en realidad el Decreto Supremo 2248 establece un plazo de hasta cinco años para que ellos puedan concluir los procesos correspondientes y hacer el proceso de cobro. Entonces ahí, en el caso de que no se pueda cobrar, lo que se tiene que hacer es agotar todas las instancias para realizar estos cobros y hacer el proceso de cobro. Para ello, las AFP deben hacer todos los esfuerzos para minimizar esta mora que se tiene hasta este momento, especialmente la que es antes de 2010 y de cualquier manera nosotros vamos a continuar con este proceso de cobro porque es muy importante continuar con el mismo.

—¿Con cuánto de capital va a empezar la Gestora? ¿A cuánto ascienden los recursos que serán traspasados de las AFP?

Conforme a los registros que se tiene en la Autoridad de Pensiones y Seguros, la cantidad de aportes o de fondos que se tiene a valor de mercado alcanza a 23.700 millones de dólares. Importante recordar que más del 95% de estos recursos se encuentran invertidos en instrumentos de oferta pública del mercado de valores. Entonces, lo que se va a hacer en este proceso de transición es que la administración y gestión de esos recursos, porque reitero la propiedad la tienen los fondos autónomos, va a pasar a la Gestora. Entonces, son los recursos que a partir de mayo ya nosotros tenemos que encargarnos en la gestión de inversiones, en la gestión de los aportes, de acreditación y el pago de pensiones.

—¿Con cuántos jubilados se cuenta hasta la fecha? La población de jubilados a enero de 2023 alcanza a 209.110 jubilados.

Si lo comparamos como un año de 2010, cuando se tenía 29.745 jubilados, eso nos muestra que desde hace más de 12 años se han incrementado en 180.000 los jubilados. Ahora para que tengamos un orden de referencia respecto a cuántas personas se jubilan por año, estamos hablando de una tasa anual de 15.000 jubilados cada año. Entonces, nosotros consideramos que hasta fin de año podríamos contar con 220.000 jubilados.

—¿Cuáles son las proyecciones con el inicio de la Gestora?

Las proyecciones que tenemos tienen que ver, por un lado, con llevar adelante el mandato del Decreto Supremo 4585, eso quiere decir que a partir del mes de junio nosotros dejamos de cobrar la comisión del 1,31% que estaban cobrando las Administradoras de Fondos de Pensiones. Eso significa que de una pensión de 3.500 bolivianos cada mes los jubilados les pagaban 46 bolivianos, eso significa que 73 millones de bolivianos anualmente los jubilados le transferían a las AFP. Esos 73 millones de bolivianos a partir de junio se quedan en manos de los jubilados, entonces, un primer hito importante. El segundo hito importante tiene que ver con el tema de la rentabilidad. Nosotros pensamos aumentar la rentabilidad de manera gradual, de tal manera que el rendimiento que tienen los aportes de los trabajadores crezca. Para ello, estamos poniendo toda nuestra experticia, lo hemos demostrado entre septiembre y diciembre, donde la Gestora ha tenido un rendimiento del 4,61%.

 Jaime Durán: El Gerente General de la Gestora Pública habló con La Razón sobre el inicio de sus operaciones en todas la áreas. La entidad tomará este martes 2 de mayo el control de los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que cuenta con un fondo de más de $us 23.700 millones. También habló sobre la mora de Bs 860 millones que deberán regularizar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

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A la espera de notificación sobre fallo que anula judiciales, comisión dicta cuarto intermedio hasta este jueves

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

Sesión de la Comisión Mixta de Constitución.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:20

La Comisión Mixta de Constitución determinó este martes entrar en cuarto intermedio mientras se espera la notificación de la Sala Constitucional que concedió la acción popular a la dirigente indígena Yeny Duri y anuló el proceso de preselección de las judiciales.

“Teniendo en cuenta que aún no nos remitieron ninguna resolución y también vamos a ir presentando el informe de los amparos, los 18 que nos han interpuesto más la acción popular… declaramos un cuarto intermedio”, dijo el presidente de esa comisión, el senador Miguel Rejas.

Añadió que “inmediatamente” se los notifique, se los convocará y definirá si se envía un informe o no al Pleno de la Asamblea Legislativa.

Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana, indicó que están esperando la notificación que anuló las judiciales para determinar acciones como comisión.

“Lo que nos queda claro que el fallo de la Sala Constitucional de Pando es ilegal e inaplicable, ninguna sala constitucional tiene competencia para declarar inaplicabilidad de una ley, menos de la Ley 1549 que ha sido sometida a control constitucional y que además está respaldada por dos tercios de la Asamblea Legislativa”.

Añadió que en condición de primer órgano del Estado “exigen” que sea la Asamblea Legislativa la que dé el mandato para continuar o dejar por sentado el proceso de preselección.

La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

Lea más: Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La acción popular fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

La senadora Barrientos también señaló que los amparos presentados contra la Asamblea y las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural paralizaron el proceso de preselección desde hace dos semanas.

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Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La Sala de Pando determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

El expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, en una entrevista con La Razón.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:01

Luego de conocer que la Justicia anuló la preselección de postulantes para las judiciales, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que la “incompetencia” de la Sala Constitucional Primera de Pando hacen “improcedente e inaplicable” este fallo. 

“El objeto de la ‘acción popular’ protege intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. La incompetencia de la ‘sala’ y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La ALP debe avanzar en el proceso de selección” (sic), escribió en su cuenta de X.

La tarde de este martes, la Sala de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

Lea más: Sala Constitucional obliga a la Asamblea a lanzar otra convocatoria para las elecciones judiciales

La acción popular fue presentada el 18 de abril por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri. En primera instancia, la Sala dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Salazar señaló que la Asamblea “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”. “Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

Añadió que la Asamblea tiene que emitir “una nueva convocatoria, cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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Sala Constitucional obliga a la Asamblea a lanzar otra convocatoria para las elecciones judiciales

La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 18:47

Luego que la Justicia dejó sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, la vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando que concedió la acción popular, señaló este martes que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección” para los comicios judiciales.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo, por cuanto se ha evidenciado la falta de consideración en el tema del acceso a estas convocatorias para el tema de las mujeres como el sector indígena originario campesino. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo la autoridad judicial en GOvisión de Pando.

La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó la tarde de este martes dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la dirigente y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

El vocal Jorge Sotelo señaló que se concedió la acción popular, solicitado por la Central Indígena De Mujeres Amazónicas De Pando (CIMAP).

“Entiendo que se ha dejado sin efecto la convocatoria hasta que se tomen en cuenta los parámetros que se ha planteado. Básicamente acciones afirmativas, igualdad material y no discriminación en función de los agravios que ha planteado la CIMAP”, dijo Sotelo.

La autoridad judicial señaló que la resolución se hará conocer lo más antes posible, considerando el feriado nacional del 1 de mayo. “Lo más antes posible, ya se está redactando la resolución”.

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La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La Comisión Mixta de Constitución revisa las carpetas de los postulantes.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 17:36

Luego que la Justicia dejara sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), informó este martes que reinstalarán la sesión para evaluar la situación de los recursos contra el proceso.

“Lamentamos lo que sucedió en Pando. Pisotea totalmente a la Asamblea Legislativa, de un órgano a otro, lo cual creo que es una aberración de parte de estos vocales que han dado a favor la tutela a esta señora que presentó la acción popular. Sin embargo, en el transcurso de la sesión vamos a evaluar para tomar acciones conjuntas con los miembros de la comisión”.

Añadió que “estamos retomando en estos momentos (la sesión) para evaluar y analizar de aquí en adelante. Nosotros tenemos toda la intención de continuar y concluir con este proceso que hemos arrancado hace ya más de un mes”, dijo el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos. Fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri, quien denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

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Rejas recordó su denuncia sobre amaños de vocales y jueces con “algunos que presentaron sus amparos y eso significa directamente el manipuleo directo del Órgano Judicial a través de sus operadores, vocales y jueces, para poder obstaculizar y paralizar el proceso de preselección”

Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Froilán Mamani (MAS), señaló que esta determinación irá en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional y esa instancia puede revocarla o confirmarla. 

El legislador acusó al ministro Iván Lima de perjudicar el proceso. “Estamos preocupados, no nos está perjudicando a la Asamblea, está perjudicando directamente los intereses del país. Queremos denunciar a las organizaciones sociales e instituciones que se puedan pronunciar de manera inmediata, no es posible que una autoridad de Justicia vaya en contra de la Justicia boliviana”.

El jefe de bancada por Creemos en la Cámara Baja, el diputado Leonardo Ayala, rechazó el fallo de los vocales porque, en su opinión, vulneran los derechos de los más de 400 postulantes habilitados.

“Creemos quiere que se haga justicia y que sigan las elecciones judiciales con los más de 400 postulantes habilitados”.

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CSUTCB reitera que realizará congreso del MAS en El Alto ‘con o sin’ el TSE

Chacalluca reiteró que “se garantiza sí o sí” el congreso, por lo que se están organizando los movimientos sociales.

Nicanor Chacalluca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Por Boris Góngora

/ 29 de abril de 2024 / 21:30

Tras observación al congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) del Pacto de Unidad arcista por parte de la Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el dirigente Nicanor Chacalluca de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) reiteró que se garantiza el evento político “con o sin” el acompañamiento del Órgano Electoral.

“Como CSUTCB garantizamos el congreso que viene y está programado para el 3, 4 y 5 de mayo. Ese es el cumplimiento al magno cabildo que se ha llevado el año pasado. Vamos a hacer el cumplimiento y para eso las observaciones que hubo vamos a subsanar, no son de fondo sino de forma. Vamos a subsanar entre hoy y mañana”, dijo el dirigente.

Chacalluca reiteró que “se garantiza sí o sí” el congreso, por lo que se están organizando los movimientos sociales. “El congreso sí o sí, con o sin (el TSE) se lleva. No se va a postergar. Somos mayoría y somos más de 107 organizaciones que están presentes”.

Lea más: La Secretaría de Cámara del TSE vuelve a observar congreso del Pacto de Unidad

La Secretaría de Cámara del TSE volvió a observar la convocatoria al congreso del MAS del Pacto de Unidad previsto para el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

De acuerdo con las observaciones, la solicitud no fue presentada por los delegados políticos del MAS ante el TSE, en este caso, Diego Jiménez Guachalla y Nelvin Siñani Condori, ambos acreditados ante el Órgano Electoral.

También, la Secretaría de Cámara señala que no cumple con en el plazo de 15 días de anticipación a la realización de la elección de la nueva directiva. Además, no se cumplió con cinco especificaciones: el detalle de fechas de realización del congreso, los requisitos de participación según el estatuto del MAS, requisitos para la postulación de cargos a elegir, la modalidad de elección y la dirección del evento.

Otra de las observaciones tiene que ver con la convocatoria pública que, según detalla el documento, no cumplió con la anticipación de 90 días como máximo y 60 como mínimo.

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